No. 127/128 - Mayo/Junio 2002

Argentina

La locura pura neoliberal

por Humberto Campodónico

Este artículo brinda un panorama del contexto en el cual se desarrolla la crisis de Argentina y advierte que la raíz del desastre se encuentra en el momento en que el país adoptó las reformas económicas neoliberales que promueve el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En Argentina, el modelo económico neoliberal aplicó al pie de la letra los postulados del Consenso de Washington y del Fondo Monetario Internacional (FMI): apertura comercial con reducción arancelaria; apertura financiera (libre entrada y salida de capitales); desregulación de la economía (liberalización de precios de los bienes) y retiro del Estado de las actividades económicas (privatización de las empresas estatales -petróleo, banca, telecomunicaciones-, así como de algunas de sus funciones -cobertura de la seguridad social, por ejemplo). Esta receta ha sido aplicada en muchos otros países de la región, entre ellos Perú.

El distintivo emblemático del modelo argentino fue la "convertibilidad", es decir, la fijación del tipo de cambio en la paridad un peso igual a un dólar. Para darle plena seguridad a los inversionistas de que ésta no se modificaría, en 1991 se convirtió en Ley aprobada por el Congreso y solo podría ser modificado por otra Ley.

Los buenos tiempos

Durante un tiempo, las cosas funcionaron mas o menos bien. La convertibilidad terminó con la hiperinflación. Volvió el crecimiento: 10 por ciento en 1992 y cerca del seis por ciento en 1993 y 1994); después de la contracción de 1995 (-2,9 por ciento) debido al "efecto tequila", las tasas de crecimiento fueron positivas hasta 1998. El déficit fiscal se redujo de 1991 a 1999, siendo siempre inferior al dos por ciento. Pero nunca se pudo reducir el desempleo, que se mantuvo en 15 por ciento incluso en los mejores momentos del modelo, para subir al 17,4 por ciento en 2001. Al mismo tiempo, aumentaron los índices de pobreza.

Esta "buena época" de la economía argentina coincidió con dos elementos centrales: primero, los cuantiosos ingresos fiscales como producto de la privatización. De 1991 a 1999, según el Banco Mundial, el gobierno argentino recaudó 49.000 millones de dólares por este concepto, siendo superado sólo por Brasil (71.000 millones de dólares).

Segundo, la gran entrada de capitales externos a toda la región (incluida Argentina) que se dio en la década del 90, en forma de inversión extranjera directa, préstamos, emisión de bonos e inversión de cartera. Este flujo positivo revirtió la tendencia de la década del 80 (la década perdida por los pagos de la deuda externa), que implicó enormes salidas de capitales.

En el caso argentino, la transferencia neta de recursos de 1991 a 1999 fue de 53.000 millones de dólares. Pero con la crisis asiática (julio de 1997), rusa (agosto de 1998) y brasileña (enero de 1999), las cosas cambiaron radicalmente. En el 2000, la transferencia neta de recursos fue de sólo 1.800 millones de dólares, volviéndose negativa en 13.000 millones en 2001. Este cambio en la coyuntura internacional debió haber llamado a un cambio de política económica, pues la convertibilidad ya no podría sostenerse al cesar el flujo de dólares provenientes del exterior. Pero no se hizo.

Los malos tiempos

En 1998-99, terminadas las privatizaciones y la entrada positiva de capitales, la convertibilidad comenzó a mostrar sus taras y, de solución, se convirtió en problema. Ante la retracción de flujos de capitales privados de corto y largo plazo (préstamos de capital de trabajo, inversiones en la Bolsa de Valores, préstamos a las empresas, entre otros), se rompió la cadena de pagos y el aparato productivo entró en recesión en 1998, la que continúa hasta el presente.

Por su lado, el Estado trató de salvar la convertibilidad atrayendo capitales privados a través de la emisión de bonos y de suscripción de préstamos. Así, el endeudamiento externo del sector público pasó de 900 millones de dólares en promedio de 1992 a 1994 a 7.600 millones promedio de 1995 a 2000. Este mayor endeudamiento, en un contexto recesivo significó un mayor pago de intereses, lo que desembocó en un círculo vicioso que aumentó más el déficit fiscal.

Pero el déficit fiscal no aumentó por la aplicación de políticas "populistas", como hoy quieren decir algunos interesados. En realidad, el déficit aumentó por el mayor pago de la deuda (externa e interna) en la que incurrió el gobierno argentino para salvar la convertibilidad (ver gráfico).

Sector público nacional no financiero: gastos corrientes
(millones de pesos, datos trimestrales, 1994-2001)

Fuente: Secretaría de Hacienda. Ministerio de Economía.

Nota: las "transferencias corrientes" corresponden en su casi totalidad a las transferencias a las provincias de impuestos coparticipables.

En efecto, los gastos de consumo y los pagos de la seguridad social se mantienen constantes desde 1994. Las transferencias corrientes (a las provincias) aumentan en 33 por ciento y, sobretodo, las Rentas de la Propiedad (pago de deuda) en un 550 por ciento (de 500 millones de dólares en 1994 a 3.200 millones en 2001).

Desde 1991, la sobrevaluación del peso -debido a la entrada de capitales y la rigidez de la convertibilidad- había provocado un boom de importaciones, lo que llevó a grandes déficits comerciales, salvo en el año del "tequila" (1994-95), en que las importaciones disminuyeron debido a la recesión. Con la recesión de 1998 las importaciones empezaron a disminuir, pero el déficit comercial continuó hasta noviembre de 2000; mientras, Brasil, uno de sus principales socios comerciales, devaluó fuertemente el real en enero de 1999.

