No. 95 - Setiembre 1999

ESTADOS UNIDOS EN PANAMÁ

Un legado explosivo

por John Lindsay-Poland

Cuando Estados Unidos finalmente transfiera el control del Canal de Panamá al gobierno nacional en el año 2000, dejará detrás un legado de productos tóxicos y artefactos explosivos letales. A pesar de las obligaciones que le corresponden conforme a lo estipulado en el marco de los tratados originales del Canal y de tratados internacionales tales como la Convención sobre Armas Químicas para la limpieza del sitio, todo indica que Estados Unidos pretende eludir sus responsabilidades.

A medida que el reloj avanza en su cuenta regresiva hacia el año 2000 y a la transferencia del Canal de Panamá al gobierno de ese país de acuerdo a los términos de los Tratados Torrijos-Carter de 1977, el problema de los artefactos explosivos en las bases militares estadounidenses se perfila como el mayor obstáculo para la transición. Hay más de 120.000 artefactos explosivos que ya han provocado la muerte accidental de 21 panameños.

En febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá rechazó formalmente el traspaso de 8.000 acres de esas bases según un calendario fijado por Estados Unidos conforme al cual esa zona sería devuelta en junio y agosto, repleta de miles de artefactos explosivos. A fines de abril, Estados Unidos no había respondido siquiera a la notificación de Panamá.

Una historia de accidentes

Antes y especialmente durante la construcción del canal, la Carretera de Panamá era la principal vía de tránsito en el istmo. A lo largo de la misma surgieron varios pueblos, entre ellos uno llamado Imperio, sobre lo que más tarde sería la rivera oeste del canal. Con el desborde del Lago Gatún para formar el canal, la vía férrea se instaló en el otro lado, como señaló en 1913 un observador de la época: "el orgulloso pueblo de Culebra y el altanero pueblo Imperio, aislados en una ribera sin rieles del canal, se marchitarán y desaparecerán, e incluso sus anchas calles de asfalto se hundirán debajo de la jungla que crecerá por encima".

Esa nueva jungla se convirtió, a comienzos de los años 30, en una vasta zona de prácticas para el ejército estadounidense. Dentro del Campo Piña, sobre el lado atlántico del istmo, la marina creó incluso una aldea exclusivamente para actividades de entrenamiento en contrainsurgencia de guerra de guerrillas. Las tres bases principales abarcan alrededor de 30.000 acres sobre las riberas del canal, y más de 60.000 personas viven en comunidades vecinas que crecen rápidamente con la migración del campo a la ciudad.

Hasta 1971, la marina también utilizó el río Hato, 75 millas al sudeste de la Ciudad de Panamá, para realizar entrenamientos en los que se utilizaban artefactos explosivos, e incluso se instaló un depósito para almacenar gas mostaza. También durante la Segunda Guerra Mundial se utilizó la isla Iguana, en la costa del Pacífico, para prácticas de bombardeo, perjudicando la zona turística.

Esta historia de usos militares, a menudo indocumentada, fue acompañada de numerosos accidentes. Un ejemplo demuestra quiénes son los más afectados por los explosivos abandonados, y cómo los riesgos seguramente irán en aumento con la devolución a Panamá de la zona ocupada por las bases militares de Estados Unidos. Durante la crisis política panameña y el embargo económico, de 1987 a 1989, muchos panameños perdieron sus puestos de trabajo y tuvieron que improvisar formas de ganarse la vida. Algunos se arriesgaron y traspasaron los límites de las bases militares para ir a juntar metal y venderlo en los centros de reciclado de la ciudad, pues se tiraron bombas de explosión fabricadas en aluminio, un metal muy preciado para reciclar.

Algis Amores, de 21 años, y su cuñado Domingo Julio Avila, de 26, se sumaban a la masa de desocupados creada por la crisis de 1988. El 28 de mayo se dirigieron al poblado de Imperio en busca de aluminio y volvieron a su casa, en el pueblo de Arraiján, en Cerro Silvestre, con un objeto de metal. Aníbal Villarreal, de 14 años, primo de los muchachos, intentó abrir el objeto con un martillo para ver lo que contenía. Domingo estaba a su lado y Algis a cierta distancia. Algis recuerda sólo una explosión que enrojeció todo. Él perdió tres dedos y un brazo, mientras que Domingo y Aníbal murieron en la explosión.

