No. 119/120 - Setiembre/Octubre 2001

Sida, transnacionales y guerra de precios

Patentes versus pacientes

por Kavaljit Singh

La campaña internacional por medicamentos accesibles que obligó a la industria farmacéutica transnacional a levantar los cargos presentados contra el gobierno de Sudáfrica ha corrido el velo tras el cual se ocultaba la práctica de fijación de precios de estas empresas. La guerra de precios por los medicamentos contra el sida que se ha desatado a partir de esta campaña también sirve para destacar los beneficios de la competencia de los fabricantes de medicamentos genéricos.

El 19 de abril de 2001, 39 compañías farmacéuticas transnacionales que habían presentado cargos en los tribunales contra el gobierno de Sudáfrica por asuntos de patentes, los levantaron sin imponer condiciones. El caso había sido presentado por la Pharmaceutical Manufacturers' Association of South Africa (PMASA, Asociación de fabricantes de productos farmacéuticos de Sudáfrica), que representa a las subsidiarias en ese país de 39 industrias farmacéuticas transnacionales. La asociación cuestionaba la Ley sobre Control de Medicamentos y Sustancias Relacionadas (enmendada) que permite la emisión de licencias obligatorias y la importación paralela de medicamentos contra el sida y otros.

Las licencias obligatorias permiten que el gobierno de Sudáfrica entregue permisos a compañías nacionales para fabricar versiones más baratas de los medicamentos cuyas patentes son controladas por compañías farmacéuticas extranjeras. De ese modo, las firmas locales pueden producir y vender en Sudáfrica luego de pagar un monto razonable en derechos de venta a las empresas extranjeras. Al incrementar la competencia, las licencias obligatorias pueden contribuir a reducir significativamente el precio de los medicamentos.

La importación paralela, por otra parte, permite importar versiones genéricas y más baratas sin pedir permiso a los propietarios de las patentes. Por ejemplo, una firma sudafricana puede importar medicamentos de una compañía de India y venderlos en Sudáfrica. Como el precio de los fármacos es más bajo en varios países, las importaciones paralelas pueden servir para reducir el precio de los mismos.

Las últimas experiencias demuestran que ambas medidas son útiles cuando se trata de promover la disponibilidad de medicamentos accesibles.

El parlamento de Sudáfrica aprobó esta ley en 1997. Hoy, 4,7 millones de sudafricanos están enfermos de sida. El propósito de la nueva ley era lograr que los medicamentos contra el sida fueran accesibles para quienes lo padecen. El gobierno defendió el proyecto alegando que brindar un acceso equitativo al cuidado de la salud (lo cual implica también medicamentos accesibles) es una obligación constitucional. Y además, anunció que utilizará las cláusulas de dicha ley según lo previsto por las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Vale la pena señalar que sólo cuatro miembros del PMASA (Merck, Glaxo-SmithKline, Bristol-Myers Squibb y Boehringer Ingelheim) fabrican medicamentos contra el sida, pero los otros 35 habían decidido participar en el juicio contra el gobierno sudafricano. Curiosamente, uno de los acusados en el juicio era Nelson Mandela, presidente del país cuando se aprobó la ley.

Levantar el juicio: ningún altruismo

Es importante insistir en que la industria farmacéutica transnacional levantó el juicio sin imponer condiciones pero no por un cambio repentino en su posición ni por altruismo hacia los sudafricanos pobres y enfermos de sida, sino más bien a causa de la campaña que llevaron a cabo numerosos activistas de la salud, entre los cuales estuvieron Médicos Sin Fronteras y Treatment Action Campaign (TAC), un grupo sudafricano fundado por Zackie Achmat. Achmat es VIH positivo pero se ha negado sistemáticamente a tomar medicamentos antirretrovirales mientras éstos no se vendan a precios accesibles para todos los sudafricanos. Uno de los puntos culminantes del juicio fue cuando el juez Ngoepe señaló que TAC es amicus curiae (amigo del tribunal).

Estos grupos hicieron campañas para que las compañías farmacéuticas levantaran el juicio contra el gobierno de Sudáfrica. Los activistas de la salud lograron difundir por todo el mundo el mensaje de que la industria farmacéutica transnacional antepone sus beneficios a la vida de las personas pobres y señalaron las diversas medidas de fuerza adoptadas en los últimos años para bloquear todo intento de los países pobres de conseguir medicamentos accesibles para sus enfermos.

