No. 99/100 - Enero/Febrero 2000

DESPUÉS DE SEATTLE

Repensando la liberalización y reformulando la OMC

por Martin Khor

Estamos sufriendo las consecuencias de una crisis financiera mundial y acabamos de salir del fracaso de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Seattle. Por lo tanto, es imperioso y oportuno examinar y evaluar cuál sería el enfoque correcto que deberían adoptar los países en desarrollo respecto de la integración a la economía mundial y a la liberalización del comercio, las finanzas y la inversión.

Con respecto a la liberalización financiera, hay lecciones nuevas a partir de los últimos sucesos. Resulta claro ahora que fue la liberalización financiera -especialmente cuando se ha llevado a cabo de manera inapropiada- la causa principal de la crisis económica de Asia Oriental. Muchos de los países afectados, que habían ocupado los primeros puestos entre los países del Sur en la integración económica mundial, se muestran ahora cautelosos y están reviendo el enfoque de la apertura financiera.

En materia de liberalización del comercio, el tema es aún más complejo. El fracaso de Seattle brinda la oportunidad de volver a examinar lo andado y reformular lo que sería un enfoque apropiado de la política comercial y, por lo tanto, también del futuro papel de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Existe una gran paradoja o contradicción en la manera en que los países en desarrollo en general y varios analistas abordan este tema. Por un lado, casi invariablemente se repite: "estamos comprometidos con la liberalización del comercio, que es positiva y vital para el crecimiento y el desarrollo". Por otro lado, varios países en desarrollo también señalan que la liberalización del comercio tiene resultados negativos netos para sus economías, o que los ha marginado, de lo cual ahora se quejan activamente.

¿Por qué se acusa tanto al mercado libre o al sistema de libre comercio de no haber beneficiado equitativamente a los países o a los pueblos? ¿Por qué las críticas dicen que hay una diferencia cada vez mayor entre países ricos y pobres, y que la liberalización del comercio ha provocado problemas a los países en desarrollo, especialmente a los más pobres?

A menudo, en la literatura de la posición oficial se afirma que el crecimiento fue para todos, que la liberalización ha beneficiado "al mundo". Pero esas generalizaciones son una falacia. Simplemente no es cierto que "todos ganamos y nadie ha perdido", como algunos destacados impulsores de la Ronda Uruguay y de la OMC han dicho. Algunos ganaron más que otros; y muchos -especialmente los países más pobres- no ganaron nada, pero es muy posible que sufran graves pérdidas en su posición económica. En realidad, sólo unos pocos países experimentaron un crecimiento moderado o elevado en las últimas dos décadas, mientras que un número llamativo sufrió un deterioro de sus niveles de vida, medidos en ingreso por habitante.

El Informe de Desarrollo Humano 1999, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), afirma: "El quintil superior de la población mundial de los países más ricos disfruta del 82 por ciento de la expansión del comercio de exportaciones, y del 68 por ciento de la inversión extranjera directa; el quintil inferior, apenas algo más de uno por ciento. Estas tendencias refuerzan el estancamiento económico y el bajo desarrollo humano. Sólo 33 países lograron mantener un crecimiento de tres por ciento anual durante 1980-96. Para 59 países (principalmente del África subsahariana y Europa oriental y el CIS), el Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita disminuyó. La integración económica divide, pues, a las economías en desarrollo y en transición entre las que se benefician de las oportunidades mundiales y las que no".

Una de las cosas importantes a tener en cuenta con relación a la liberalización del comercio es que, si se la impone a países que no están prontos para enfrentarla, puede contribuir a un círculo vicioso de inestabilidad financiera, deuda y recesión. En el Informe sobre Comercio y Desarrollo 1999 de la UNCTAD podrá encontrarse una explicación clara de por qué la liberalización comercial con frecuencia provoca resultados negativos. El informe se centra en el resultado de las importaciones y exportaciones y el equilibrio entre ambas, y concluye que la liberalización rápida del comercio contribuyó a profundizar el déficit comercial en los países en desarrollo en general y provocó un brusco aumento de las importaciones, pero que las exportaciones no lograron mantenerse a la par. Para los países en desarrollo (excepto China), el promedio del déficit comercial en la década del 90 es tres puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) mayor que el de los años 70, mientras que el índice medio de crecimiento es dos puntos porcentuales menor.

Esta última comprobación de la UNCTAD guarda correspondencia con varios estudios recientes que demuestran que no hay una relación automática entre la liberalización del comercio y el crecimiento. Países que rápidamente liberalizaron sus importaciones, no necesariamente crecieron más rápido que los que las liberalizaron más gradualmente.