El incidente es un recuerdo doloroso para la comunidad, en la que Algis todavía vive con su madre, Gladys de Amores. "Deberían desactivar todas esas bombas, porque es verdad: pueden estar en cualquier lado", dice la mujer.

Clotilde Cárdenas, juez de paz de Escobal, un pueblo vecino a la base Pina, recuerda cómo en los últimos ocho años cuatro panameños fueron muertos por municiones de esa base, dos de ellos niños de seis y nueve años. Hace tres años los niños encontraron una munición y la golpearon contra una escalera de hormigón. "La explosión fue tan grande que la gente creyó que había explotado un tanque de gas. Los niños quedaron despedazados", cuenta. El ejército de Estados Unidos nunca reconoció que la munición había provenido de la base.

Cuando se firmaron los Tratados del Canal, en 1977, pocos prestaron atención al problema del desmantelamiento de las bases porque se suponía que la transferirían a la Guardia Nacional Panameña. Pero con la abolición del ejército de Panamá después de la invasión, los aspectos ambientales comenzaron a cobrar mayor importancia. El nexo entre la sociedad civil de Panamá y los espacios controlados históricamente por el ejército de Estados Unidos se hizo más fuerte. Muchos panameños vieron en ese momento la oportunidad de poner fin a la condición de enclave de la zona del canal e integrarla al resto de la vida y la actividad económica del país. Esto exige que la zona no sea perjudicada con riesgos ambientales para la inversión o para los diversos usos que pueda darle la comunidad. La soberanía de Panamá se vincula así al cumplimiento por parte de Estados Unidos de la responsabilidad de devolver las tierras libres de peligro.

Los Tratados del Canal se refieren a esta responsabilidad y exigen que Estados Unidos "asegure en la medida en que sea practicable, la eliminación de todo riesgo a la vida, la salud y la seguridad humanas" provenientes de las zonas militares al momento de su retirada, y que consulte con Panamá sobre la eliminación de dichos peligros. La palabra "practicable" se ha convertido en centro de fuertes discusiones en torno a su interpretación.

A escala mundial, entre 1990 y 1993 el Pentágono anunció que planeaba cerrar o reducir sus 704 bases en el extranjero. La retirada de esas bases serviría para poner de manifiesto los problemas ambientales que enfrentan los civiles que intentan encontrar distintas formas de reutilización tanto comercial como social de las instalaciones y descubren muchas zonas que son inutilizables o están seriamente perjudicadas.

En 1995, enfrentado a una fuerte presunción pública de contaminación y a una acometida de los medios de difusión panameños, el Comando Sur lanzó una ofensiva publicitaria para la cual echó mano al Programa Legado de Recursos Naturales, una iniciativa establecida unos años atrás por el Congreso para financiar proyectos de conservación y preservación (no de limpieza). El marco fundamental del programa era cómo ser mejores administradores de los recursos. Como el Departamento de Defensa tiene jurisdicción sobre unos 25 millones de acres de tierra, necesita ser eficiente.

En un informe del programa sobre los "recursos de la tierra", del Pentágono, varios ingenieros escribieron: "El aumento de la velocidad y de la condición letal de los sistemas de armas modernos, junto con el avance de las comunicaciones y la capacidad de conocer las filas de retaguardia del enemigo, ha provocado la necesidad de aumentar el espacio dedicado al entrenamiento y, por consiguiente, a poner mayor énfasis en la gestión de los recursos". En otras palabras, la conservación es un tema tanto de eficiencia militar como de protección ambiental.

A través del Programa Legado, el Departamento de Defensa encomendó en 1993 un estudio de la flora y la fauna de las bases en Panamá del orden de medio millón de dólares. Como era de prever, el estudio encontró una biodiversidad muy rica: más de 800 especies de plantas y 56 especies de animales protegidos por leyes panameñas. Un relevamiento de los parques panameños y de algunas zonas contaminadas seguramente encontraría una diversidad de vida similar.

Nunca se le pidió a los encargados de realizar el estudio que buscaran productos tóxicos o peligrosos en tierras militares. No obstante, en los comunicados a la prensa el Comando Sur empezó a utilizar el relevamiento como forma de demostrar la "buena gestión" del ejército estadounidense en Panamá. Finalmente los militares utilizaron los resultados del estudio para dar fuerza a su principal argumento en contra de una descontaminación total, a saber, que localizar y sacar las municiones con la tecnología actual implicaría la destrucción del bosque que alberga dicha biodiversidad. Por lo tanto, el bosque se ha dejado minado para protegerlo.

