No. 96/97 - Octubre/Noviembre 1999

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

Motivos contra una nueva Ronda

por Martin Khor

A medida que avanzan los preparativos de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que tendrá lugar en Seattle a partir del 30 de noviembre, los países industrializados, encabezados por la Unión Europea, están preparando el escenario para una nueva Ronda de negociaciones comerciales que tendrá un impacto crucial sobre las economías del Sur. El autor expone algunos de los temas claves que esos países ricos procuran imponer en la agenda de la conferencia de Seattle y explica por qué es fundamental que los países del Sur resistan este último intento de obligarlos a liberalizar sus economías.

La globalización se desprestigió con la crisis financiera asiática, que se esparció a otras partes del mundo, incluidos Rusia y Brasil. Es claro -o debería serlo- que para los países en desarrollo liberalizar demasiado rápido la economía o hacerlo de formas o en sectores para los cuales no están preparados, implica grandes riesgos. Cuando un país abre el sector financiero antes de comprender cabalmente los riesgos que hay en juego, puede quedar expuesto a embates especulativos y a la inestabilidad financiera.

De igual forma, también puede haber una alteración social y económica cuando se le exige a un país en desarrollo que abra, sin restricciones, su economía al libre comercio o a las corrientes de inversión en momentos en que las compañías y los predios rurales nacionales no están listos para competir con las empresas internacionales gigantes. Sin embargo, antes siquiera de haber digerido las lecciones de cómo manejar los puntos de contacto entre la economía nacional y la externa, una vez más se presiona para que los países en desarrollo se abran aún más a las grandes compañías de los países industriales.

El foro para esas presiones es la Organización Mundial de Comercio (OMC), que celebrará su tercera Reunión Ministerial en Seattle (Estados Unidos) del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 1999.

La Unión Europea, con el respaldo de Japón, Canadá y otros países desarrollados, anunció que desea lanzar en esa misma reunión una nueva Ronda amplia de negociaciones comerciales. Tiene la esperanza de que en esa Ronda se incluyan diversos temas como objeto de negociaciones de nuevos acuerdos multilaterales que serían jurídicamente vinculantes para los miembros de la OMC. Por ejemplo, la Ronda Uruguay (1986-94) concluyó con varios acuerdos nuevos que abarcan temas como servicios, agricultura, derechos de propiedad intelectual, medidas de inversión y otros. También creó la OMC, que sustituyó al antiguo GATT.

En ese entonces los países en desarrollo en general estuvieron en contra de que esos temas nuevos ingresaran al sistema de comercio, ya que los acuerdos los obligan jurídicamente a cambiar sus políticas y leyes nacionales y abrir sus economías a los bienes, servicios y compañías extranjeras. Como los agricultores y empresas nacionales generalmente son a pequeña escala y carecen de la tecnología o los conocimientos en materia de comercialización necesarios, no tienen la capacidad como para competir con las grandes compañías de Occidente o Japón. Existe un gran temor de que cuando se apliquen los acuerdos existentes -después de un periodo de gracia de cinco años aproximadamente-, los países en desarrollo enfrentarán muchos problemas. El mercado será inundado por bienes o servicios más baratos que reemplazarán lo nacional. Empresas extranjeras más grandes, con la última tecnología o con alcance comercial, tomarán cada vez mayores cuotas de mercado del sector nacional con los consiguientes efectos de desocupación y desintegración social, especialmente en los países menos desarrollados del Tercer Mundo. Los países menos adelantados son, comprensiblemente, los más preocupados.

Aun antes de llegar a comprender esos problemas surgidos de la Ronda Uruguay -mucho menos de haberlos abordado-, las grandes compañías urgen una vez más a sus gobiernos para que exijan la apertura de más sectores en los países en desarrollo, a los que puedan entrar. Consecuente con eso, la Unión Europea propuso el lanzamiento de una nueva Ronda de negociaciones a la cual incluso le dio el glamoroso nombre de la Ronda del Milenio.

Si bien al principio Estados Unidos no parecía entusiasmado con la idea -prefiriendo impulsar los temas de su interés en un modelo de sector por sector- el presidente Bill Clinton parece estar dispuesto ahora a secundar la idea. Los países desarrollados aparecen unidos, pues, para empujar a la OMC a esta "nueva Ronda".

Algunos países, como Malasia, India y Egipto, apoyados por varios otros países también en desarrollo, en especial africanos, se pronunciaron en contra de la idea. En caso de que los países del Sur quieran impedir esa nueva Ronda, tienen que mostrarse más firmes en las reuniones de la OMC, de lo contrario es probable que se nos venga encima otra intensificación del proceso de globalización. La OMC se ha convertido en el principal vehículo de la globalización, que después de todo no es un "proceso inevitable" sino de "fabricación humana", producto de políticas deliberadas, impulsado a través de acontecimientos como la Conferencia Ministerial de la OMC.