Médicos Sin Fronteras lanzó una petición mundial de "Levantar el juicio" que fue firmada por unas 285.000 personas de 130 países. Entre los firmantes había personas de todo tipo: desde habitantes de los tugurios de Nairobi, hasta David Ho, declarado "Hombre del año" en 1996 por la revista Time por su investigación sobre sustancias antirretrovirales para combatir el sida. En Estados Unidos, los estudiantes organizaron protestas en los campus universitarios contra el precio de los medicamentos y el régimen de patentes. La campaña fue eficaz dado que ciertas universidades estadounidenses tienen la patente de diversas sustancias que se utilizan contra el sida (la Universidad de Minnesota es propietaria de la patente de Zaigen, fabricado por Glaxo-SmithKline, y la de Yale es dueña de la patente de Zerit, producido por Bristol-Myers Squibb).

La industria farmacéutica transnacional tuvo verdaderas dificultades para contrarrestar las campañas lanzadas por estos grupos y activistas. Incluso trató de forzar su punto de vista alegando que levantar el caso presentado contra Sudáfrica tendría consecuencias económicas negativas, que las transnacionales abandonarían Sudáfrica y que todo el país sufriría las consecuencias. Pero felizmente fueron pocos los que creyeron estos argumentos, tanto en el gobierno como en la sociedad civil, que siguieron combatiendo en conjunto.

A fin de distraer la atención de los temas de verdadera importancia, las transnacionales también lanzaron una campaña de información falsa alegando que el problema con el sida en Africa no se debe al alto precio de los medicamentos sino a la carencia de infraestructura que sufre el sector de la salud, como si la falta de computadoras hubiera causado esta pandemia.

Para la oligopólica industria farmacéutica, este episodio ha sido quizá el peor de su historia y su reputación internacional ha sufrido gravemente, ya que jamás habían creído en la posibilidad de que se produjera semejante embestida internacional en su contra y mucho menos que se levantara el caso. Como admitió más tarde Rick Lane, presidente de Bristol-Myers Squibb: "Creo que hemos subestimado la capacidad (de los activistas) de convertirnos en villanos".

Los verdaderos intereses de las transnacionales farmacéuticas

Las industrias farmacéuticas transnacionales se opusieron con uñas y dientes a la ley con el argumento de que constituye una violación al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS) de la OMC. Pero esto es falso ya que existen cláusulas del Acuerdo que permiten a los gobiernos adoptar medidas especiales para proteger la salud de sus ciudadanos. Las licencias obligatorias y las importaciones paralelas se admiten en el TRIPS. De hecho, varios países industrializados –incluso Japón y la Unión Europea- recurren a dichas medidas regularmente.

De hecho, las acciones de las industrias farmacéuticas transnacionales fueron motivadas por diferentes intenciones. La apuesta era mucho mayor que el mercado de medicamentos contra el sida en Sudáfrica, que representa apenas el uno por ciento de la venta mundial. La principal preocupación de las transnacionales radicaba en las consecuencias generales de la ley, su temor consistía en que si Sudáfrica mantenía su legislación, otros países podían sentirse alentados a promulgar leyes similares. En particular, las empresas estaban bastante preocupadas ante un posible impacto negativo en el mercado estadounidense, donde obtienen la mayor parte de sus ganancias. Su temor era que, al saber que los pobres del mundo tenían acceso a medicamentos más baratos, los ciudadanos estadounidenses pidieran también una reducción de precios. De hecho, varios grupos y activistas de Estados Unidos ya están exigiendo que se reduzca el precio exorbitante de los fármacos.

La inquietud de las industrias farmacéuticas transnacionales también se debía a la sospecha de que, si el sida es el tema de hoy, mañana podría ser el cáncer, las enfermedades cardíacas o cualquier otra enfermedad. Así que, por temor a perder un gran volumen de ganancias en el futuro próximo, el cartel de empresas transnacionales de Estados Unidos que se dedican a la industria farmacéutica –el Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA)- fue el primero en deplorar la ley.

El oscuro papel de Estados Unidos

En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha estado presionando activamente a favor de los intereses de las empresas farmacéuticas transnacionales en varios acuerdos bilaterales y multilaterales. Washington se ha alineado al régimen monopólico mundial de derechos de patentes y niega el derecho de los países a otorgar licencias obligatorias y a permitir las importaciones paralelas. Por ejemplo, el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Jordania, que se terminó de redactar en 2000 y se supone será considerado por el Congreso este año, limita fuertemente las posibilidades de otorgar licencias obligatorias.

