No. 104 - Junio 2000

AMÉRICA LATINA

La construcción del ICC de Género

El Indice de los Compromisos Cumplidos (ICC) es un instrumento que permite medir el nivel de cumplimiento de los compromisos de los gobiernos respecto al logro, en este caso, de la equidad de género. Surge de la iniciativa de feministas latinoamericanas que participaron de la IV Conferencia de la Mujer en Beijing en 1995 y se implementó a través de Control Ciudadano (Social Watch) con el apoyo de organizaciones de mujeres. La presente publicación se presentó en Beijing+5, celebrada en la sede de la ONU en Nueva York del 5 al 9 de junio.

En esta publicación -Indice de Compromisos Cumplidos de Género en América Latina- se presentan los resultados de esta medición para un conjunto de países, ofreciendo un panorama que permite, además, evaluar los alcances de este instrumento para ser aplicado en otras regiones. La idea de contar con un instrumento que permita observar la acción de los gobiernos en favor de la equidad e igualdad entre mujeres y hombres responde a la necesidad de fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos nacionales e internacionales contraídos por éstos, de manera de dar transparencia a la gestión pública y evitar que las acciones propuestas no se implementen a medias.
Una primer versión de éste trabajo se publicó a comienzos de 1999. A partir de esta iniciativa se están elaborado otras versiones del Indice de los Compromisos Cumplidos ICC, con diferentes características, que muestran la utilidad de un instrumento que se planteó desde el comienzo como abierto.
Para el presente trabajo de monitoreo de la Plataforma de Acción de las Mujeres (PAM) de la Conferencia de Beijing, se realizó una encuesta que fue respondida por organizaciones de la sociedad civil. Dicho cuestionario pretendió relevar un variado conjunto de aspectos: la disponibilidad de información, la feminización de la pobreza, la existencia de políticas específicas orientadas a la mujer, la participación de éstas en diferentes ámbitos. Se relevó asimismo, la existencia o no de mecanismos institucionales y/o encargados de realizar el seguimiento de la PAM y su nivel de coordinación para esta tarea con organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es contar con un instrumento político, de fácil interpretación y manejo, que sirva a las mujeres y sus organizaciones para visualizar las áreas críticas y los avances y rezagos respecto a la implementación de la PAM en sus países y en la región. No pretende brindar, por lo tanto, una visión exhaustiva y profunda de la compleja realidad de las mujeres en el continente, sino una panorámica que permita comparar e ir registrando los cambios.
La realización del presente informe se apoya en la información de 13 países de la región, a partir de los datos suministrados por organizaciones que trabajan en la temática de género. El aporte de las organizaciones ha sido por lo tanto invalorable, máxime si se considera que se ha tratado de un trabajo absolutamente honorario. (...) Esperamos que el producto aquí presentado compense el trabajo de todas las organizaciones que han colaborado, que resulte de utilidad, y que los grupos puedan apropiarse del mismo, para darle vida.

Seguimiento y monitoreo de los compromisos de Beijing

Finalmente, en términos del seguimiento y monitoreo de la PAM, se cuenta con instancias más o menos institucionalizadas a nivel gubernamental, con la excepción de Chile, Guatemala, Uruguay y Perú. Como puede verse en el cuadro, en algunos casos, estas instancias están ubicadas a nivel ministerial, otras en institutos de distinta envergadura, y en los casos de Colombia y Brasil, se cuenta con iniciativas y procesos de seguimiento, sin anclaje institucional específico.
En la mayoría de los países considerados existen mesas de coordinación entre organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales. Las iniciativas van desde Mesas Tripartitas de coordinación, como en Perú y Paraguay, hasta iniciativas conjuntas entre ONG y Estado, sin demasiada institucionalidad específica, como en los casos de Ecuador, Colombia, México, Nicaragua o Venezuela.
Los avances logrados a partir de estas coordinaciones son dispares: van desde actividades ante una campaña electoral (Brasil), la realización de acciones de difusión (Bolivia) o la creación de una red (México). En menos de la mitad de los países encuestados existen informes de avance que documentan las actividades y evalúan en proceso.
Entre los organismos que atienden la temática de género en los países se cuentan los de nivel nacional, insertos ministerialmente (Argentina, Bolivia) o Comisiones y Consejos de distinto tipo y alcance (Brasil, Ecuador, Chile, Guatemala, México, Nicaragua, Uruguay, Colombia y Venezuela), y los de nivel departamental, provincial o estatal (Argentina, Bolivia, Chile, Venezuela, Colombia y Uruguay). En general, la evaluación respecto a estos organismos es crítica en lo que refiere al funcionamiento e impacto (pocos recursos, escasa institucionalización y con poco mandato legal), lo que indica que la sola existencia de los mismos, si bien no es irrelevante, no asegura incidencia.

Balance general de avances y rezagos

Hemos optado por componer el ICC de Género de América Latina en un índice general, a partir del reagrupamiento de los principales aspectos de la información disponible en cada conjunto de área evaluada: pobreza, empleo, políticas con perspectiva de género, participación política, y grado de institucionalización asumido a partir de la PAM. En las áreas de pobreza, empleo y participación política, se consideran tanto los impactos de las diferentes políticas implementadas (resultados), como la elaboración de planes y programas específicos (voluntad política).
Como sucede en este tipo de "rankeo", el mismo refleja de manera parcial la situación relativa de los países. No obstante, es un instrumento que permite visualizar de manera rápida y esquemática el nivel de compromiso que han asumido los diferentes gobiernos de la región con la implementación de la PAM. En el caso del presente ranking, está fuertemente permeado por los indicadores que reflejan voluntad política, que están representados en un número mayor que aquellos que indican resultados. Por tal motivo, se agrega luego otro ranking, construido en base a indicadores que muestran el "estado de situación" de los mismos países, en base a algunos indicadores seleccionados para los últimos años de los cuales se dispone de información en fuentes estadísticas accesibles y de uso común. Se trata, pues, de una "fotografía" que no muestra evoluciones ni cambios.
El ICC resulta del resumen de los varios ítems seleccionados y se construyó a partir de una sumatoria simple. El índice que se obtiene varía entre 0 y 1, donde 1 es el valor máximo de cumplimiento y 0 el valor mínimo. En los casos en que no se dispone de información, no se considera el dato y la división para la obtención del índice se realiza sobre el número de ítems para los que se cuenta con ella. Esta opción trae algunos inconvenientes, ya que indirectamente impacta sobre el resultado, dando un cierto nivel de "privilegio" a los países para los cuales se carece de información. (...) Cuando se observan algunas cifras vinculadas a la desocupación de las mujeres, a su porcentaje entre los pobres, a la importante brecha que existe entre los salarios femeninos y los masculinos, a su escasísima representación en el ámbito de la política, resulta claro que los rezagos aún son notorios y que más del 50 por ciento de la población latinoamericana comienza el nuevo milenio enfrentando, cotidianamente, situaciones de discriminación que deberían haber quedado en la prehistoria.
Como afirmaran las ONG presentes en la VIII Conferencia de CEPAL: "El siglo XXI será de las mujeres sólo si lo es también de la democracia, en lo político, social y económico pero también en lo cultural, privado e íntimo. Con gobiernos democráticos que den cumplimiento a sus compromisos políticos y jurídicos, y con sociedades civiles fuertes con capacidad de vigilar la gestión pública y formular propuestas, podremos asumir los desafíos que nos plantea el nuevo milenio".