No. 107/108 - Setiembre/Octubre 2000

DESAFUERO DE AUGUSTO PINOCHET

Cae la coraza

por Nibaldo Fabrizio Mosciatti

Augusto Pinochet, el general que condujera con mano firme a Chile durante 17 años, ha perdido su inmunidad parlamentaria de acuerdo a un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Aunque la decisión de la justicia no implica que sea culpable de delitos, para muchos ha sido el hito simbólico que lo instalará en la historia como responsable directo de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante su régimen. El proceso podría demorar más de tres años, pero pocos creen que sea finalmente condenado. Su precario estado de salud juega a su favor: el juez Juan Guzmán podría decretarlo inhábil para enfrentar el juicio por esas razones, que en Chile sólo son aplicables en caso de trastornos mentales.

Augusto Pinochet había construido meticulosamente el guión del final de su película. Era un final feliz. Desde su puesto de senador vitalicio, iba a seguir gravitando en la vida política de Chile, no sólo defendiendo "la obra" de su gobierno, sino además interviniendo sólo en los grandes asuntos, ya que no pretendía asistir a todas las sesiones del Senado. Ese proyecto de limpieza de imagen se vio reflejado cuando él mismo propuso que la fecha del 11 de setiembre, aniversario del golpe de Estado que lo instaló en el poder en 1973, dejara de ser día feriado porque dividía a los chilenos.

Todo iba bien hasta que cedió a la tentación de ir a Inglaterra -país que, hasta ese momento, admiraba-, lugar en que se operó debido al agravamiento de una dolencia a la espalda. El juez español Baltazar Garzón actuó de inmediato y logró que fuese detenido. Era el comienzo del fin. El final impensado de su historia, que lo tiene sin inmunidad parlamentaria y con más de 150 querellas en su contra en los tribunales de su país (hasta agosto de 2000, ya que cada semana se agregan más). A mediados de 1998 ni el más optimista de los detractores del general retirado habría podrido imaginar la situación en la que está actualmente.

La visita de Pinochet a Londres muestra la seguridad con la que actuaba. Desoyendo consejos, insistió en viajar. Ya unos años antes, instalada la democracia en Chile, Pinochet había viajado a esa ciudad, y el embajador chileno en Gran Bretaña corrió un día al hotel a urgirlo para que se fuera, ya que contactos militares le habían informado que organizaciones defensoras de los derechos humanos pretendían pedir su detención. A toda prisa, armando las maletas con apuro, abandonó el país. El que luego de ese incidente volviera a Londres demuestra no tanto que subestimara los peligros que corría, sino más bien que se había acostumbrado a vivir en la impunidad. Se sentía intocable. Eso tenía validez en Chile, pero no en el exterior.

Todos los abogados chilenos que se han querellado contra él concuerdan en que la detención en Londres fue el golpe que derrumbó -no sólo simbólicamente- los escudos que el ex dictador había erigido en torno suyo.

A pesar de que muchos de sus funcionarios brindaron por la detención de Pinochet en Londres, el gobierno chileno insistió en que la justicia nacional era la única autorizada para juzgar al ex comandante en jefe del Ejército. Fue una suerte de promesa ante la comunidad internacional que generó un escenario inevitable: el de la tolerancia a las querellas, el insistir en algo que es de perogrullo: que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

Sin embargo no debe dejarse de recalcar el hecho de que sólo la detención en Londres hizo viables las acciones judiciales en su contra en Chile. Su arresto en Gran Bretaña fue como un exorcismo que eliminó el carácter de "intocable" del ex dictador.

El desafuero de Pinochet, que consiste en que la justicia ha determinado que existen "sospechas fundadas" de que tiene responsabilidad en 19 de los crímenes que se le atribuyen a la "caravana de la muerte" (un grupo militar que en octubre de 1973 recorrió el país ejecutando a 72 personas, haciendo desaparecer sus cadáveres), ha sido también una oportunidad para que los jueces chilenos limpien, en parte, la imagen de colaboradores del gobierno militar que justificadamente se forjaron.

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia avaló el golpe de 1973, reconociendo pocos días después del 11 de setiembre la legitimidad de la Junta Militar. Ahora, con razón, Pinochet se queja de que él no cerró los tribunales, que no destituyó a magistrados (aunque sí seleccionó a los que iban ascendiendo), y que los proveyó de medios que antes no tenían. La colaboración de la justicia con los militares se tradujo en que simplemente aplicaban la letra de la ley (y las leyes eran dictadas por el Poder Legislativo, que era la Junta Militar), o que se remitieran a rechazar más de 5.000 recursos de amparo, sobreseyendo sin investigar la mayoría de las causas iniciadas por denuncias de violación de los derechos humanos. Era común que un recurso por la detención por una persona fuera rechazado luego que el Ministerio del Interior informara al juez que ningún organismo policial había detenido al sujeto. No se hacía más.

