Nº 168 - Noviembre/Diciembre 2006

Panorama del estado actual de las negociaciones de la OMC

por Martin Khor

La suspensión en julio de 2006 de la actual ronda de negociaciones de la OMC, conocida como Programa de Trabajo de Doha, generó preocupación acerca del futuro de la misma. Este artículo presenta un resumen del estado de las negociaciones antes de su suspensión y las posibles consecuencias de algunas de las propuestas de los países ricos para los países en desarrollo. La adopción de una perspectiva de desarrollo se justifica porque uno de los mandatos de las negociaciones es atender los intereses y necesidades de los países del Sur.

El Programa de Trabajo de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC) está en crisis. Esto se tradujo en la suspensión de todas las negociaciones a fines de julio de 2006, debido a la falta de acuerdo de seis importantes países miembros acerca de las modalidades de negociaciones de dos áreas clave, a saber, la agricultura y el acceso a los mercados para los productos no agrícolas (NAMA, por sus siglas en inglés).
Muchos observadores han señalado que la suspensión de las conversaciones perjudicará a los países en desarrollo, dado que la culminación del Programa de Trabajo de Doha los habría beneficiado. Después de todo, las negociaciones recibieron el nombre de Agenda de Desarrollo de Doha cuando fueron lanzadas, y ahora se conocen en general como la Ronda de Doha.
Sin embargo, un análisis objetivo del marco de negociación desarrollado hasta ahora (incluso del acuerdo marco del Consejo General de la OMC de agosto de 2004 y de la Declaración Ministerial de Hong Kong de diciembre de 2005) y de las principales propuestas sobre la mesa indica que, por ahora, hay muy poco contenido favorable al desarrollo. Por el contrario, la mayoría de los países en desarrollo han logrado muy pocos beneficios y existe el peligro de costos y pérdidas en varias áreas. Por lo tanto, la suspensión de las negociaciones debería llevar a una reevaluación y revisión de los marcos del Programa, en lugar de una reanudación de las conversaciones sobre las mismas líneas.

Ascenso y caída de las “cuestiones de desarrollo”

Durante y antes de la Conferencia Ministerial de Doha, celebrada en 2001, los países en desarrollo señalaron la necesidad de “reequilibrar” las normas internacionales de comercio establecidas por los acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay antes de comenzar nuevas negociaciones en otras áreas. Los países en desarrollo arguyeron que muchos de los acuerdos vigentes de la OMC están sesgados en contra de sus intereses y que esta situación debe rectificarse para que se pueda lograr un sistema multilateral de comercio más equilibrado.
En Doha, estos países lograron incorporar dos “cuestiones de desarrollo” directas en el Programa de Trabajo de Doha y como parte del “todo único”. Esto último significa que, para ser legalmente vinculantes, los resultados de esas negociaciones deberían ser parte integrante del resultado general de las negociaciones del Programa. Las dos cuestiones son: “problemas de aplicación” (más de cien propuestas de países en desarrollo sobre cómo resolver problemas surgidos de la aplicación de los acuerdos de la Ronda Uruguay) y “trato especial y diferenciado” para los países en desarrollo (numerosas propuestas de países en desarrollo sobre el fortalecimiento de disposiciones vigentes en diversos acuerdos de la OMC y la introducción de nuevas disposiciones cuando sea necesario). Estos dos asuntos debían resolverse antes de las nuevas negociaciones sobre acceso a los mercados para los productos agrícolas, NAMA y servicios.
Lamentablemente, poco se ha avanzado sobre ellos después de cinco años, y en cambio esos asunto han recibido baja prioridad. Después de la Conferencia Ministerial de Cancún en 2003, los problemas de aplicación parecieron desaparecer del radar de las negociaciones, salvo un par de asuntos en los que hubo un progreso muy limitado. En cuanto al trato especial y diferenciado, se llegó a conclusiones tentativas solo sobre una serie de veintisiete temas poco importantes desde el punto de vista comercial. También se llegó a un acuerdo tentativo sobre algunos asuntos más relativos a los países menos adelantados (PMA). Sin embargo, la mayoría de esos asuntos permanecen sin resolver.
Además, en un giro paradójico y sorpresivo de los acontecimientos, el fin del plazo para alcanzar una conclusión sobre el trato especial y diferenciado se fijó en diciembre de 2006, mientras que para finalizar las negociaciones sobre modalidades de agricultura y NAMA se estableció en abril de 2006. Así, el orden cronológico y la importancia de las cuestiones de desarrollo con respecto a las de acceso a los mercados se han revertido, lo que denota un cambio fundamental -y negativo- de prioridades desde el lanzamiento del Programa de Trabajo de Doha. Es improbable que haya resultados significativos, o cualquier resultado, en cuanto a los problemas de aplicación y el resto de los temas relativos al trato especial y diferenciado, si esta tendencia se mantiene.

