Nº 162 Octubre - Diciembre 2005
Gleneagles, la Comisión Blair y el Banco de Wolfowitz
por
George Dor
Las decisiones adoptadas por los líderes del G-8 sobre ayuda, comercio y deuda no reflejan una nueva preocupación por África ni un compromiso con el combate a la pobreza. En realidad, son los últimos instrumentos de explotación neoliberal de ese continente por el Norte industrial.
La reunión de los líderes del Grupo de los Ocho (G-8) en julio en la localidad escocesa de Gleneagles, Gran Bretaña, fue presentada como una cumbre que adoptaría el compromiso de combatir la pobreza en África. Tony Blair y Gordon Brown, primer ministro y secretario de Finanzas del país anfitrión, generaron gran expectativa antes del encuentro al prometer importantes cambios en materia de deuda, ayuda al desarrollo y el comercio.
La Comisión sobre África creada por Blair (Comisión Blair) lanzó su informe en marzo y los ministros de Finanzas del G-8 realizaron su anuncio sobre la deuda en junio. La prensa divulgó entonces el aparente compromiso de cancelar la deuda y aumentar el apoyo al continente africano. Muchos activistas contra la pobreza pensaron, equivocadamente, que podrían presionar al G-8 para que fuera más allá de estas promesas iniciales. “Nuestro gobierno, y en particular Gordon Brown y Tony Blair, serán actores influyentes en el escenario mundial (...) Ellos tienen el poder y nosotros podemos hacer que lo usen”, decía la página web de la campaña Hagamos de la Pobreza Historia. “¡Hemos llegado para vencer!”, proclamó el músico Bob Geldof.
Pero el informe de la Comisión Blair y el anuncio sobre la deuda no son más que una apariencia de acción ante la persistencia de las campañas contra la deuda y la globalización corporativa y otros movimientos relacionados. Un análisis más a fondo de ambas iniciativas sugiere que hay muy poco para celebrar.
Además, la cumbre del G-8 siguió un curso muy previsible. Mientras los activistas realizaban impresionantes manifestaciones en la calle, los líderes del G-8 se negaban a trascender los anuncios realizados antes de la cumbre. En su declaración de cierre, Blair se anticipó a la decepción de los que esperaban más al señalar que “el plan de acción del G-8 (...) no es lo que todos pretendían”. La Campaña Mundial contra la Pobreza consideró que la cumbre fue “desesperadamente decepcionante” en materia de justicia comercial y que “se debe hacer mucho más” con respecto a la cancelación de la deuda y la eliminación de condiciones.
“Cancelación” de la deuda y control de las economías africanas
En cuanto a la deuda, los ministros de Finanzas del G-8 anunciaron en junio la cancelación de apenas 40.000 millones de dólares para dieciocho países muy pobres, en su gran mayoría africanos. Esto es apenas una fracción de la deuda total africana, de 300.000 millones de dólares, y del Sur en su conjunto, de 2,4 billones.
El anuncio implica un gasto adicional estimado de 1.500 millones de dólares al año por los países del G-8. Esto es mucho menos que los 50.000 millones de dólares que Estados Unidos gasta cada año en su ocupación ilegítima de Irak, y aún menos que los 700.000 millones invertidos cada año por los miembros del G-8 en defensa. También es poco en comparación con los 100.000 millones de dólares ofrecidos por el grupo en 1999 en Colonia, Alemania. Además, las promesas intermitentes realizadas en las reuniones anuales incluyen montos prometidos antes pero no desembolsados. En otras palabras, se trata de poco más que promesas recicladas.
En el caso del anuncio de Colonia, la verdadera intención no era ofrecer alivio de la deuda, sino rescatar al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial de su crisis de legitimidad y asegurar la continuidad de su control sobre las políticas económicas de los países del Sur. Ambas instituciones fueron fortalecidas a través del Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza y los Documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza. Por supuesto, pronto se hizo evidente que ambas iniciativas eran, en realidad, nuevos ajustes estructurales encubiertos.
