Nº 164 - marzo/abril 2006

América Latina y el Caribe

El difícil tránsito hacia una ciudadanía regional

por Andrés Serbin

La ciudadanía regional en América Latina y el Caribe está actualmente en proceso de construcción, pero refleja un vigoroso dinamismo con eventuales repercusiones en la construcción de una regionalidad con características propias. A la construcción de una ciudadanía regional activa contribuyen tanto los procesos nacionales como el desarrollo de una sociedad civil global.

1. Los cambios recientes en el entorno internacional

Las transformaciones recientes del entorno internacional, tanto a raíz de los ataques terroristas del 11 de setiembre de 2001, como en el marco de la invasión de Afganistán e Irak por Estados Unidos, marcaron un significativo retorno a una agenda internacional nuevamente signada por la primacía de los temas de seguridad.
En la década del noventa, el fin de la Guerra Fría había dado lugar a la emergencia de una agenda internacional crecientemente focalizada en los temas económicos y sociales, en el marco del despliegue de los diversos procesos de globalización en curso, con un sistema internacional donde se articulaba la unipolaridad estratégica de Estados Unidos, con una multipolaridad económica que involucraba fundamentalmente a América del Norte, Europa occidental y el sudeste asiático. A su vez, el sistema internacional, como bien señaló en su momento James Rosenau, se encontraba en un proceso de transición de un sistema estadocéntrico a uno multicéntrico, con la aparición en la escena internacional de un conjunto de nuevos actores, principalmente no estatales, con creciente incidencia en su dinámica, dando lugar al desarrollo de un multilateralismo complejo con la participación tanto de los tradicionales actores protagónicos del sistema –los estados-nación y, en particular, los más poderosos e industrializados- y una miríada de nuevos actores no estatales, incluyendo organismos internacionales, corporaciones y empresas transnacionales, la banca privada internacional y los organismos y redes no gubernamentales que, desde la década del setenta, ya se asomaban a una actuación relevante en el sistema internacional.
En este marco, no por azar, el debate internacional hizo particular énfasis durante las décadas siguientes en los temas de gobernanza global, el desarrollo del derecho internacional y el establecimiento de mecanismos, acuerdos y regímenes que permitieran regular la nueva dinámica internacional, fuertemente signada por el desarrollo simultáneo de diversos procesos de globalización y la profundización de sus contradicciones, asimetrías y desigualdades a nivel global.
A su vez, como acertadamente señala Mary Kaldor, durante la década del noventa “la sociedad civil global estaba en proceso de constituir y ser constituida por un sistema de gobernanza global que implicaba la extensión del derecho internacional sobre la base de un conjunto de autoridades superpuestas, tanto organizaciones internacionales como estados” .
Los acontecimientos del 11 de setiembre y la invasión estadounidense a Afganistán y a Irak dieron lugar a un retorno de la preeminencia de los temas de seguridad en la agenda internacional, esta vez en función de la lucha contra el terrorismo global y las redes y estados que pudieran sostenerlo, apoyarlo y dar lugar a su desarrollo. Más allá del debate sobre si un nuevo diseño del sistema internacional preexistía en la mente de algunos de los asesores del presidente George W. Bush, el 11 de setiembre se prestó como una magnífica oportunidad para que la nueva administración impulsara una nueva estrategia estadounidense a nivel global, basada en el unilateralismo y orientada a promover la reestructuración de la arquitectura de poder global y, en particular, el cuadro geopolítico y geoeconómico en Medio Oriente.
Por otra parte, el unilateralismo promovido por la Administración Bush en la política exterior estadounidense no sólo debilitó y puso en cuestión el rol de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y del multilateralismo emergente, lo cual se hizo particularmente evidente durante la invasión a Irak, sino que también afectó el desarrollo del derecho internacional, los avances en la consolidación de la gobernanza global y el rol asumido en el sistema internacional por las organizaciones y redes de la sociedad civil.
El proceso que llevó recientemente a la realización de la Cumbre del Milenio, con amplias expectativas -frustradas- de impulsar reformas profundas en la ONU, se articuló hasta el año pasado con insistentes llamados a una más activa participación de la sociedad civil transnacional en diversos temas de la agenda del organismo internacional. Sin embargo, luego de la convocatoria del llamado Panel Cardoso, cuyos resultados fueron presentados en el 2004, para llevar recomendaciones para una mayor participación de la sociedad civil en la ONU, las referencias y llamados a la misma fueron decayendo al punto de que en la Cumbre son pocas las referencias al rol que pueden desempeñar en la agenda internacional.