Agricultura

Antes de las suspensión de las negociaciones, gran parte de la energía del Programa de Trabajo de Doha se invirtió en el área de la agricultura. Sin embargo, desde el punto de vista del desarrollo, las negociaciones sobre agricultura fueron deficientes, tanto en materia de proceso como de sustancia.
En cuanto al proceso, muchos países en desarrollo han protestado enérgicamente porque un puñado de países pareció dominar las negociaciones. Inicialmente, las conversaciones sobre agricultura fueron conducidas por las llamadas “cinco partes interesadas” (Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, India y Australia), a las que posteriormente se sumó Japón. Se pretendía que los otros miembros de la OMC esperaran que esos seis miembros alcanzaran algún acuerdo entre sí para después suscribirlo. Con frecuencia, se hacía esperar a la mayoría de los miembros hasta que los seis tomaran una decisión, sin que aquéllos supieran siquiera lo que éstos estaban discutiendo, cuáles eran las diferentes posiciones ni dónde se reunían.
En cuanto a la sustancia, las negociaciones se guían por la Declaración de Doha (2001), el Anexo A del marco de agosto de 2004, y la Declaración de Hong Kong (2005).
Con respecto a los subsidios a las exportaciones agrícolas, la Declaración de Hong Kong acordó su eliminación para el final de 2013, y también hay una cláusula que establece que la mayor parte de la reducción de estos subsidios debe tener lugar al principio de la aplicación. Como comentó el experto en comercio Bhagirath Lal Das (2006): “No existe ningún motivo para que los subsidios a las exportaciones continúen existiendo; por lo tanto, la mayor parte de los subsidios a las exportaciones [de los países industrializados], digamos noventa por ciento, debería eliminarse al final del primer año del período de aplicación del resultado de las negociaciones”.
En materia de ayuda interna (subsidios internos), existe una gran confusión: (a) en cuanto a la diferencia entre los niveles permitidos (es decir, los niveles máximos) que los miembros se comprometen a no exceder y los niveles aplicados (o reales) de los diversos subsidios, y (b) en cuanto a los diferentes tipos de “compartimentos” de subsidios.
El Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC distingue diferentes tipos de ayuda interna. Una primera distinción es entre subsidios distorsionadores y no distorsionadores del comercio. Los miembros son obligados a fijar niveles máximos para los subsidios distorsionadores y a reducir parte de esos niveles máximos permitidos. Para los subsidios considerados no distorsionadores (incluidos en el compartimento verde) no existen niveles máximos, por lo tanto los miembros pueden aumentarlos a discreción. Supuestamente, este tipo de subsidios (por ejemplo los pagos a los agricultores para la protección del ambiente) están “desconectados” de la producción, pero según expertos igualmente distorsionan el comercio, porque permiten que la producción agrícola sea económicamente viable. Sin esa ayuda, agregan, algunas de las granjas o parte de su producción no existiría.
En la primera categoría de ayuda interna, el Acuerdo sobre la Agricultura ha permitido a los países industrializados mantener altos niveles de ayuda interna distorsionadora del comercio. Estos subsidios distorsionadores se clasifican en tres categorías: (1) medida global de la ayuda (MGA) o compartimento ámbar, vinculada con la intervención en los precios agrícolas y considerada la más distorsionadora del comercio; (2) ayuda “de minimis” (ciertos tipos de subsidios internos permitidos, calculados como porcentaje del valor de la producción agrícola); y (3) los subsidios del compartimento azul (supuestamente vinculados con límites a la producción), también considerados distorsionadores pero no tanto como los del compartimento ámbar.
El total de la ayuda distorsionadora del comercio comprende entonces estas tres categorías.
El Acuerdo sobre la Agricultura obligó a los países industrializados a reducir su MGA en veinte por ciento para 2000 con respecto al nivel de 1986-1988, y a limitar su ayuda de minimis a cinco por ciento del valor de su producción. Mientras, los países en desarrollo deben reducir su MGA en trece por ciento y limitar la ayuda de minimis a diez por ciento. No se fijó ningún límite para el compartimento azul.
Desde la Ronda Uruguay, los países industrializados han reducido sus niveles de MGA por debajo de los niveles permitidos, pero lo hicieron en parte mudando subsidios de un compartimento a otro. Estados Unidos y la Unión Europea tienen ahora considerable libertad de acción para: (1) trasladar subsidios distorsionadores del comercio del compartimento ámbar al azul y a la ayuda de minimis, a fin de aprovechar plenamente el total permitido de su ayuda distorsionadora del comercio, y (2) usar creativamente el compartimento verde, cuyos límites son bastante vagos, y así poder contabilizar ciertos subsidios que de hecho distorsionan el comercio como si no lo distorsionaran.
Además, el nivel real del total de la ayuda distorsionadora del comercio está muy por debajo del total permitido para Estados Unidos y la Unión Europea. Por lo tanto, los países industrializados pueden reducir significativamente el total permitido sin afectar su nivel actual. En la jerga de las negociaciones de la OMC, esto significaría solo “cortar agua” para Estados Unidos y la Unión Europea, es decir, reducir la diferencia entre los subsidios permitidos y los reales, pero no los subsidios reales. Este es uno de los principales obstáculos para un acuerdo sobre las modalidades de la agricultura en la Ronda de Doha.