Más importante, la actual oferta (como la de 1999) depende de que los países apliquen reformas económicas. En otras palabras, difiere fundamentalmente de la consigna de la campaña Jubileo Sur, “Condonación total e incondicional de la deuda”. La condonación anunciada por los ministros de Finanzas es para aquellos países que acepten las condiciones de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial. En otras palabras, se trata de otro acuerdo para fortalecer las instituciones de Bretton Woods.
Anteriormente, el G-8, el FMI y el Banco Mundial habían utilizado la deuda como instrumento para determinar la conducción de nuestras economías mediante préstamos para el servicio de la deuda, condicionados a las políticas de ambas instituciones. Ahora, los nuevos instrumentos para manejar nuestras economías son el alivio o cancelación de la deuda y las donaciones. Si un país quiere alivio de la deuda debe primero cumplir las condiciones prescriptas.
Un punto crítico relacionado con esto es que el alivio o la cancelación de la deuda no se traducen necesariamente en más dinero para satisfacer las necesidades de la gente. El alivio puede reducir efectivamente el servicio de la deuda, pero sólo estará disponible para aquellos países que hayan aceptado condiciones como el recorte del gasto público y la promoción del sector privado. Éste es el caso de Zambia: para ser incluido en la lista de los dieciocho países abarcados por el anuncio de los ministros de Finanzas de junio debió recortar el gasto público más de lo que lo hizo durante décadas, forzado por el régimen de la deuda. Es decir que tras la condonación tendrá menos dinero para invertir en las necesidades de su población.
Sobre el término “cancelación” parece ser un avance sobre el anterior “alivio” de la deuda, pero la oferta sólo abarca a dieciocho países y todavía no está claro si significa una condonación del cien por ciento, aun para ese pequeño número de países. En el caso de los países latinoamericanos, por ejemplo, gran parte de la deuda es con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que no está incluido en el programa. Según el ministro de Finanzas de Zambia, la deuda de su país se reducirá de 4.000 millones de dólares -una suma claramente imposible de pagar- a 1.500 millones de dólares, una cantidad aún enorme que consolidará la incapacidad de atender las necesidades de la población.
El comunicado de Gleneagles, en reflejo de los acuerdos alcanzados entre los líderes del G-8 en su cumbre de julio, apoyó la propuesta de los ministros de Finanzas de cancelar la deuda de los dieciocho países elegibles con el FMI, la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo. Asimismo, reiteró el compromiso de asegurar el bienestar financiero del Banco Mundial y el FMI: “El G-8 ha acordado (...) proveer los recursos adicionales para que no se reduzca la capacidad financiera de las IFIs (instituciones financieras internacionales)”.
La Comisión Blair, el neoliberalismo y las IFIs
Con respecto a la Comisión Blair, en las primeras líneas de su informe establece que “África, por su parte, debe acelerar la reforma”. Hay dos asuntos importantes a destacar en este punto. En primer lugar, el informe sufre del síndrome recurrente de culpar a la víctima por corrupción, conflictos y guerras. Es cierto que hay varios líderes africanos culpables de uno o más de estos cargos. Pero se ignora el papel que tuvieron potencias del Norte en la esclavitud, el colonialismo y la imposición de políticas neoliberales, así como el impacto de esas intervenciones en la pobreza y la muerte en toda África.
En segundo lugar, aunque el informe se refiere más explícitamente a la gobernanza política como forma de combatir la corrupción y la guerra, también hace varias referencias a las diversas formas de “reforma económica”. En otras palabras, al no ocuparse del neoliberalismo como causa de gran parte de la pobreza de África, simplemente reitera que el continente debe seguir su camino neoliberal, a un ritmo más rápido.
Esto es quizá más evidente en las referencias del informe a las instituciones multilaterales de crédito, que ignoran el impacto negativo de éstas en la destrucción de las economías africanas y su consiguiente estela de pobreza y muerte. Se estima que los programas de ajuste estructural de ambas instituciones causan la muerte de 19.000 niños y niñas en el mundo por día. Sin embargo, el informe se limita a señalar que “el Banco Africano de Desarrollo debe fortalecerse” y que “el FMI y el Banco Mundial deben dar más prioridad al desarrollo de África.
