No. 92 - Junio 1999

DESPUES DEL GASODUCTO BOLIVIA-BRASIL

El Pantanal amenazado

por Washington Estellano

Luego de la inauguración del gasoducto Bolivia-Brasil, se está a punto de cometer otro grave atentado sobre la región conocida como El Pantanal, que abarca a territorios de Brasil, Bolivia y Paraguay. Las organizaciones ambientalistas están librando una dura batalla para impedir que la transnacional ENRON actúe como en tierra colonizada.

Aún no se habían apagado los ecos de los festejos oficiales a raíz de la inauguración del gasoducto Bolivia-San Pablo, cuando la transnacional petrolera ENRON arremete sigilosamente sobre el gobierno boliviano para exigir la autorización legal para instalar un nuevo gasoducto que, derivado del anterior, conectando en la localidad de Reboré, llegaría hasta la ciudad de Cuiabá, capital del Estado de Mato Grosso del Sur, en Brasil. La construcción de este nuevo gasoducto a cargo exclusivo de la transnacional de hidrocarburos (18 pulgadas de diámetro y 630 kilómetros de extensión) ya se da como proyecto en ejecución por parte de los medios de comunicación y los voceros oficiales del gobierno del presidente Hugo Banzer.

No obstante, una lucha sorda se está librando tanto en el gabinete ministerial (La Prensa negocios, 10/3/99) y en el parlamento boliviano, donde no se ponen de acuerdo sobre el asunto, como entre la ENRON y organizaciones ambientalistas de Bolivia, Brasil y Estados Unidos.

Esa falta aprobación oficial no ha impedido sin embargo que la ENRON ya esté acopiando materiales y equipos en la localidad de Taperas, a 35 kilómetros de San José de Chiquitos. Días antes de la inauguración oficial del gasoducto Bolivia-Brasil, el presidente de la ENRON para América Latina, James Bennantiene, visitó al presidente Banzer para plantearle la urgencia de su compañía de que se aprobara un decreto ley que autorizara la iniciación del tendido del nuevo gasoducto hacia aquella región de Brasil. En Cuiabá, la ENRON está construyendo una central termoeléctrica y necesita del gas boliviano.

La acción de las organizaciones ambientalistas

Organizaciones ambientalistas de Estados Unidos están realizando una amplia campaña ante el gobierno de su país, exigiendo que no se conceda apoyo a la construcción de ese gasoducto porque estiman causará serios perjuicios ambientales y sociales, ya que el tubo atravesaría áreas de bosques tropicales en Bolivia y en Brasil, así como la vertiente acuífera que alimenta la cuenca de El Pantanal, que es la región de tierras húmedas más extensa del mundo.

Atossa Soltani, directora de Amazon Watch, una ONG con base en California, declaró a la agencia internacional de noticias IPS: "Casi 90 por ciento de la ruta boliviana del gasoducto atraviesa bosques tropicales únicos y vírgenes, así como los ecosistemas de El Pantanal. El sendero de 30 metros de ancho del gasoducto abrirá el corazón de esa zona virgen a la explotación incontrolada, la caza ilegal, la tala de árboles y la colonización".

Amazon Watch, Friends of the Earth-US y el Fondo Mundial para la Naturaleza-Bolivia, dirigieron una carta a los miembros de la directiva de Overseas Private Investment Corporation (OPIC) advirtiendo sobre el significado y riesgos del Proyecto. La OPIC es una agencia de crédito bilateral, que debía decidir en la primera quincena de marzo si concedía un seguro de riesgo político a la compañía ENRON asociada con la SHELL para realizar y controlar dicho gasoducto.

La carta señala, además, que la concesión de fondos al proyecto violaría un compromiso asumido en 1997 por el presidente Bill Clinton ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, quien aseguró que reforzaría las normas que impiden a la agencia financiar iniciativas de impacto perjudicial sobre el ambiente, incluyendo una prohibición de proyectos de extracción e infraestructura en bosques tropicales primarios.

La ENRON se cuida la espalda

Previendo este tipo de problemas, la ENRON había pagado un estudio sobre el proyecto que durante varios meses efectuó la OPIC y que fuera realizado en Bolivia por la empresa consultora Dames & Moore (D & M), donde se incluye una lista de 34 especies que actualmente están en peligro de extinción en el área, y admite que los impactos del gasoducto sobre los ecosistemas serán "negativos, permanentes e irreversibles".

La ENRON presentó este informe al gobierno boliviano, e incluso a las organizaciones ambientalistas, demostrando su "buena voluntad" para preservar el ambiente. Sin embargo, los ambientalistas afirman que el estudio no se acompaña de propuestas adecuadas para evitar la explotación abusiva del área por la tala, la caza y las actividades agrícolas que, previsiblemente, seguirán a la apertura de una entrada al bosque tropical. Y que es muy dudoso que las empresas puedan reforestar con éxito la franja afectada e impedir la entrada a la selva.

En realidad, la reserva de los ambientalistas se apoya en la experiencia que se acaba de verificar con la construcción del gasoducto Bolivia-San Pablo, Brasil. En efecto, las empresas constructoras formaron un Comité Ambiental integrado por la consultora D & M, un Auditor Ambiental, un representante de los consorcios constructores y un representante de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB). Como lo denunciaron y advirtieron en su momento las organizaciones ambientalistas y la población del pueblo El Carmen Rivero Torrez, este Comité Ambiental y el Auditor Ambiental, Enrique Escobar, nunca aparecieron por las regiones afectadas. Fue a raíz de esta omisión que las organizaciones sociales de la región y la Alcaldía de Puerto Suárez constituyeron un Comité de Fiscalización cuyas denuncias y reclamos tuvieron finalmente que ser atendidos.