El problema de la liberalización del comercio es que un país puede controlar la rapidez con que liberaliza sus importaciones -y así aumenta el ingreso de productos-, pero no puede determinar por sí cuán rápido crecerán sus exportaciones. El crecimiento de las exportaciones depende en parte de los precios existentes de los productos exportados -y los países en desarrollo sufrieron un grave deterioro de sus relaciones de intercambio- y también de tener o crear la infraestructura y capacidad humana y empresarial para realizar nuevas exportaciones, que es un proceso a largo plazo y nada fácil de alcanzar. También depende de si se tiene acceso al mercado, especialmente de los países desarrollados.

Aquí radica un gran problema que el Sur no puede controlar, ya que el Norte aplica numerosos obstáculos arancelarios y no arancelarios a las exportaciones potenciales de los países en desarrollo. A menos que se supriman esos obstáculos, es difícil que el Sur pueda concretar su potencial exportador. Así, la liberalización del comercio puede provocar -y a menudo lo hace- un aumento de las importaciones sin un aumento correlativo de las exportaciones. Eso puede profundizar el déficit comercial, deteriorar la balanza de pagos y mantener la deuda externa o empeorarla, todo lo cual restringe las perspectivas de crecimiento y a menudo desemboca en un estancamiento o recesión persistentes.

Esto debería llevarnos a concluir que no habría que procurar una liberalización del comercio automática o rápida, ni en un estilo explosivo. Lo que importa es la calidad, oportunidad, secuencia y alcance de la liberalización -en especial de la liberalización de las importaciones-, y cómo el proceso es acompañado, o precedido, por otros factores tales como el fortalecimiento de las empresas y establecimientos agropecuarios, recursos humanos y desarrollo tecnológico nacionales, así como la creación de una capacidad exportadora y mercados de exportación. Una conclusión lógica debe ser que si en un país todavía no existen condiciones que hagan pensar en buenos resultados, entonces proceder con la liberalización podría dar resultados específicos negativos o incluso una situación general de recesión persistente. Por lo tanto, presionar a esos países para que liberalicen sería ayudarlos a zambullirse en un atolladero económico.

Los países en desarrollo deben tener la capacidad, libertad y flexibilidad de realizar opciones estratégicas en políticas financieras, comerciales y de inversión, en las que puedan decidir sobre el ritmo y alcance de la liberalización y combinarla apropiadamente con la defensa de las empresas y establecimientos agrícolas locales. Y es por eso que debería haber un congelamiento de medidas que en el futuro pretendan imponer una mayor liberalización en los países en desarrollo a través de temas nuevos o una nueva ronda de negociaciones en la OMC. Los países ricos deben corregir ahora los desequilibrios y desigualdades del sistema mundial de comercio, deben aumentar su acceso al mercado para los productos provenientes de los países en desarrollo, pero no deben presionar a los países en desarrollo para que abran más sus economías. Deberá permitirse a los países en desarrollo escoger su propio ritmo de liberalización.

El fracaso de Seattle

El fracaso espectacular de la Conferencia Ministerial de la OMC en Seattle tuvo sus raíces tanto en el sistema de toma de decisiones como en los contenidos de las negociaciones. En los muchos meses de la etapa preparatoria, a los países en desarrollo en general les preocuparon más los beneficios que no recibieron de los Acuerdos de la OMC y la necesidad de corregir los problemas de aplicación. La mayoría de esos países no estaban con ánimo de considerar los temas nuevos impulsados por los países desarrollados. Éstos, por su lado, promovieron agresivamente varios temas nuevos, tales como inversión, transparencia en la contratación pública, competencia, una nueva ronda de reducción de los aranceles industriales, y, por último, normas laborales y ambientales. En Seattle, la posición de Estados Unidos, dirigida por el presidente Bill Clinton, de impulsar el tema de las normas laborales, confirmó los peores temores de los países en desarrollo, de que las grandes potencias inclinaban aún más a la OMC en su contra.

El choque de intereses sobre los contenidos se empeoró enormemente por la total falta de respeto por la participación democrática de la mayoría de los miembros y la gran falta de transparencia en las múltiples tareas realizadas en grupos pequeños a los que la mayoría no tuvo acceso. Hubo numerosas manipulaciones, incluso la omisión de las opiniones expresadas por varios miembros en los proyectos de negociación. Resultó claro que se intentó empujar a los países en desarrollo a aceptar las propuestas y textos que no habían acordado, a los que se habían opuesto o que ni siquiera habían visto. Al final, varias delegaciones de países en desarrollo puntualizaron, incluso en comunicados y conferencias de prensa, que no se sumarían al "consenso" de ninguna declaración en cuya formulación no hubieran participado. Las conversaciones debieron finalizar sin que se emitiera una declaración, y ni siquiera un breve enunciado de los ministros.

