No. 95 - Setiembre 1999

Chile: la lucha de los Mapuche por la recuperación de su territorio

El publicitado modelo forestal chileno fue implementado fundamentalmente durante la dictadura de Augusto Pinochet. La concentración de la tierra en manos de poderosos grupos económicos y la implantación de extensos monocultivos de pinos fueron posibles por el uso de la fuerza en el marco de la violación sistemática de los derechos humanos. Hoy el modelo está haciendo agua por todos lados y la presión más fuerte proviene de los tradicionales dueños del territorio: los indígenas Mapuche.
Pese a que el país se gobierna ahora por medio de un sistema democrático de gobierno, la situación no parece diferir mucho de la vigente durante el período pinochetista. En efecto, el secretario general del Consejo Interregional Mapuche, Aldisson Anguita, denunció ante el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas serias violaciones a los derechos humanos en zonas Mapuche. De su exposición hemos extraído los siguientes párrafos, que reflejan la grave situación que viven dichos pueblos originarios:

El actual gobierno democrático chileno transgrede sistemáticamente las leyes nacionales e internacionales permitiendo una presión desmedida sobre las Tierras y Territorio Mapuche. Con el objeto de documentar debemos señalar por ejemplo que en las provincias de Arauco, Malleco y Cautín, a numerosas comunidades Mapuches (entre ellas Cuyinco, Pascual Coña, Rucañanco, Pichiloncoyan, Temulemu, etc.), se le han vulnerado sus derechos humanos fundamentales y negado el acceso a la Tierra que les pertenece.

En respuesta a sus justas demandas por el retorno de sus tierras que le fueran -en muchos casos- ilegalmente adqueridas o simplemente apropiadas por latifundistas y empresas forestales, el gobierno chileno se niega a dialogar y poner fin a un conflicto que se viene agudizando sistemáticamente a partir de octubre de 1997. En lo que va corrido del año, unos 400 mapuches han sido detenidos, incluyendo ancianos, mujeres y niños.

Los tratos inhumanos y degradantes a que han sido objeto los detenidos han aumentado las protestas y movilizaciones de las comunidades indígenas. A pesar de las numerosas denuncias contra la brutalidad policial y abusos racistas, no ha habido ningún caso de procesamiento o expulsión de algún funcionario de dicha institución.

Con el objeto de ilustrar estos hechos, quisiera brevemente mencionar solo un ejemplo de los numerosos abusos que diariamente se comenten en contra de nuestro pueblo en el proceso de reclamar por su Tierra. El 16 de julio de este año, durante el desalojo de comuneros Mapuche de un predio en disputa con la Empresa Forestal Volterra, localidad Cumillahue, comuna de Tirúa, ocho mapuches fueron detenidos, tres de los cuales fueron brutalmente agredidos por la policía. Entre los detenidos tres mujeres, una de ella embarazada y cinco niños, tres de ellos lactantes y un niño de tres años. Las mujeres con sus niños debieron permanecer más de 10 horas detenidas, sin alimentos y sin abrigo suficiente. Las leyes chilenas prohiben la detención de niños; sin embargo, no existe explicación oficial sobre este deplorable hecho, que viola la Convención sobre los Derechos del Niño.

Además, el gobierno chileno ha incurrido en una serie de violaciones de los derechos humanos básicos, situación que fuera denunciada en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por Pedro Cayuqueo, secretario de la Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflictos Arauco-Malleco, quien a su regreso a Chile fuera detenido por la policía internacional del Aeropuerto de Santiago.

A esto podemos agregar la detención de José Lincoqueo, abogado y jefe del departamento jurídico de nuestra organización, que además ha sido amenazado de muerte. Lincoqueo ha sostenido una dura batalla jurídica en defensa del legítimo derecho de las comunidades Mapuche al uso de sus tierras, que ancestralmente les pertenecen.

Otra situación aparte es la amenaza de construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco en el Alto Bio-Bio, Octava Región de Chile, que inundará una superficie aproximada de 3.500 hectáreas de tierras pertenecientes a las comunidades Mapuche Pehuenche.

Queremos manifestar que la Tierra es el elemento indisoluble a la relación de los pueblos indígenas con su entorno. Asegurar el acceso libre a ella es sin duda permitir el desarrollo real de nuestros pueblos. Por lo tanto, cualquier iniciativa en este sentido que emane de los organismos de derecho internacional irá en directo beneficio a nuestras comunidades, siempre y cuando los gobiernos se comprometan a crear una nueva relación que permita a los pueblos indígenas ser protagonistas en este proceso.

La generación de nuevos instrumentos no debe ser contradictoria con la adopción de los ya existentes por ejemplo la ratificación del Convenio 169 de la OIT, que Chile aún no ratifica, puede ser un importante punto de partida en este sentido. Muchas gracias Sra. Presidente.