No. 109 - Noviembre 2000

El debate sobre la arquitectura financiera internacional

por Yilmaz Akyüz

Luego de la crisis de Asia oriental se produjo un consenso general en cuanto a la necesidad de reformas fundamentales de la arquitectura financiera internacional. Sin embargo, casi no se han registrado progresos en ese sentido. Es evidente que aunque han proliferado las reuniones y los comunicados, los países industrializados no están preparados para responder a las inquietudes del mundo en desarrollo respecto de la reforma del sistema financiero mundial.

Un consenso general parece haber surgido a raíz de los últimos coletazos de turbulencia e inestabilidad de las divisas y los mercados financieros, los grandes vaivenes del dólar y las crisis de mercados emergentes como México, Asia oriental, Rusia y Brasil. La mayoría de los países están de acuerdo en que la inestabilidad es mundial y sistémica, que los esfuerzos nacionales no alcanzan para resolver el problema y que resulta necesario reconstruir la arquitectura financiera mundial.

La discusión que sobrevino luego de este consenso se concentró en las siguientes áreas: normas y transparencia; reglamentación y supervisión financiera; administración de la cuenta de capital; regímenes de tipos cambiarios; supervisión de las políticas nacionales; suministro de liquidez internacional; y reestructuración ordenada de la deuda.

Las medidas que implica cada uno de los puntos mencionados pueden ayudar a evitar y/o manejar las crisis financieras. Las reformas que se aplican en estas áreas suelen conllevar cambios significativos en los procedimientos y en la gobernanza de las instituciones de Bretton Woods, en particular del Fondo Monetario Internacional (FMI). Estos temas se tratan, a menudo, en el contexto de la reforma de estos organismos, como es el caso del Informe de la Comisión Meltzer presentado ante el Congreso de Estados Unidos.

Normas y transparencia

A raíz de la crisis asiática, casi todos los países estuvieron de acuerdo en que la prevención y el mejor manejo de las crisis financieras requieren una mayor transparencia y circulación de información sobre las actividades del sector público, los mercados financieros y los organismos financieros internacionales, en particular, el FMI. Se supone que con ello los gobiernos tendrán mayores elementos para tomar decisiones prudentes a la hora de solicitar créditos y realizar inversiones, para implementar medidas eficaces a fin de regular y supervisar a las entidades financieras, y para que el FMI pueda ejercer mejor sus funciones de supervisor. Varios observadores alegaron que un mayor caudal de información no sería, por sí mismo, suficiente para impedir las crisis financieras, pero igualmente estuvieron de acuerdo con la mayoría en que incrementar la información y la transparencia es necesario para mejorar la arquitectura financiera mundial.

Las acciones de la comunidad internacional hasta ahora se han concentrado en fijar normas para aumentar la rapidez y mejorar la calidad de la información sobre variables macroeconómicas claves, así como en incrementar la transparencia de las actividades del sector público, incluidas las políticas fiscales, monetarias y financieras. Sin embargo, los bancos y otras empresas financieras no han suministrado mayor información y mucho menos lo han hecho las entidades altamente endeudadas o los mercados extraterritoriales.

La ideología del laissez-faire tuvo cierta incidencia en la lentitud con que las entidades financieras han asumido los cambios que conduzcan a una mayor transparencia, pero también existen problemas conceptuales y estructurales. La mayoría está de acuerdo en que, en ciertas circunstancias, brindar información pública a los supervisores puede acentuar la inestabilidad, en lugar de reducirla. Tampoco está claro cuáles son los datos importantes, ya que existen diferencias considerables entre los países industrializados, tanto respecto de la cantidad como de la forma en que se dan a conocer los datos públicamente. Además, la velocidad con la que las empresas financieras pueden alterar sus balances y sus posiciones fuera del balance general hace que las declaraciones financieras estén vencidas casi antes de estar listas.