La posición de Estados Unidos acerca de la sección sobre derechos de propiedad intelectual de la propuesta Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) contiene una variedad de medidas que efectivamente extenderían el alcance de las patentes, interferirían con las licencias obligatorias y minarían todo esfuerzo de los países pobres por obtener medicamentos a precios accesibles. Estados Unidos también ha sido el principal defensor de imponer una protección aún mayor para las patentes en la sección de medidas conocidas como "Acuerdo sobre TRIPS-plus".

PhRMA ejerce una gran influencia sobre Washington, sobre todo en la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. En los últimos años, esta oficina ha amenazado a países como Argentina, Brasil, India y República Dominicana con recurrir a sanciones comerciales previstas en la "Sección 301" de la legislación comercial estadounidense. Las amenazas se debieron a que estos países no cumplían con los términos de negociación impuestos por los miembros de PhRMA.

No es coincidencia que los miembros de PhRMA hayan invertido 236 millones de dólares en apoyar al Congreso y al gobierno entre 1997 y 1999. Con la ayuda de Joseph Papovich, representante comercial adjunto de Estados Unidos, las transnacionales han ejercido influencias indebidas en los países en desarrollo a fin de proteger sus derechos de patentes. Según Peter Scher, jefe de personal de la Oficina Comercial durante la presidencia de Bill Clinton, "Joe Papovich interpretó su responsabilidad de la manera más simple: cumplir con la agenda de las compañías estadounidenses".

Es bien sabido que PhRMA tuvo un papel crucial en el gobierno de Clinton cuando se amenazó a Sudáfrica con la imposición de sanciones comerciales. Desde principios de 1998, Papovich y otros funcionarios del gobierno estadounidense se hicieron cargo del problema de las industrias farmacéuticas transnacionales con las autoridades sudafricanas. El gobierno de Clinton también alentó el levantamiento de las transnacionales contra la legislación sudafricana durante la visita del presidente estadounidense a Sudáfrica, en marzo de 1998. Se utilizaron varias medidas de fuerza para lograr que los sudafricanos enmendaran sus leyes. En 1998, por ejemplo, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos suspendió los beneficios adicionales que tenía Sudáfrica bajo el Sistema General de Preferencias, un esquema de comercio según el cual los países pobres pueden exportar productos a Estados Unidos con impuestos reducidos. En abril de 1999, esa misma Oficina ubicó a Sudáfrica en la "lista vigilada" de la Sección 301.

Estados Unidos también intentó "sobornar" a los países africanos para que no utilizaran su derecho a otorgar licencias obligatorias. El Export-Import Bank (Ex-Im Bank) de Estados Unidos anunció en julio de 2000 que destinaría 500 millones de dólares en préstamos disponibles cada año para los países africanos, a fin de que pudieran adquirir medicamentos contra el sida, con la salvedad de que dichos préstamos se utilizaran sólo para comprar esos fármacos a las industrias farmacéuticas transnacionales de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno estadounidense empezó a revertir su posición a mediados de 1999, cuando los activistas y grupos defensores de la salud comenzaron a hacer campaña por este asunto y encendieron el fuego al máximo durante la campaña electoral presidencial. Finalmente, durante la segunda mitad de 2000, el gobierno de Clinton aprobó una orden ejecutiva según la cual Estados Unidos no cuestionaría las medidas políticas que respetan el Acuerdo sobre TRIPS para volver accesibles los medicamentos en cualquier parte de Africa. Hay que mencionar, sin embargo, que esa orden se limita en su aplicación al Africa subsahariana y exclusivamente a los medicamentos contra el sida.

Cómo empezó la guerra de los precios

La guerra de los precios de los medicamentos para combatir el sida empezó cuando Cipla Limited, una mediana empresa farmacéutica india, le ofreció a Médicos Sin Fronteras un cóctel de tres sustancias contra el sida (lamivudina, estavudina y nevirapina) a un precio anual por paciente de 350 dólares. Cipla, una de las empresas líderes de medicamentos genéricos de India, hizo esta oferta especial utilizando un mecanismo especial de fijación de precios en tres tercios, mediante el cual la misma combinación puede ofrecerse a los gobiernos a 600 dólares por paciente y por año, y a los distribuidores a 1.200 dólares. Este hecho provocó fricciones con la industria farmacéutica internacional porque el precio de dichos medicamentos en Estados Unidos y otros países industrializados ronda entre los 10.000 y los 15.000 dólares por paciente, por año.