En octubre de 1995, el Pentágono dio a conocer una nueva política de limpieza de bases de ultramar que implicó la negociación de un acuerdo explícito para cualquier limpieza que tuviera lugar después de la transferencia. Como en muchas bases nacionales la limpieza lleva hasta 20 años, la limpieza en Panamá para llegar a niveles similares requeriría adoptar medidas después que las propiedades sean transferidas en 1999. Pero Washington no tenía eso en mente.

La versión que el Pentágono tiene de la política para Panamá le agregó una interpretación a la exigencia de los Tratados de hacer todo lo "practicable" para eliminar los riesgos. Los planificadores militares decidieron que los criterios de practicable incluirían el costo de la limpieza, el tiempo requerido, el impacto en el ambiente y la tecnología disponible, y que "eliminar un riesgo puede adoptar la forma de contener, controlar o eliminar físicamente" el peligro.

Según un informe de 1997 del Fondo de Defensa Jurídica Earthjustice, conforme tanto a las leyes nacionales de Estados Unidos como a las internacionales, la interpretación de cuál limpieza se entiende como "practicable" debe coincidir con el significado común de la palabra: "susceptible de ser realizado o puesto en práctica". Lo que es "practicable" conlleva la elección de qué recurso aplicar, pero Estados Unidos podría no utilizar el costo o el tiempo requeridos como criterio para definir si limpiar o no.

Estados Unidos condujo su primera limpieza de bases militares en Panamá en marzo y abril de 1998, y luego anunció que había limpiado el 80 por ciento de los 36.000 acres de tierras militares en actividad aunque a la vez adujo que el 90 por ciento de la tierra no podía ser limpiada por ser "inaccesible". La información contradictoria preocupó a los oficiales panameños pues pensaban que el anuncio del ejército de que había limpiado la zona daría luz verde a las comunidades vecinas que, creyendo que la zona ya era segura, podían entrar a plantar cultivos, cazar o buscar metales para reciclarlos.

El plan del Comando Sur para los polígonos de tiro, finalmente dado a conocer en noviembre de 1998, claramente cayó dentro del mandato limitado de la política de 1995. Los militares se centraron en limpiar las zonas más cercanas al canal, donde el ensanchamiento del canal exige algunas zonas seguras para la realización de actividades y una superficie para depositar el suelo dragado. El otro lado de las bases, donde los propios mapas del ejército mostraron una mayor "intrusión" de los agricultores panameños en la zona de impacto, ha permanecido en gran medida intocada. El trabajo debía ser terminado a mediados de 1999, fecha fijada para la devolución de las bases a Panamá.

El plan militar prevé que en lugar de alambrar la zona se pondrán señales de advertencia en los caminos alrededor de las zonas de impacto más peligrosas. En el lado occidental de la base Pina no habrá ni señalización ni alambrados, por lo que los cazadores u otras personas que ingresen al bosque de esa zona no serán advertidos de la presencia de explosivos. Según el plan, en los polígonos de Tiro de Balboa, las líneas trazadas por las señales de advertencia ni siquiera rodearán la zona de impacto.

Panamá rechazó el plan de Estados Unidos de no hacer nada en la mayoría de las zonas de impacto, mientras que autoriza que en otras zonas se avance en la limpieza.

El legado de armas químicas

Una segunda historia, pero vinculada a la primera, se refiere al despliegue y ensayo por parte de Estados Unidos de armas químicas en Panamá. Estados Unidos mantuvo un programa de armamento químico activo en Panamá durante 40 años, concentrándose en la defensa del canal desde 1920 a 1946, y en el ensayo de municiones en condiciones tropicales de 1943 a 1968.

El primer ensayo de armas químicas en Panamá ocurrió en julio de 1941. Los ensayos fueron realizados sobre soldados del Fuerte Clayton, quienes tuvieron que correr a través de una nube de gas. Casi de inmediato los soldados presentaron problemas respiratorios y debieron ser llevados al hospital más cercano. Según un sujeto del ensayo, uno de los soldados "casi muere de asfixia". Un auxiliar le preguntó al médico de qué se trataba, a lo cual respondió: "Es ese maldito gas mostaza".