Pero lo más controvertido es la transparencia del propio FMI. Se han introducido nuevos mecanismos de información pública, luego de las consultas realizadas sobre el artículo IV, y un programa piloto para que se den a conocer voluntariamente los informes del equipo sobre dicho artículo. Sin embargo, es difícil que el FMI se vuelva totalmente transparente porque los gobiernos suelen oponerse a que se publique la información confidencial que le entregan. Dadas las sensibilidades políticas y la trayectoria del organismo en cuanto a diagnósticos macroeconómicos y financieros, hay muchos que se resisten a convertirlo en un organismo de crédito totalmente nuevo. Sin embargo, hay margen para aumentar la transparencia del FMI dentro de esos límites. Sus prescripciones podrían someterse a un análisis independiente cada vez, por ejemplo, a cargo de una comisión constituida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Regulación y supervisión financiera

La posición oficial consiste en defender la formulación de normas internacionales para que sean aplicadas por las autoridades nacionales, en lugar de establecer un organismo regulador mundial. Para asegurarse de que los países en desarrollo adopten dichas reglamentaciones, se ha ampliado el poder de supervisión del FMI y ahora abarca temas financieros. Sin embargo, la mayoría concuerda en que el FMI no debería convertirse en una autoridad que cree normas internacionales para la regulación y supervisión financiera, y el Banco de Pagos Internacionales tampoco debería convertirse en la policía del sistema financiero mundial.

Los hechos de los últimos años muestran que lo establecido por el Acuerdo de Capitales de Basilea se aparta cada vez más de los riesgos crediticios que enfrentan ahora muchos bancos. Se trata de incentivos distorsionantes para los propios bancos con respecto al capital que se mantiene para determinado nivel de riesgo. El riesgo que corren los bancos internacionales debido a los capitales de corto plazo ha sido uno de los motivos principales de las últimas crisis de deuda externa, pero el Acuerdo de Capitales de Basilea atribuye una calificación de riesgo baja al cálculo de los requisitos de capital de los derechos interbancarios. Una vez más, en la mayoría de los casos, el costo del capital que se establece para un crédito otorgado a un país soberano con calificación de valor de inversión es el mismo que el fijado para otro país que sólo cuenta con una calificación de obligaciones especulativas. Esto ha hecho que crezca la presión para introducir cambios en la normativa a efectos de lograr un aumento del costo de los bancos a la hora de otorgar tales créditos y para que reflexionen con más cuidado acerca de los riesgos.

Las nuevas reglas sobre el capital, propuestas en junio de 1999, incluyen cláusulas sobre calificación del riesgo por préstamos pendientes a entidades soberanas en función de evaluaciones externas de empresas calificadoras. Sin embargo, dicho enfoque es muy discutido por dos razones. La primera es que, según lo sucedido hasta ahora, las entidades privadas de calificación no son confiables para evaluar el riesgo de un país. Y la segunda es que, como se señaló antes, esta postura no es generalmente aceptada por los países en desarrollo que argumentan que la introducción de ponderaciones de riesgo diferentes llevaría a que muchos de ellos aumentaran los márgenes (spreads) y redujeran el volumen de préstamo.

Parece haber consenso en cuanto a la necesidad de extender las estrictas reglamentaciones y la supervisión a los organismos con alto coeficiente de endeudamiento -de los cuales el ejemplo principal son los fondos de cobertura- y a los centros extraterritoriales, temas estrechamente vinculados, ya que los primeros suelen incorporarse en los segundos. En el caso de las entidades con alto coeficiente de endeudamiento, este consenso refleja en parte el reconocimiento de que dichos fondos pueden significar una amenaza sistémica para la estabilidad financiera, por lo que ya no alcanza con la idea tradicional de supervisarlos en forma muy ligera apoyándose en la convicción de que los inversores poderosos son capaces de proteger sus intereses. Este descubrimiento se hizo cuando se evitó por muy poco el colapso de la Administración de Capitales de Largo Plazo, en 1998. El consenso es también una respuesta a las pruebas que reunieron algunos gobiernos de Asia relativas a la contribución de dichas instituciones cuando se acentuó la volatilidad de las monedas y los activos. Sin embargo, hasta ahora se han hecho escasos progresos en esos sectores. Los temas están en la agenda del Foro de Estabilidad Financiera. El control indirecto de los organismos con alto coeficiente de endeudamiento -por ejemplo, a través de sus acreedores, en base a una mayor transparencia- parece ser la opción preferida. Hasta dónde serán sometidas a control directo esas entidades dependerá de la eficacia de las reformas propuestas hasta ahora.

