No. 93/94 - Julio/Agosto 1999

DECLARACIÓN

Por el Control Ciudadano para la Defensa de la Vida y una América Latina libre de Transgénicos y Agrotóxicos

Las 77 organizaciones participantes en el Seminario Internacional "Control Ciudadano para la Fiscalización y Reducción del Uso de Plaguicidas en América Latina", organizado por la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas (RAPAL) y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), realizado del 25 al 27 de mayo en Santiago de Chile, preocupadas por los graves problemas ambientales y sociales que afectan al agro latinoamericano, nos pronunciamos: Que el incremento acelerado del uso de plaguicidas en la región, las políticas de subsidio a favor del uso de estos insumos peligrosos y la falta de voluntad política de los gobiernos por vigilar y hacer cumplir las normas que regulan el uso de plaguicidas están generando altas tasas de intoxicación en el mundo (tres millones por año) y muertes de 25 personas por hora. A esta situación se suma la amenaza de los cultivos transgénicos, que solo servirá para acelerar la pérdida de la biodiversidad y agudizar los desequilibrios en los ecosistemas. Consideramos que la aplicación de estas tecnologías convencionales en la región tendrá repercusiones en la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, por lo que demandamos a nuestros gobiernos lo siguiente:

1) Implementar una política agrícola y ambiental dirigida a la reducción y sustitución del uso de plaguicidas químicos mediante: la promoción de técnicas agroecológicas para el manejo de la sanidad vegetal; la prohibición de los plaguicidas prohibidos o nunca registrados en el país donde se produce el ingrediente activo; y la eliminación de los subsidios (incluidos excepciones arancelarias) a los agrotóxicos. Por el contrario se debe estimular legal y financieramente a los insumos biológicos.

2) Participar activamente en las negociaciones para lograr un Convenio internacional para la eliminación de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) en nuestros países, incluyendo el DDT y otros plaguicidas organoclorados, y las fuentes de producción de dioxinas y furanos, por sus altos riesgos en la salud y el ambiente.

3) Diseñar programas nacionales para la pronta eliminación del bromuro de metilo, que favorezcan la participación de organismos no gubernamentales para aplicar métodos agroecológicos como alternativa a este destructor de la capa de ozono.

4) Rechazar el uso de los productos químicos en la erradicación de los cultivos ilícitos, porque representan un peligro para los ecosistemas frágiles de la Amazonía y socialmente no han resuelto los problemas de las regiones involucradas.

5) Reconocer los derechos de la población al libre acceso de la información, creando centros nacionales de información y documentación sobre agrotóxicos.

6) Propiciar una legislación que asegure la Evaluación de Impacto Ambiental de los plaguicidas previo a su registro y comercialización.

7) Establecer mecanismos institucionales que garanticen una participación efectiva de los organismos no gubernamentales dedicados a la protección de la salud y medio ambiente en las Comisiones Nacionales para la regulación de plaguicidas con voz y voto, y asegurar la fiscalización gubernamental y ciudadana de las normas vigentes de plaguicidas.

8) Adoptar la declaración latinoamericana de Quito y a los esfuerzos por lograr una moratoria en la investigación y liberación de organismos transgénicos por los peligros que representan para la salud y los ecosistemas. Además de que su uso incrementa el uso de plaguicidas.

9) Rechazar la posición adoptada por los representantes de los gobiernos de Chile, Argentina y Uruguay en las negociaciones del Protocolo de Bioseguridad al unirse al llamado grupo de Miami porque permite la expansión de los cultivos transgénicos favoreciendo a unas cuantas transnacionales, y realizar una consulta amplia y plural sobre el tema para definir una política preventiva que proteja la biodiversidad y la salud de la población.

10) Ratificar y cumplir los convenios de la Organización Internacional de Trabajo que aseguran la protección de los derechos de los trabajadores agrícolas, mujeres, niños y pueblos indígenas.

11) Frente a los Tratados de libre comercio en la región de las Américas es necesario promover el comercio alternativo ambientalmente amigable y socialmente justo. De igual manera, exigir transparencia y participación ciudadana para evitar que las normas nacionales de plaguicidas sean debilitadas a través del proceso de armonización. Por el contrario, este proceso debe conducir la reducción de uso de plaguicidas.

12) Demandar a nuestros gobiernos políticas agrícolas que promuevan el desarrollo de la agricultura sostenible y el desarrollo de tecnologías agroecológicas en cada uno de los países.

Organizaciones firmantes:

Alianza para una mejor Calidad de Vida, CLOC, SAG (Servicio Agrícola y Ganadero), Consumers International (Chile), Instituto Tecnológico Ambiental (Chile), Instituto de Salud Pública (Chile), Instituto del Medio Ambiente (Chile), Sindicato de Alhue (Chile), Municipalidad Tierra Amarilla (Chile), Municipalidad de Qulicura (Chile), Municipalidad de San Vicente (Chile), Municipalidad de Constitución (Chile), CETARR-RAPAL (Argentina), SURCO (Chile), CIAL (Chile), FOBOMADE (Bolivia), PROBIOMA (Bolivia), Revista Chile Agrícola, Unidad Ecológica Salvadoreña, SESMA (Chile), ANAMUR (Chile), EDUCSA (Honduras). RAPAL AGARCROS Andina (Chile), Mecoivepal-RAPAL (Venezuela), ADECOOP (Chile), ODECU (Chile), Comisión Indígena TUENG TRENG (Chile), S.Q. Consultores (Chile), AFIPA (Chile), RAPALMIRA (Colombia), INCITEP S.A (Chile), CLOC (Nicaragua), IDEC (Brasil), FUNCOA (Nicaragua), Confederación Nehuen (Chile), FOS (Chile), FUMIHAM (Chile), Consejo Ecológico Lo Prado (Chile), ASP-TA (Brasil), RAPAL-CRESAP (Bolivia), RAPAL-ETAES (Brasil), Universidad de la Serena, (Chile), RAPAL-Uruguay, Movimiento Agroecológico Chileno, Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra (Brasil), Corporación Cactus (Colombia), Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, ANASAC (Chile), INTA. Universidad de Chile, ANAHUE, Municipalidad de Copiapo (Chile), Asociación de Expositores (Chile), Hospital Regional (Chile), DDEPA (Chile), Asociación Chilena de Seguridad, Servicio de Salud de Viña del Mar, Acción Ciudadana (Chile), Acción Ecológica (Chile), Universidad Católica (Chile), Universidad de Santiago (Chile), AMPARES (Chile), INIA-La Platina (Chile), INACAP (Chile), Instituto de Ecología Política, (Chile), Fundación Nuestra Señora de la Paz (Bolivia), Centro Quebequense de Derecho Ambiental (Canadá), Crea consultores (Chile), Fundación Instituto Indígena (Chile), FFENOCINO (Chile), Movimiento Agroecológico Latinoamericano (Chile), Consejo Ecológico Estación Central (Chile).

Santiago de Chile, 27 de mayo de 1999