No. 99/100 - Enero/Febrero 2000

ECUADOR

Movimiento indígena un nuevo actor político

por Gardenia Chávez y Judi Salgado

La fuerte irrupción del movimiento indígena en la política de Ecuador durante la década del 90 marca definitivamente un viraje en la discusión sobre la democracia ecuatoriana y determina la aparición de un nuevo actor social y político. La movilización que culminó en enero con el derrocamiento del presidente Jamil Mahuad reveló la importancia del tema.

El movimiento indígena en el Ecuador puso en el tapete de la discusión la necesidad del reconocimiento del Estado Plurinacional como "una estructura político administrativa descentralizada, culturalmente heterogénea y abierta a la representación propia de todos los sectores sociales, particularmente de aquellos que, por consideraciones de cultura, etnicidad, raza, género…han sido marginados y excluidos del formato estatal y esquema de desarrollo socioeconómico".

Cabe precisar que el reconocimiento de que en Ecuador conviven diversidades étnicas, la necesidad de democratizar el poder político y descentralizarlo incluyendo a los históricamente "marginados", la necesidad de que los ecuatorianos nos relacionemos de manera intercultural, (lo que implica una afectación de doble vía), el manejo de recursos naturales que conlleva no sólo poder político sino económico, el desafío de debatir sobre la construcción de identidades y relaciones de multi e interculturalidad, en una sociedad caracterizada por el racismo y la discriminación, la propuesta de entender la unidad en la diversidad han sido planteados definitivamente por los pueblos indígenas en Ecuador y esto constituye un hecho histórico que ha removido los cimientos del concepto de estado- nación y de la noción de democracia. Por lo mismo podemos afirmar que la propuesta de un Estado Plurinacional llevado a la práctica implica la construcción de un nuevo orden político y obviamente la ruptura con el orden anterior.

Durante la última década el movimiento indígena en Ecuador logró varias reivindicaciones de sus derechos, así: la adjudicación de territorios en la Amazonia, la aprobación de la ley de aguas, la asignación de presupuesto para programas específicos (educación, seguro campesino), entre los más destacados. Estas conquistas son logradas con la movilización de las diversas comunidades, caracterizadas por levantamientos, tomas de Quito, como centro político administrativo, lo que va constituyendo una forma particular de acción y participación.

En la Constitución de 1998 los indígenas lograron que se reconozca el Estado como multicultural y plurinacional, y además la incorporación por primera vez en nuestra historia de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y negros en concordancia con el Convenio 169 de la OIT. De otra parte, logran una importante participación en el poder legislativo

La legitimación del movimiento indígena como principal actor social en los últimos años y los logros alcanzados se dan a la par de la agudización de la crisis socioeconómica del país, basada en la aplicación de medidas dentro de la lógica del modelo neoliberal y expresada en un empobrecimiento de los amplios sectores que perciben pocos ingresos mientras que los sectores más acaudalados incrementan la concentración de recursos. Esta crisis (sumatoria de crisis parciales) se evidencia aún más durante el último gobierno en el cual la gestión del ex presidente Jamil Mahuad. beneficia a los sectores financieros en medio del estallido de la crisis bancaria, por medio de la congelación de fondos de los depositantes, entrega de elevadas sumas de dinero e intervención del Estado para sanear los malos manejos de los banqueros; produciendo una inflación acelerada, especulación cambiaria y financiera, lo que llega al punto más álgido con la propuesta de dolarización.

En este contexto los acontecimientos de enero en Ecuador constituyen la representación más clara del cuestionamiento a un sistema político, económico y social excluyente, un sistema dominante que concibe a los pueblos indígenas como "incivilizados", "atrasados" y únicamente susceptibles de "integración a la sociedad moderna", un sistema que tiene como matriz la corrupción.

En este escenario, el movimiento indígena desarrolla el planteamiento para conformar un parlamento indio, el cual se transforma en una propuesta más amplia, donde se juntan otras organizaciones sociales y da lugar a la constitución del actual parlamento de los pueblos de Ecuador (a nivel nacional y provincial). Sus propuestas buscan responder a la corrupción generalizada, el recorte de programas sociales, a la dolarización, a la pobreza, cuestionan los límites de la democracia (restringida a lo electoral), plantean la participación en la toma de decisiones, en suma, una ruptura con el actual sistema.

Definen además la salida de los tres poderes del Estado y de los organismos de control. La respuesta del gobierno es la declaración del estado de emergencia, la militarización del país, la persecución a dirigentes sociales. No obstante, los indígenas logran burlar estos obstáculos de manera creativa y pacífica. Y en efecto, Quito se ve inundada de la presencia indígena, las movilizaciones llevan a la toma pacífica (explicable por acuerdos con mandos medios militares) de las instalaciones del Parlamento Nacional, la Corte Suprema de Justicia y finalmente el Palacio de Gobierno. El poder dominante que le apostó a quitar de su vista a los indios y negarles la entrada a la capital de Ecuador como si se tratase de una ciudad extranjera para ellos, quedó atónito frente a la constatación de la fuerza de movilización indígena.

