No. 91 - Mayo 1999

A UN AÑO DE LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS

Hacia la Alianza Social Continental

La construcción de una Alianza Social Continental fue uno de los planteamientos surgidos en la Cumbre de los Pueblos de América que tuvo lugar hace un año en Santiago de Chile, para reivindicar una integración con participación ciudadana y con estándares de derechos humanos, de cara a la cumbre de los mandatarios de la región que tenía como punto central de la agenda el proyecto del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

En Santiago se dieron cita en abril de 1998 más de mil representantes de movimientos sociales de las Américas, quienes tras analizar el impacto negativo que podría tener el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) si se lo mantiene como un proceso meramente comercial o mercantil, coincidieron en la necesidad de formular propuestas alternativas continentales ante tal proyecto de integración. Igualmente se destacó la necesidad de avanzar en proceso interno de coordinación, pero sin llegar a definir los mecanismos.
Para superar esta situación, que de mantenerse podría provocar un empantanamiento, del 12 al 14 de marzo se celebró en San José de Costa Rica una reunión para definir los mecanismos que permitan llevar adelante el proceso de articulación de la Alianza Social Continental. En ella participaron delegados/as de coordinaciones y redes sociales del continente representativas, tales como la Organización Regional Interamericana del Trabajo (ORIT), la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Common Frontiers de Canadá, Alliance for a Responsable Trade de Estados Unidos.

En el marco del diálogo abierto con la Cumbre de los Pueblos de América una de las preocupaciones centrales ha sido la formulación de alternativas, que ha dado como resultado la elaboración de un documento base que precisamente se intitula "Alternativas para las Américas, cuyo resumen presentamos a continuación.

Principios generales: el comercio y la inversión no deben ser un fin en sí mismo, sino instrumentos para el desarrollo justo y sustentable. Los ciudadanos no sólo debemos aprobar la orientación económica y social en el ámbito hemisférico, sin participar en su diseño, implementación y evaluación. Las metas centrales de estas políticas alternativas son el impulso de proyectos nacionales de desarrollo sustentables, el bienestar social y la reducción de desigualdades a todo nivel.

Derechos humanos: los países americanos vamos construyendo una agenda común de derechos humanos, la cual debe ser integrada a cualquier acuerdo continental, junto a los mecanismos en instituciones nacionales e internacionales para hacerlos cumplir plenamente. Esta agenda promueve la definición más amplia de los derechos humanos, abordando los civiles, políticos , económicos, sociales y culturales, de género y ambientales, así como los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Medio ambiente: los acuerdos hemisféricos deben permitir que los gobiernos canalicen la inversión hacia las actividades económicas sustentables desde el punto de vista del medio ambiente, a la vez que aseguren que los gobiernos establezcan planes para la internalización (consideración) paulatina de los costas sociales y ambientales de la producción y consumo no sustentables.

Laboral: los acuerdos hemisféricos deben incluir disposiciones que garanticen los derechos de los trabajadores y que promuevan el mejoramiento de las condiciones laborales y estándares de vida de los trabajadores y sus familias. Además, deben brindar asistencia apropiada para enfrentar los efectos de los ajustes producto de la apertura de los mercados.

Migración: los tratados económico-financieros deben incluir tratados migratorios. En reconocimiento a la gran diversidad en las situaciones relacionadas con la migración entre los países del continente, los acuerdos deben ser flexibles, permitiendo que cada país diseñe sus propias políticas de migración.

Asimismo, deben incluir un mecanismo para otorgar subsidios internacionales en función de mejorar las oportunidades de empleo en zonas altamente exportadoras de mano de obra. A la vez, los gobiernos deberían asegurar que sus leyes laborales protejan de manera equitativa a la totalidad de las y los trabajadores, independientemente de su condición migratoria, y sancionen severamente a los patrones que contravengan estos derechos.