Desde 1944 hasta 1947 inclusive, se realizaron unos 130 ensayos sobre la isla de San José, en la costa del Pacífico, como preparación de una posible guerra química sobre las islas del Pacífico en poder de los japoneses. Entre los agentes químicos probados estaba el gas mostaza. Uno de los ensayos pretendía "determinar si existía alguna diferencia en la sensibilidad de las tropas puertorriqueñas y de Estados Unidos al gas H (mostaza)".

En 1948, con la rápida evacuación del Proyecto San José, se llevó material de ese lugar a sitios de almacenamiento de la Zona del Canal, incluido "todo lo de los sótanos de los cuarteles (...) y un almacén de productos tóxicos (...) establecido en la boca del río Chagres en la Reserva del Fuerte Sherman". Parte de todo ese material se volcó en el mar. Estados Unidos reconoció que había enterrado agentes de guerra química en la zona del Canal de Panamá, pero se negó a revelar al gobierno panameño un documento que registraba los enterraderos tóxicos en Panamá.

Los riesgos de esos ensayos químicos resultan no de las municiones que detonaron y que se disipan a los días o semanas, sino de los agentes químicos que no detonaron o que de alguna manera quedan guardados en los contenedores. Este tipo de material conserva la toxicidad durante décadas.

En los 18 ensayos realizados en la isla de San José se utilizaron 4.397 morteros y bombas. Si otros ensayos rondan el mismo promedio de municiones utilizadas, significaría que en San José se utilizaron 31.267 municiones químicas. Si para las que no explotaron se maneja el promedio comúnmente aceptado de 10 por ciento, eso dejaría 3.126 municiones químicas sin explotar en la isla de San José. Según documento del Pentágono de 1979, los riesgos persisten por 30 años más.

De 1953 a 1957, el ejército estadounidense realizó ensayos de gas mostaza destilado en Panamá que incluyeron la detonación de minas químicas. Entre 1964 y 1968, el Centro de Ensayos en el Trópico, del Ejército, llevó a cabo como mínimo cuatro ensayos de "vigilancia" en Panamá con misiles cargados de gas neurotóxico (gas VX). Diez miligramos del agente VX configuran una dosis letal, por lo que cada mina VX teóricamente contiene suficiente cantidad de agente neurotóxico como para aproximadamente medio millón de dosis letales. La detonación de esas minas habría contaminado durante varias semanas la zona antes de que el agente se hidrolizara en componentes relativamente inocuos. Por último, el ejército de Estados Unidos reconoció que desde 1979 se realizan en Panamá "ensayos de laboratorio limitados y controlados de algunos agentes de gas lacrimógeno".

Los Tratados del Canal y la Convención sobre Armas Químicas, un tratado internacional que entró en vigor el 29 de abril de 1997, son los principales convenios legales que definen la responsabilidad de Estados Unidos para devolver a Panamá un ambiente libre de peligros químicos resultantes de sus actividades militares. La Convención exige a los estados miembros que abandonaron armas químicas en los territorios de otros estados nacionales, que declaren esas armas dentro de los 30 días de su ratificación de la Convención. Una vez que el país afectado ratifica la Convención, el que abandonó las armas debe destruirlas. La Convención hace una definición de las armas químicas abandonadas que excluye las enterradas antes de 1977 y las eliminadas en el mar antes de 1985. Si Estados Unidos enterró armas químicas en la zona del Canal, debería aplicarse la disposición de los Tratados del Canal que estipulan la eliminación de las amenazas a la salud humana.

En octubre de 1998, Panamá ratificó formalmente la Convención sobre Armas químicas, que fijó el calendario para las obligaciones tanto panameñas como estadounidenses conforme a las obligaciones establecidas en la Convención de "proveer todos los recursos financieros, técnicos, de expertos, instalaciones y de otro tipo", necesarios para la destrucción de las armas químicas que Estados Unidos abandonó en Panamá.

En la declaración a la Organización para la Prevención de Armas Químicas, establecida por la Convención, Estados Unidos afirmó que no había abandonado armas químicas en otros países, lo que parece ser una clara violación de la Convención. Además, a pesar de los reiterados pedidos formales por el gobierno de Panamá, Estados Unidos se negó a revelar un documento en el que figuran los sitios donde fueron enterradas las armas químicas en Panamá, así como otros registros de ensayos químicos y explosivos.