En cuanto al acceso a los mercados, se acordó que las tarifas fueran recortadas según una “fórmula estratificada” con tres o cuatro bandas conforme al alcance arancelario, en la cual la banda de los aranceles más altos se recortaría con el mayor porcentaje. Estados Unidos, el Grupo Cairns y algunos países en desarrollo exportadores pretenden recortar los aranceles agrícolas abruptamente, pero la Unión Europea y los países industrializados del Grupo de los 10 (G-10) se resisten.
Estados Unidos propuso que los aranceles de los países industrializados se redujeran entre sesenta y noventa por ciento, según una fórmula estratíficada, y pretende que los países en desarrollo apliquen reducciones semilares. Por su parte, la Unión Europea propuso recortes más indulgentes para los países industrializados y la designación de ocho por ciento de las líneas arancelarias como “productos sensibles”, elegibles para un tratamiento más flexible. El grupo de países en desarrollo del Grupo de los 20 (G-20) estimó que la propuesta de la Unión Europea resultaría en un recorte promedio de treinta y nueve por ciento para sí misma. El G-20 propuso una reducción promedio de cincuenta y cuatro por ciento para los países industrializados y de treinta y seis por ciento para los países en desarrollo. El grupo de África, el Caribe y el Pacífico presentó recientemente una propuesta con reducciones menos drásticas para los países en desarrollo.
Mientras, la Unión Europea, cuya oferta es considerada insuficiente, expresó informalmente su disposición a aumentar su ofrecimiento y realizar un recorte promedio cercano a cincuenta por ciento. Pero esta nueva oferta depende de una propuesta correspondiente de Estados Unidos en materia de ayuda interna, y Estados Unidos (que pretende un recorte promedio de sesenta y seis por ciento de la Unión Europea) ya indicó que la oferta europea todavía es insuficiente.
Desde una perspectiva de desarrollo, los países del Sur obtendrán probablemente un mal acuerdo, porque los subsidios internos de los países industrializados no se reducirán realmente o, en el mejor de los casos, solo se reducirán un poco. Así, los países industrializados podrán seguir inundando de productos subsidiados, a precios artificialmente bajos, los mercados de los países más pobres que no pueden ofrecer subsidios. Las importaciones de alimentos subsidiados como pollo, tomate, maíz y arroz de la Unión Europea y de Estados Unidos a África, América Central, América del Sur y partes de Asia son resultado de tales subsidios.
Los países en desarrollo solo pueden defenderse mediante los aranceles, debido a su incapacidad de ofrecer subsidios y a la prohibición de las restricciones cuantitativas a las importaciones. Sin embargo, son obligados a recortar sus aranceles aún más abruptamente que durante la Ronda Uruguay, especialmente porque deben recortar todos ellos (línea por línea) de acuerdo con la fórmula, mientras que en dicha Ronda debían recortar sus aranceles en un promedio general de veinticuatro por ciento, sujeto a un recorte mínimo en todas las líneas.
La mayoría de los países en desarrollo tienen intereses defensivos en materia de agricultura, y su prioridad es proteger los intereses de los pequeños agricultores cuyo sustento se ve amenazado por las importaciones. Muchos de estos países, coaligados en el Grupo de los 33 (G-33), han luchado por establecer dos instrumentos para los países en desarrollo: los “productos especiales” (vinculados a la seguridad alimentaria, la seguridad del sustento y el desarrollo rural, que a su criterio no deberían estar sujetos a reducción arancelaria, o en todo caso, solo a pequeñas reducciones) y el “mecanismo de salvaguardia especial” (por el cual los aranceles sobre los productos agrícolas pueden elevarse temporalmente por encima de las tasas consolidadas cuando aumente el volumen de las importaciones o caiga el precio de una importación más allá de cierta medida a negociar).
El grupo propuso que se permitiera a los países en desarrollo designar por sí mismos veinte por ciento de las líneas arancelarias agrícolas como productos especiales. También propuso criterios de activación, por precio y por volumen, que permitirían a un país en desarrollo hacer uso del mecanismo de salvaguardia especial, y de qué manera. Sin embargo, existe una fuerte resistencia, en especial de Estados Unidos, que declaró que la propuesta del G-33 sobre productos especiales bloquearía su acceso a los mercados de los países en desarrollo y presentó otra propuesta sobre el mecanismo de salvaguardia que restringe severamente las condiciones y el modo de uso, y por tanto lo tornan ineficaz. Unos pocos países en desarrollo que tienen interés en exportaciones agrícolas también se opusieron a las propuestas del G-33.
Cuando se reanuden las negociaciones, cabe prever que Estados Unidos y otros países presionen al G-33 para que realice grandes concesiones, y que este grupo resista la presión. No está claro con qué grado de eficacia se permitirá funcionar a los instrumentos de los productos especiales y el mecanismo de salvaguardia especial. Las negociaciones sobre agricultura también se complican por el hecho de que Estados Unidos y la Unión Europea exigen que sus propuestas sean condicionadas a compromisos de extrema liberalización de los países en desarrollo en materia de NAMA, y que al menos algunos países en desarrollo emergentes realicen compromisos adicionales a su satisfacción en materia de servicios.