Administración de la cuenta de capital

La continua incidencia de la inestabilidad financiera y de las crisis en los países industrializados sugiere que la reforma y el aumento de la transparencia no brindan una protección completa en ese sector. Y si esto es cierto incluso para los países que cuentan con información financiera, reglamentaciones y supervisión de vanguardia, lo más probable es que sea aún más cierto en la mayoría de las economías en desarrollo. Por lo tanto, los controles de capital son cada vez más esenciales para obtener mayor estabilidad.

Existe un amplio consenso en cuanto a la necesidad de moderar los ciclos de auge y depresión del flujo de capitales privados. Esto se puede lograr controlando la afluencia de capitales líquidos de corto plazo a través de medidas de mercado, tales como impuestos o exigencias de reserva. Estos controles reducirían también la posibilidad de una veloz retirada de fondos. Sin embargo, tal como lo indica la experiencia de Malasia, si se produce una crisis, también pueden ser muy eficaces los controles momentáneos de salida de capitales, que constituyen un complemento esencial a la suspensión de la deuda.

Dado que los países en desarrollo no tienen compromisos internacionales respecto de las cuentas de capital, la posición que adopten los organismos financieros en dicha materia puede tener escasas consecuencias prácticas. Pero si el FMI no reconoce la necesidad de controlar los flujos de capital de corto plazo, los países del Sur no querrán aplicar ese tipo de medidas por temor a socavar la confianza del mercado y reducir su acceso general a las finanzas internacionales. De hecho, sólo unos pocos países han aplicado tales medidas durante períodos de auge. Las recomendaciones del FMI deberían incluir controles de capital, sobre todo en países donde el sistema financiero no es lo suficientemente fuerte como para canalizar flujos de corto plazo sin que aumenten el peligro y la fragilidad de la moneda. Resulta esencial que los países en desarrollo mantengan su autonomía respecto de las políticas de cuentas de capital -lo cual ha sido afirmado varias veces en los comunicados del Grupo de los 24-, pero la aprobación oficial del control de ciertos tipos de flujo de capital les sería de gran ayuda.

Sin embargo, los miembros del directorio del FMI no se han puesto de acuerdo respecto del uso de los controles de capital. Algunos de los mayores accionistas siguen considerando que incluso las formas moderadas de control de capitales deben ser excepcionales y provisorias, en lugar de componentes esenciales de los regímenes de cuentas de capital en los mercados emergentes. Parecen creer que alcanzará con políticas macroeconómicas seguras y mejores reglamentaciones. Así, un informe del FMI respecto de los avances logrados en el tema establece que "La junta directiva llegó a un acuerdo respecto de los principios generales pero se mantienen las diferencias en cuanto a las cuestiones operativas, al uso y a la eficacia de los controles de capital", y hacen "mayor hincapié que antes en la necesidad de adoptar un enfoque caso por caso y políticas prudentes para manejar los riesgos del flujo internacional de capitales" (FMI, 1999 a, Informe del Director Ejecutivo para el Comité Interino sobre los avances en el fortalecimiento de la arquitectura del sistema financiero internacional, Washington DC).

