No. 103 - Mayo 2000

BOLIVIA

La privatización del agua genera convulsión social

La Ley del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, promulgada en Bolivia el 20 de octubre de 1999, que privatiza esos servicios básicos sin tomar en cuenta los altos costos sociales y ambientales de la medida, que contó con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, generó la movilización en su contra de amplios sectores del país.

Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo En Bolivia no existe en la actualidad una Ley de Aguas, pero se han presentado varios anteproyectos que no lograron su promulgación. Durante 1999 se intensificó el debate debido a que la Presidencia de la República entregó al parlamento la 29ª versión del proyecto de Ley de Aguas, elaborada sin consenso ni consulta pública, y parecía que el gobierno tenía realmente la intención de lograr su aprobación. Esto motivó que se realizaran grandes marchas campesinas y que las organizaciones sociales rechazaran el anteproyecto, al tiempo que presentaban una propuesta propia.

Mientras tanto, el Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos presentó a la Cámara de Senadores el proyecto de Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Este proyecto de ley en realidad debería ser un componente de la Ley del Recurso Agua, sin embargo sorpresivamente entró en agenda de la Cámara de Senadores siendo promulgada el 20 de octubre de 1999 como Ley 2029. La aprobación de la Ley 2029 se dio de manera totalmente inconsulta. Y para evitar el debate sobre los recursos hídricos, la coalición de gobierno logró una alianza coyuntural con su principal oponente político, el MNR, partido del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, bajo cuyo gobierno se diseño la aplicación del modelo económico vigente.

Diversos analistas pronosticaron que la aplicación de esta ley generaría un mundo de conflictos por el acceso al agua. Por otro lado, su aprobación es una muestra no solamente de lo que significa la participación y consulta ciudadana para los sucesivos gobiernos de Bolivia sino que pone en evidencia las incongruencias en las políticas y en la aplicación de las mismas, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que financia el establecimiento del Marco Regulador del Sector Agua Potable y Alcantarillado, cuyo presidente, Enrique Iglesias, decía en un memorando emitido a sus directores en noviembre de 1999: "el Banco ha emprendido una serie de acciones para fortalecer sus relaciones con las organizaciones de la sociedad civil que incluyen: consulta amplia en el contexto de la evaluación de proyectos, operaciones para fortalecer a la sociedad civil y los procesos de participación en el nivel local, alianzas para el desarrollo entre gobierno, sociedad civil y el sector privado, e iniciativas para promover el diálogo sobre políticas en el nivel sectorial, particularmente en los sectores sociales".

Asimismo, el documento del presidente del BID señala que existe consenso con las organizaciones de la sociedad civil en que "una mayor participación de las comunidades, un diálogo efectivo con todos los sectores sociales, y procesos más abiertos y transparentes son elementos esenciales para asegurar que los proyectos del Banco tengan un impacto positivo y sostenible en el desarrollo".

La Ley 2029 no sólo establece regulaciones para la prestación del servicio de agua potable sino para el acceso a las fuentes de agua para cualquier uso, otorgando exclusividad al concesionario sin tomar en cuenta los usos y costumbres de las comunidades y organizaciones sociales, las que deben convertirse en usuarios de los servicios del titular de la concesión. Además, establece una indexación de tarifas al Indice de Precios al Consumidor de Estados Unidos. Por otra parte, la ley permitió regularizar contratos como el de la empresa Aguas del Tunari, subsidiaria de International Water Limited de Londres, de propiedad de Bechtel Enterprises Inc., de San Francisco, California, y Edison S.p.A., de Milán, Italia. El contrato con esta empresa fue firmado por la todopoderosa Superintendencia de Aguas, que fue creada sin un marco regulatorio específico y con la nueva ley se convirtió en la Superintendencia de Saneamiento Básico, con competencias para otorgar concesiones, revocarlas y resolver conflictos. La concesión otorgada a Aguas del Tunari implica la ejecución del Proyecto Misicuni, la dotación de agua potable, la dotación de agua de riego y la generación de energía eléctrica en la central hidroeléctrica de Misicuni.

