No. 87/88 - Enero/Febrero 1999

El fracaso del neoliberalismo

por Atilio A. Boron

Las reformas neoliberales no lograron un crecimiento sustentable ni una sociedad más equitativa en América Latina. Por el contrario, para los ciudadanos comunes de la región, han resultado en un desastre.

El ex presidente de Chile Patricio Aylwin una vez comentó que la cuestión más acuciante que enfrentaba la democracia en su país era el pago de la "deuda social". El comentario sugiere que las nuevas instituciones democráticas decepcionaron no sólo a los chilenos sino también a los latinoamericanos en general. Contra la opinión de destacados politólogos, los ciudadanos de nuestra región no conciben la democracia simplemente como un sistema de normas para organizar la competencia electoral. Los pueblos de América Latina, como los de Europa occidental en la posguerra, esperan que los regímenes democráticos les provean los bienes y servicios esenciales para llevar una vida digna.

Desafortunadamente, el surgimiento del proceso democrático en América Latina coincidió con la adopción de las llamadas reformas económicas neoliberales, que han tenido desastrosas consecuencias para los ciudadanos comunes.

Alto costo social

Las bases de las reformas económicas neoliberales son bien conocidas: estabilización monetaria, liberalización económica, equilibrio presupuestal, desregulación, privatización, reestructuración del aparato estatal y total libertad para las fuerzas del mercado. Este modelo fue adoptado, con grado variable de entusiasmo, en todos los países de la región, pero luego de 15 años o más, es hora de realizar un balance: las conquistas ideológicas del neoliberalismo exceden por lejos sus modestos logros económicos, que en todo caso impusieron enormes costos sociales.

Tomemos el caso de Chile, considerado el paradigma del éxito neoliberal. Para 1988, tras 15 años de reestructuración económica, el ingreso por habitante y el salario real de los trabajadores no era muy superior al de 1973. Además, la tasa promedio de desempleo entre 1975 y 1985 fue de 15 por ciento, con un pico de 30 por ciento en 1983. Entre 1970 y 1987, el índice de pobreza aumentó de 17 a 38 por ciento, y en 1990 el consumo por habitante estaba por debajo del nivel de 1980. Tras celebrar las "importantes ganancias" experimentadas por el salario mínimo urbano de Chile entre 1990 y 1992, un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) concluyó que el salario recuperó el poder adquisitivo que había alcanzado... ¡en 1980! Mientras, el 10 por ciento más rico de la población aumentó su proporción del ingreso nacional de 36,2 a 46,8 por ciento entre 1979 y 1988, en tanto la mitad más pobre vio reducidos sus ingresos de 20,4 a 16,8 por ciento en el mismo período.

En México, más de una década de ajustes ortodoxos produjeron una evidente involución socioeconómica. Según datos oficiales de ese país, el ingreso nacional por habitante cayó 12,4 por ciento entre 1980 y 1990, pese a la retórica triunfalista del gobernante Partido Revolucionario Institucional para "vender" su conversión al neoliberalismo. Entre 1982 y 1988, los salarios reales disminuyeron 40 por ciento, y no se han recuperado desde entonces.

Cifras aterradoras

Mientras la tasa de desempleo -tradicionalmente alta en México- aumentaba, el consumo por habitante se reducía siete por ciento entre 1980 y 1990. De acuerdo con Jorge Castañeda, autor de La utopía desarmada, "cuando en 1992 el gobierno mexicano publicó los primeros datos estadísticos de la distribución del ingreso en 15 años, las cifras eran aterradoras".

Sin embargo, fueron necesarios dos asesinatos políticos, una insurrección en Chiapas, un enorme déficit comercial y el colapso del peso para que las elites locales y sus asesores se dieran cuenta de que las políticas neoliberales no estaban dando resultado. Y cuando se dieron cuenta, el presidente Ernesto Zedillo propuso un nuevo paquete de emergencia que agravó la situación de los pobres. Funcionarios del gobierno anticiparon una caída de 32 por ciento en el poder adquisitivo de los salarios, causando más sufrimiento y privaciones a la mayoría de los mexicanos.

