No. 115/116 - Mayo/Junio 2001

ALCA

La agenda agrícola

por Eduardo Gudynas

La reunión ministerial celebrada en abril en Buenos Aires, antes de la Cumbre de Québec, lanzó una ambiciosa agenda de negociación para la creación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), a pesar de mantenerse la puja entre Estados Unidos y Canadá, que no renuncian al proteccionismo, y los países latinoamericanos que reclaman la liberalización comercial. Uno de los puntos más conflictivos es el de los productos agrícolas.

Uno de los temas de mayor controversia dentro de las negociaciones del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) se centra en los productos agrícolas y ganaderos. América Latina es un importante productor agropecuario, tanto para el consumo interno como para las exportaciones. El sector tiene un fuerte peso en las economías nacionales: el producto bruto agropecuario es del orden del 10 por ciento del total, pero se eleva al 25 por ciento al incorporar las fases agroindustriales, y del total de exportaciones un 40 por ciento son agroalimentarias.

Estos indicadores dejan en claro que cualquier modificación en el comercio agropecuario tendrá un enorme efecto sobre las economías nacionales. Esta importancia se eleva todavía más cuando se recuerdan los aspectos sociales y ambientales. En varios países la economía campesina sigue siendo la fuente principal de alimentación tanto en el medio rural como urbano, ofreciendo sustento a millones de personas.

Las exportaciones latinoamericanas se encuentran amenazadas en varios frentes, muchos de los cuales pueden ser drásticamente afectados por el ALCA. Los precios de los productos se mantienen estancados o han caído, varios países latinoamericanos compiten entre ellos vendiendo los mismos productos y casi todos sufren los subsidios y proteccionismos desde los países desarrollados.

En este contexto tan complejo se han desarrollado las negociaciones agrícolas dentro del ALCA. Desde un comienzo han sido polémicas, en especial debido a que Estados Unidos y Canadá son justamente países que mantienen subsidios y protecciones. El primero de ellos llega a invertir 30.000 millones de dólares en esas medidas.

En la reunión ministerial de Buenos Aires se mantuvo la puja de varios países latinoamericanos que buscaban el "paralelismo", donde las concesiones arancelarias que se otorgaran debían recibir como contraparte el levantamiento del proteccionismo agrícola. Si bien esta tensión se mantiene, no es un hecho menor que los ministros volvieran a confirmar que respetarían un single undertaking (acuerdo único), donde es indispensable un acuerdo en todos los temas antes de poner en marcha la zona de libre comercio. Este sería el seguro que tendrían los países del Sur de lograr desmontar las medidas más discutidas mantenidas por las naciones industrializadas.

Pero a pesar de estos problemas, los gobiernos acordaron una agenda específica para el Grupo de Negociaciones en Agricultura que no sólo es muy ambiciosa, sino desproporcionada para el tiempo disponible. Ese Grupo deberá recomendar métodos y modos de negociación, establecer el alcance y procedimientos para eliminar los subsidios a las exportaciones, la manera en que se tratarán las prácticas que distorsionan el comercio agropecuario y fórmulas para evitar que las medidas sanitarias y fitosanitarias se conviertan en obstáculos injustificados. El Grupo también deberá identificar las medidas no arancelarias, incluyendo el establecimiento de un cronograma para su reducción o modificación. Todas estas recomendaciones, y muchas otras, deberán estar listas el 1 de abril del 2002, con el propósito de ser evaluadas un mes más tarde.

En otras palabras: se dispone de un año para establecer esas recomendaciones. Si bien nada impide que nuevos puntos se sumen posteriormente, lo cierto es que la agenda de partida es crítica para determinar el campo de las discusiones. Aquí se corre el riesgo de que, ya sea por falta de tiempo o de recursos humanos, muchas cuestiones queden fuera de un examen atento, o bien no se logren los acuerdos con otros países para plantearlas con éxito, perdiéndose así las oportunidades para lograr reformas ventajosas.

La Cumbre de Québec no arrojó novedades sustanciales. En el Plan de Acción acordado por los presidentes se ofrece un modesto capítulo de gestión agrícola y desarrollo rural, donde se repiten los llamados a la participación o a la generación de mercados derivados del uso sostenible de los recursos naturales.

Ante esta situación, la reunión ministerial de Buenos Aires cobra una importancia adicional, en tanto fijó la partida de la nueva negociación de liberalización comercial en el hemisferio. Temas críticos como el examen de las prácticas que distorsionan el comercio agropecuario, incluyendo las medidas que tienen efectos equivalentes a los subsidios a las exportaciones, centrarán buena parte de los debates, en especial al acordarse que no existirán limitaciones en su abordaje. De esta manera, el Mercosur podrá obligar a una discusión de ciertas medidas de apoyo a la producción agrícola en Estados Unidos y Canadá, y para ello será necesaria una adecuada preparación, incluyendo mejorar el análisis de la situación interna de los farmers de esos países, muchos de los cuales viven una crisis análoga a la que se padece en el Cono Sur de América. Asimismo, los gobiernos latinoamericanos deberán escuchar detenidamente a sus productores y exportadores, que tienen un conocimiento de primera mano de todas esas barreras.

Considerando esta pluralidad de actores involucrados deben analizarse con detenimiento los argumentos de la negociación. Se deberá determinar qué medidas de apoyo son consideradas legítimas -en el sentido de reducir las distorsiones de precios, asegurar la calidad de los productos, proteger a los consumidores y el ambiente- y cuáles son espurias, como las prácticas de alterar los precios o reducir la calidad de los productos.

No es un tema menor que Estados Unidos y Canadá vengan modificando sus prácticas de apoyo agrícola, abandonando medidas proteccionistas evidentes, como los subsidios a las exportaciones, hacia formas de asistencia diversificadas. Muchas de esas medidas entran en la categoría de la "caja verde" y son autorizadas por la Organización Mundial de Comercio (OMC). Varios de esos instrumentos seguramente son legítimos -como el apoyo en caso de desastres naturales o en reconversión tecnológica- y son semejantes a los empleados por algunos países que todavía tienen algún resto para programas estatales (por ejemplo, Brasil). Pero muchos otros son sólo barreras encubiertas, que sobre todo favorecen a las grandes empresas, con impactos negativos para todos los agricultores, tanto en el Sur como en el Norte.

Estados Unidos considera que muchas de estas cuestiones no deben generar reglas propias del ALCA sino que deben ser acordadas en la OMC, de donde la marcha de la negociación agrícola gana nueva importancia. Más allá de ello, se resiste a revisar cualquiera de sus medidas agropecuarias. En el Congreso de ese país la situación no es mejor. Tom Dashle, de Dakota del Sur, quien puede ser el nuevo presidente del Senado y es calificado como un "populista rural" por promover subsidios agrícolas, seguramente se opondrá a cualquier concesión a los países latinoamericanos.

Estos temas agropecuarios se complementan con negociaciones en otros grupos, especialmente los de inversiones y dumping. Muchos han denunciado que buena parte de la política agrícola de Estados Unidos apela a prácticas de dumping, frente a las cuales las empresas o gobiernos del Sur tienen escasas posibilidades de competir.

Todos los temas agropecuarios requieren la mayor atención, ya que los antecedentes de la liberalización comercial en esa materia son negativos. En efecto, la experiencia de México dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) mostró una invasión de productos alimentarios subsidiados desde Estados Unidos, incluso desatendiendo las propias salvaguardias del tratado, y que degeneró en un dramático impacto sobre la economía campesina y la soberanía alimentaria. En tanto el ALCA parece ser una expansión del TLCAN hacia el sur, ese mismo peligro se cierne sobre varios países latinoamericanos.