Queda por delante la tarea de abordar tanto los contenidos como el proceso. Hay que atender a la brevedad y seriamente las quejas y reclamos de los países en desarrollo: que no se han beneficiado de la Ronda Uruguay y que es necesario rectificar los problemas de aplicación de esos Acuerdos. El proceso de toma de decisiones y de negociaciones de la OMC debe ser democratizado. Las reuniones de "sala verde" deben terminar. Cada miembro, por más pequeño que sea, debe tener el derecho de saber cuáles son las negociaciones que se están haciendo y participar de ellas. Hasta que no se reformen el sistema y los contenidos de la OMC, la credibilidad de la organización seguirá en duda. Y para que ocurran las reformas, deben terminar las presiones ejercidas por algunos países desarrollados que buscan la inclusión de más temas nuevos en la OMC.

La Ronda Uruguay y la falta de beneficios para los países en desarrollo

Los funcionarios de varios países en desarrollo se quejan de que sus países no han obtenido ningún beneficio de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, a consecuencia de lo cual la credibilidad del sistema de comercio de la OMC podría quedar erosionada.

¿Cuál es la base de las quejas? La mayoría de los países en desarrollo todavía no han desarrollado un estadio en el que puedan realizar exportaciones importantes al mercado mundial. No obstante, se creyó que la Ronda Uruguay mejoraría sus posibilidades aumentando el acceso de sus exportaciones al mercado de los países ricos. Las esperanzas estaban puestas especialmente en textiles y productos agrícolas, donde los países en desarrollo tienen cierta ventaja comparativa, y también en algunos otros productos industriales. Pero cinco años después de que la Ronda Uruguay entrara en vigor esos beneficios esperados no se han materializado, como resultado de lo cual los países en desarrollo tienen en general un sentimiento de decepción, o incluso traición, con respecto a los países desarrollados.

He aquí algunos ejemplos de esto:

* No mejoró el acceso a los mercados en la industria

Se supone que una rebaja de los aranceles industriales en los países del Norte beneficiaría a los países del Sur que tuvieran capacidad de exportación de productos manufacturados. Aún en ese caso, la reducción del promedio de los aranceles industriales de los países desarrollados sólo ha sido del 6,3 por ciento al 3,8 por ciento, lo que significa que un producto importado que costara 100 dólares antes de la aplicación de impuesto, podría ingresar a 104 después de la aplicación de impuestos, en lugar de los 106 dólares previos, lo que no constituye una reducción importante. Por el contrario, varios países en desarrollo realizaron grandes rebajas arancelarias. Según Bhagirath Lal Das, experto en la OMC, el arancel industrial promedio de India se redujo de 71 a 32 por ciento, en Brasil de 41 a 27 por ciento, en Venezuela de 50 a 31 por ciento. Los países ricos conservan "crestas arancelarias" -o elevados impuestos de importación para ciertos productos- para varios productos industriales exportados por países en desarrollo. Por ejemplo, el arancel de Estados Unidos para el jugo de naranja concentrado es de 3,1 por ciento. Esto significa que todavía hay obstáculos para ciertas exportaciones potenciales de los países en desarrollo.

* Todavía no se obtienen ganancias de la supuesta eliminación de los contingentes de textiles

El acuerdo de la Ronda Uruguay sobre textiles y vestido apuntaba a la supresión del trato especial del sector textiles y vestido. Por dicho acuerdo, los países en desarrollo aceptaron en los últimos 25 años subsidiar al Norte, permitiéndole aplicar contingentes a sus exportaciones en este sector. Un plazo de 10 años se suponía que era el aspecto de la Ronda Uruguay que beneficiaría más de inmediato al Sur, o por lo menos a los países del Sur que exportan textiles, vestido y calzado.

No obstante, los países en desarrollo exportadores de textiles están profundamente decepcionados y frustrados porque cinco años después de comenzado el periodo de eliminación gradual no han visto ningún beneficio. Esto es porque la liberalización de la mayoría de los productos que los países desarrollados compran a los países en desarrollo se aplicará sólo en el año o años finales, y los beneficios se devengarán al final del periodo de 10 años. Si bien los países desarrollados han cumplido legalmente con el acuerdo, eliminando proporcionalmente contingentes, en la práctica escogieron liberalizar productos que estaban en la lista pero que en los hechos antes no habían restringido. Como consecuencia, los países en desarrollo no se han beneficiado. Ahora están presionando para incluir propuestas que apuntan a que los países desarrollados mejoren la calidad de su aplicación del acuerdo sobre textiles y vestido.

* Aumento de los obstáculos no arancelarios, tales como medidas antidumping

Los países en desarrollo también están preocupados de que la supuesta mejora del acceso al mercado a través de reducciones arancelarias sea contrarrestada por un aumento de los obstáculos no arancelarios de los países ricos. Un gran problema ha sido el uso -o más bien abuso o uso indebido- de las medidas antidumping, especialmente por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, en productos de los países en desarrollo, incluso en textiles.