Acceso a los mercados para los productos no agrícolas (NAMA)

Esta es un área del Programa de Trabajo de Doha en que el resultado de las negociaciones parece destinado a ser menos proclive al desarrollo. El marco de agosto de 2004 sobre NAMA (en el Anexo B), complementado por la Declaración de Hong Kong, está muy sesgado contra los países en desarrollo. Además, se está creando un nuevo sistema que eliminará o reducirá el actual grado de flexibilidad del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y, como resultado, se acelerará el proceso de desindustrialización de muchos países.
En primer lugar, se pide a los miembros que consoliden todos sus aranceles sobre productos industriales, es decir, que les fijen un tope. Actualmente, cada país puede elegir cuántas líneas arancelarias consolidar, pero esta flexibilidad desaparecerá, dado que el marco de agosto de 2004 exige que todos los miembros consoliden al menos noventa y cinco por ciento de sus líneas.
Segundo, los aranceles actualmente sin consolidar deberán consolidarse a niveles bajos. Esto se debe a que el marco de agosto de 2004 propone que las tasas aplicadas de las líneas arancelarias sin consolidar se multipliquen por dos y luego se utilice una fórmula para reducir las tasas a los nuevos niveles consolidados. En muchos casos, las nuevas tasas consolidadas serán significativamente inferiores a las tasas aplicadas, que ya son bajas debido a las políticas de ajuste estructural aplicadas por los países en desarrollo. En contraste, hasta ahora, se ha permitido que cada país elija a qué nivel consolidar sus aranceles previamente no consolidados.
Tercero, por primera vez, los países en desarrollo estarán sujetos a una fórmula para reducir aranceles. Y hay una “fórmula suiza” que recortará más a los aranceles más altos que a los más bajos. Dado que la mayoría de los países en desarrollo tienen aranceles industriales relativamente altos, sus aranceles serán recortados más drásticamente que los de los países industrializados (a menos que se permita a aquéllos tener coeficientes totalmente diferentes en la fórmula). Si los países en desarrollo debieran recortar sus aranceles más que los países industrializados, esto atentaría contra el principio de “reciprocidad no plena” en los compromisos de los países en desarrollo, establecido en la Declaración de Doha. La profundidad de los recortes depende en primer lugar de la fórmula y en segundo lugar del coeficiente a utilizar en dicha fórmula. En cuanto a la primera, en el marco de agosto de 2004 se acordó una fórmula lineal y en la Declaración de Hong Kong una fórmula suiza, que recorta los aranceles más altos en porcentajes superiores. Sobre el coeficiente, cuanto menor sea, más drástica será la reducción. Los países industrializados aceptan que puede haber dos coeficientes: uno para los países industrializados y otro para los países en desarrollo. Sin embargo, también insisten en que no debe haber mucha diferencia entre uno y otro.
Cuarto, los recortes deben hacerse línea por línea. Esto significa que los aranceles sobre cualquier producto deben recortarse según esta fórmula drástica. En la Ronda Uruguay, los países en desarrollo debían reducir sus aranceles en un porcentaje meta de treinta por ciento, pero podían elegir a qué ritmo recortar qué aranceles, siempre que el promedio general fuera de treinta por ciento. Esta flexibilidad será suprimida.
Por último, existe un “criterio sectorial” según el cual los aranceles serán eliminados en los productos de determinados sectores. Los países en desarrollo pretenden que este criterio se aplique voluntariamente, pero reciben fuertes presiones para que participen. También están los obstáculos no arancelarios, que impiden el acceso de los productos del Sur a los mercados del Norte. Se supone que esos obstáculos serán parte integrante de las negociaciones sobre NAMA, pero se ha dado muy poca importancia al tema y es improbable que se produzca algún resultado significativo en esta área en que los países en desarrollo tienen importantes intereses de exportación.
