No. 93/94 - Julio/Agosto 1999

Chile: el éxito de los mapuche de Treng Treng

por Ana Filippini

"La defensa judicial del medio ambiente, que han emprendido algunas comunidades indígenas, tiene relación directa con la recuperación territorial de lo que han perdido en diversos procesos históricos en las provincias de Arauco, Malleco y Cautín. Estas tierras se encuentran mayoritariamente hoy día en poder de empresas forestales; actividad que ha significado además, un proceso de desertificación masivo de los suelos en estas regiones", explica Rodrigo Lillo,abogado de comunidades mapuche, en su presentación en el Seminario Internacional sobre Control Ciudadano para la fiscalización y reducción del uso de plaguicidas en América Latina, que se llevó a cabo en Santiago, Chile a fines de mayo.

Cosmovisión indígena y medio ambiente

"Las comunidades indígenas en general, y las comunidades mapuche del Xen Xen (como denominan los mapuche a Treng Treng) en particular, no son referentes o actores ecologistas ni ambientalistas. No es éste un discurso explícito de las comunidades indígenas. En efecto, este movimiento que se ha desarrollado entre nosotros, este último tiempo como una reacción a la explotación irracional de los recursos naturales y a la contaminación del medio ambiente, es un fenómeno propio de nuestras sociedades occidentales; en los mapuche en cambio, esto no corresponde a un discurso explicitado, ni novedoso. Para los pueblos originarios, nunca ha existido duda acerca de su relación con la Tierra, que incluye por cierto sus recursos naturales. Dentro de su cosmovisión, se entiende su relación con ella, como una de igualdad, no de dominio y disposición. Para los hombres de la tierra (como se traduce el término mapuche) los recursos naturales constituyen un elemento de otros muchos que forman parte de su nag mapu, como el viento, el agua, los árboles o los pájaros; por eso no es extraño que su trato con éstos sea de cuidado, de respeto, de uso y no de abuso. De esta manera el mapuche, fundado en un modelo económico de subsistencia, y no de acumulación, puede adecuarse a condiciones difíciles de vida, sin depredar el ambiente. De hecho, los mapuche en su estado anterior a la invasión militar propiciada por el Estado chileno, después de la Guerra del Pacífico, que tuvo por objeto someter a los mapuche, tenían una economía base de recolección y trashumancia. Del mismo modo, la economía actual de los pewenche de la Cordillera de los Andes, al sur del Bío Bío, basada en la rotación de suelos para el pastoreo de los animales, la recolección del piñón (fruto del pewén o araucaria) y la provisión de leña de árboles muertos, les ha permitido subsistir por más de 200 años en lugares inhóspitos para la vida humana, con un mínimo de tecnología, un ínfimo espacio explotable y con una mínima depredación de su entorno.

La acción judicial que se describirá, se enmarca entonces, dentro de un proceso más amplio y que se relaciona más con la reivindicación territorial, y dentro de este contexto, la protección del medio ambiente que forma parte de aquel".

Un fracaso exitoso

En 1996, la Empresa Forestal Mininco S.A. realiza el primer intento de forestar con árboles exóticos (pino radiata) en terrenos de su propiedad aledaños a la comunidad indígena, en la comuna de Carahue, Novena Región, en el Sur de Chile. En ese momento, más de 20 miembros de las comunidades indígenas provenientes de las ex reservas indígenas (posteriormente, todas ellas se han organizado en una comunidad que las incluye, denominada Treng-Treng o Xen Xen por el nombre del Cerro donde habitan) interpusieron una Acción Constitucional de Protección ante la Primera Corte de Apelaciones de Temuco en defensa de la Salud y el Medio Ambiente, por afectar los cursos de agua que podían disminuir y contaminarse por el uso de plaguicidas y otros elementos químicos.

El juicio duró más de un año, y la sentencia de la Corte Suprema fue adversa, ya que se consideró que para el caso la amenaza señalada debía provenir de "actos u omisiones actuales", es decir primero habría que comprobar la contaminación y el envenenamiento para poder interponer un nuevo recurso.

No obstante esta sentencia, hay dos hechos que se podría decir que significaron un éxito en este caso. En primer lugar, desde el punto de vista práctico, dado que la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó suspender la plantación y la aplicación de plaguicidas en el lugar, con el argumento de que efectivamente había un peligro para la salud de la población y para el medio ambiente. Durante un año estuvo paralizada la aplicación de estos químicos y esto implicó un costo importante para la empresa que finalmente desestimó la actividad en el lugar.

Por otro lado, el precedente que significó la sentencia de Primera Instancia que reconoció que la aplicación de pesticidas, más allá de que estuviera la empresa protegida por la ley, era una actividad que perjudicaba la salud y le exigió requisitos a la empresa para proteger a la población. Este dictamen, unido a la movilización activa de la comunidad indígena que hizo presión social y política, impidió que la plantación se realizara.