Se ha calculado que hay más de 30 millones de personas en el mundo enfermas de sida. La mayoría de ellos son pobres y por lo tanto no pueden pagar los precios exorbitantes que cobran las transnacionales farmacéuticas. Estas, temerosas de que la iniciativa de Cipla implicara una gran competencia de precios, lanzaron una ofensiva general contra la compañía india de genéricos.

Según los defensores de las transnacionales farmacéuticas, Cipla cometió un acto antiético al reducir el precio de los medicamentos para los enfermos pobres. El año pasado, Glaxo acusó a Cipla de infringir sus derechos exclusivos de patente al vender Combivir en Ghana, así que Cipla interrumpió de inmediato el suministro de su versión genérica en ese país. Pero ahora, Glaxo admitió que no tenía una patente válida para Ghana y que un funcionario "demasiado celoso" de la compañía cometió un error.

Cipla también ha sido acusada de robar los "derechos de propiedad intelectual" de las transnacionales farmacéuticas. Ante la acusación de "pirata" que le hizo J.P. Garnier, jefe ejecutivo de Glaxo, Yusuf Hamied, de Cipla, declaró: "Si somos piratas, (déjenlos) que inicien un litigio en contra nuestra. ¿Dónde está la piratería si cumplimos con las leyes nacionales".

En otra entrevista, Hamied sostuvo: "No soy un occidental que vende medicamentos en los mercados de Occidente. Represento al mundo en desarrollo, sus intereses y sus necesidades. También represento las capacidades de un país con una población de 1.000 millones (de habitantes). Por favor, no mezclen los problemas de India y del mundo en desarrollo con los de Occidente. No hemos infringido ninguna ley, el principal motivo por el cual los precios de los medicamentos son razonables en India es la ausencia de monopolios gracias a la ley sobre patentes de 1970". Y agregó: "El precio promedio de un cóctel contra el sida en Occidente es de entre 10.000 y 15.000 dólares por paciente y por año, pero eso no se debe a que las sustancias sean tan costosas de fabricar. Lo que las vuelve prohibitivamente caras es la estructura de fijación de precios de los medicamentos, impuesta por los fabricantes multinacionales. En segundo lugar, el régimen internacional de comercio y patentes actual pretende detener todo intento de producir y comercializar medicamentos a gran escala y a precios accesibles".

Las declaraciones contra Cipla carecen de fundamento porque la compañía no ha violado ninguna ley nacional o internacional. En India, la legislación actual sólo reconoce las patentes de procedimiento y no las de productos. Gracias a la ley sobre patentes de 1970, el precio de los medicamentos ha caído brutalmente ya que hay mucha competencia y los verdaderos beneficiarios de estas medidas son los habitantes. Cipla ha logrado producir estos medicamentos a un costo menor a través de la ingeniería reversa. Incluso en los mercados indios, Cipla ha reducido drásticamente el precio de sus medicamentos contra el sida –alrededor de 30 por ciento- a fin de que los más necesitados puedan acceder a ellos. Por otra parte, la compañía también brinda medicamentos gratuitos al gobierno de India para prevenir el contagio de la enfermedad de madre a hijo en los recién nacidos. Pero hay que recalcar que la compañía de genéricos no hace caridad al reducir sus precios, sino que obtiene buenos réditos de su producción.

La consecuencia inmediata del ofrecimiento de Cipla ha sido muy positiva. Fue obligatorio reducir el precio de casi todos los medicamentos de las transnacionales. El Cuadro 1 revela los drásticos cortes anunciados por varias empresas en respuesta al ofrecimiento de Cipla. Merck, que antes se había negado a participar en un programa piloto de la Organización de las Naciones Unidas para brindar medicamentos contra el sida a precios bajos en varios países en desarrollo, fue la primera en ofrecer descuentos en sus medicamentos –Crixivian y Stocrin. Esta reducción fue la más notable entre las anunciadas el año pasado por la compañía.

Merck abandonó también su política de negociación de precios país por país y ofreció estos medicamentos de inmediato a cualquier gobierno, organización de caridad o empleador de los países pobres. Y admitió que su anterior política de negociación por país fue un fracaso ya que pocas personas (menos de 2.000 en Ruanda, Senegal y Uganda), podían acceder a los medicamentos de precio reducido.

Luego de la decisión de Merck, otras compañías transnacionales como Roche, Pfizer, Glaxo-SmithKline, Abbott Laboratories, Bristol-Myers y Boehringer-Ingelheim anunciaron recortes drásticos en el precio de sus medicamentos en Africa.