Es por eso que el cambio de actitud de los jueces ha enfurecido tanto a la derecha. Particularmente el partido Unión Demócrata Independiente (UDI), formado por antiguos colaboradores de Pinochet, estima que se trata de un fallo político. Peor aún: el almirante retirado Jorge Martínez Bush, que ahora es senador designado y fuera el anterior comandante en jefe de la Armada, opinó que el desafuero constituía un "golpe de Estado judicial".

En los últimos tiempos, los jueces han modificado su interpretación de la Ley de Amnistía, dictada en 1978 y que cubre desde el golpe a esa fecha, señalando que primero debe investigarse, para conocer los delitos, sus circunstancias y autores, y luego amnistiar a los culpables.

Igualmente, la continuación de las investigaciones de los casos de detenidos desaparecidos se debe a que adoptaron la figura del "secuestro permanente", que señala que el delito sigue vigente mientras no se encuentren los cuerpos que acrediten las muertes, lo que impide aplicar la amnistía. Eso ha motivado, por ejemplo, que dirigentes de la derecha argumenten, sin embozo alguno, que se trata de una "ficción", ya que, insisten, los detenidos desaparecidos están muertos; o sea, que fueron asesinados. ¿Cómo? ¿Por qué? No importa. Lo que les importa es que se aplique la amnistía.

En todo caso, la verdadera "revolución" que han vivido los tribunales ha significado que se registre un gran número de procesamientos que involucran a poco más de 50 militares retirados o en actividad. En este punto es importante destacar que los propios abogados señalan que los ex militares involucrados en crímenes serían menos de una centena, cuyos nombres se repiten en la mayoría de los hechos represivos registrados durante la dictadura.

El desafuero del senador vitalicio se produjo poco después que la llamada Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos, creada por el gobierno de Eduardo Frei, suscribiera un acuerdo para recoger información, garantizando la confidencialidad, sobre el paradero de los desaparecidos. Esa mesa contaba con la participación de abogados que se han caracterizado por la defensa de los derechos humanos, figuras nacionales y militares y policías uniformados que actuaban en representación de sus comandantes en jefe. Podría decirse que esa instancia constituyó el primer escenario en que los militares negociaron formalmente en lo que va de la transición.

La decisión de la Corte Suprema inmediatamente provocó un remezón mayor. Los militares retirados dijeron que significaba el fin de la mesa de diálogo, porque se había perdido la confianza, y nadie que tuviera antecentes sobre los desaparecidos los iba a entregar por miedo a que lo juzgaran.

La derecha insistió en que había un acuerdo "implícito" que subordinaba el funcionamiento de la Mesa a la condición de que Pinochet fuese dejado en paz, en su añorada impunidad. Esto, a pesar de que el gobierno de Ricardo Lagos insistiera que el caso Pinochet se desarrollaba por la vía jurídica, mientras que el de los desaparecidos en la mesa de diálogo, sin relación alguna entre uno y otro.

Las muestras de solidaridad de los comandantes en jefe, visitando a Pinochet o emitiendo declaraciones en ese sentido, eran más que esperadas, aunque desconcertantes para quien trate de analizar a Chile como una democracia cualquiera, sin el lastre de los 17 años de gobierno militar.

El comandante en jefe del Ejército, teniente general Ricardo Izurieta, el primero en visitar a Pinochet en su casa luego del desafuero, declaró en esa ocasión a los periodistas que en lo que se refiere a Pinochet el juicio de la historia "todavía está pendiente" y que cuando éste se haga, el ex dictador va a tener "el sitial que se merece". Izurieta, seguro, imagina como "sitial" todo lo contrario de lo que la mayoría del mundo estima. Y en esa divergencia profunda se expresa uno de los mayores desafíos de la democracia chilena: democratizar plenamente su institucionalidad, lo que pasa por limitar el poder de las Fuerzas Armadas. No debe olvidarse que éstas, de acuerdo a la Constitución aprobada en 1980, son las "garantes" del orden institucional, lo que las convierte, en definitiva, en vigilantes de los poderes públicos. En suma, ellas podrían promover, desde la propia Constitución, una suerte de "golpe blanco", si estiman que las autoridades han desviado el rumbo correcto. Es lo que pedía, en parte, el columnista del diario El Mercurio Hermógenez Pérez de Arce, cuando señaló que el Consejo de Seguridad Nacional -integrado por los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros, además del Presidente de la República, los presidentes del Senado, de la Corte Suprema de Justicia y el Contralor General de la República- debía autoconvocarse por estimar que el fallo de desafuero constituía una transgresión al orden institucional.

Nada de eso ocurrió, porque la alternativa era impresentable: el fallo de los tribunales, apegado a derecho, cumpliendo todas las formalidades del caso, mal podía ser acusado de transgresión a la institucionalidad. Fue, simplemente, el primer dardo contra un hombre que en Londres vio caer las primeras piezas de su coraza.