Un largo camino en el proceso de devolución de tierras

Una vez que la empresa Mininco se ve obligada a desestimar la plantación de árboles en la zona de Treng Treng, los mapuche reclaman al Estado que esa tierra les sea devuelta.

La devolución de la tierra a los indígenas -como ocurre casi siempre en estos casos- es un tema más complicado de lo que parece. La ley chilena establece sólo dos casos para la devolución de tierras. Una es la recuperación de tierras que son de propiedad fiscal, que pueden ser devueltas gratuitamente a las comunidades. Las tierras fiscales son muy pocas, ya que la mayoría de los ocupantes actuales de las tierras tienen títulos de dominio, que han conseguido buena o malamente, pero que son jurídicamente válidos. La otra forma a través de la cual las comunidades pueden reclamar tierras que les pertenecieron, pero que en este momento están en manos de particulares, es a través de un fondo fiscal que establece la ley indígena para compra de tierras para las comunidades.

La comunidad de Treng Treng ha accedido a esos fondos públicos y el proceso para la devolución ya se ha iniciado, aunque existen varios problemas. El primero es que el fondo es mínimo en relación a la demanda existente. Por otro lado, el vendedor (en este caso la empresa), sabe que el Estado está presionado y por lo tanto sube el precio. El gobierno y la oficina pública encargada de este tipo de transacciones está siendo puesta permanentemente en tela de juicio por hacer malos negocios y administrar mal los fondos públicos. Este ingrediente torna las decisiones más difíciles aún. Para que los mapuche de Treng Treng accedan a ser propietarios de las 170 hectáreas que reclaman, resta entonces que el Estado disponga de fondos para comprar esas hectáreas a Mininco.

Unos tan poco y otros tanto

La historia muestra que es muy difícil -aunque no imposible- lograr que el gobierno chileno instrumente medidas para beneficiar a los grupos indígenas y a las clases sociales populares. Sin embargo, hay pruebas de que sus políticas han grandemente beneficiado a unos pocos grupos económicos, entre los que se cuentan las empresas de la industria forestal y entre ellas la propia Mininco.

Los más de 600.000 mapuche dentro de territorio chileno sólo han logrado cierto tipo de amparo a través de una política asistencialista de difícil intrumentación y recién ahora se ha presentado una iniciativa legislativa que establece el reconocimiento constitucional a las diversas etnias del país.

Entre los planes para reactivar la economía se encuentra la promoción de las plantaciones forestales que, entre otras, anuncia como ventaja la generación de empleos. Sin embargo, en las cifras oficiales que el gobierno acaba de presentar, el desempleo ha aumentado un 77 por ciento en el ultimo año. Entre las regiones donde el desempleo se ha duplicado en los últimos 12 meses, figura la novena región, que es donde se promovió más la actividad de plantaciones forestales, que supuestamente generarían empleos. Los resultados están a la vista.

En este contexto, resulta insultante enterarse que la revista Fortune incluye por primera vez a cuatro empresarios chilenos entre las 200 personas más ricas del mundo. Los empresarios Anacleto Angelini (COPEC), Eliodoro Matte (CMPC), José Said (Andina) y Andrónico Luksic (Quiñenco) han sido incluidos en el último listado de esa revista norteamericana. El patrimonio de estas cuatro personas asciende a la friolera de 5.000 millones de dólares. Si bien los cuatro controlan enormes grupos económicos que guardan alguna relación con el sector forestal, interesa destacar a los dos primeros, ya que controlan gran parte de la actividad forestal, tanto en materia de plantaciones como de procesamiento industrial de la madera.

Anacleto Angelini, cuyo patrimonio asciende a 1.600 millones de dólares, es propietario de Celulosa Arauco y Constitución, una de las tantas empresas que integran COPEC (Compañía de Petróleos de Chile). Eliodoro Matte, con 1.500 millones de dólares, es dueño de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones y controla, junto con Angelini, casi el 50 por ciento de todas las plantaciones de pino existentes en el país. CMPC tenía en 1993 cerca de 415.000 hectáreas de tierra plantadas con pinos y ha comprado gran cantidad de bosques a particulares. La empresa Mininco, que ha cobrado notoriedad en los últimos meses por las luchas de numerosas comunidades mapuche por recuperar tierras en poder de la misma, es una subsidiaria de CMPC.

Estas empresas no solamente poseen las plantaciones, sino que también son propietarios de las principales plantas de celulosa y papel del país, así como de otras instalaciones industriales, tales como aserraderos, fábricas de madera aglomerada, de envases, etc.

Son estos empresarios chilenos, que ven acrecentar sus patrimonios en cifras capaces de hacerlos aparecer entre los hombres más ricos del mundo, los que niegan a las comunidades indígenas el derecho a la recuperación de sus tierras, vitales para su subsistencia y para su supervivencia cultural, entre las que se cuentan las 170 hectáreas reclamadas por los mapuche de Treng Treng.