Regímenes de tipos cambiarios

Las últimas discusiones sobre políticas cambiarias en los países en desarrollo se concentraron en analizar la relación existente entre los regímenes de tipos de cambio y las crisis financieras. Los tipos de cambio fijo ya no son los preferidos porque las crisis financieras y de divisas de los mercados emergentes han sido vinculadas con dicho régimen. Por lo tanto, se recomienda a los países del Sur que elijan entre uno de los dos extremos: la libre flotación o la fijación de su moneda a una de las divisas más fuertes, a menudo el dólar de Estados Unidos, adoptando la libre convertibilidad o incluso, simplemente, incorporando al dólar como moneda nacional.

Sin embargo, existen grandes dudas de que cualquiera de esos dos extremos, en un sistema de libre movilidad de capitales, brinde mayor protección contra la inestabilidad monetaria y las crisis financieras que las vinculaciones nominales/ajustes nominales. Incluso, es posible que ese sistema no permita que las tasas de cambio se ajusten a los requisitos del comercio y la competencia. Los países con tasas de cambio flexibles no son menos vulnerables a las crisis financieras que aquéllos que cuentan con tipos cambiarios de libre convertibilidad o fijos. Las diferencias entre los de libre convertibilidad, los flotantes y los fijos se basan no tanto en los perjuicios que causan sobre la economía real como en el modo en que éstos se producen. Por ejemplo, en términos reales, Argentina y Hong Kong, que son economías con régimen de libre convertibilidad, sufrieron tanto o más que sus vecinos a la hora de una caída abrupta de sus monedas. Ahora parece haber mayor consenso en cuanto a que un mejor manejo de los tipos de cambio en los países en desarrollo requiere el establecimiento de tasas reales junto con el control y la regulación de los flujos de capital desestabilizadores. Esta estrategia suele tomarse como una alternativa viable a la libre flotación o a la entrega de la autoridad monetaria a un Banco Central extranjero.

Los países del Sur se han resistido a la idea de que la adopción de determinado régimen cambiario debería formar parte de las condiciones del FMI para acceder a la liquidez internacional. De todos modos, el FMI no adhirió siempre al nuevo consenso emergente entre los principales economistas, que recomiendan evitar los tipos de cambio vinculados. Por ejemplo, dicho organismo ha apoyado un programa de estabilización basado en el tipo cambiario de Turquía, establecido a fines de 1999, con un tipo de cambio preestablecido que funciona como ancla para las perspectivas de inflación.

Pero quizá lo más importante sea la pregunta de si los mercados emergentes pueden lograr la estabilidad cambiaria sólo con políticas macroeconómicas adecuadas y regímenes cambiarios cuando la moneda de los principales países industrializados está sujeta a grandes fluctuaciones. Expertos entre los que se encuentran Paul Volcker y George Soros han sugerido que la economía mundial no logrará una mayor estabilidad sistémica si no se ponen en práctica ciertas reformas en el régimen de tipos cambiarios del Grupo de los Tres, y que mientras las principales reservas de divisas se mantengan altamente inestables los mercados emergentes seguirán siendo vulnerables a las crisis monetarias. De todos modos, varias propuestas de coordinación de los tipos cambiarios cuentan hasta ahora con la oposición de Estados Unidos.

Supervisión de las políticas nacionales

Uno de los sectores del FMI que resulta crucial reformar es el de la supervisión de las políticas sobre acreedores y deudores. En vista del tamaño y la integración creciente de los mercados financieros, cada crisis importante tiene ahora derivaciones mundiales. Por lo tanto, la prevención es algo que atañe no sólo al país directamente afectado sino también a los demás. Por eso se ha hecho un llamado a la implementación de políticas nacionales de supervisión mundial. Hasta ahora, la acción del FMI no ha servido para evitar crisis financieras internacionales. Esto refleja, en parte, una adaptación sólo parcial de los procedimientos existentes a los problemas planteados por el gran flujo de capitales privados y se relaciona íntimamente con los defectos de gobernanza del FMI.