El marco de agosto de 2004 otorga cierta flexibilidad a los países en desarrollo sobre NAMA, pero esa flexibilidad es poca y muy limitada. Hasta ahora, la mayoría de los países en desarrollo se han sentido en desventaja en las negociaciones, porque no pueden apreciar totalmente las consecuencias de los diferentes coeficientes y fórmulas propuestos sobre sus aranceles y sobre sus industrias nacionales. Pocos países cuentan con la capacidad técnica para calcular esas cifras por sí mismos.
Los países industrializados han proyectado la idea de que la creación de dos coeficientes satisfaría el requisito del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, e incluso el principio de la “reciprocidad no plena”, pero la mera existencia de dos coeficientes contrariaría ambos requisitos, a menos que la diferencia entre los coeficientes fuera muy amplia.
Además, la mayor parte del debate se centra en fórmulas y coeficientes, cuando debería centrarse en recortes porcentuales, como ocurre en las negociaciones agrícolas y como ocurrió en anteriores negociaciones del GATT. El peligro radica en que, con la confusión resultante, los países en desarrollo estarán bajo mayor presión para ceder a la exigencia de aceptar un coeficiente bajo, que implicaría un recorte muy abrupto de sus aranceles. Como resultado, las industrias locales de muchos sectores y países no podrían soportar la competencia de importaciones que se abaratarían repentinamente. Los gobiernos también perderían una parte importante de sus ingresos, dado que los aranceles se reducirían considerable y repentinamente. Y las perspectivas de industrialización de los países en desarrollo afectados también se verían perjudicadas.
De este modo, las propuestas sobre NAMA podrían exacerbar la desindustrialización que tuvo lugar debido a la rápida liberalización implementada conforme a los programas de ajuste estructural del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, las industrias nacionales de muchos países africanos cerraron o sufrieron graves perjuicios en las décadas de 1980 y 1990. Existe el mito de que los países industrializados y los países en desarrollo exitosos pudieron industrializarse porque tenían aranceles bajos o nulos, y de que cuanto menores son los aranceles, mayor es el crecimiento industrial. Pero de hecho, los países ahora industrializados utilizaron altos aranceles para proteger sus industrias durante la fase de industrialización, al igual que economías exitosas de Asia oriental, como Taiwán y Corea del Sur. Pedir a los países en desarrollo que reduzcan sus aranceles a niveles mínimos o que los eliminen es como si los países industrializados, una vez que alcanzaron la cima, patearan la escalera que otros están trepando.
La capacidad de utilizar aranceles para promover la industrialización se vuelve aún más importante porque las normas de la OMC han limitado el uso de otros instrumentos (que los países ricos utilizaron en su proceso de industrialización), como en el caso de las normas sobre medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio (TRIMS) y los subsidios. Además, para muchos países en desarrollo, los ingresos aduaneros constituyen de veinte a treinta por ciento de los ingresos gubernamentales, mientras que para los países industrializados constituyen menos de uno por ciento. El recorte de esos ingresos podría resultar en un recorte del gasto social, por ejemplo en salud y educación.
Otro punto importante es que los países en desarrollo necesitan espacio político y flexibilidad para poder modificar sus niveles arancelarios según las etapas de industrialización que estén atravesando, como ha señalado el economista Yilmaz Akyuz (2005).