Otro fabricante de medicamentos genéricos de India, Hetero Drugs Limited, intensificó aún más la guerra de precios al ofrecer un cóctel de medicamentos contra el sida por 347 dólares por persona, por año. Hetero se unió a una fábrica sudafricana de genéricos, Aspen Pharmacare Limited, para distribuir medicamentos en el país cuando el gobierno declare que el sida se ha convertido en emergencia nacional y otorgue licencias obligatorias para fabricar medicamentos genéricos contra el sida. Hetero ya ha recibido órdenes de suministrar una canasta de ingredientes activos contra el sida a Argentina y Brasil. Gracias a la competencia entre Cipla y Hetero para fijar precios, la industria farmacéutica internacional será testigo de feroces guerras de precios y de reestructuras generales. La industria farmacéutica transnacional no tendrá más opción que alinearse y reducir drásticamente el precio de sus medicamentos, incluso en los países industrializados.

Las exigencias de las transnacionales quedan sin efecto

Lo ocurrido en Sudáfrica ha puesto sobre la mesa los verdaderos intereses de la industria farmacéutica transnacional, que interpone sus ganancias a la vida de las personas. La actual crisis ha develado el secreto que mantuvieron las transnacionales durante décadas respecto de sus verdaderos beneficios, que son mucho mayores que sus verdaderos costos de fabricación y distribución.

El argumento tan manido de que los productos farmacéuticos son caros porque requieren una gran inversión en investigación ha sido puesto en cuestión por varios motivos. Primero, muchos medicamentos patentados jamás fueron "descubiertos" por las transnacionales. Fueron, en cambio, universidades e instituciones de financiación pública las que llevaron a cabo la investigación y desarrollo iniciales de muchos productos. El Instituto Nacional de la Salud, de Estados Unidos, ha calculado que, en 1995, la contribución de la industria privada a la investigación total para la salud en todo el país constituyó apenas 52 por ciento, mientras que sólo la del Instituto fue de 30 por ciento.

En la investigación inicial de los medicamentos contra el sida también participaron de manera decisiva instituciones financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de la Salud fue clave para el descubrimiento de 3TC, Invirase, Ziagen, Zerit y Viramune. En diciembre de 2000, el Instituto le pidió a Bristrol-Myers-Squibb nueve millones de dólares por concepto de regalías, por la venta fuera de Estados Unidos de didanosina, que se utiliza en el tratamiento para combatir el sida.

La industria farmacéutica transnacional casi no ha divulgado los datos sobre el costo de producción de cada uno de sus medicamentos, por lo que la opinión pública no sabe claramente qué suma de dinero invierte anualmente el sector privado en investigación. Y esto es así a pesar de que los gobiernos han ofrecido generosas donaciones y reducciones impositivas para que la industria farmacéutica se dedique a investigación y desarrollo. Una investigación realizada en 1998 por Boston Globe reveló que 45 de los 50 medicamentos más vendidos, aprobados en Estados Unidos entre 1992 y 1997, habían recibido financiación del gobierno en alguna etapa de su desarrollo.

La queja de las transnacionales de que tienen enormes pérdidas debido al incumplimiento de las normas sobre derechos de propiedad intelectual tampoco se corrobora en los hechos. La industria farmacéutica es una de las más rentables del mundo. Según el informe de Oxfam, incluso antes de la implementación completa del Acuerdo sobre TRIPS, el sector tenía ganancias de alrededor de 20 por ciento.

Otro informe de Oxfam revela que Glaxo ha facturado alrededor de 1.500 millones de dólares con Combivir, producto que se puso a la venta en 1997. Con dicho producto, Glaxo ha obtenido un margen enorme de beneficios que asciende a 450 millones de dólares en tres años.

De hecho, la mayoría de las transnacionales invierte más dinero en marketing que en investigación y una parte importante de sus gastos se destina al mantenimiento de la estructura monopólica. Por ejemplo, los costos de producción de Pfizer fueron de 17 por ciento del total de ventas de 2000, mientras que investigación y desarrollo representaron apenas 15 por ciento; pero marketing y otros costos ascendieron a 39 por ciento, y las ganancias de la empresa fueron del orden de 30 por ciento. En el caso de Glaxo-SmithKline, los costos de producción representan 21 por ciento del total de las ventas, la investigación y desarrollo reciben apenas 14 por ciento, marketing y otros reciben 37 por ciento y, en consecuencia, la compañía registró un alto margen de beneficios: 28 por ciento.