La supervisión bilateral se ha concentrado, tradicionalmente, en las políticas macroeconómicas y ha prestado escasa atención a la sustentabilidad de la afluencia de capitales y las debilidades del sector financiero, asociadas con un aumento de dicha afluencia. Luego de la crisis mexicana, el mandato de supervisión del FMI fue ampliado para incluir la sustentabilidad de los flujos de capital privado, pero esto no alcanzó para evitar la crisis de Asia oriental. La necesidad de reforzar la vigilancia del FMI fue reconocida otra vez por el Comité Interino en abril de 1998, cuando manifestó su acuerdo en cuanto a que el organismo “debería intensificar la vigilancia sobre los asuntos del sector financiero y los flujos de capital”. Para lograrlo, el FMI deberá prestar una mayor atención al tipo de cambio insustentable y a lo que suceda en el futuro con los pagos, además de incluir entre sus recomendaciones, como ya se señaló, el control sobre la afluencia de capitales. Pero todo esto significaría un alejamiento importante del actual enfoque oficial sobre el manejo de las cuentas de capital.

Sin embargo, quizá el motivo fundamental del fracaso del FMI para prevenir las crisis financieras internacionales sea el natural desequilibrio de estos procedimientos, que no consideran la verdadera magnitud del impacto mundial que tienen las políticas monetarias de los países industrializados. El origen de las crisis financieras de los mercados emergentes no siempre es nacional, sino que suele relacionarse con grandes cambios en los tipos cambiarios y las tasas de interés de los países industrializados. Esto se aplica no sólo a la crisis de la deuda de los años 80, sino también a los últimos vaivenes de la afluencia de capitales hacia América Latina y Asia oriental.

Según el grado de interdependencia mundial, un sistema estable de tipos de cambio y posiciones de pago exige un mínimo de coherencia entre las políticas macroeconómicas de los principales países del Norte. Pero las modalidades de supervisión del FMI existentes no incluyen vías para el logro de dicha coherencia ni para ocuparse de los impulsos unidireccionales procedentes de cambios en las políticas monetaria y de tipo cambiario de Estados Unidos o de otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Dentro del actual sistema de gobernanza mundial, los demás países del mundo carecen de mecanismos para resolver diferencias respecto de estos impulsos. En este sentido, la gobernanza de las políticas macroeconómicas y financieras quedó un paso atrás respecto de la del comercio internacional, para lo cual existe la Organización Mundial de Comercio (OMC). Pero, a fin de que los organismos financieros multilaterales puedan cumplir eficazmente con esa función, habrá que reformular no sólo el procedimiento de supervisión sino también el sistema de gobierno de dichas entidades, incluso la estructura de votación y de toma de decisiones, a fin de otorgar una participación mayor a los países en desarrollo. Sin embargo, hasta ahora, la única reforma significativa en este sentido ha sido cambiarle el nombre al Comité Interino, que pasó a denominarse Comité Internacional Monetario y Financiero, y afirmar que luego de 25 años de existencia, perdió su carácter provisorio y se volvió permanente.

Suministro de liquidez internacional

La mayor frecuencia de las crisis en los mercados emergentes derivó en un consenso acerca de la necesidad de brindar financiación de contingencia a los países que experimentan dificultades en los pagos con relación a su cuenta de capital, además del papel tradicional del FMI, que consiste en suministrar financiación de cuenta corriente. Pero las modalidades de suministro de liquidez, su adecuación, las condiciones que implican y su financiación siguen siendo improvisaciones, además de no ser apropiadas para resolver los problemas derivados de la inestabilidad sistémica.

