Nº 163 - enero/febrero 2006

Fábricas de celulosa en Uruguay

Tan controvertidas que hasta el Banco Mundial duda en financiarlas

El polémico proyecto de instalación de dos fábricas de celulosa en Uruguay, sobre el río del mismo nombre, ha provocado una firme oposición tanto dentro del país como entre la sociedad civil de la vecina provincia argentina de Entre Ríos, la cual está situada río de por medio, a escasos kilómetros de donde se instalarían las fábricas de la empresa española Ence y la finlandesa Botnia.

Sectores de la población uruguaya ven con gran preocupación los impactos sociales y ambientales que acarrearía la producción de lo que sería uno de los complejos celulósicos más grandes del mundo, en uno de los países más chicos. Por su parte, los vecinos argentinos también se verían lesionados en la medida que el ambiente no sabe de fronteras y tanto la atmósfera como el río compartido corren los graves peligros de contaminación que las experiencias cercanas de Chile y Brasil dejan de manifiesto.

Una carta a la Corporación Financiera Internacional En la medida que las empresas Botnia (finlandesa) y Ence (española) solicitaron créditos al Banco Mundial para la realización de sus proyectos, el grupo uruguayo Guayubira, en el marco de una campaña de resistencia a la instalación de las referidas fábricas, promovió el envío de una carta ante dicho organismo. La Corporación Financiera Internacional, la rama del Banco Mundial encargada de los créditos a proyectos privados, recibió la carta firmada por cientos de organizaciones de Uruguay, Argentina y del mundo entero, en la que se reclama al organismo multilateral que no se involucre en los proyectos de Botnia y Ence y que no les otorgue el crédito solicitado.

Entre los argumentos que el Grupo Guayubira expuso en su carta a la Corporación Financiera Internacional se encontraban los siguientes: • “En primer lugar, es importante destacar la escala de estos emprendimientos y sus posibles impactos acumulados en caso de que efectivamente se concretaran.

• “En segundo lugar, que los informes ambientales presentados por las empresas en el marco del proceso de evaluación ambiental exigido por la legislación uruguaya habían sido duramente criticados dada la falta de seriedad de los mismos.

• “En tercer lugar, ni Botnia ni Ence llevaron a cabo ningún estudio serio acerca de los posibles impactos sociales negativos de sus emprendimientos, tanto en materia de previsibles pérdidas de empleo (por la contaminación producida por los efluentes líquidos y las emisiones gaseosas y con fuerte olor desagradable de las plantas de celulosa), como en los posibles impactos sobre la salud de la población local. Por otro lado, ambas empresas han exagerado el número de empleos ‘indirectos’ que generarían, manejando cifras sin fundamento alguno.

• “En cuarto lugar, la instalación de una o dos plantas de celulosa implicaría el aumento del área actualmente plantada de monocultivos forestales. Es necesario señalar que ya se están constatando graves impactos ambientales y sociales en las plantaciones de eucalyptus existentes, que se agravarían en caso de que la superficie plantada se ampliara.

• “Es también importante señalar los impactos que una o ambas plantas tendrían en materia de uso de la infraestructura carretera del país debido al tránsito de cientos de camiones con cargas de cuarenta o más toneladas.

“Existen además otros problemas no resueltos en torno a la instalación de ambas plantas: 1. “Una disputa internacional aún no formalizada con Argentina, vinculada a la posible contaminación del río Uruguay, compartido por ambos países.

2. “Un cuestionamiento acerca de la legalidad del otorgamiento de una zona franca a cada una de las dos empresas que pretenden instalar plantas de celulosa.

3. Un cuestionamiento acerca de la legalidad del uso de enormes volúmenes de agua y su posible contaminación luego de la aprobación de la reforma constitucional del agua en las últimas elecciones”.

Ombudsman aparece en escena y da la razón a Guayubira Como resultado, el Banco Mundial decidió contratar a una empresa consultora, Pacific Consultants Internacional (PCI), para que realizara el estudio de los impactos acumulados resultantes de la instalación de dos fábricas de celulosa sobre el río Uruguay. Representantes de PCI, así como también los propios técnicos de la Corporación Financiera Internacional, visitaron el país y se entrevistaron con una amplia gama de actores, desde organismos de gobierno a organizaciones que se oponen a estos proyectos.

Al mismo tiempo, las organizaciones de ambos países que se oponen a la instalación de las fábricas de celulosa decidieron iniciar una campaña frente a la “Oficina del Ombudsman y Asesor en Materia de Observancia de la Corporación Financiera Internacional” y se enviaron cartas ante ese organismo.