El uso de ese tipo de medidas (medidas antidumping y de compensación) contra los productos de los países en desarrollo se ha vuelto más frecuente después de la Ronda Uruguay. Varios países propusieron que se detuviera el uso indebido de esas medidas realizando enmiendas al Acuerdo Antidumping, a lo cual Estados Unidos se opone decididamente.

* Elevada protección en agricultura

Se suponía que el Acuerdo sobre Agricultura daría como resultado la liberalización de las importaciones y la reducción tanto del apoyo interno como de los subsidios a las exportaciones de los productos agrícolas, especialmente en los países ricos. Se esperaba que con eso mejoraría el acceso al mercado de los países del Sur exportadores de productos agrícolas. Pero resultó que se permitió continuar con niveles elevados de protección y subsidios. Por ejemplo, en el año inicial del acuerdo hubo aranceles muy elevados en Estados Unidos (azúcar 244 por ciento, maní 174 por ciento), en la Unión Europea (carne vacuna 213 por ciento, trigo 168 por ciento), Japón (trigo 353 por ciento), Canadá (mantequilla 360 por ciento, huevos 236 por ciento). Los países ricos tienen que reducir esos índices tan elevados en sólo 36 por ciento promedio para fines del 2000. Por lo tanto, los aranceles se han mantenido muy elevados, impidiendo el acceso al mercado a las exportaciones de los países en desarrollo.

El Acuerdo ha permitido también a los países desarrollados mantener la mayoría de los subsidios elevados que existían antes de la conclusión de la Ronda Uruguay. Por ejemplo, están obligados a reducir sus altos subsidios internos en sólo 20 por ciento. En contraste, la mayoría de los países en desarrollo anteriormente no tenían subsidios internos o subsidios a las exportaciones, o lo tenían en niveles muy bajos. Ahora, el Acuerdo sobre Agricultura les impide tenerlos o elevarlos en el futuro. Hay una gran injusticia en esta situación despareja.

* Conclusión

Tal como se desprende de esos ejemplos, desde el punto de vista de los países del Sur una de las principales categorías de los "problemas de aplicación de la Ronda Uruguay" es la forma en que los países del Norte no se ajustaron al espíritu de los compromisos asumidos en la aplicación -o no aplicación- de las obligaciones establecidas en los diversos Acuerdos. Esto ha llevado a que no se lograran los beneficios esperados para los países en desarrollo por su adhesión a la OMC.

"Problemas de aplicación" enfrentados por los países en desarrollo

Una de las razones de que los países en desarrollo se mostraran reticentes a apoyar nuevas iniciativas o temas nuevos en la Conferencia Ministerial de Seattle es porque todavía tienen que resolver graves problemas derivados de la aplicación de la Ronda Uruguay.

La Ronda Uruguay dio como resultado numerosos acuerdos nuevos de carácter obligatorio que exigen a los países a realizar cambios drásticos en sus economías nacionales, en sectores tan diversos como servicios, agricultura, propiedad intelectual y medidas de inversión. Varios países en desarrollo no tienen la capacidad de seguir las negociaciones, menos aún de participar activamente, y no entienden realmente a qué se comprometieron. Algunos de los acuerdos tienen un periodo de gracia de cinco años antes de su aplicación. Ese periodo terminará este año. Por lo tanto, los problemas que enfrentarán por tener que implementar esos acuerdos recién están empezando, y se calcula que empeorarán.

Los siguientes son algunos de los principales problemas generales:

(a) tener que liberalizar los sectores de la industria, los servicios y la agricultura perjudicará a los sectores, empresas y establecimientos agrícolas locales, ya que generalmente son de pequeña o mediana escala y no pueden competir con compañías extranjeras más grandes o importaciones más baratas. Esto podría poner en riesgo varias fuentes de trabajo y el sustento de millones de personas;

(b) la Ronda Uruguay suprimió o redujo severamente el espacio o la capacidad de los países en desarrollo para ofrecer subsidios a las industrias nacionales -debido al Acuerdo sobre Subvenciones- así como la posibilidad de mantener algunas medidas de inversión tales como el requisito de que los inversionistas utilicen un nivel mínimo de materiales nacionales en su producción (esto está prohibido por el Acuerdo sobre Medidas de Inversión relacionadas con el Comercio-TRIPs);

(c) el Acuerdo sobre TRIPs impide a las empresas nacionales absorber o internalizar algunas tecnologías sobre las cuales otras empresas -principalmente extranjeras- tienen derechos de propiedad intelectual, lo que limitaría la adopción de tecnología moderna en el Sur; también se calcula que incidirá en los precios de las medicinas y otros productos esenciales, que aumentarán cuando en los próximos años entre en vigor el nuevo régimen de derechos de propiedad intelectual.