El suministro de liquidez para evitar grandes vaivenes de la moneda no ha sido la respuesta para contrarrestar las crisis monetarias de los países en desarrollo. El FMI suele asistir a los países luego del colapso de sus monedas, otorgando préstamos de rescate para cumplir con las exigencias de los acreedores, mantener la convertibilidad de la cuenta de capital y evitar incumplimientos, creando así un peligro moral para los prestamistas e inversores internacionales, además de aumentar la carga de los deudores. Incluso, la disponibilidad de dicha financiación ha sido asociada a condiciones políticas que, por momentos, excedieron los ajustes macroeconómicos e interfirieron "innecesariamente con la jurisdicción propia del gobierno soberano" (Feldstein, M., 1998, "Refocusing the FMI", Foreign Affairs, vol. 77, nº 2, marzo-abril, p. 26). Finalmente, el suministro de fondos para los préstamos de rescate solía depender de acuerdos improvisados o especiales con los principales accionistas del FMI, que como acreedores tienen importantes intereses que proteger.

Los esfuerzos por eliminar estos defectos en el suministro de liquidez han sido inútiles. El FMI adoptó varias medidas para reforzar su capacidad de otorgar financiación en situaciones de crisis, e incluso creó el Servicio Financiero de Reserva Suplementaria, en respuesta a la crisis de Asia oriental. Hace poco se fundó la Línea de Créditos de Contingencia para establecer un sistema de precaución y defensa contra el "contagio" financiero. Sin embargo, ninguna de esas estrategias tuvo por resultado un aumento del dinero, ya que se basan en los recursos que tiene el FMI.

Hubo una propuesta de permitir que el FMI emitiera derechos especiales de giro reversibles para sí mismo, con el fin de proveer liquidez internacional (Ezequiel, H., 1998, "El papel de los derechos especiales de giro en el sistema monetario internacional", International Monetary and Financial Issues for the 1990´s, vol. IX, Nueva York y Ginebra, UNCTAD; ONU, 1999, "Hacia una nueva arquitectura financiera internacional", Informe de la Task Force del Comité Ejecutivo de las Naciones Unidas para los Asuntos Económicos y Sociales, Nueva York; Ahluwalia, MS., 1999, "The FMI and the World Bank: Are overlapping roles a problem?", International Monetary and Financial Issues for the 1990´s, vol. IX, Nueva York y Ginebra, UNCTAD). Pero esto implicaría enmendar los artículos del Acuerdo del FMI, lo cual llevaría a un enfrentamiento con las principales potencias mundiales.

Reestructuración ordenada de la deuda

La comunidad internacional se enfrenta a un gran dilema a la hora de formular políticas para regular los flujos internacionales de capital. En ausencia de controles de capital, es probable que las crisis financieras sean cada vez más frecuentes, más graves y más extendidas. Cuando ocurre una crisis, los incumplimientos son inevitables si no se otorgan préstamos de rescate, que son cada vez más problemáticos. No sólo crean peligros morales sino, lo que es más importante, los fondos requeridos son cada vez mayores. Ahora han llegado al límite de lo políticamente aceptable. Por este motivo, la comunidad internacional empezó a buscar maneras de "involucrar" al sector privado en la solución de las crisis monetarias o de deuda. Pero tampoco se obtuvieron acuerdos en esta área, en buena medida debido a la resistencia que opusieron algunas potencias mundiales contra los mecanismos involuntarios.

Un modo de resolver el problema podría ser recurrir a los principios de la reestructuración ordenada de la deuda establecidos en el capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos, mencionado primero por la UNCTAD en su Informe sobre Comercio y Desarrollo 1986, en el contexto de la crisis de la deuda de la década del 80, y más elaborado luego en el Informe de 1998. Las medidas del Código se aplican especialmente a las crisis de divisas y de endeudamiento que se originan en problemas de liquidez, ya que fueron pensadas para reestructurar el sistema financiero más que la liquidez. Dicho Código permite una suspensión provisoria del pago de la deuda porque reconoce que la carrera de los acreedores para apoderarse de los activos disponibles perjudica tanto a los deudores como a los acreedores, tomados en conjunto. Por lo tanto, se le brinda al deudor el capital que necesita para realizar sus operaciones poniendo la nueva deuda en el primer lugar de su lista de obligaciones. Finalmente, el capítulo 11 del Código indica que se deben reorganizar el activo y el pasivo del deudor e incluso ampliar los plazos de vencimiento, además de realizar la capitalización de la deuda y otorgar una condonación de la misma, cuando sea necesario.