Rol del Estado: los acuerdos hemisféricos no deben impedir la capacidad del Estado Nación de cumplir con las exigencias económicas y sociales de sus ciudadanas y ciudadanos. Al mismo tiempo, el objetivo de la regulación económica nacional no debe ser el proteccionismo tradicional, sino que debe servir para asegurar que las actividades económicas del sector privado promuevan un desarrollo justo y sustentable. En el mismo sentido, los acuerdos deben permitir a los Estados mantener las empresas públicas y políticas de adquisición en apoyo a los objetivos nacionales de desarrollo, al tiempo que combaten la corrupción dentro de los gobiernos mismos.

Inversión extranjera: las reglas hemisféricas deben promover inversiones extranjeras que generen empleos de alta calidad, producción sustentable y estabilidad económica. Al mismo tiempo deben permitir a los gobiernos regular o rechazar aquellas inversiones que no contribuyan al desarrollo, sobre todo los flujos de capital especulativo.

Finanzas internacionales: para promover la estabilidad económica, los acuerdos deben establecer un impuesto sobre transacciones de divisas para generar fondos aplicables al desarrollo. También deben permitir que los gobiernos establezcan impuestos a las utilidades especulativas, regulaciones sobre el tiempo mínimo de pertenencia de las inversiones en un país e incentivos a la inversión directa y productiva. Para empezar a igualar el terreno se debe renegociar la deuda externa de los países con más bajos ingresos, aplicando una reducción al principal de la deuda externa, tasas preferenciales de intereses y pagos a más largo plazo.

Derechos de propiedad intelectual: los acuerdos deben proteger los derechos y la subsistencia de las y los trabajadores agrícolas y sus comunidades, que actúan como guardianes de la biodiversidad. No debe permitirse que los intereses corporativos menoscaben tales derechos. Las reglas deben excluir la patentabilidad de toda forma de vida y proteger la propiedad intelectual del saber colectivo de las comunidades y pueblos, especialmente en materia de plantas medicinales. Deben asegurar la protección de derechos de autor y de las y los artistas, músicos, artesanos y otros trabajadores culturales y no sólo los de las industrias cinematográfica y discográfica.

Desarrollo energético sustentable: un acuerdo internacional debe permitir a sus signatarios el presentar demandas contra países que intenten obtener ventajas económicas a expensas de la sustentabilidad. Las instituciones internacionales deben cooperar en crear incentivos reguladores para promover la eficiencia energética y energía renovable, promover tecnologías asociadas a ellas y eliminar las políticas que subsidian y estimulan el aumento de ventas, consumo y utilización de combustibles fósiles.

Agricultura: en función de la seguridad alimentaria, los países deben tener el derecho de proteger excluir alimentos básicos de los acuerdos comerciales. Las medidas hemisféricas deben apoyar la homologación hacia arriba de los subsidios a la agricultura (a niveles de porcentaje del PIB), protecciones para trabajadoras y trabajadores agrícolas y los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas de vivir de sus tierras.

Acceso a mercados y reglas de origen: el acceso a los mercados para inversiones y los productos foráneos debe ser definido y evaluado en el marco de los planes nacionales de desarrollo. Los plazos para la desgravación arancelaria deben ir acompañados de programas para asegurar que en los tiempos pactados las industrias nacionales devengan competitivas. Las normas no arancelarias deben incluir medidas para asegurar que reflejen legítimos intereses sociales y no protecciones para empresas específicas.

Cumplimiento y resolución de disputas: para que las reglas y normas propuestas sean sustanciales, deben ir acompañadas de mecanismos sólidos que aseguren la resolución de controversias y el cumplimiento de los acuerdos. Los mecanismos deben enfocarse a la reducción de desigualdades y basarse en procesos justos y democráticos. Los acuerdos pueden incluir salvaguardas especiales para países que están sufriendo los efectos del auge de importaciones.

Las personas con mayor responsabilidad en la redacción, revisión y coordinación del documento son: Sarah Anderson (Institute for Policy Studies, Estados Unidos), Alberto Arroyo (Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio), Peter Bakvis (CSN, Quebec/Canadá), Patty Barrera (Fronteras Comunes/Common Frontiers, Canadá), John Dillon (Ecumenical Coalition for Economic Justice, Canadá), Karen Hansen Kuhn (Development GAP, Estados Unidos), David Ranney (Universidad de Illinois/Chicago, Estados Unidos).