Servicios

Se dice que el tratado sobre servicios de la OMC, llamado Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en inglés), es proclive al desarrollo porque prevé varios mecanismos de flexibilidad. Según la actual estructura del acuerdo, un país en desarrollo puede decidir si incluir o no cualquier sector de servicios en su lista de compromisos. Y si lo incluye, puede decidir el grado de liberalización comprometido para ese sector, en cada uno de los cuatro modos de servicios.
También se pueden aplicar restricciones y límites, por ejemplo a la propiedad extranjera en el Modo 3, sobre “presencia comercial”. Las negociaciones se basan en la modalidad de peticiones y ofertas. Todos los países pueden pedir la liberalización de ciertos sectores, pero cada país en desarrollo puede decidir cómo responder a estas peticiones, de acuerdo con sus intereses. El GATS y otros documentos establecieron cláusulas adicionales de “trato especial y diferenciado” que dejan claro que se debe permitir a los países en desarrollo liberalizar los servicios en menor grado que los países industrializados, así como elegir su propio ritmo de liberalización.
Sin embargo, estos mecanismos de flexibilidad y la propia arquitectura del GATS cayeron bajo amenaza en 2005 debido a las propuestas de establecer “referencias”, “criterios complementarios” u “objetivos e indicadores”. Las propuestas procedieron principalmente de la Unión Europea, Japón y Australia, respaldados por Estados Unidos. Según esas propuestas, los países contraerían la obligación de liberalizar una cantidad mínima de sectores clave.
Si se adopta este criterio, la supuesta proclividad al desarrollo del GATS desaparecerá, y muchos países en desarrollo se verán obligados a liberalizar subsectores importantes como las finanzas, las telecomunicaciones, la distribución y los servicios profesionales. Un componente principal de sus economías estaría a merced de las grandes empresas extranjeras que eligieran establecer presencia comercial en esos países.
Otra propuesta de los países industrializados es que se establezcan “negociaciones plurilaterales” para complementar la modalidad bilateral de peticiones y ofertas. En la modalidad plurilateral, una serie de países que exigen una apertura más amplia y más rápida en un sector de servicios puede formular sus peticiones a otra serie de países para que se establezcan negociaciones sobre ellas. Muchos países en desarrollo también se opusieron a este criterio plurilateral, por considerar que este método los sometería a mayores presiones y además atentaría contra los mecanismos de flexibilidad del GATS.
En la Conferencia Ministerial de Hong Kong, en diciembre de 2005, varios países en desarrollo rechazaron la propuesta de establecer “referencias” u “objetivos numéricos”, por lo tanto la propuesta quedó excluida de la agenda de negociaciones, al menos por ahora. Sin embargo, se adoptó la modalidad plural de negociaciones, pese a la oposición y a las reservas de muchos países en desarrollo. Después de la conferencia, se implementó la nueva modalidad y se realizaron varias rondas de negociaciones plurilaterales en más de veinte subsectores o áreas de negociación.
Por otra parte, los propios países industrializados han avanzado muy poco o nada en la única área en que la mayoría de los países en desarrollo podrían beneficiarse del GATS, que es el Modo 4 o la migración de trabajadores proveedores de servicios. Las ofertas presentadas por aquéllos han sido pocas y de baja calidad. Por lo tanto, los países en desarrollo argumentan con razón que son los países industrializados los que no realizan compromisos en materia de servicios, y que no deberían presionarlos a liberalizarse a un ritmo más rápido del que pueden soportar.