Naturalmente, la aplicación del procedimiento de bancarrota para casos de deuda transfronteriza implica una serie de cuestiones complejas. Pero los principios son claros y pueden aplicarse sin establecer una lista acabada de medidas internacionales. El punto más controvertido es el del mecanismo de suspensión de pagos, ya que el FMI hace préstamos sobre los atrasos y está muy comprometido con el servicio de la deuda.

Para lograr el efecto deseado de estabilidad monetaria, la suspensión del pago de la deuda debería acompañarse de un intercambio provisorio de controles sobre todas las transacciones de cuentas de capital que hagan tanto los residentes como los no residentes del país en cuestión. Según una de las propuestas, la decisión de suspender los pagos debería ser sancionada por el FMI. Canadá sugirió que los miembros del FMI mandaten una Cláusula de Emergencia de Suspensión. También podrían hacerse otros acuerdos, como realizar una precalificación para que los países implicados puedan tomar la decisión de suspender el servicio en forma unilateral o crear un equipo independiente que sancione tales decisiones, en base al modelo de las medidas de protección de la OMC, que admiten la posibilidad de que un país adopte medidas de emergencia.

Tal como lo indica el Informe de Avances, del FMI, no ha habido ningún acuerdo que invista al organismo del poder necesario para imponer pautas al litigio de los acreedores: "algunos directores pensaron que la enmienda del artículo VIII, sección 2(b), garantizaría una mayor consideración; otros no vieron la necesidad o la factibilidad de una acción como esa" (FMI, 1999 a, Op.Cit.). Varios países del Grupo de los Siete, incluso Canadá y Gran Bretaña, propusieron establecer un sistema basado en normas para resolver las crisis, con disposiciones explícitas respecto del papel que deberían cumplir los sectores público y privado, respectivamente. Pero las entidades financieras privadas se opusieron a la creación de un mecanismo involuntario de suspensión del servicio de la deuda. Estados Unidos sigue defendiendo el enfoque "caso por caso" por los motivos mencionados.

La ausencia de un acuerdo significó también que se pusiera mayor énfasis en los mecanismos voluntarios (Grupo de los 22, 1998, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Crisis Financieras Internacionales, Washington DC, sección 4.4; FMI, 1999b, "Involving the private sector in forestalling and resolving financial crises", Washington DC). El problema en este caso es que surgió la necesidad de crear cláusulas obligatorias precisamente porque los enfoques voluntarios no sirvieron para contener el aumento de la deuda. Por otro lado, si bien se propusieron mecanismos que oficiaran de disparadores automáticos -tales como convenios generales sobre bonos, opciones de refinanciamiento automático de la deuda o cláusulas de acción colectiva destinadas a permitir la suspensión del pago por los deudores-, es poco probable que se introduzcan voluntariamente y seguramente se necesitaría un mandato internacional. Los países en desarrollo temen que dichas cláusulas reduzcan su acceso a los mercados financieros, de ahí su insistencia en que se introduzcan primero en los países industrializados, lo cual podría requerir también un mandato internacional.

--------------------

Yilmaz Akyüz es director de la División de Estrategias de Globalización y Desarrollo de la UNCTAD.

--------------------

Este artículo es un extracto editado de The debate on the international financial architecture: Reforming the reformers (La discusión sobre la arquitectura financiera internacional: Reformar a los reformadores), de Yilmaz Akyüz, publicado por la Red del Tercer Mundo en su serie de trabajos monográficos sobre la economía mundial.