2. La emergencia de una sociedad civil global

Este proceso afectó, de manera especial, la creciente influencia adquirida por una emergente sociedad civil transnacional que promueve un debate internacional sobre los bienes públicos globales desde diferentes ángulos y perspectivas, e intenta influir, en distintos ámbitos, sobre un cambio en las reglas morales y la moralidad pública a nivel global. Esta sociedad civil transnacional, sobre la que hemos abundado en otros trabajos en relación a su desarrollo en el marco de los procesos de globalización y regionalización , se configuró en base a diversas redes y organismos no gubernamentales y a movimientos sociales globales de diverso tipo que adquirieron, a través de distintas estrategias , una creciente influencia en los foros multilaterales, ya sea por su participación en ellos o por su cuestionamiento de los mismos.
La creciente influencia de estos y otros actores no estatales en el sistema internacional en el marco de la complejización de este sistema no implicó la desaparición, en la década del noventa, del tradicional rol protagónico de los estados-nación, pero redefinió una dinámica y una agenda global en base a la creciente participación, con mayor o menor incidencia, de un conjunto de diversos actores. A su vez, generó un debate creciente sobre la gobernanza global, en el marco de la búsqueda del establecimiento de reglas de juego internacionales más definidas para acotar el desempeño de diversos actores en un entorno internacional cada vez más complejo, caracterizado por procesos acelerados de cambio. En este sentido, este proceso implicó la transformación (y no necesariamente la desaparición) de los estados-nación, en tanto el debate sobre la gobernanza global requería la presencia de estados con vocación multilateral y que respetaran y se adhirieran al derecho internacional, y no de estados con políticas unilaterales que creyeran en y promovieran la guerra como mecanismo de resolución de conflictos internacionales .
Por otra parte, estos procesos incidieron sobre el despliegue de una agenda global que, en la década del noventa, tendió a enfatizar la primacía, por una parte, de los temas económicos, básicamente asociados a la globalización financiera y a la liberalización comercial, y por otro, en particular desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos sociales transnacionales, de los temas sociales y medioambientales, incluyendo los derechos humanos, económicos, sociales y culturales; la lucha contra la exclusión social y la pobreza, y por la equidad y el desarrollo sostenible.
Durante la década del noventa, el debate sobre la gobernanza global hizo especial hincapié en la necesidad de establecer reglas de juego internacionales sustentadas en el derecho internacional que, entre otros procesos, pudieran generar un marco estable para el desarrollo de diversos mecanismos y acuerdos para regular, de una manera civilizada y sin el desencadenamiento de conflictos armados, el funcionamiento del sistema internacional y del multilateralismo complejo. En este contexto, los temas de seguridad internacional persistieron, pero asumieron un rol menos relevante en las prioridades de la agenda internacional, una vez finalizada la Guerra Fría y la confrontación entre Este y Oeste.
Como corolario conceptual, en este contexto, es posible señalar la correlación que se desplegó entre los procesos de globalización (especialmente en función de la creciente interdependencia financiera y comercial, del desarrollo del tráfico aéreo, del uso de la informática y de Internet, de la reestructuración productiva a nivel mundial y de la expansión global de las corporaciones transnacionales) y el respeto al derecho internacional (reflejado en la ratificación y aprobación de tratados y acuerdos internacionales) y el respeto y la defensa de los derechos humanos, por un lado, y la correlación entre el desarrollo de la globalización y la creciente densidad de la sociedad civil global, evidenciada en el alto porcentaje de la población mundial afiliada a ONGs internacionales o activa en los movimientos sociales transnacionales, y en la participación, por parte de estos actores, en diversas cumbres mundiales, tanto oficiales como paralelas, en base a una agenda orientada por el respeto a las leyes y normas internacionales y a los valores humanos.