Ni siquiera el argumento de que las patentes son útiles para estimular la inversión en investigación y desarrollo de medicamentos se sostiene. Sólo 10 por ciento de la investigación y desarrollo está destinado a curar las enfermedades de los pobres. De las 1.223 sustancias nuevas que llegaron al mercado entre 1975 y 1997, sólo 13 fueron aprobadas específicamente para tratar enfermedades tropicales. Por lo tanto, es la falta de mercados –y no la protección de patentes- la que hace que las transnacionales no inviertan en investigación y desarrollo de este tipo de medicamentos.

Por otro lado, se invierten miles de millones de dólares cada año en investigación y desarrollo de sustancias para combatir la obesidad, la depresión, la hipertensión, la impotencia, etc.

Los futuros desafíos

El hecho de que el cartel de compañías farmacéuticas multinacionales haya levantado los cargos es una victoria importante para el pueblo de Sudáfrica y la campaña mundial para conseguir medicamentos a precios accesibles. Sin duda, el mensaje de que la vida de las personas es más importante que las patentes ha llegado a su destino. Esta victoria levantará la moral de las personas, sobre todo en los países en desarrollo, y las alentará a exigir medicamentos a precios accesibles. Luego de haber sufrido tan humillante derrota, es poco probable que las transnacionales farmacéuticas inicien otra demanda en el futuro próximo. Y como su poder de negociación está debilitado, también tendrán dificultades para persuadir al gobierno de Estados Unidos de presionar a favor de sus exigencias en los acuerdos de comercio internacional.

A pesar de lo positivo de este resultado, sería aberrante considerar esta victoria como un fin en sí misma. Se ha ganado el primer round, pero la verdadera batalla por medicamentos accesibles en Sudáfrica acaba de comenzar. Después de trabajar en estrecha alianza con el gobierno sudafricano contra las transnacionales farmacéuticas, TAC y otras organizaciones activistas deberían presionar a las autoridades de ese país para que implementen las importaciones paralelas y las licencias obligatorias. De lo contrario, este éxito será inútil para los pobres enfermos de sida. El gobierno debería lanzar un programa general de suministro de medicamentos contra el sida para sus ciudadanos pobres. Sin embargo, esta no es tarea fácil dado que requiere cambios fundamentales en la política económica neoliberal adoptada por el gobierno de Mbeki.

La opinión pública considera que el precio de los medicamentos contra el sida debe reducirse aún más porque hay millones de enfermos pobres que no pueden pagar siquiera el precio anual de 350 dólares por paciente que ofrece Cipla. Este es un tema que requiere atención inmediata, dado que un importante número de enfermos gana menos de un dólar por día.

Los últimos sucesos de Sudáfrica tendrán consecuencias internacionales importantes. Este episodio puede cambiar el equilibrio de poderes a favor de los pobres y de los países en desarrollo. Ahora, la solución depende de que estos países aprovechen lo ocurrido y promulguen leyes nacionales de patentes que protejan sus intereses, además de exigir cambios sustantivos en los acuerdos de comercio internacional. En particular, los países en desarrollo deben exigir una revisión general del Acuerdo sobre TRIPS que incluya la reducción de la duración y el alcance de la protección de las patentes para los medicamentos esenciales para la salud pública.

El verdadero desafío, entonces, es resistir y revertir los acuerdos internacionales relacionados con las patentes que fueron introducidos en favor de las transnacionales. Ya es hora de restituir la primacía de las políticas nacionales de salud por sobre los acuerdos internacionales, incluida la OMC.

A la luz de estos acontecimientos, el gobierno de India debería volver a examinar su promesa de enmendar su ley sobre patentes. Las autoridades sucesivas de ese país han aceptado enmendar las leyes sobre patentes a fin de respetar las normas de la OMC. Un régimen monopólico de patentes tendrá consecuencias graves para los pobres de India porque el precio de los medicamentos aumentará de manera incalculable. Es necesario recordar a los legisladores y autoridades en general que, a pesar del bajo precio de los medicamentos, dos tercios de la población india no puede acceder a ellos.

Al llevar el debate sobre temas técnicos a la mesa de interés público, este episodio ha mostrado claramente que el Acuerdo sobre TRIPS y el régimen acorde sobre patentes pueden tener efectos adversos sobre la vida de los enfermos de sida del mundo en desarrollo. Es necesario desmantelar el monopolio de la industria farmacéutica a fin de garantizar que los medicamentos esenciales sean accesibles para los pacientes pobres del mundo.

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Kavaljit Singh es coordinador del Public Interest Research Centre de Nueva Delhi.