Temas nuevos para una nueva Ronda

La Unión Europea ya dejó en claro que desea incluir "temas nuevos" tales como normas de inversión internacional, política de competencia y contratación pública a través de esa Ronda. Esos tres temas fueron incluidos en la agenda de la Primera Conferencia Ministerial de la OMC realizada en Singapur en 1996.

La mayoría de los países en desarrollo estuvieron en contra de iniciar negociaciones en esos temas, pero la presión de los países desarrollados fue tan fuerte que finalmente acordaron integrar "grupos de trabajo" para discutir los temas. Los países en desarrollo dejaron en claro que los grupos de trabajo tenían el mandato únicamente de discutir los temas en una especie de forma académica, en lo que se denominó un "proceso educativo", y no de iniciar las negociaciones para los Acuerdos. Hace más de dos años que los tres grupos de trabajo están discutiendo y durante ese tiempo algunos de los países industrializados manifestaron claramente su intención de "elevar" las conversaciones al nivel de negociaciones. Su plan ahora es utilizar el instrumento de la "Ronda del Milenio" para que los tres temas (inversión, competencia, contratación pública) sean objeto de conversaciones para nuevos acuerdos.

Pero este no es el fin de la historia. Algunos de los países industrializados también quieren que otros temas como "comercio y medio ambiente" y "normas laborales" formen parte de la nueva Ronda. Los gobiernos de esos países pretenden aquietar a los grupos ambientalistas y sindicatos de sus países que han estado protestando por los efectos negativos del libre comercio. Si la nueva Ronda incluye normas ambientales y laborales es posible que se neutralice la campaña de los grupos influyentes de la sociedad civil contra la Ronda. O por lo menos así lo cree el establishment.

Los intereses de Estados Unidos

Mientras tanto, Estados Unidos está afín a la idea de que se revisen los temas de servicios, agricultura y derechos de propiedad intelectual de la Ronda Uruguay, de manera que sus grandes empresas tengan aún más mercados abiertos. Sin duda que en torno a esos temas, que en todo caso ya están en la agenda de la OMC, habrá una nueva etapa de negociaciones, sean o no aceptadas como parte de una Ronda.

No obstante, todavía no hay certeza de que ésta finalmente se concretará. Muchos países en desarrollo están en contra de la idea. Su posición es que la OMC debería darles a los países en desarrollo -que después de todo conforman la mayoría de los miembros del organismo- el tiempo y el espacio necesario para resolver los problemas de aplicación de los acuerdos existentes. Solo eso ya es motivo suficiente de dolores de cabeza y alteraciones económicas. Las crisis financieras y sus impactos negativos en el comercio y el crecimiento han empeorado el problema. ¿Cómo pueden hacer frente a negociaciones sobre más temas nuevos, que seguramente causarán nuevos y potencialmente desastrosos problemas o crisis?

Si bien esta posición tiene sobrado mérito, lamentablemente los países en desarrollo no están unidos. India, Malasia, Egipto y muchos países africanos y países menos adelantados se han pronunciado en contra de una nueva Ronda. Pero la mayoría de los países latinoamericanos y algunos asiáticos señalaron que son favorables a la propuesta europea.

La necesidad de unirse

Los países que son conscientes del problema y se oponen a las negociaciones en torno a temas nuevos deberían unirse y fortalecer su posición en los próximos meses, cuando las conversaciones en la OMC cobren vigor. Supuestamente los países miembros de la OMC tenían hasta julio para presentar sus propuestas para la Conferencia Ministerial de la OMC. Luego del receso de agosto, las negociaciones entrarán en un ritmo acelerado, desde setiembre hasta noviembre, para producir un proyecto de Declaración Ministerial que será presentado en la Conferencia de Seattle. Los contenidos de esa Declaración determinarán cuáles son los temas de las negociaciones de los próximos años.

La crisis económica no debería desviar la atención de los responsables de las políticas económicas o del público acerca de lo que está pasando en la OMC. De lo contrario, por presión o por inercia, nos embarcarán a los del Sur en una nueva Ronda que no elegimos y que pondrá más obstáculos no sólo para el proceso de recuperación sino también para nuestro desarrollo en el largo plazo.

Los funcionarios de comercio de Japón, la Unión Europea y Estados Unidos acordaron que la próxima Ronda de conversaciones debería concluir dentro de tres años, comparados con los ocho de la Ronda Uruguay. Su confianza está fundada. Si bien conforman sólo una pequeña minoría, los países ricos (y en particular Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Canadá, conocidos también como el Grupo de los Cuatro) en general han tenido éxito con su política prepotente en la OMC, a menudo haciendo caso omiso de las objeciones de varios países en desarrollo. Podría ocurrir lo mismo en la Conferencia Ministerial de la OMC de este año.