Desde ese momento, quedó claro que la convertibilidad no podría mantenerse. Los analistas se preguntaban, no si Argentina entraría en moratoria, sino cuándo es que ésta sucedería. Era la crónica de un default anunciado. En enero de 2001, el gobierno acentuó el endeudamiento externo, concertando un crédito de 13.700 millones de dólares con el FMI, el mismo que era parte de un paquete total de 40.000 millones de dólares (el "blindaje") en el que participaron también el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno español.

El "blindaje" no funcionó y, en julio de 2001, con Domingo Cavallo otra vez como ministro de Economía, el gobierno llevó a cabo el Megacanje, es decir, el canje de títulos de la deuda externa con intereses altos, por nuevos títulos con intereses más bajos, sobretodo en los siguientes tres años. El Megacanje, sin embargo, hipotecaba al país en el largo plazo, pues los pagos de deuda para el período 2001-2031 se incrementaban en 40.000 millones de dólares, alcanzando el total de pagos un total de 247.000 millones.

Locura pura

La desconfianza en que Argentina pudiera pagar su deuda llevó a que las tasas de interés que cobraba el mercado internacional para aceptar nueva deuda argentina fueran elevadísimas ("riesgo país"), situándose en julio de 2001 de 14 a 16 por ciento por encima de las tasas de interés de los bonos del Tesoro norteamericano. La situación era insostenible y a mediados de año, el crédito internacional se cerró para Argentina: el déficit fiscal ya no podía financiarse con dinero de afuera, incluso a las tasas usureras.

Prosiguiendo con la locura pura de mantener la convertibilidad cueste lo que cueste, Fernando De la Rúa y Domingo Cavallo plantearon entonces el "déficit cero", lo que quiere decir que el gasto fiscal debe ser igual al ingreso fiscal. Para llevar a cabo esta política, en un contexto recesivo, el gobierno decidió elevar ingresos y recortar gastos a como diera lugar: se redujeron los sueldos de los jubilados, aumentaron los impuestos a los espectáculos, se redujeron las transferencias de dinero a las provincias, etc.

La desconfianza e incertidumbre comenzaron a reducir los depósitos en el sistema bancario, sobretodo de los que están mejor informados, es decir, claro está, de los más grandes. En 2001, salieron 13.000 millones de dólares de los bancos, lo que equivale al 20 por ciento del total de los depósitos. Ni siquiera el sistema bancario suizo hubiera podido resistir una corrida de esa magnitud. A enero de 2002, los bancos sólo tenían en sus bóvedas 4.000 millones de dólares de los 70.000 millones del inicio de la crisis.

La gente en las calles: los cacerolazos

Para evitar lo inevitable, De la Rúa y Cavallo decidieron, el 3 de diciembre de 2001, congelar los depósitos de los ahorristas, lo que impactó de lleno a la clase media: una persona sólo podría retirar de los bancos la cantidad de 1.000 dólares/mes (250 dólares semanales), el llamado "corralito". A mediados de diciembre, el FMI, hasta entonces fiel devoto de la convertibilidad y del modelo económico argentino, decidió no desembolsar una parte del préstamo. Ahora sí la moratoria estaba encima.

Y todo se precipitó. Comenzaron las masivas movilizaciones (cacerolazos) por parte de la población, que vio muy claramente que las medidas económicas constituían un círculo vicioso sin final. Además, se hizo vox populi que los bancos y los grandes inversionistas se estaban llevando el dinero fuera del país. Molestos, traicionados y furiosos, hombres y mujeres salieron a las calles y derribaron al gobierno, sólo después de que la represión diera muerte a 30 personas.

Conclusiones iniciales

Tres conclusiones: una, que es falsa la propaganda neoliberal de que la crisis argentina se debe al populismo de las políticas económicas de los gobiernos. Los déficits fiscales apenas superaron el dos por ciento del PIB. El aumento del déficit fiscal (3,5 por ciento en 2001) se debió a que se quiso mantener la convertibilidad, algo absolutamente inviable. Brasil tiene déficits fiscales mucho más altos (ocho por ciento en 2001) sin que llegue ni siquiera cerca de lo que ha pasado en Argentina.

La segunda: el modelo económico ha entrado en crisis, agravado por la convertibilidad. El modelo neoliberal depende en exceso de la entrada de los capitales externos; está sesgado contra el aparato productivo industrial, con lo cual disminuye la creación de empleos; las privatizaciones de los sectores primarios, de telecomunicaciones y servicios públicos (telecomunicaciones y electricidad) tienen altas tarifas y no aumentan el empleo; privilegia a los sectores financieros con una moneda sobrevaluada; aumenta la pobreza y agrava la desigualdad de ingresos entre sectores ricos y pobres.

Tercero, la clase política no tiene ninguna credibilidad en el pueblo argentino. El Partido Justicialista (peronista) de Carlos Menem estuvo en el poder 10 años (1989-99) y fue el que puso en marcha las actuales reformas económicas, dejando una estela de corrupción y desmanejo impresionantes. Lo sucedió en el poder una alianza del Partido Radical con una coalición de partidos de centroizquierda, encabezada por Fernando de la Rúa, que se sumió en el continuismo económico y el inmovilismo político, y que terminó como sabemos. El sucesor es Eduardo Duhalde, otro peronista, es decir, miembro del partido que gobernó de 1989 a 1999. El presidente Duhalde ha dicho que quiere cambiar de dirección a la economía argentina, alejándola de las alianzas con el capital financiero y acercándola a una alianza con los sectores productivos nacionales, a fin de poder crear empleo.

Pero el gobierno es muy débil y buena parte del poder sigue estando en las calles. El desenlace no es claro aún.

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Humberto Campodónico es funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva del autor.