Problemas causados por algunos acuerdos

El Acuerdo sobre Agricultura podría tener graves repercusiones negativas en muchos países del Sur. La mayoría de ellos -excepto los países menos desarrollados- tendrán que reducir los subsidios internos a los agricultores y suprimir los controles no arancelarios a los productos agrícolas, convirtiéndolos a aranceles y luego reduciéndolos progresivamente. Esto supondrá imponer una competencia mundial sobre el sector agrícola nacional. Los agricultores que no puedan competir con las importaciones más baratas no sobrevivirán. Millones de pequeños agricultores del Tercer Mundo podrían resultar perjudicados. También hay una categoría de países en desarrollo que son importadores netos de alimentos. A medida que se vayan reduciendo progresivamente los subsidios a la producción de alimentos en los países desarrollados, los precios de sus exportaciones podrían aumentar; los importadores netos de alimentos se enfrentarían así a un aumento de los precios de sus alimentos.

Un reciente estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre la experiencia de 16 países en desarrollo en la aplicación del acuerdo sobre Agricultura de la Ronda Uruguay concluyó que, "una de las inquietudes más comunes fue la de una tendencia general hacia la concentración de predios agropecuarios. Ante la falta de redes de seguridad, el proceso también marginó a pequeños productores y se sumó al desempleo y la pobreza. De igual manera, la mayoría de los estudios señalaron continuos problemas de ajuste. Como ejemplo, los sectores de arroz y azúcar en Senegal tuvieron dificultades para resolver la competencia de las importaciones a pesar de la devaluación sustantiva de 1994". ("Experiencia con la aplicación del Acuerdo sobre Agricultura, de la Ronda Uruguay, síntesis de estudios de caso de países", setiembre de 1999, preparado por la División Commodities y Comercio de la FAO, traducción no oficial).

Durante los preparativos de Seattle, varios países en desarrollo propusieron enmendar el Acuerdo sobre Agricultura de manera que fueran tenidos en cuenta sus problemas de aplicación. En la mayoría de los países en desarrollo, los pequeños agricultores constituyen una gran parte de la población. Su sustento y productos (especialmente alimentos) son la principal base de las economías del Sur y podrían verse amenazados por la liberalización agrícola establecida por el acuerdo sobre agricultura. La producción nacional de alimentos también podría quedar en peligro por la competencia de importaciones más baratas. Los países en desarrollo serían entonces más dependientes de las importaciones para su provisión alimentaria, menoscabando así la seguridad alimentaria nacional.

Para resolver estos dos graves problemas, muchos países en desarrollo (entre ellos India, Indonesia, Egipto, Sri Lanka, Uganda, Zimbabwe, El Salvador) propusieron que se les concediera a los países en desarrollo flexibilidad para aplicar sus obligaciones, en función de la necesidad de tener seguridad alimentaria, defender las formas de vida rural y mitigar la pobreza. Propusieron que en los países en desarrollo, el alimento producido para el consumo interno y los productos de los pequeños agricultores sea eximido de las disciplinas del Acuerdo sobre Agricultura en la liberalización de las importaciones, el apoyo interno y los subsidios.

El Acuerdo sobre las medidas de inversión relacionadas con el comercio (TRIMs)

En el Acuerdo sobre TRIMs, a partir de enero del 2000 se prohibirá a la mayoría de los países en desarrollo la aplicación de "medidas de inversión" tales como las medidas de contenido nacional, que obligan a las empresas extranjeras a utilizar por lo menos una cantidad mínima especificada de insumos locales. Esto les impediría mantener políticas de promoción de la empresa nacional, permitir mayores vínculos con la economía nacional y proteger la balanza de pagos. Los países en desarrollo necesitan esas políticas debido al bajo nivel de desarrollo del sector local, que en esta etapa no podría soportar la libre competencia. Así, mediante la aplicación de los TRIMs, los países en desarrollo perderán algunas opciones de política importantes para la prosecución de su industrialización.

En la revisión del Acuerdo sobre TRIMs, cuyo inicio estaba programado para 1999, deberá ponerse en primer plano los problemas de aplicación para los países en desarrollo. La prohibición del requisito de "contenido nacional" -es decir, que las empresas o proyectos utilicen cierta cantidad mínima de materiales nacionales- será un grave obstáculo a los esfuerzos de los países en desarrollo por promover la industria nacional, ahorrar divisas y mejorar la capacidad tecnológica nacional. También hay una prohibición sobre medidas de inversión, que limita la importación de insumos de las empresas a un cierto porcentaje de sus importaciones. Esas medidas habían sido introducidas para proteger la balanza de pagos de un país. La prohibición de esas dos medidas de inversión hará mucho más difícil lograr los objetivos de desarrollo.