Las obligaciones legales de Estados Unidos para limpiar las municiones que fueron abandonadas hace largo tiempo adquieren nueva importancia porque la transferencia de las bases militares y la creciente urbanización conducen a un desarrollo frenético y a la construcción de carreteras en la zona. Además, los propietarios de la isla de San José aspiran a construir hoteles en el lugar, por lo que el temor es que algún turista pueda tropezar con explosivos viejos pero todavía potentes.

Resistencia y soluciones

Mientras tanto, 25 representantes del Congreso escribieron el 12 de marzo al secretario de Defensa, William Cohen, reclamando la publicación de los documentos referidos y mayor empeño en la tarea de limpieza en Panamá. La carta decía lo siguiente: "Nos preocupa que el gobierno de Estados Unidos esté preparándose para eludir sus responsabilidades de limpiar adecuadamente las bases militares y los polígonos de tiro en Panamá, que fueron utilizados para ensayar armas convencionales y químicas". En una carta al presidente Bill Clinton enviada en febrero, más de 75 líderes religiosos y activistas de derechos humanos expresaron sentimientos similares.

En la carta de los congresistas se condena que el ejército de Estados Unidos no diera a conocer los documentos en su poder en que figura "la historia de las actividades con armas químicas en Panamá" y se reclama al Pentágono que revele los datos en los próximos meses. Criticaron también al Pentágono por rechazar una propuesta panameña de estudiar métodos de limpieza a largo lazo que podrían mitigar los impactos ambientales provocados por la detección de pertrechos subterráneos.

Los panameños nacionalistas han criticado duramente al gobierno de su país por no agitar más el problema. El ex presidente Jorge Illueca exhortó al gobierno a llevar el caso a la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, como lo hizo la generación anterior de panameños para recuperar la Zona del Canal.

Filipinas ha llevado el caso de contaminación en la ex base Clark de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que podría sentar un precedente importante. Pero los principales líderes políticos panameños creen que "los polígonos de tiro y las bases son el precio por el canal".

Las comunidades de panameños que viven en el borde de las zonas con riesgo de explosión también están preocupados. "Dicen que traen especialistas para hacer una limpieza de la superficie, pero no conocen la zona", opina Cleotilde Cárdenas. "¿Por qué no buscan gente de aquí y le pagan, aunque sea como guías?".

El Ministerio de Salud y el ejército de Estados Unidos auspician seminarios comunales para enseñar a la gente de la zona cómo reconocer pertrechos peligrosos. Cárdenas señala que la mayoría de las personas que entran en esas tierras no son del lugar, que conoce los peligros, sino de otras provincias en busca de buena tierra para plantar o recoger leña.

El teniente coronel Reynold Hoover, quien coordina las operaciones de limpieza del ejército, reconoce los problemas. "En Estados Unidos los controles institucionales -barreras, señales, educación- funcionan muy bien, pero aquí estamos en un ambiente diferente", expresa.

¿Qué hacer?

La lucha de Panamá puede ser reforzada por la solidaridad de otros activistas e investigadores. Las luchas para prohibir las minas de tierra, crear leyes de derechos humanos ambientales, fortalecer el régimen internacional para la prohibición de armas químicas, revelar los documentos militares y cambiar las prioridades presupuestales de Occidente de la guerra hacia la solución del legado humano y ambiental de pasadas operaciones militares, tiene mucho en común con el esfuerzo para que Estados Unidos se haga responsable de los explosivos dejados en Panamá.

Los activistas que trabajan para lograr una limpieza de las bases militares estadounidenses en todo el mundo se reunirán en Washington del 25 al 29 de octubre para compartir información y desarrollar estrategias conjuntas y cabildeo. Otras actividades se centran en la creación de una colección especial de documentos sobre la condición ambiental de las bases que deben devolverse a Panamá y la historia de su uso, al que podrán acceder todos los panameños y los investigadores podrán traducir e interpretar los documentos.

Por último, será tarea de los panameños transformar esas tierras, que fueron zonas de ensayo de instrumentos de muerte en territorios de vida.

John Lindsay-Poland es coordinador del programa latinoamericano de la organización estadounidense Fellowship of Reconciliation, en San Francisco, California. Correo electrónico: forlatam@igc.org.

Puede encontrar más información sobre el tema en Internet en: www.nonviolence.org/for/panama.