3. Algunas (breves) consideraciones conceptuales

El concepto de “sociedad civil”, puesto en boga en las dos últimas décadas, es un concepto ambiguo y polisémico, dependiendo de los presupuestos conceptuales con que se maneje. Fundamentalmente se refiere a las asociaciones voluntarias sin fines de lucro que persiguen la defensa o promoción de un bien público (Habermas), y que están estrechamente ligadas al desarrollo de contratos sociales y de una institucionalidad democrática, en el marco de la dinámica de la tríada Estado-mercado-sociedad civil, como un proceso articulado .
Sin abundar en la genealogía ni en una discusión detallada de las diversas utilizaciones de este concepto, podemos señalar que, entre otras muchas interpretaciones que aporta la literatura reciente sobre el tema, Mary Kaldor asocia el desarrollo y resurgimiento de la sociedad civil con el fin de la Guerra Fría y el impacto de la globalización, al dar lugar a la emergencia de una sociedad civil global. Desde esta perspectiva, ofrece una tipología de cinco significados para la misma: como societas civilis, o “zona de civilidad” basada en el imperio de la ley y la existencia de una comunidad política, asociada a un orden pacífico sobre la base de un consentimiento explícito o implícito de los individuos, y que no puede ser separada de la existencia de un Estado, que se distingue de otras sociedades “no civiles” (estado de la naturaleza o imperios absolutistas) y de la guerra; como sociedad burguesa (Bürgerlische Gesellshaft) en la versión de Hegel y Marx, asociada con el advenimiento de una sociedad comercial creada por individuos que constituyeron la condición necesaria para una sociedad civil contrastada con el Estado; en la versión activista, que implica la existencia de un estado de derecho y una redistribución del poder en el marco de una radicalización de la democracia y de la ampliación de la participación y de la autonomía que da lugar a la emergencia de una ciudadanía activa; en la versión neoliberal que remite a la vida asociativa de un “tercer sector” no lucrativo que no sólo restringe el poder estatal sino que actúa de substituto a muchas de las funciones desempeñadas por éste; y en una versión postmoderna, que concibe a la sociedad civil como un escenario de pluralismo y contestación, y una fuente tanto de civilidad como de incivilidad.
Cada una de estas versiones remite a una visión de la sociedad civil global y configura, a la vez, visiones normativas y descriptivas que, en el contexto de la globalización, refieren, a su vez, a proyectos políticos diferenciados. Si bien Kaldor asume distintos aspectos de las tres últimas versiones para su análisis de la sociedad civil global, se identifica más con la versión activista que caracteriza en función de su poder de emancipación política, de empoderamiento de los individuos y de la ampliación y profundización de la democracia. Visión con la que coincidimos al asumir que en América Latina más que hablar de una sociedad civil establecida debemos considerar un proceso de construcción de ciudadanía aún en curso, asociado con la reciente reinstalación de la democracia.
Más allá de la persistencia de la versión neoliberal de la sociedad civil global que apunta al rol de las ONG en “aceitar” y hacer más potable la globalización económica y sus desigualdades, la combinación de la versión postmoderna y la versión activista de la sociedad civil global permite ver su despliegue en función de la extensión de campos de contestación a la globalización económica, en función de una pluralidad de sociedades civiles globales que actúan a través de diferentes redes organizadas y que, en la versión postmoderna, incluye tanto las expresiones “civiles” como “inciviles” (incluyendo aquellas que promueven la guerra y la violencia).