Debería enmendarse el Acuerdo sobre TRIMs para permitir a los países en desarrollo que ejerzan el derecho de tener una política de "contenido nacional" y limitar la importación de insumos a un cierto porcentaje de las exportaciones de una empresa. Varios países en desarrollo (entre ellos Brasil, India, Indonesia, Malasia, Pakistán, Uganda, Egipto) han reclamado en las negociaciones de la OMC en Ginebra, previas a Seattle, que los TRIMs sean enmendados para ofrecer a los países en desarrollo la flexibilidad de seguir utilizando esas medidas de inversión para cumplir sus compromisos de desarrollo.

El Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (TRIPs)

La pérdida colectiva del Sur se hizo sentir más en el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPs), por el cual los países están obligados a tener una legislación en materia de derechos de propiedad intelectual similar a la de los países del Norte. Esto supondrá un obstáculo para el desarrollo tecnológico nativo de los países del Sur. Vale la pena destacar que durante su periodo de industrialización, los países actualmente industrializados no tuvieron leyes de patentes o de derechos de propiedad intelectual tan estrictas como las que se impondrán a través de los TRIPs, y eso les permitió incorporar a sus sistemas locales, diseños tecnológicos procedentes del extranjero.

El acuerdo también provocará un aumento de los crecientes pagos por tecnología -tales como regalías y licencias- a las transnacionales que son las poseedoras de la mayoría de las patentes del mundo.

El nuevo régimen de derechos de propiedad intelectual también tendrá un impacto sustancial al alza en los precios de varios productos. Al restringir la competencia, las normas sobre derechos de propiedad intelectual permitirán a algunas compañías aumentar los precios de sus productos muy por encima de los costos, y así percibir rentas en términos de ingresos y ganancias en régimen de monopolio. Esto resulta evidente en el caso de los programas de computación.

Por otro lado, en el pasado, la mayoría de los países del Sur eximieron de sus leyes nacionales de patente a los productos agrícolas, medicamentos y otros productos y procesos esenciales. Pero con la aprobación de los TRIPs, todo es sujeto a derechos de propiedad intelectual salvo que esté eximido explícitamente. Se espera un alza abrupta de los precios de los medicamentos en varios países, y que las ventas de drogas extranjeras aumentarán rápidamente a costa de los productos nacionales.

El acuerdo sobre TRIPs también abre la puerta a la patente de formas de vida tales como microorganismos y material genético modificado, propiciando así el aumento de incentivos, tan ansiados por la industria de la biotecnología. A muchos ambientalistas les preocupa que esto tenga graves repercusiones en el ambiente, ya que la actual falta de controles y responsabilidad pública en la investigación y aplicaciones de la biotecnología, seguramente acelerará la pérdida de biodiversidad y podría amenazar los ecosistemas naturales.

Para las variedades vegetales, los TRIP no permiten que los países tengan la opción de aprobar un sistema de protección de propiedad intelectual alternativo, sui generis y efectivo.

Varios grupos de agricultores (especialmente de India, donde se han realizado gigantescas manifestaciones de campesinos contra el GATT/OMC) y ambientalistas están preocupados de que al final se les prohiba a los agricultores del Tercer Mundo la práctica tradicional de guardar la semilla para la siguiente estación -si la semilla utilizada cae bajo el régimen de protección intelectual de una compañía- y se les obligue a comprarla cada año.

Por toda esa serie de problemas, debería enmendarse el Acuerdo sobre TRIPs de forma que tenga en cuenta los aspectos sociales, ambientales y de desarrollo. Mientras tanto, debe prorrogarse el periodo de gracia previo a la aplicación. Muchos países en desarrollo realizaron propuestas formales antes de Seattle y durante la reunión, para que se estudie el Acuerdo sobre TRIPs en ese sentido y se amplíe el plazo de aplicación. Hasta ahora, Estados Unidos y la Unión Europea rechazaron esos reclamos, insistiendo en que no es posible cambiar las leyes ya creadas.

Recientemente, algunos destacados economistas así como algunas ONGs propusieron sacar el Acuerdo sobre TRIPs de la OMC por considerar que es un instrumento proteccionista y no debería tener cabida en una organización que supuestamente está comprometida con la liberalización. Además, los derechos de propiedad intelectual no son un tema comercial. Al incluirlos en el sistema de comercio, queda la puerta abierta para recargar a la OMC cada vez más con asuntos que están fuera del comercio.

