No. 110 - Diciembre 2000

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

A un año de Seattle, no ha habido progresos

por Martin Khor

Ha pasado un año desde que la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Seattle fue testigo de manifestaciones públicas sin precedentes contra sus políticas, prácticas y organización interna. La evidencia de inquietud pública hizo que los poderosos gobiernos del Norte prometieran tomar medidas para "restituir la confianza" pública en dicho organismo multilateral. Pero la situación de la OMC ha empeorado desde Seattle.

Ha pasado un año desde que la Tercera Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio(OMC) colapsó en Seattle (diciembre de 1999). Luego de la debacle, los países industrializados y la Secretaría de la OMC anunciaron que mejorarían la actuación y la imagen de la OMC adoptando "medidas para restituir la confianza". Esto significaba que las solicitudes de los países en desarrollo serían tomadas en serio.

Pero ha pasado un año y casi no se han registrado progresos en ese sentido; se podría decir que la situación es aún peor. Las principales potencias no se han mostrado demasiado interesadas en los problemas del Sur, rechazando sus continuos pedidos de revisión de los acuerdos de la OMC. El organismo multilateral, por su parte, ha realizado sesiones especiales del Consejo General para tratar "temas de implementación" (problemas que enfrentan los países en desarrollo para implementar los acuerdos de la OMC), a pedido de representantes del Sur.

Pero los gobiernos del Sur no han obtenido respuestas de los países industrializados, que optaron por asumir la postura de que los acuerdos tienen fuerza legal y una vez firmados no pueden cambiarse. Además, las potencias insistieron este año que cualquier problema debe analizarse en una nueva ronda de negociaciones multilaterales, en la que habría que incluir nuevos temas respecto de compromisos y obligaciones.

Dado que el "período de gracia" o de transición (durante el cual los países en desarrollo no están obligados a cumplir con sus obligaciones) para acuerdos como los TRIPs (Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio) y los TRIMs (Derechos de Inversión Relacionados con el Comercio) expiró a comienzos de 2000, los efectos negativos de la implementación empiezan a sentirse y las consecuencias serán cada vez peores, a medida que avance el proceso en los próximos meses y años.

Los países en desarrollo habían pedido que durante el período de discusión de los temas de implementación, los gobiernos del Norte no presentaran casos ante los grupos de solución de diferencias por no cumplir con ciertas normas. Si bien las potencias parecían de acuerdo con dicha "moratoria", aumentaron los casos que se presentaron contra algunos gobiernos del Sur. Esto causó una gran desilusión en los países en desarrollo y se sumó al quiebre del "proceso de restitución de la confianza".

Las inquietudes de muchos países en desarrollo y ONGs respecto de los graves problemas que podrían causar las normas de la OMC no han sido tenidas en cuenta. Las amenazas se ciernen sobre: los ingresos de los productores rurales y los trabajadores; la subsistencia de los pequeños establecimientos rurales y pequeñas empresas; la seguridad alimentaria y la soberanía nacional; y el conocimiento tradicional de las comunidades locales, a causa de la "biopiratería". Hasta ahora, las grandes potencias no han intentado realmente ocuparse de estos asuntos.

Nuevas reglas sobre nuevos temas

Sin embargo, las potencias mundiales han intensificado sus esfuerzos para lanzar una nueva ronda de negociaciones a fin de lograr nuevos acuerdos en nuevas áreas como inversiones, gasto público, competencia, trabajo y ambiente. Estados Unidos y la Unión Europea intentan superar sus diferencias para aprovechar la fuerza de una eventual unión con el fin de lograr que se realice la nueva ronda de negociaciones, quizá tan pronto como en 2001, fecha para la cual está prevista otra Conferencia Ministerial.

Las grandes potencias también incrementaron la presión sobre los países en desarrollo para que asuman nuevas y costosas obligaciones respecto de estos "nuevos asuntos" a través de acuerdos regionales como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Ley de Crecimiento y Oportunidades Africa–Estados Unidos, además de otros acuerdos comerciales bilaterales.

Las actuales negociaciones de agricultura en la OMC no han tenido resultados positivos. Los productores rurales de los países en desarrollo ven amenazados sus ingresos porque sus mercados están invadidos por productos importados más baratos.

Los países industrializados no respondieron al pedido de los del Sur de que se les permitiera tomar medidas para controlar la importación de alimentos o incrementar los subsidios a los productores nacionales de alimentos. Es más, el Norte no ha dado señales de tener la voluntad de reducir sus propios subsidios y aranceles. El valor total de los subsidios agrícolas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aumentó en los últimos años.

En las actuales negociaciones de servicios, los países industrializados ejercen fuertes presiones para que todos los países aceleren su proceso de liberalización. Utilizan conceptos como "regulación doméstica" y métodos como la reclasificación de los servicios y el "enfoque de conjunto" a fin de reducir la capacidad de los gobiernos para regular su sector de servicios.