La perspectiva de una visión plural de “sociedad civiles globales” da lugar a una reconocimiento de los elementos distintivos de las culturas políticas que arrastran e incorporan y al hecho de que, más allá de la interconexión horizontal que se desarrolla en el entramado de la sociedad civil global a través de la revolución informática y del flujo acelerado de información, existe una gran heterogeneidad y fragmentación que puede hacer a los rasgos distintivos de “sociedad civiles regionales”, vinculadas con la dinámica general de la sociedad civil global pero que mantienen y detentan características propias. Hemos argumentado en otros trabajos sobre el desarrollo de una sociedad civil regional en América Latina y el Caribe que, en articulación con la dinámica de la sociedad civil global, mantiene, sin embargo, características distintivas y, en especial, una configuración de actores y de agendas con rasgos propios, con el componente adicional de que su empoderamiento constituye un elemento fundamental en el desarrollo y la profundización efectiva de los procesos de integración regional, particularmente desde la perspectiva del nuevo regionalismo .
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, más allá de sus rasgos intrínsecos y distintivos, las sociedades civiles nacionales en América Latina y el Caribe y, especialmente, las distintas expresiones de una emergente sociedad civil regional son de desarrollo tardío y se encuentran aún en proceso de configuración, comparadas con las sociedades civiles del Atlántico Norte . En este sentido, su desarrollo se potencia en el marco del fin de la Guerra Fría; del desarrollo de la segunda etapa de la globalización, y de los procesos de redemocratización y post conflicto, particularmente en el Cono Sur y en América Central (década del ochenta), a diferencia de las sociedades civiles europeas y de América del Norte, estructuradas como tales a partir del siglo XVIII, en función de nuevos contratos sociales. Cabe añadir, asimismo, que en nuestra región, a raíz de los efectos devastadores de los programas de ajuste estructural sobre las sociedades regionales, muchos de los contratos sociales establecidos en el marco de los sistemas democráticos se encuentran en proceso de redefinición.
La dilución del capital social en la mayor parte de las sociedades de la región, la deslegitimación de sus elites políticas y de los sistemas democráticos constituidos o reconstituidos desde la década del ochenta, las reiteradas crisis de gobernabilidad, la profundización de la exclusión social y étnica en muchas de las subregiones, la misma construcción de ciudadanía que requiere de la consolidación y la profundización de las experiencias democráticas nacionales demanda asimismo de una sociedad civil regional vigorosa que, a través de las acciones coordinadas de redes y organizaciones voluntarias, desarrolle su capacidad de enfrentar y superar la creciente complejidad de los problemas y conflictos domésticos y transnacionales que van madurando en la región y que, eventualmente, pueden eclosionar con altos costos para esa misma ciudadanía.
De allí la importancia crucial de que, junto con el fortalecimiento de una sociedad civil nacional, articulada en torno a intereses específicos y sectoriales muy diversos y en permanente interlocución con gobiernos y actores políticos tradicionales, se desarrolle una sociedad civil regional alerta frente a los problemas que, junto con la globalización, pueda acarrear el potencial surgimiento de conflictos regionales, tanto de focalización local con eventuales impactos regionales como de carácter transnacional e internacional. La regionalización, en este sentido, no es exclusiva de los gobiernos y de los estados, ni se reduce a la discusión y a la firma de acuerdos comerciales que profundicen la integración económica de la región, sino que implica asimismo una comprensión y un compromiso de la ciudadanía por la defensa y promoción de los bienes públicos regionales en un amplio espectro de temas que abarcan desde los derechos humanos y la equidad social a la preservación del medio ambiente, la prevención de conflictos armados y la construcción de la paz.
Desde esta perspectiva, un punto importante a señalar para América Latina y el Caribe es que, en general y especialmente a partir de los impactos de los programas de ajuste estructural y de la globalización neoliberal, no se han terminado de decantar nuevos contratos sociales entre el Estado y la sociedad civil, que posibiliten su mayor desarrollo y maduración como expresiones de construcción de la ciudadanía. Ésta, en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, está en proceso de construcción, en el marco de la reciente consolidación de los sistemas democráticos, de una reconfiguración de su entramado social y de una marcada, con contadas excepciones, fragilidad institucional de las democracias.