En conclusión, hay sólo unos pocos ejemplos de cómo los países en desarrollo enfrentan problemas muy grandes, ahora y especialmente en el futuro. No están en condiciones de absorber los cambios que se les exige introducir en sus políticas económicas y sociales. Así, varios de los países argumentan –con razón- que necesitan tiempo para digerir la Ronda Uruguay, que deberían estudiarse algunas de sus normas que son injustas y generan graves problemas, y que hasta que no se resuelvan satisfactoriamente no se les debería reclamar que liberalizaran más sus mercados, especialmente a través de temas nuevos tales como inversión y contratación pública.

Dado los graves problemas enfrentados por los países en desarrollo por la aplicación de los compromisos de la Ronda Uruguay -y por la aplicación indebida de los compromisos por parte de los países desarrollados-, deberían estudiarse varios de los Acuerdos con miras a enmendarlos. De hecho, varios de los Acuerdos ordenan la realización de estudios cuatro o cinco años después de haber entrado en vigor.

En los próximos tres o cinco años las actividades de la OMC deberían centrarse en el proceso de estudio, de manera de tener la oportunidad de rectificar los defectos de los Acuerdos. Este proceso de estudio sería una tarea amplia, que implicaría analizar la debilidad de los diversos Acuerdos, evaluar cómo han afectado o afectarán a los países en desarrollo, proponer enmiendas a los Acuerdos y negociar las propuestas.

Por qué la OMC no debería incluir temas nuevos

Una razón de peso para el fracaso de Seattle fue que varios países en desarrollo se mostraron reacios y se negaron a autorizar que se encomendara a la OMC adoptar temas nuevos para negociar acuerdos nuevos, que habían sido propuestos por algunos países desarrollados. Tiene mucho sentido rechazar los temas nuevos propuestos.

Si la OMC desea mejorar su credibilidad, de por sí bastante venida a menos, en los próximos años debería centrarse en el estudio de los problemas de aplicación de los Acuerdos y realizar los cambios necesarios en los mismos. Será una tarea inmensa, que no podrá ser debidamente llevada a cabo si proliferan temas nuevos en una nueva Ronda. Los muy limitados recursos humanos, técnicos y financieros de los países en desarrollo, así como sus diplomáticos y autoridades responsables, serían desviados del proceso de estudio para defender sus intereses en la negociación de temas nuevos. El tiempo limitado de la OMC se destinaría también a los temas nuevos.

Habrá poco tiempo para examinar, estudiar y mejorar los acuerdos existentes y los problemas que surgen de su aplicación aumentarán con el tiempo y se acumularán, traduciéndose en muchos países en conmoción social y económica e inestabilidad política.

Y por si fuera poco, la mayoría de los temas nuevos propuestos también tendrían consecuencias muy graves para el desarrollo futuro del Sur. Temas tales como normas de inversión, política de competencia y contratación pública, en primer lugar no pertenecen al ámbito de la OMC, que supuestamente es una organización de comercio. Los países desarrollados los quieren incluir allí para sacar ventaja de la capacidad coactiva de la OMC -el sistema de solución de diferencias-, de manera que pueda imponerse efectivamente disciplina en los países para que abran sus economías a los bienes, servicios y empresas de los países desarrollados. Hay otros temas, relacionados con las normas laborales, sociales y ambientales, que tampoco deberían ingresar a la OMC como temas a negociar en acuerdos nuevos. Si lo hacen, entonces seguramente serán usados por los países desarrollados como instrumentos proteccionistas contra los productos y servicios de los países en desarrollo.

Si los países desarrollados continúan presionando para imponer esos temas nuevos, entonces la OMC seguirá dividiéndose, y además no se abordarían otros temas tales como los problemas resultantes de los Acuerdos existentes. Los países en desarrollo no deberían, pues, aceptar el ingreso de esos nuevos sectores en la OMC, y los países desarrollados deberían abstenerse de intentarlo.

Conclusiones

El sistema multilateral de comercio se encuentra en una encrucijada. Para resolver la crisis de identidad y credibilidad que atraviesa, debería considerar lo siguiente:

1. Estudiar lo que ya se ha transitado en materia de liberalización y adoptar un enfoque más realista. Esto exige reducir o suspender las presiones ejercidas sobre los países en desarrollo para que continúen liberalizando sus economías. Después de todo, si luego de tantos años los países desarrollados continúan manteniendo un alto grado de protección en agricultura, textiles y algunos productos industriales -y argumentan que necesitan más tiempo para ajustarse-, carecen de base para insistir en que los países en desarrollo deben liberalizar el mercado de servicios o productos industriales con el supuesto argumento de que esa liberalización será automáticamente buena para ellos.