Se conformó una Junta de Salvación Nacional integrada por dirigentes indígenas y coroneles del ejército, en pocas horas y tras un proceso de negociación con el alto mando de las Fuerzas Armadas, se conformó un primer triunvirato integrado por el Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), un general, jefe máximo de las Fuerzas Armadas, y un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia. Este gobierno duró apenas tres horas, básicamente en razón de la falta de apoyo del gobierno de Estados Unidos, el general Mendoza renunció y se dio paso al vicepresidente Gustavo Noboa.

Los políticos tradicionales se han rasgado las vestiduras en nombre de la democracia y el orden constitucional, una democracia que deja fuera a la gran mayoría y que favorece a unos cuantos corruptos. La retórica juega con la defensa a ultranza de la democracia formal mientras tras bastidores Jamil Mahuad habría buscado un autogolpe que no se concretó por falta de apoyo de las Fuerzas Armadas.

Cabe resaltar que la presentación al país del Triunvirato ante los medios masivos de comunicación hacía ver ya el desenlace, pues efectivamente el dirigente indígena Antonio Vargas apareció ya marginado. La avidez de poder del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia marcó la actitud protagónica de este miembro, sumado esto a la ambigüedad de la posición del militar. No existía, a nuestro modo de ver, una propuesta conjunta, era evidente que la negociación con los altos mandos de las Fuerzas Armadas se centró en el apoyo al nuevo gobierno y no en el proyecto del mismo.

De acuerdo a encuestas realizadas el 71 por ciento de la población ecuatoriana apoyaba la movilización indígena, la toma del parlamento. Así mismo un alto porcentaje -80 por ciento- defendían el orden constitucional, pero contradictoriamente el 80 por ciento pedía la salida de los congresistas.

Es importante resaltar que la movilización indígena y la toma de Quito y los poderes del Estado durante el mes de enero, constituyeron una manifestación que recogía el malestar generalizado, la falta de credibilidad en los poderes del Estado, el descontento popular, pero que no se vio traducido en un apoyo masivo desde otros sectores. Fueron los indígenas quienes alzaron la voz en contraste con una actitud generalizada de la población mezcla de queja, escepticismo y resignación.

Como señala el editorialista Javier Ponce "la democracia en Ecuador es una democracia sin ciudadanos, sin participación de las gentes por más allá del mecánico acto electoral. Los indios quisieron participar allí donde no había espacio histórico para ellos. Forzaron a esa democracia estrecha, quisieron cambiarla en los hechos desde su interior. Cayeron en la trampa del 'despropósito' y no recurrieron a su tradicional capacidad y paciencia para negociar todo, como sólo puede negociarlo quien no tiene nada, porque le han despojado a lo largo de los siglos".

En este momento, el movimiento indígena procesa lo ocurrido y plantea una tregua de seis meses, advirtiendo que si las causas estructurales de exclusión que están en el fondo de la convulsión social no son abordadas el estallido de esta bomba de tiempo es un hecho. Lastimosamente la clase política tradicional se ha caracterizado por una miopía impresionante, en efecto, en su visión estos hechos fueron una "cantinflada", "un golpe militar", "un homenaje al ridículo". De hecho, las respuestas desde el actual gobierno han sido la detención, incomunicación y desaparición de los coroneles que apoyaron el levantamiento indígena y plantearon la toma del poder.

La ministra Fiscal General que ha dejado pasar meses sin informar al país los nombres de los funcionarios corruptos que sacaron su dinero antes del decreto de congelamiento de fondos (en base a información previa) !ahora aparece diligente a querer instaurar enjuiciamientos a los indígenas! La represión, la sanción, no resuelve en absoluto sino que agudiza las causas estructurales que provocaron la movilización indígena y el cuestionamiento al sistema imperante.

Frente a esta realidad no podemos sino asumir una tarea más activa y el involucramiento en los parlamentos populares como espacio de generación de propuestas alternativas a este modelo depredador, los indígenas han abierto la invitación, es necesario ampliar la base social y activar un proceso sostenido de creación de nuevas propuestas. Una gran lección de los presentes acontecimientos es que no basta derrocar un gobierno deslegitimado y corrupto sino que hace falta construir poderes de mayor amplitud social y sostener una propuesta más allá del apoyo militar. Un reto ineludible constituye la lucha contra el racismo y la valoración de la riqueza de las diversidades.

Debemos además rescatar el valor simbólico de un movimiento cultural, que nos enseña que hay otras formas de lucha, que nos habla de juntarse con diversos (Fuerzas Armadas, estudiantes, vendedoras ambulantes, artistas, y todos quienes concurrían al congreso). Y que se da con la fuerza de los shamanes y con espíritu universal que nos cobija femeninamente, con la fuerza de la luna y la eclipse. En suma un movimiento que nos desafía a reconocer, respetar y aprender del "otro".

Nuestra actitud vigilante frente a las represalias del poder dominante contra los protagonistas del cuestionamiento al sistema imperante, y el respeto de sus derechos humanos plantea evidenciar que no se puede por la vía de la represión desaparecer las razones profundas que subyacen en los acontecimientos actuales (inequidad, corrupción, exclusión), esos son los verdaderos enemigos del país y de la democracia.