En definitiva, las reformas neoliberales no produjeron un crecimiento sustentable, una distribución del ingreso más equitativa ni una sociedad mejor, y esto no debería sorprender. Como lo demuestran 50 años de experiencia en Europa occidental y la experiencia más reciente de Asia oriental, el desarrollo capitalista requiere un equilibrio adecuado de políticas públicas, y esto significa un Estado con suficiente capacidad de intervención y regulación del mercado.

Nacionalizaciones

Vale la pena recordar que la propia reestructuración económica de Chile -poco impresionante en comparación con Asia oriental o China- mantuvo la estratégica industria del cobre en manos del Estado. Nacionalizadas durante el gobierno de Salvador Allende, las empresas públicas del cobre representan cerca de la mitad de los ingresos por exportaciones del país. Además, esos ingresos van directamente al fisco -no a los bolsillos de empresarios privados, como sucede en Argentina, Brasil y la mayor parte de América Latina-, fortaleciendo al Estado y a las finanzas públicas.

En 1995, la estatal Corporación del Cobre aportó al fisco 1.800 millones de dólares, más que los impuestos pagados por todas las empresas. Dejando a un lado los pormenores de la industria del cobre, el Estado chileno (medido según la relación entre el gasto público y el PIB) creció continuamente en la última década, al igual que las regulaciones gubernamentales relativas al funcionamiento de los mercados financieros. Por tanto, la reestructuración económica de Chile difícilmente constituye un ejemplo de políticas neoliberales, y la economía estaría en peores condiciones si no fuera por estos claros alejamientos del proyecto neoliberal.

Sin embargo, todas estas "peculiaridades" del modelo chileno aparentemente pasaron inadvertidas al Banco Mundial. En un documento oficial que incluye un capítulo titulado "Chile como modelo", el ex economista jefe del Banco, Sebastián Edwards, omite cualquier mención a dichas peculiaridades de la reforma, ni siquiera en una modesta nota de pie de página.

Los decepcionantes resultados de este "fundamentalismo de libre mercado" no se limitan a Chile y México, promocionados como historias "de éxito", sino que se extienden a toda la región. Las políticas neoliberales incrementaron notoriamente el número de pobres y de extremadamente pobres, además de ampliar la brecha entre éstos y los ricos. Según la CEPAL, "la pobreza es el mayor desafío para las economías de América Latina y el Caribe. Entre 1980 y 1990 empeoró como resultado de la crisis y las políticas de ajuste, deshaciendo la mayor parte de los progresos logrados en materia de reducción de pobreza durante los años 60 y 70. Estimaciones recientes sitúan el número de pobres al comienzo de esta década entre 130 y 196 millones, según distintas definiciones de pobreza. Asimismo, la recesión y el ajuste en los 80 incrementaron la desigualdad de ingresos en la mayor parte de la región. En los países con la distribución del ingreso más desigual, el 10 por ciento más rico de la población recibe 40 por ciento de los ingresos totales".

Creciente desigualdad económica

El informe "Panorama Social de América Latina 1997" señala que "en los 90, la alta concentración de los ingresos se mantuvo o acentuó" en los países latinoamericanos, haciendo de la región una de las más atrasadas en términos de equidad social.

Así, las consecuencias a mediano y largo plazo de las reformas neoliberales han sido el aumento de la desigualdad socioeconómica de nuestras sociedades, el fortalecimiento del poder de negociación de un puñado de actores colectivos privilegiados -cuyas demandas son escuchadas en las altas esferas del gobierno y la burocracia central-, la socavación de las bases populares mediante la promoción de la desmovilización, la despolitización y a menudo el sometimiento, y un debilitamiento suicida de la capacidad del Estado para combatir el impacto perjudicial de las políticas económicas ortodoxas sobre nuestras sociedades y el futuro de las instituciones democráticas.

Atilio A. Boron es secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Correo electrónico: aaboron.clacso.edu.ar Este artículo fue publicado en Social Development Review (Vol. 2, Nº 2, junio de 1998).