Varias ONG también manifestaron su inquietud debido a la intromisión de la OMC en las políticas nacionales sobre servicios esenciales como salud, educación y suministro de agua, y quieren hacer que esos sectores estén "fuera de límites"; pero las negociaciones siguen amenazando esas áreas al igual que a cualquier otra para que se liberalicen. Los funcionarios de comercio alegan que los servicios que brinda el gobierno no están cubiertos por el Acuerdo General de la OMC sobre Comercio de Servicios (GATS), pero esto es confuso ya que las obligaciones que impone dicho acuerdo se aplican cuando servicios privados nacionales operan en competencia o complementariedad con los del sector público.

En relación con el Acuerdo sobre TRIPs, los países en desarrollo han pedido que el período de transición se extienda hasta completar el actual mandato de revisión del mismo. Varios países en desarrollo, incluso el Grupo Africa, presentaron también propuestas concretas de enmienda del Acuerdo sobre TRIPs a fin de impedir que se patenten formas de vidas y de permitir que los países del Sur tengan derecho a proteger los derechos de las comunidades locales para que sus recursos y conocimiento tradicional no sean patentados por grandes compañías del Norte. Pero hasta ahora, la respuesta de las potencias ha sido negativa y se han detectado cientos de casos de "biopiratería".

Numerosos países en desarrollo pidieron más tiempo para cumplir con la prohibición de aplicar medidas a la inversión tales como la "política de contenido local" (que obliga a los programas o industrias a utilizar materiales locales). Dichos gobiernos solicitaron que los plazos de implementación fueran más amplios para todo el Sur, en bloque. Pero hasta ahora, los países industrializados han insistido en que cada pedido de extensión de los plazos se revisara caso por caso, con la intención de lograr concesiones mayores en "consultas bilaterales" y de establecer condiciones exigentes a quienes necesitaran aplazar el cumplimiento. También se presentaron quejas contra varios países del Sur, como manera de ejercer presión en su contra.

Durante los últimos dos años, el procedimiento de solución de diferencias mostró graves imperfecciones, lo cual afecta la credibilidad de todo el sistema de la OMC. En ciertos casos, los grupos de solución de diferencias y el Organo de Apelaciones forzaron los límites de su jurisdicción invocando los "derechos del intérprete del acuerdo" para terminar legislando, tarea que compete a los miembros de la OMC a través del Consejo General o de la Conferencia Ministerial.

Muchas decisiones tomadas por el Organo de Apelaciones o los grupos de solución de diferencias resultaron en la imposición de nuevas obligaciones para los países en desarrollo y en la reducción de sus derechos, con lo cual se restringieron aún más sus opciones políticas de desarrollo y se actuó en contra de los intereses legítimos de dichas naciones. Además, existen pruebas sobre la influencia excesiva y el papel adoptado por la Secretaría de la OMC en el proceso de solución de diferencias, que viola las normas jurídicas. La iniciativa de abrir el proceso de solución de diferencias y permitir los informes amicus curiae, propuesta por Estados Unidos y el Organo de Apelaciones constituyen intentos de distraer la atención de las necesarias reformas.

Pasos para una mejoría

La lista anterior muestra que casi no ha habido progresos desde Seattle respecto de la construcción de un sistema de la OMC que resulte más adecuado a las necesidades e intereses de los países en desarrollo. Esto ha desgastado aún más la credibilidad del organismo ante los responsables de decidir políticas e incluso ante los pueblos del mundo en desarrollo. Para mejorar la situación, los países industrializados deben mostrar un compromiso mucho más serio respecto del cumplimiento de los pedidos de los países del Sur.

En particular, el Norte debe dar ciertos pasos urgentes para mejorar el sistema:

*los países que han ejercido presión para organizar una nueva ronda de negociaciones deben dejar de hacerlo;

*las ONG deben reafirmar su oposición a que se organice esa nueva ronda en 2001;

*los países industrializados no deben incluir esos temas en los acuerdos regionales y bilaterales;

*habría que aplazar la fecha final de implementación de los acuerdos para los países en desarrollo, hasta que se resuelvan los problemas relativos al asunto;

*no habría que permitir que los países del Norte tiren esto por la borda negándose a negociar o a lograr un consenso.

Los países industrializados deben ser mucho más sinceros y comprensivos, y atender los pedidos de los gobiernos del Sur de revisar y enmendar las normas de numerosos acuerdos. Y no deberían presionar a los más pobres a liberalizar aún más sus sectores agrícola y de servicios.

La posición del Grupo Africa, que pide la prohibición del patentamiento de todas las formas y procesos de vida, debería contar con el apoyo de todos los países. Para tales efectos, habría que enmendar el Acuerdo sobre TRIPs.

Es necesario revisar a fondo el sistema de solución de diferencias. Los grupos y el Organo de Apelaciones no deben legislar; su independencia no debe verse comprometida por la intervención indebida de la Secretaría de la OMC; y además, es necesario crear un mecanismo para corregir los juicios y decisiones injustos o desequilibrados.

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Martin Khor es director de la Red del Tercer Mundo.

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Este artículo fue publicado en el South-North Development Monitor (SUNS) Nº 4797, 5 de diciembre de 2000.