La presión popular logra hacer cumplir los compromisos

En efecto, ante la presión de las organizaciones ambientalistas, una Comisión integrada por delegados del Banco Mundial, el Supervisor de la Dames & Moore, el gerente del proyecto Gasoducto Bolivia-Brasil, y representantes de las ONG Probioma y el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente (Fobomade), se trasladaron a la localidad de El Carmen Ribero Torrez. Allí los esperaban los representantes del Comité de Fiscalización integrado por delegados de ENTEL, del Comité Cívico, el párroco del pueblo, de la Central Campesina y de la Central Obrera Boliviana.

Luego del recorrido por el lugar y de una reunión en la que estuvieron presentes más de 60 representantes de diversos sectores de la población, se constató la veracidad de las denuncias. Esto es, "incumplimiento de los compromisos asumidos por el Consorcio, la falta de una fiscalización de los funcionarios de D & M, el acoso sexual de los trabajadores y el embarazo de cuatro jóvenes menores de edad, la instalación del gasoducto a pocos metros de la localidad (lo que no cumple las regulaciones vigentes que especifican que el tendido de los tubos deberían estar a seis kilómetros de las poblaciones). ¿Qué ocurriría si hay un temblor?, preguntaron; el uso del agua potable, el ruido de los motores generadores de energía, el mal estado de las calles, el haber convertido el pueblo en un campamento, utilizando la posta sanitaria de la población, el impacto en las comunidades campesinas, etcétera".

Según el informe presentado por Miguel Angel Crespo de Probioma, "todas las personas de manera espontánea hicieron conocer las denuncias, ratificando lo que es de conocimiento público y que fueron de tono muy fuerte, calificando de incapaces a los encargados de hacer cumplir los compromisos de los contratistas, y a los miembros de D & M, acusando al Auditor Ambiental Escobar de no haberlo visto nunca en la localidad. El médico de la región reclamó por los impactos sociales y la falta en el cumplimiento de los compromisos en el apoyo a la sanidad y la educación. Asimismo el representante de la COB propuso que si no se daban soluciones y garantías, el gerente del proyecto no debería salir de la localidad". También se aclaró que las compensaciones a dar por el daño ocasionado se referían a lo económico y social, y no así al tema ambiental, ya que los daños a los recursos naturales no son negociables".

La historia se repite

La instalación del nuevo gasoducto Bolivia-Cuiabá está replanteando todos los problemas suscitados con el anterior, comenzando por la falta de información a las comunidades afectadas. La prensa sólo trata el tema para formular elogios y panegíricos sobre las "inmensas bondades" y el "gran progreso" que supuestamente recibirá Bolivia con estas obras. En esas notas hay una gran confusión, no se informa que aún no está autorizado legalmente, que hay una gran discusión al respecto en el gobierno, tampoco se da publicidad a los estudios e informes de las organizaciones ambientalistas, y sobre las gestiones que hacen las organizaciones defensoras del ambiente tanto nacionales y brasileñas, como norteamericanas.

Sin embargo, según se denuncian en un documento conjunto de las ONG Probioma y El Foro de Santa Cruz, ya se está transportando la tubería y hasta la fecha se han depositado en la localidad de Taperas unos 20 trailers, con 18 tuberías y equipos. Es así que esa localidad ya se ha convertido en el centro de acopio del nuevo gasoducto, que está ubicado entre Roboré y San José y es el paso obligado para el transporte de todo el material. Vale decir, que se vuelve a repetir la experiencia del pueblo El Carmen Riberos Torrez.

Según denuncian las organizaciones citadas, "Taperas es una más de las comunidades que no han sido tomadas en cuenta en el Plan de Manejo Ambiental. Porque ya sufrió el destrozo de sus calles y del tendido eléctrico y de sus cañerías de agua potable, por el paso de movilidades de alto tonelaje que transportaban la tubería y maquinarias. El daño se dio al inicio de las obras como también ahora con el retiro de las maquinarias. Asimismo hay una larga lista de comunidades no tomadas en cuenta y que hasta ahora demandan algún beneficio; entre ellas señalamos: San Salvador, San Juan del Mutún, Salao, Motacucito, Santa Ana, Carmen de la Frontera, San Pedrito".

Otra de las preocupaciones de la población es el impacto en la fauna de la zona, porque con la apertura de las vías de acceso se ha incrementado la cacería.

La conclusión de las organizaciones ambientalistas y de la población afectada es que la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil no ha sido positiva. Que las empresas se han aprovechado de la buena fe de las poblaciones, que no sabían a quien dirigirse. Y que se ha demostrado la importancia que la población tenga acceso a la información y la organización de movimientos sociales con la participación de las organizaciones de base, para intervenir y controlar a la transnacional ENRON, que actúa como en tierra conquistada.

Con la experiencia adquirida, las instituciones y organizaciones de la región ya se están movilizando para consolidar el Comité de Fiscalización anteriormente creado y demandar información y que se haga público el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, defendiendo así la soberanía y el patrimonio nacional, según informaron.

Para Fobomade, el problema grave para Bolivia es su bajo consumo de energía, porque "el desarrollo de los pueblos se mide en función de quien consume más y no de quien produce más. La alta producción y bajo consumo es la situación propia de los países del Tercer Mundo", que en definitiva agudiza el atraso y agota y envilece sus riquezas naturales y rompe el equilibrio ecológico de las zonas afectadas.