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Desde el Sur


No. 129/130 - Julio/Agosto 2002

La gigantesca y oportuna ayuda proporcionada a Uruguay resulta inexplicable desde una óptica estrictamente local. El resultado acumulado de una política económica ciegamente persistente en el error, los efectos de la devaluación brasileña de 1999 y el "contagio" de la reciente debacle argentina, condujeron a Uruguay a la mayor crisis de su historia. Mientras el aparato productivo se ha arruinado como consecuencia de la apertura indiscriminada, cunde el desempleo, nuevos y crecientes sectores de la población caen en la pobreza y la recesión alcanza su cuarto año consecutivo, el derrumbe del sector financiero pone el punto final a un proceso notablemente fracasado.

Sin demasiados logros, y probablemente sin provocar ningún daño, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo del 26 de agosto al 4 de setiembre de 2002, dejó en los participantes oficiales la sensación de que la reunión valió la pena como oportunidad para reunirse y aclarar la posición de cada uno respecto de asuntos cruciales para la humanidad y la naturaleza. Pero, por lo demás, se llegó a un callejón sin salida, no hubo progresos en las nuevas áreas, y casi se dio marcha atrás en las viejas áreas del acuerdo previo.

Una de las batallas más dramáticas que se libraron durante las negociaciones tuvo por tema la relación entre la Organización Mundial de Comercio (OMC) y otros acuerdos e instituciones internacionales. Cuando surgen conflictos entre las normas y principios de la OMC y cualquier otra organización, especialmente las que pertenecen al sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ¿habría que tratar de resolverlos examinando los méritos de cada una en pie de igualdad o, por el contrario, habría que darle prioridad a la OMC? Esta pregunta dio lugar a encendidas discusiones dentro y fuera de las salas de negociación durante los últimos días de la Cumbre.

El Plan de Acción acordado por 190 países satisfizo a gobiernos y organismos multilaterales, pero recibió la condena de virtualmente todas las grandes ONGs participantes en la Cumbre. Las críticas se dirigieron, fundamentalmente, a Australia, Canadá y Estados Unidos. Estos tres países impidieron el establecimiento de metas y plazos para eliminar la contaminación, mejorar los servicios de agua potable y aumentar la producción de energía limpia y barata.

Con resultados tan exiguos respecto de los altísimos costos de personal, tiempo y recursos, pasará bastante tiempo antes de que surjan argumentos convincentes para convocar otra cumbre de este tipo.






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