No. 118 - Agosto 2001

La iniciativa para la creación de una Corte Penal Internacional, con competencia para juzgar a los autores de los delitos más graves y odiosos que puede concebir la mente humana, recibió amplio respaldo: fue adoptada el 17 de julio de 1998 en Roma con el voto afirmativo de 120 países, sobre un total de 160 participantes.

La iniciativa para la creación de una Corte Penal Internacional, con competencia para juzgar a los autores de los delitos más graves y odiosos que puede concebir la mente humana, recibió amplio respaldo: fue adoptada el 17 de julio de 1998 en Roma con el voto afirmativo de 120 países, sobre un total de 160 participantes.

La Unión Europea y numerosos países de Africa y América Latina se sumaron al proyecto, que en un lapso excepcionalmente breve registró significativos avances: 139 países otorgaron la firma y a fines de julio ya se habían recogido 37 ratificaciones, lo que permite prever que para julio del 2002, al cumplirse el cuarto aniversario de la redacción del Estatuto, ya se haya alcanzado la sexagésima ratificación y el Tratado entre en vigor.

No obstante, la iniciativa también provocó fuertes resistencias, en particular la de Estados Unidos. Las jornadas de Roma, en el verano boreal de 1998, permitieron apreciar el juego de presiones y chantajes ejecutado por la delegación norteamericana, paralelamente a un esfuerzo señalado en el plano de la negociación, la redacción y el compromiso que vio la luz finalmente en el texto firmado el 17 de julio de ese año.

Ciertamente lejano al ideal de las organizaciones no gubernamentales (ONG), que siguieron con enorme dedicación y responsabilidad todo el proceso y aportaron significativamente a él, el Estatuto de Roma constituye un avance extraordinario y permite seguir avanzando. Es necesario redoblar los esfuerzos para lograr la entrada en vigor del Tratado en el más breve plazo, y luego sostener y defender la jurisdicción de la Corte contra el chantaje imperial de Estados Unidos.

Carlos Abin, director del Instituto del Tercer Mundo (ITeM), abogado y miembro de la Comisión Nacional (Uruguay) Pro Corte Penal Internacional, presenta en este número un panorama del estado actual del proceso de ratificación y realiza un análisis del régimen jurídico de la Corte, de su armazón y de sus principales elementos, que pretende ser útil para el trabajo de activistas y militantes.