2. Reafirmar que el objetivo primordial del sistema de comercio es el desarrollo de los países del Sur, que constituyen la mayoría de los miembros. La liberalización o el libre comercio no debería ser el objetivo funcional. El objetivo es el desarrollo. Por lo tanto, debería haber un cambio en el énfasis de eliminar lo que se considera "distorsionador del comercio" y en cambio eliminar los obstáculos al desarrollo, o estudiar y rectificar las políticas o prácticas que sean "distorsionadoras del desarrollo". El objetivo y la dimensión del desarrollo debe ser lo primordial en las normas de la OMC y en la evaluación de las propuestas o medidas. El principio de "trato especial y diferenciado" debe fortalecerse en la práctica, superando su actual condición de debilidad.

3. Los problemas de aplicación de los acuerdos de la Ronda Uruguay deberían ser prioritarios en la OMC. Hay peligro de que después del fracaso de Seattle, esos problemas nuevamente sean dejados de lado y la atención se centre en el problema de participación y transparencia. Debe reconocerse que la principal causa del fracaso de Seattle fue la decepción de varios países en desarrollo por las desigualdades de las normas y los efectos negativos que tendrían en sus economías y sociedades.

Para restaurar la credibilidad del sistema de comercio a los ojos de los países en desarrollo debería hacerse lo siguiente:

(a) Los países desarrollados deberían adoptar medidas para mejorar sustancialmente el acceso al mercado para los productos provenientes de los países en desarrollo, como agricultura, textiles y productos industriales, donde ahora hay aranceles elevados. Además, deberían poner fin a la aplicación de medidas proteccionistas como las medidas antidumping.

(b) Deberían estudiarse y cambiarse urgentemente las normas existentes en los numerosos sectores en que los países en desarrollo enfrentan problemas para aplicar sus obligaciones (tales como en TRIMs, TRIPs, Agricultura). Para empezar, el Consejo General de la OMC debería considerar con urgencia las propuestas impulsadas por los países en desarrollo durante los preparativos de Seattle, muchas de las cuales están contenidas en el texto del proyecto Ministerial del 19 de octubre, y otras en la compilación de las propuestas. Debería establecerse lo más pronto posible un mecanismo para estudiar esas propuestas y rectificar los problemas, incluso a través de la enmienda de los acuerdos.

(c) Mientras tanto, en los casos en que ya esté vencido el periodo de transición para los países en desarrollo (por ejemplo, en TRIPs y TRIMs), debería ofrecerse una extensión por lo menos hasta concluir el proceso de estudio. También debería haber una moratoria a la presentación de casos de diferendos comerciales contra los países en desarrollo en los temas que se estén evaluando.

4. También debería considerarse exhaustivamente la conveniencia de adaptar la OMC para que pueda realizar su labor de regular las relaciones comerciales para beneficio especialmente de los países en desarrollo. En sectores en que existe un mandato que es inapropiado, debe considerarse la posibilidad de adoptar medidas para suprimir esos aspectos. Por ejemplo, debería discutirse seriamente si el Acuerdo sobre TRIPs debe permanecer dentro de la OMC.

5. No debe haber presiones para la inclusión de temas nuevos tales como inversión, competencia, contratación pública, normas laborales y ambientales, ya que recargarían aún más el sistema y provocarían una tremenda presión sistémica y grandes tensiones y divisiones en la organización.

6. El sistema y la cultura de toma de decisiones dentro de la OMC deben ser sometidos a una reforma sustancial. No es algo que pueda hacerse de prisa, sino que debe ser considerado cuidadosamente, en un proceso en el cual todos los miembros tengan derecho a una plena participación. Deben cesar las reuniones exclusivas de "sala verde", que no tienen el mandato de la totalidad de los miembros, no son anunciadas oficialmente y tampoco son el resultado de reuniones de convocatoria general. También deben cesar las manipulaciones, tales como las utilizadas en Seattle, en que los presidentes de los grupos declararon que había una opinión de consenso cuando en realidad no había ninguna, o cuando se ignoraron las puntualizaciones realizadas por algunos miembros. En las reuniones en que se discuten temas y se elaboran y negocian proyectos de textos debe haber transparencia y participación para que cada miembro tenga el derecho de presentar y hacer propuestas. Aún cuando se considere algún sistema de representación colectiva, todos los miembros tendrán derecho a estar presentes en las reuniones y tener derecho a participar. La Secretaría también debe ser imparcial y debe ser vista como tal. Cualesquiera sean los resultados del proceso de reforma -si hay alguno- el sistema debería reflejar el hecho de que la mayoría de los miembros son ahora países en desarrollo, que tienen tanto o más interés que los países desarrollados en que haya un sistema multilateral realmente justo y balanceado. Por lo tanto, el sistema debe estar en condiciones de ofrecer a los países en desarrollo los medios para expresar sus intereses y ejercer sus derechos.

Martin Khor es director de la Red del Tercer Mundo.
Presentación en el Foro Económico Mundial, Davos, 28 de enero del 2000 (Grupo sobre Apertura del Mercado).