Como respuesta, el Banco Mundial envió a un equipo de evaluación de la Oficina del Ombudsman y Asesor en Materia de Observancia de la Corporación Financiera Internacional –que responde directamente ante el presidente del Banco Mundial– para recabar información acerca del conflicto planteado. En su evaluación, la Oficina del Ombudsman del Banco Mundial confirmó muchas de las preocupaciones planteadas por el Grupo Guayubira, tal como se detalla en el comunicado de este grupo fechado el 16 de noviembre de 2005, que dice: “La Oficina del Ombudsman del Banco Mundial acaba de confirmar la relevancia de muchos de los planteos que ha venido haciendo el Grupo Guayubira desde tiempo atrás. Mientras tanto el gobierno anterior como el actual afirmaban que todo estaba bien, que se habían hecho todos los estudios, que todo estaba bajo control, ahora es esta oficina asesora del Banco Mundial quien dice que ello no es así”.

El comunicado continúa diciendo: “En su momento Guayubira cuestionó duramente las evaluaciones de impacto ambiental llevadas a cabo por las empresas Ence y Botnia. Sin embargo, la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente) terminó aprobándolas rápidamente. ¿Qué dice el informe de la oficina del Ombudsman (CAO) del Banco Mundial? Dice textualmente: “Basada en sus propias revisiones, la CAO encuentra que las evaluaciones de impacto ambiental para las plantas de celulosa no abordan adecuadamente las preocupaciones de las personas potencialmente afectadas. En particular: • “las evaluaciones de impacto ambiental no proporcionan suficiente evidencia de se hayan atendido las preocupaciones relacionadas con impactos potenciales en el turismo y la agricultura; • “existe muy poca evidencia en las evaluaciones de impacto ambiental de que se haya consultado a empresas o individuos potencialmente impactados (tales como operadores de turismo, pescadores, etc.), especialmente en Argentina; • las evaluaciones de impacto ambiental no toman en consideración impactos acumulativos más amplios a más de las emisiones ambientales, tales como las consecuencias sociales y ambientales sobre la tenencia de la tierra y la equidad social como resultado de que las dos plantas impulsen el desarrollo de grandes plantaciones de eucaliptus en Uruguay”.

Guayubira concluye diciendo que “resulta hasta triste constatar que la CAO sea capaz de percibir los impactos sociales y ambientales de la forestación y de vincular su expansión con los proyectos de plantas de celulosa y que tal problemática nunca haya sido evaluada y reconocida por nuestros gobiernos. Es más, el informe de la CAO agrega la necesidad de estudiar los ‘Impactos potenciales de las plantaciones de eucaliptus (...) en la disponibilidad del agua’, sumándose también en esto a los planteos de Guayubira sobre los impactos de la forestación”.

Las recomendaciones del Ombudsman En base a todas las omisiones constatadas, el informe de la CAO plantea la necesidad de: a) “Evaluar la tecnología y emisiones proyectadas de estos proyectos” y que “se debería demostrar que la Mejor Tecnología Disponible se está aplicando en ambos proyectos.

b) “Evaluar los potenciales receptores de los impactos tanto en Argentina como en Uruguay. Específicamente debería identificar: i. Impactos potenciales de emisión de agua en la calidad de agua y en las comunidades locales así como en las comunidades de pesca turística.

ii. Impactos potenciales de las emisiones al aire en la productividad agrícola.

iii. Impactos potenciales de las plantaciones de eucaliptus en la equidad de la tenencia de la tierra así como en la disponibilidad del agua.

c) “Definitivamente abordar la cuestión de si el turismo y las plantas de celulosa son compatibles dadas las propuestas vigentes.

d) Evaluar si es o no posible diseñar medidas de mitigación apropiadas, teniendo en cuenta la adecuación de los procesos regulatorios existentes para manejar los posibles impactos transfronterizos”.

En resumidas cuentas, lo que la Oficina del Ombudsman del Banco Mundial está diciendo es que las evaluaciones de impacto ambiental fueron totalmente insuficientes y que por ende han fallado los mecanismos de control del Estado aún antes de que las plantas hayan entrado en funcionamiento. Al mismo tiempo, el informe también está señalando una serie de impactos sociales y ambientales que ocurrirán, tanto por la expansión de los monocultivos de árboles como por el proceso industrial de producción de celulosa. Estos puntos coinciden con lo que el Grupo Guayubira ha venido planteando en distintos ámbitos.

Hacer dudar al Banco Mundial no es poca cosa Recientemente se publicitó la noticia de que la Corporación Financiera Internacional hará público el informe sobre los impactos acumulados que ambas plantas tendrán, en base al cual tomará la decisión de financiar o no estos proyectos.

Más allá de que finalmente la Corporación Financiera Internacional termine aprobando o negando el apoyo financiero a estos emprendimientos, es indudable que sus dudas en cuanto a la decisión acerca del financiamiento se originan en el papel protagónico jugado por la sociedad civil organizada (uruguaya y argentina) en este proceso. Es por demás significativo que las empresas hayan tenido que invertir cientos de miles (o millones) de dólares para publicitar estos emprendimientos y que la plana mayor del gobierno uruguayo (desde el presidente hasta el subsecretario de medio ambiente) haya tenido que salir casi a diario a la prensa para defenderlos. Nada de eso hubiera ocurrido sin la presencia activa de la gente, que hasta ha hecho dudar al propio Banco Mundial, lo cual, en el mundo actual en que vivimos, no es poca cosa.