4. Las redes y organizaciones de la sociedad civil: genealogía y contextos

Teniendo en cuenta estas consideraciones previas, en América Latina y el Caribe el desarrollo tardío de las organizaciones de la sociedad civil presenta varias características distintivas, de las que mencionaremos sucintamente cinco a los efectos de este artículo.
En primer lugar, desde el punto de vista genealógico, sus precedentes y origen se encuentran en organizaciones comunales y de base en la década del sesenta, con un fuerte sentido de misión y de superioridad moral, frecuentemente teñido de fuertes elementos ideológicos, principalmente en el marco de regímenes autoritarios. En este sentido, detentan un carácter originariamente antigubernamental, en sociedades altamente estatistas, y se articulan actualmente en movimientos sociales de protesta. En consecuencia, con frecuencia, su desarrollo actual está condicionado por estos orígenes. Sin embargo, a estos rasgos originarios deben sumarse, bajo el impacto del discurso neoliberal de la década del ochenta, su articulación en organizaciones y redes filantrópicas, asociadas al llamado “tercer sector” y crecientemente imbuidas de la percepción de vincular sus iniciativas con el Estado y las políticas públicas, lo que con frecuencia genera un cuadro de ambigüedades entre el carácter originariamente antigubernamental de algunas de ellas y la identificación y complementación de políticas gubernamentales por parte de otras, ambigüedad a la cual los rasgos clientelistas y populistas de algunos gobiernos tienden a contribuir.
En segundo lugar, desde un punto de vista contextual, las organizaciones de la sociedad civil están marcadamente imbuidas de las culturas políticas nacionales y, por lo tanto, tienen que ser diferenciadas en los diferentes contextos subregionales y nacionales, y reiteran, con frecuencia, rasgos de las culturas y valores políticos de cada sociedad (en general, patrimonialismo, clientelismo, corporativismo, personalismo y, frecuentemente, como consecuencia de sus orígenes de base, localismo/parroquialismo, como rasgos descollantes) que hacen, a su vez, a distintas formas de relación con el Estado.
En tercer lugar, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad civil como tal cobran particular desarrollo a partir de la década del ochenta asociadas, en primer lugar, a organizaciones y movimientos de derechos humanos, en el marco de los procesos de redemocratización. Posteriormente, evolucionan hacia diversas modalidades de acción ciudadana en torno a demandas en relación a bienes y políticas públicas, en el marco de la consolidación democrática y de la aspiración de reforma de los sistemas democráticos, y de los vacíos engendrados en torno a las políticas sociales por los efectos del consenso de Washington. Como fenómeno más reciente se articulan con movimientos ciudadanos emergentes en torno a los problemas de la violencia y la inseguridad ciudadana, pero su reactivación está fundamentalmente ligada a la emergencia de movimientos de derechos humanos que cuestionan el marco normativo existente. Pero, fundamentalmente, en el marco democrático, tienden crecientemente a incorporar en su agenda una gama de derechos que incluyen los derechos civiles, sociales, económicos y culturales .
En cuarto lugar, como consecuencia de sus características predominantemente nacionales y de su origen de base, tienden, en su origen, a tener dificultades en articularse en redes regionales o transnacionales, particularmente en el caso de organizaciones solidarias o de reforma política. La excepción más evidente la constituyen los movimientos de derechos humanos, mujeres, afrodescendientes, indígenas, ambientalistas, y los sindicatos asociados a organizaciones internacionales, en el marco de una dinámica de crecimiento fuertemente condicionada por la globalización, el surgimiento de temas y el reconocimiento de bienes públicos globales y, especialmente, por la globalización del derecho internacional y de los derechos humanos. No así las organizaciones y movimientos de reforma política y participación ciudadana, y de asistencia solidaria y ayuda humanitaria, con mayor concentración en temas sectoriales locales y/o nacionales. En este marco, con las excepciones señaladas, existe una seria dificultad de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina y el Caribe a movilizarse por temas regionales que, en general, están fuera de sus intereses y demandas inmediatas, de sus agendas y de su horizonte cognitivo. Temas tales como la paz y la seguridad regional, la prevención de conflictos, las agendas multilaterales, el déficit democrático de organismos regionales y subregionales, la gobernabilidad democrática regional quedan frecuentemente fuera de su agenda y de sus prioridades, cuando no son articuladas a través de instituciones religiosas. Una excepción notable a esta situación lo constituye el movimiento anti ALCA, asociado al desarrollo del Foro Social Mundial, y las distintas expresiones regionales de movimientos antiglobalización, que progresivamente han ido incorporando a actores locales y nacionales en un movimiento heterogéneo pero básicamente transnacional y regional, como lo evidencia la reciente Cumbre de las Américas IV, realizada en Mar del Plata en octubre del 2005, y el Foro Social de las Américas convocado en Caracas en enero del 2006, donde comenzaron a delinearse estrategias conjuntas para impulsar un proceso de integración regional alternativo.
Por otra parte, como ya señalamos, no obstante sus dificultades de origen, una significativa parte de la reactivación y desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina y el Caribe en la década del ochenta está fuertemente ligada al desarrollo de vínculos y redes transnacionales, especialmente en el campo de los derechos humanos, y está asociada al desarrollo de una sociedad civil global. Más recientemente los vínculos, nexos y articulaciones globales se amplían a través del desarrollo del movimiento anti ALCA, los movimientos antiglobalización y la participación en el Foro Social Mundial.
En todo caso, predominan en la agenda de redes transnacionales de la región los temas económicos y sociales/étnico y de /equidad, y figuran menos los temas explícitamente políticos y de seguridad, con la probable excepción de las recientes reacciones frente a la política unilateral de Estados Unidos post 11 de setiembre y la guerra en Irak, principalmente en vinculación con los movimientos anti ALCA y antiglobalización ya existentes, que incorporan a sus agendas estos temas.