Necesidad de revisión

Debido a la presión implacable de los miembros industrializados de la OMC, encabezados por Estados Unidos y la Unión Europea, las negociaciones del Programa de Trabajo de Doha han abandonado su proclamada orientación hacia un resultado favorable al desarrollo para adoptar una orientación de acceso a los mercados, en que los países en desarrollo son presionados para abrir sus mercados de agricultura, industrias y servicios.
La actual paralización de las negociaciones es una oportunidad de revisar las posiciones negociadoras y las propuestas desde una perspectiva de desarrollo. En cuanto a las cuestiones de desarrollo (problemas de aplicación y fortalecimiento del trato especial y diferenciado), es imperativo que se avance para reequilibrar las normas vigentes de la OMC en diversas áreas y para hacer más justo el sistema multilateral de comercio. Dado que estos asuntos forman parte del “todo único”, debe quedar claro que no se puede alcanzar un acuerdo sobre el Programa de Trabajo de Doha a menos que se logre un resultado satisfactorio sobre las cuestiones de desarrollo.
En cuanto a la agricultura, los países industrializados deben mejorar sus ofertas sobre la reducción del total permitido de sus subsidios distorsionadores del comercio a niveles que impliquen un recorte significativo de sus niveles actuales o planificados. También deberían establecerse disciplinas más estrictas para los subsidios del compartimento verde, incluso los criterios por los cuales los agricultores son elegibles para recibirlos, así como límites a los montos que puede recibir cada productor, excluyendo a las grandes empresas. Los países en desarrollo deberían tener suficiente flexibilidad en sus obligaciones de acceso a los mercados (en la fórmula de reducción arancelaria, en los productos especiales y en el mecanismo de salvaguardia especial), que les permitiera proteger efectivamente su seguridad alimentaria, el sustento de sus agricultores y el desarrollo rural.
Se debe reconocer que los actuales marcos sobre NAMA (el Anexo B del marco de agosto de 2004 y la Declaración Ministerial de Hong Kong) son inadecuados para alcanzar la meta de promover el desarrollo industrial en países en desarrollo. El resultado propuesto debilitaría gravemente la flexibilidad de que actualmente disponen los países en desarrollo. La aplicación de una fórmula de reducción arancelaria a todos los miembros sería inapropiada, mucho más si se eligiera una fórmula suiza, no lineal, y se aplicara línea por línea. La flexibilidad que quedaría, estipulada en el párrafo 8 del Anexo B, sería muy limitada, e incluso hay propuestas para limitarla más, e incluso para eliminarla.
Un criterio más adecuado para los países en desarrollo sería el de la Ronda Uruguay, en la que estos países se comprometieron a reducir sus aranceles según una tasa general y promedio, eligiendo el método de reducción más conveniente. Por lo tanto, se debería permitir que los miembros eligieran la fórmula suiza si así lo desearan, pero no se debería obligar a los países en desarrollo a adoptarla. También debería haber flexibilidad en cuanto al tratamiento de los aranceles no consolidados. El método de multiplicar por dos la tasa aplicada y luego aplicar la fórmula no es adecuado. Se debería permitir que los miembros conservaran un porcentaje significativo de sus líneas arancelarias sin consolidar, y también que consolidaran sus aranceles no consolidados a los niveles de su elección, como en el sistema vigente.
En materia de servicios, se debería sostener el principio de “flexibilidad para el desarrollo”, es decir, que los países en desarrollo pudieran elegir qué sectores liberalizar conforme al GATS, en qué medida y en qué momento hacerlo, según sus prioridades nacionales. El principal método de negociación debería seguir siendo el de peticiones y ofertas. Las propuestas de introducir referencias, objetivos e indicadores para obligar a los países en desarrollo a comprometer una cierta cantidad de subsectores deberían rechazarse, y no deberían volver a plantearse. Además, el enfoque plurilateral acordado en Hong Kong debería ser voluntario, y no se debería presionar a los países en desarrollo para que lo adoptaran.

Bibliografía

Akyuz, Yilmaz (2005). The WTO Negotiations on Industrial Tariffs: What is At Stake for Developing Countries. Penang, Red del Tercer Mundo.
Berthelot, Jacques (2005). “Why the EU's domestic support offer is empty promise”. South-North Development Monitor, 2 de noviembre de 2005.
Chang, Ha Joon (2005). “Developing countries need to wake up to the realities of the NAMA negotiations”. TWN Briefing Paper 26.
Das, Bhagirath Lal (2006). “Why the EU and US offers on farm trade are not good enough”. TWN Briefing Paper 33.
Khor, Martin y Goh Chien Yen (2006). The WTO Negotiations on Non-Agricultural Market Access: A Development Perspective. Penang, Red del Tercer Mundo.

----------- Martin Khor es el director de la Red del Tercer Mundo.