Las facilidades que la ley otorga a los concesionarios, como Aguas del Tunari, les permiten proponer tarifas que desean cobrar que se constituyen en la base de aprobación por parte de la Superintendencia. En consecuencia, esta empresa aplicó un "tarifazo" en la ciudad de Cochabamba, que fue uno de los motivos que hicieron de esa ciudad desde principios de año, y de todo el país en la actualidad, escenario de una revuelta impresionante. La población, de esta manera, dio a conocer su desacuerdo con el alza desproporcionada de tarifas, la firma de un contrato de concesión que lesiona seriamente la economía de la población y la aprobación de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

La feroz represión desatada por el gobierno desde las primeras manifestaciones en enero y febrero, sólo logró fortalecer el movimiento social, que decidió la anulación del contrato y la modificación de la ley 2029, acordando la negociación de los conflictos. Pero la inoperancia del Poder Legislativo, la intransigencia del Ejecutivo, y muy particularmente de la Superintendencia, provocaron el cansancio de los mediadores y acumularon tensiones que a fines de marzo se expresaron en la convocatoria a nuevas medidas de presión.

La Coordinadora por el Agua y por la Vida -que agrupa al Comité de Defensa del Agua, a las Federaciones de Regantes, de Fabriles, Maestros, Comerciantes, Campesinos y otras, y a colegios profesionales como los de Ingenieros, Abogados y Economistas- había organizado una Consulta Popular que recogió la opinión casi unánime de cerca de 50.000 personas en contra de la Ley de Agua Potable, en contra del incremento de tarifas y en contra del consorcio Aguas del Tunari. Basada en ese resultado convocó el 4 de abril a un bloqueo general de la ciudad y de las carreteras exigiendo al gobierno la solución definitiva al problema del agua.

El día 7, el Prefecto del departamento anunció la salida de la empresa, pero los festejos populares culminaron en duelo, decepción y en dos días de virtual guerra civil, ya que la decisión tomada por la autoridad no contaba con el respaldo del gobierno central. El prefecto presentó su renuncia y la población renovó el bloqueo de la ciudad. A medianoche, la policía detuvo dirigentes haciendo uso de violencia y brutalidad. El día siguiente se promulgó el estado de sitio en todo el país. Los bloqueos campesinos de carreteras se fueron incrementando en varios departamentos y la respuesta de la población fue intensificar los bloqueos reafirmando la voluntad de conseguir los objetivos propuestos por encima de toda represión, pidiendo incluso la renuncia del presidente Hugo Banzer y de todo su equipo. Durante todo ese sábado se dieron enfrentamientos en Cochabamba, mientras que los campesinos y militares se enfrentaron muy duramente en la población de Achacachi el domingo 9.

Ese día se supo oficialmente que el consorcio Aguas del Tunari decidió rescindir el contrato con el gobierno, que llegó a un acuerdo con la Coordinadora, poniendo así fin al conflicto. El acuerdo comprende:

* El retorno del servicio de agua potable y alcantarillado a la empresa estatal Semapa (residual), la conformación de un directorio transitorio con representación institucional profesional y laboral a sugerencia de la Coordinadora, para dar continuidad al servicio de agua potable y alcantarillado a la ciudad de Cochabamba, con la responsabilidad en el plazo más breve posible de dar funcionamiento institucional a la empresa operadora, así como de convocar a todas las instituciones vivas y legítimas del departamento a fin de tomar determinaciones relativas a la solución del problema del agua a largo plazo. Se condicionó la desmovilización de bloqueos a la aprobación de las modificaciones en el parlamento de las modificaciones consensuadas en Cochabamba.

* La presentación de documentos emitidos por la Superintendencia sobre la resolución del contrato con la empresa Aguas del Tunari.

* El compromiso del gobierno para atender heridos, indemnizar a familiares de los fallecidos, retornar a los confinados en función al proceso de pacificación social.

Este documento dio fin parcial al problema, aliviándose la tensión sobre todo en la ciudad, mientras que en el área rural se mantenían los bloqueos de caminos hasta la promulgación de la Ley 2029 reformada.

El día 10, el parlamento aprobó la Ley Modificatoria de la Ley 2029, tras una intensa negociación con la Coordinadora del Agua y su instancia de apoyo, la Mesa Técnica del Agua, logrando la mayoría de los puntos demandados, bajo diversas presiones nacionales e internacionales.

Lo ocurrido muestra que Bolivia no es el país modelo de aplicación de las medidas de ajuste estructural promovido internacionalmente. La anulación del contrato con Aguas del Tunari es un golpe duro para el proceso de privatización encauzado desde la anterior gestión. Al parecer, la población ya está cansada de ver cómo se acomodan las leyes a las empresas "capitalizadoras", las que se llevan todas las ganancias dejando en el país todos los impactos sociales y ambientales negativos que generan en la explotación de recursos naturales.

Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) Av. Ecuador 2139 Sopocachi Tel:591-2-422105 Fax: 591-2-421235 Casilla 5540. La Paz-Bolivia Correo electrónico: fobomade@mail.megalink.com