Inversión, política de competencia y contratación pública son los tres temas que deberían preocupar especialmente a los países en desarrollo. Una nueva Ronda podría dar lugar a nuevos Acuerdos de la OMC en torno a esos temas. Lo siguiente es un resumen de cómo afectarían a los países en desarrollo:

Inversión

En torno a este tema los países ricos están intentando por todos los medios imponer normas nuevas que establezcan la obligatoriedad para todos los países de la OMC de reconocer el derecho de los inversionistas extranjeros a entrar y establecerse sin limitaciones en cuanto al porcentaje de la propiedad.

Los gobiernos perderían el derecho de regular la entrada de los inversionistas extranjeros, no sólo para las inversiones directas a largo plazo sino también en el caso de los inversionistas a corto plazo, por ejemplo en el mercado accionario. Además, los extranjeros y las empresas extranjeras deberían ser tratados en igualdad de condiciones (o mejor aún) que los nacionales -según un principio de la OMC conocido como "trato nacional"- y quedarían prohibidas las restricciones al libre ingreso y egreso de capitales, así como los "requisitos de desempeño" que los gobiernos receptores establecen actualmente a las compañías extranjeras, tales como transferencia de tecnología, el uso de profesionales locales, reinversión de ganancias. Se habla incluso de prohibir el uso de incentivos a la inversión para atraer inversiones extranjeras.

En las discusiones del grupo de trabajo sobre inversión de la OMC, los países ricos procuraron hacer una interpretación amplia de la definición de inversión extranjera, que incluiría no sólo la inversión extranjera directa sino también la inversión de cartera y la compra de propiedades. De más está decir que si en la OMC se aprobara un acuerdo de ese tipo, los países en desarrollo ya no podrían otorgar preferencias ni dar protección a los inversionistas, empresas o agricultores nacionales, que correrían el riesgo de ver a sus productos nacionales arrasados por la competencia de empresas extranjeras más grandes, o terminar absorbidos por éstas. También sería cuestionado o prohibido el tipo de restricciones que Malasia y otros países aplican a la entrada y salida de capital extranjero, así como sobre la propiedad extranjera de bienes inmobiliarios (casas y tierras).

Política de competencia

La Unión Europea promueve un nuevo acuerdo que invalidaría aquellas leyes o prácticas nacionales de los países en desarrollo que favorezcan a las empresas nacionales, con el argumento de que atentan contra la libre competencia. La Unión Europea argumenta que lo que considera que son principios básicos de la OMC (trato nacional y no discriminación) deberían aplicarse a través de un acuerdo de la OMC en materia de política de competencia. A través de un acuerdo de ese tipo los países en desarrollo tendrían la obligación de establecer políticas y leyes de competencia nacionales de cierto tipo. No estaría permitido aplicar distinciones que favorezcan a las empresas e inversionistas nacionales. Por ejemplo, las políticas que otorguen derechos de importación o distribución (o derechos más favorables) a las empresas nacionales (incluidos organismos o empresas del gobierno), o las prácticas entre empresas nacionales que les otorgan canales de comercialización superiores, serían cuestionadas o incluso prohibidas. Los países ricos argumentan que tales políticas o prácticas crean una barrera a los productos o empresas extranjeros, a los que debería permitírseles competir en pie de igualdad con los nacionales, en nombre de la libre competencia.

Los países en desarrollo argumentan que hay empresas y organismos nacionales que sólo pueden ser viables si se les dan ciertas ventajas. Si esas empresas más pequeñas fueran tratadas a la par que los gigantescos conglomerados extranjeros, la mayoría de ellas no lograría sobrevivir. O tal vez quedaría alguna porque a lo largo de los años han construido sistemas de distribución basados en su íntimo conocimiento del escenario local, lo que les da una ventaja sobre las empresas extranjeras mejor dotadas. Pero tener esos canales de distribución nacionales podría también ser objeto de ataque por una política de competencia en la OMC, destinada a presionar a las empresas locales para que abran sus canales de comercialización a los competidores extranjeros.

Actualmente, varios países en desarrollo argumentarían que dar un trato favorable a las empresas nacionales es una medida que va a favor de la competencia, ya que las empresas locales más pequeñas reciben ciertas ventajas para contrarrestar el poder de las gigantes extranjeras, que de lo contrario monopolizarían el mercado nacional. Conceder a las megaempresas internacionales derechos iguales implicaría aplastar a las empresas nacionales, que son pequeñas o medianas en términos mundiales. No obstante, tales argumentos no serán aceptados por los países ricos, que insistirán en que sus empresas gigantes reciban "reglas de juego iguales" para competir "en pie de igualdad" con las empresas nacionales más pequeñas. Querrían que su interpretación de la "competencia" -que irónicamente llevaría a la monopolización extranjera de los mercados de los países en desarrollo- quede incluida en la ley de la OMC y se ponga en funcionamiento a través de una nueva Ronda.

