No. 117 - Julio 2001

Alberto Yepes

Las raíces del Plan Colombia

Alberto Yepes andaba por Roma y preocupado, porque esperaba para Navidad la mala nueva de los primeros episodios de la guerra de erradicación de las plantaciones de coca en Colombia. En esa asamblea de Control Ciudadano y en todos los ámbitos posibles, Yepes hacía todo lo que estaba al alcance de su mal inglés, de su buena cabeza y de su enorme tesón para advertir a la comunidad internacional que este Plan Colombia auspiciado por Estados Unidos no tiene posibilidad de terminar con los plantíos ni con la elaboración de cocaína.
Pero el plan sí puede en cambio lograr lo que parecería imposible: aumentar la violencia contra la población civil de Colombia y sus castigadas organizaciones civiles, aumentar el grado de horror, la población desplazada y la pérdida de soberanía de un Estado ya de por sí degradado. A cambio de esto, crecerá la influencia de Estados Unidos en un Estado tambaleante, pronostica. Y se pondrán mayores obstáculos a las reformas sociales que permitirían la participación de los campesinos en el poder, y que son el trasfondo de 40 años de guerrilla.

Los 800.000 plantadores de coca, que llegaron a ese menester porque son desplazados, serán blanco de la quema de sus plantíos y lo que sucederá, vaticina Yepes, es que esos campesinos se internarán en la selva amazónica, deforestarán un predio mayor al que tenían para resarcirse de las deudas, y volverán a plantar. Hay 650 millones de hectáreas vírgenes de monte tropical, así que hay mucho para deforestar. No será bueno para la ecología pero los campesinos no tienen alternativa, si es que quieren sobrevivir.

En los últimos 15 años, dos millones de personas fueron desplazadas de sus tierras y van sobreviviendo cómo y dónde pueden, si pueden. De esos dos millones en una población total de 40 millones, nada menos que la cuarta parte fueron expulsados de su hábitat en los últimos dos años y andan sin raíces.

La espiral de violencia sólo sube. "El problema es que la guerra se hace por métodos irregulares, y el control territorial se ejerce por medio del terror", sintetiza. En Colombia todos quieren la paz "de los dientes para afuera. Pero si implica negociar y compartir su poder, ya no quieren".

¿Tan así? El 60 por ciento de la población vive bajo la línea de pobreza ante una concentración "abismal", dice, de la riqueza. La mitad de la tierra de su país está en manos de un escaso uno por ciento de los propietarios. Ese despojo se hizo de manera violenta y es la causa directa de que haya campesinos desplazados de sus tierras. Así, la prioridad democrática es darle una salida política negociada al conflicto armado, que pasa por salidas al conflicto social y esto implica a su vez reformar las estructuras distributivas, para revertir esa enorme desigualdad.

Esa negociación no debería ser un problema de cúpulas, entre la guerrilla y el gobierno, con los paramilitares como la cara impresentable en sociedad de las fuerzas represivas del Estado y con una cara pública que ni siquiera tiene iniciado proceso en su contra. En la Colombia de los últimos 15 años hay 4.000 detenidos-desaparecidos, "más que en Chile", ríe Yepes por no llorar.

En Colombia muere más gente en una semana que en los territorios ocupados por Israel en un año, señala. Las víctimas suelen ser civiles. "En todas partes de Colombia las organizaciones sociales buscan un espacio de respeto a las organizaciones de la sociedad civil y a su autonomía", insiste Yepes. Por eso quiere que en la negociación de una salida al conflicto participe la sociedad civil y que se concreten acuerdos humanitarios que dejen de hacerla víctima de las peores formas de atropello. Ellos, los integrantes de la sociedad civil, están en el medio, siempre son víctimas, nunca victimarios y no se les quiere siquiera escuchar.

"La relación entre la droga y la guerrilla es verdad que existe, es parcial y además inevitable. Y la erradicación ha demostrado no ser el remedio. En 1995 fumigaron 30.000 hectáreas de coca; en el 2000 las hectáreas plantadas llegan a 130.000. "Las FARC cobran lo que llaman ‘el impuesto al gramaje’, el 10 por ciento, los paramilitares tienen laboratorios de destilación". Y los civiles ya no sólo le temen a los paramilitares, cuenta Yepes. Las FARC empiezan a hostigar a las organizaciones de la población, en su lógica de extensión de la guerra, que no autoriza la existencia de neutrales.

Y sin embargo la participación de la sociedad civil en la negociación es imprescindible, razona, para darle una perspectiva de viabilidad. "Las guerrillas actuales no están dispuestas a entregarse por simples medidas de reinserción de sus fuerzas. Sin compartir con ellos métodos y su manera de tratar a la población, hay que encarar la raíz social del problema".

Con ese cúmulo de preocupaciones llegó Yepes a la asamblea de Control Ciudadano, "porque el conflicto interno de Colombia no se soluciona discutiendo la cuestión interna. Es también un conflicto por imponer la globalización, que ante la resistencia se impone mediante la violencia".