En quinto lugar, las organizaciones de la sociedad civil básicamente están conformados, a nivel nacional, por ONG y organizaciones ciudadanas, con agendas sectoriales y específicas, más profesionalizadas y de clase media; y por movimientos sociales (desempleados, campesinos sin tierra, en ocasiones agrupaciones sindicales), generalmente asociados a posiciones de protesta y más radicales en sus demandas de cambio. Entre ambos tipos de organizaciones, hay marcadas diferencias de presupuestos conceptuales, teóricos e ideológicos, entre la visión del “Tercer sector” como complemento y corrector del Estado y del mercado (versión neoliberal), y la concepción del “bloque contrahegemónico” (versión gramsciana) o de espacios de contestación (versión postmoderna y activista) en pugna con el Estado. Sin embargo, esta diferenciación responde más a una visión simplificada de un complejo entramado de organizaciones y movimientos cuyas fronteras no son fácilmente distinguibles y sobre las que hemos abundado en otros trabajos .
Estos dos grupos marcan también estrategias diferentes de relación con los gobiernos. Simplificando nuevamente, en el primero predomina la tendencia al diálogo, la interlocución y el cabildeo; en el segundo, la movilización y la confrontación, como instrumentos para promover el cambio. Sin embargo, estas estrategias no son necesariamente excluyentes y, eventualmente, tienden a combinarse. No obstante, las agendas de ambos grupos no siempre son coincidentes.
Esta misma situación se refleja en las redes y movimientos sociales de carácter regional, que se alinean entre el diálogo y la confrontación (insiders y outsiders) con los gobiernos y los organismos regionales. Un caso ilustrativo al respecto se produjo en la Cumbre de las Américas en Québec, donde ambos grupos tuvieron un desempeño diferenciado en las relaciones con los gobiernos participantes en la Cumbre, con logros marcadamente diferentes . Situación que se ha vuelto a repetir en la Cumbre de Mar del Plata.
Sin embargo, dadas las características de los estados latinoamericanos y el alto desarrollo de modalidades clientelísticas, ambas formas son pasibles de cooptación por el Estado a través de diversos mecanismos.
Por otra parte, a mayor desarrollo de la institucionalidad y madurez democrática de una sociedad, existen políticas mas evidentes y estructuradas del Estado respectivo hacia la profundización de la participación ciudadana (a través de observación/monitoreo, consulta o participación en toma de decisiones, y con mayor, menor o nulo apoyo financiero e institucional) y mayor autonomía de las organizaciones de la sociedad civil .
En este marco, los principales desafíos de las organizaciones de la sociedad civil en la región se vinculan, en lo interno, a la aplicación en su propio seno de lo que predican (transparencia, decisiones democráticas, accountability, cumplimiento de las reglas de juego y de los mandatos de sus bases, representatividad y legitimidad), que justifican, desde un punto de vista ético, sus mandatos y aspiraciones.
Por otra parte, sus principales dificultades en lo interno se asocian con el personalismo de su liderazgo, su fragilidad y falta de sostenibilidad institucional, la dependencia financiera (predominantemente de donantes externos), y la dificultad de transitar desde lo normativo a lo propositivo en sus planteamientos .
Finalmente, una confusión común por parte de las organizaciones de la sociedad civil consiste en creer que son sólo actores sociales, sin asumir que son actores políticos que, sin embargo, en una democracia, no pueden sustituir a los actores políticos tradicionales (partidos políticos, parlamentos, sindicatos), y que deben complementar y monitorear su actuación, más allá de la resistencia de las elites políticas gobernantes a aceptar la implementación de mecanismos participativos para la ciudadanía que impliquen mecanismos más amplios que los del voto en las elecciones establecidas regularmente.
En este marco es de señalar no sólo la reticencia de los gobiernos, que consideran en su mayoría que la participación ciudadana se limita básicamente al acto electoral y que no han contribuido, fuera de algunas experiencias focales a nivel local, a la institucionalización de mecanismos de participación y responsabilidad ciudadana más amplios, sino también la reticencia para institucionalizar la participación ciudadana en los organismos regionales o internacionales.
En América Latina y el Caribe, si bien son de señalar los cambios recientes en algunos ámbitos multilaterales a nivel regional como las Cumbres de las Américas y la Organización de Estados Americanos (con retrocesos eventuales como el de Mar del Plata), donde se ha ido ampliando el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil en torno a algunos temas relevantes (iniciado básicamente en relación a los derechos humanos y a los temas medioambientales y que ha incluido recientemente los temas de prevención de conflictos, seguridad regional y construcción de la paz), en la mayoría de los mecanismos subregionales, como el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Sistema de Integración Centroamericano, la CARICOM o la Asociación de Estados del Caribe (AEC), estos cambios son muy incipientes, lo que se refleja muy claramente en la ausencia de mecanismos institucionalizados y efectivos de diálogo y/o participación . Baste mencionar, por otra parte, que en el marco del Grupo de Río o de las Cumbres Sudamericanas los mecanismos de participación o de diálogo con la sociedad civil son totalmente inexistentes.
Asimismo es de señalar, como ya mencionamos, la reticencia de los actores políticos tradicionales (partidos políticos en especial) a aceptar un rol para la sociedad civil y la participación ciudadana, frecuentemente asociada a una dificultad de comprensión de la creciente complejidad política y social de las dinámicas democráticas contemporáneas, de los nuevos retos que impone en términos de representatividad, legitimidad y participación política, y de la desconfianza que generan organizaciones calificadas como poco representativas por estos actores.