Contratación pública

En este tema los países industrializados desean introducir un proceso en la OMC por el cual sus compañías puedan obtener una participación importante del negocio lucrativo de ofrecer suministros y ganar contratos para proyectos del sector público en los países en desarrollo. Actualmente, ese gasto fiscal está fuera del ámbito de la OMC, a menos que un país miembro voluntariamente se una al acuerdo "plurilateral" sobre contratación pública. Esto significa que los gobiernos tienen libertad para establecer sus propias reglas en materia de contratación y concesión de proyectos, y en esos casos la mayoría de los países en desarrollo otorgan preferencias a las empresas nacionales.

El objetivo de los países es incluir las políticas de gasto, las decisiones y procedimientos fiscales de todos los países miembros bajo el paraguas de la OMC, donde se aplicará el principio de "trato nacional", en el que los extranjeros deben ser tratados a la par o mejor que los nacionales. Conforme a este principio, los gobiernos no podrían establecer preferencias o dar ventajas a ciudadanos o empresas nacionales en las compras y contratos de proyectos. Las licitaciones para suministros, contratos y proyectos deberían ser abiertas a los extranjeros, que deberían recibir las mismas (o mejores) oportunidades que los nacionales. Se propone incluso que las empresas extranjeras desconformes con las decisiones del gobierno puedan llevar el caso ante el tribunal de la OMC.

Mayor que las exportaciones

Como en algunos países el valor de los gastos en contratación pública es mayor que el de las importaciones, un acuerdo de ese tipo, que incluya la contratación en las normas de la OMC, aumentaría enormemente el ámbito de la OMC y sus normas. Como la mayoría de los países en desarrollo objetaría un cambio tan drástico de las políticas de gastos del sector público, los países ricos tienen un plan en dos etapas para este tema: en primer lugar, lograr un acuerdo sólo para incluir mayor "transparencia" en la contratación pública y en segundo, tener un acuerdo más amplio que abarcaría el principio de trato nacional.

En la Conferencia de Seattle de la OMC, los países industrializados intentarán lograr un acuerdo sobre "transparencia en la contratación pública". Los gobiernos no necesariamente tienen que aplicar el principio de "trato nacional" y pueden seguir favoreciendo a los nacionales, pero deben informar a la opinión pública qué es lo que están comprando y cuáles son los proyectos que abren a licitación, quiénes son elegidos en los llamados y cuáles son las condiciones. Después de lograr un acuerdo de ese tipo, los países desarrollados impulsarán una expansión del acuerdo de forma que incorpore el elemento de acceso al mercado, es decir, que las empresas extranjeras reciban trato nacional. Al aceptar ahora las negociaciones por un acuerdo en materia de transparencia, los países en desarrollo también se pondrían en camino hacia un acuerdo de contratación a gran escala que incorpore el trato nacional. Lo que está en juego es el derecho de los gobiernos a reservar parte de sus negocios para las empresas nacionales. Con la desaparición de ese derecho se eliminaría un instrumento muy importante para el desarrollo nacional y para el mecanismo socioeconómico.

Graves consecuencias

Los tres temas nuevos que los países industrializados confían iniciar en Seattle para lograr nuevos acuerdos en la OMC tienen consecuencias graves para los intereses económicos nacionales de los países en desarrollo. En las próximas semanas, las autoridades de nuestros países deberán, por lo tanto, esforzarse para impedir que esos temas entren al sistema de la OMC. No es inevitable que se integren a la OMC esos y otros temas nuevos, ya que todavía no hay ninguna decisión o consenso en cuanto a que habrá una nueva Ronda. Pero las negociaciones hacia la Conferencia Ministerial de noviembre ya están entrando en la recta final, y los países en desarrollo deben ahora librar la batalla si quieren evitar una expansión catastrófica de la OMC en su estilo de desarrollo "no amistoso".

Corremos el peligro de que una vez más nos avasalle la poderosa maquinaria de negociación comercial de los países ricos. La sociedad de cada país miembro de la OMC debería estar informada de los acontecimientos que suceden en ese ámbito. Es fundamental que exista discusión y debate en torno a esos temas de manera que las negociaciones no se desarrollen, como siempre, en secreto, sin tener en cuenta las opiniones de las empresas nacionales, los empleados, los agricultores y los consumidores.

Martin Khor es director de la Red del Tercer Mundo.