5. Sociedad civil regional, construcción de la ciudadanía regional y regionalidad

Sin embargo, de la misma manera que la construcción de una ciudadanía activa está en proceso en los ámbitos nacionales, con mayores avances en los ámbitos locales y municipales, hay un proceso de construcción de la ciudadanía regional, a pesar de estas reticencias y dificultades.
A la construcción de una ciudadanía regional activa contribuyen tanto los procesos nacionales como el desarrollo de una sociedad civil global.
A la vez, es parte fundamental de la construcción de la regionalidad como complemento y contrapeso a la globalización, ya que la integración regional no puede ser concebida sólo en términos de decisiones políticas asociadas con acuerdos comerciales o la coordinación de políticas macroeconómicas y requiere asimismo, para su cristalización, de una activa participación de la ciudadanía. De hecho, la construcción de un nuevo imaginario social acerca de la regionalidad no sólo requiere del alejamiento de los tradicionales enfoques estadocéntricos en el tratamiento del regionalismo y la integración regional, sino también, y de una manera especial, la necesidad de que las regiones se construyan en base a una ciudadanía activa que recrea tanto nuevas formas de identidad como nuevas modalidades de participación en este proceso. La construcción social de una regionalidad por parte de una ciudadanía activa constituye, a su vez, en la visión de numerosos analistas del llamado nuevo regionalismo, una condicionante básica para que la integración regional configure tanto un efectivo contrapeso a la globalización en su versión neoliberal como un real proceso de construcción de la integración regional “desde abajo” .
En este marco, una situación reiterativa es que muchas veces los temas relacionados con los bienes públicos regionales escapan a la atención de las organizaciones de la sociedad civil, más concentradas en reformas domésticas o en transformaciones y protestas globales vinculadas a los bienes públicos globales y a la potenciación internacional de sus acciones a nivel nacional. En este sentido, el impacto de la globalización también se manifiesta, a nivel regional, en que pone acento en los bienes públicos globales y locales en detrimento de los bienes públicos regionales. En general, desde la perspectiva de los observadores externos, la regionalidad no es una preocupación (y consecuentemente los donantes, con raras excepciones, no aportan fondos para el desarrollo de este ámbito) y para las elites gobernantes, la regionalidad se concibe en los clásicos términos de la interestatalidad.
De allí la importancia de desarrollar capacidades de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil a nivel regional a través de una efectiva diplomacia ciudadana a nivel regional y hemisférico, y no sólo a nivel global, en tanto un sinnúmero de temas requieren de un enfoque específicamente regional, incluyendo, en especial, la prevención de conflictos armados y la construcción de la paz regional.

------------- Andrés Serbin es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela; doctor en Ciencias Políticas por la misma Universidad; y actualmente es Presidente Ejecutivo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), una red de ochenta centros de investigación y organizaciones sociales de América Latina y el Caribe.