Paul Wolfowitz, invasión militar y guerra económica
No sorprende que el nuevo presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, haya atendido esta exhortación y visitado el continente inmediatamente después de asumir su cargo. Wolfowitz fue el arquitecto de la invasión y ocupación de Irak, que expandió la influencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente y condujo al otorgamiento de contratos multimillonarios en ese país del Golfo a empresas estrechamente vinculadas con el gobernante Partido Republicano. Además, se opuso a la distensión y al control de armas durante la guerra fría con la Unión Soviética, y apoyó a dictadores asiáticos como el indonesio Suharto, en representación del gobierno de Ronald Reagan (1981-1989). También ha sido un persistente promotor del aumento del gasto militar.
Wolfowitz impulsó con ardor el cambio de régimen en Irak desde mucho antes de los atentados del 11 de setiembre de 2001. Afirmó que el liderazgo consiste “no en dar discursos, adoptar posturas y hacer exigencias, sino en demostrar que los amigos serán protegidos y cuidados, que los enemigos serán castigados y que aquellos que no nos apoyen se arrepentirán”. Convenció a George Bush padre de usar la fuerza para expulsar a Saddam Hussein de Kuwait en 1991, y exhortó a Bill Clinton a “aplicar una estrategia para derrocar al régimen de Saddam”.
Mintió sobre las supuestas armas de destrucción masiva en Irak. “La información de inteligencia sobre el terrorismo es inherentemente turbia, y Estados Unidos debe estar preparado para actuar basado en información imperfecta”, justificó. Posteriormente, admitió que el petróleo fue una importante razón de la invasión y ocupación de Irak, y dijo que Corea del Norte sólo merecía sanciones por sus declaradas ambiciones nucleares, porque “no está sobre un océano de petróleo”.
La siniestra combinación de la designación del hombre de Bush en Irak para conducir al Banco Mundial con el llamado a esta institución a ejercer un papel más importante en África se presentan ahora al mundo como un impulso al desarrollo del continente. Quedan así debajo de la alfombra el papel de Wolfowitz en la destrucción de Irak y el del Banco Mundial en la pobreza y la muerte en África. Trevor Manuel, ministro de Finanzas de Sudáfrica, describió a Wolfowitz como “un individuo maravilloso, perfectamente capaz”. Incluso algunos críticos sugirieron que se debía dar una oportunidad a Wolfowitz en su nuevo puesto y al Banco Mundial en África.
Wolfowitz no perdió el tiempo. Asumió la presidencia del Banco Mundial el 1 de junio y visitó Nigeria, Burkina Faso, Ruanda y Sudáfrica del 12 al 18 de ese mes. También aceptó rápidamente el nuevo papel que los líderes del G-8 asignaron al Banco. Tras la cumbre de Gleneagles, interpretó que ese papel sería “de asistencia para obtener rendimiento y resultados”. Por lo tanto, la ayuda adicional, canalizada mediante el Banco Mundial, sólo se concretará si los países receptores aceptan las condiciones de esta institución. Dados los antecedentes del Banco Mundial y el papel de Wolfowitz en Irak, sólo podemos anticipar que esas condiciones favorecerán a las empresas multinacionales extranjeras a expensas de los africanos.
Jubileo/Sudáfrica y la Coalición contra la Guerra organizaron dos manifestaciones en Sudáfrica el 17 de junio, cuando Wolfowitz estaba de visita en ese país. Una de las manifestaciones se realizó frente a las oficinas de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, y la otra frente al Departamento de Finanzas y Asuntos Económicos de la Provincia de Gauteng. El mensaje era claro: “Paul Wolfowitz no es bienvenido en Sudáfrica, debe irse” y “Cerrar el Banco Mundial, su socio el FMI y otras instituciones financieras internacionales relacionadas”.
Para Jubileo/Sudáfrica, la oposición a estas instituciones se debe tanto a su papel en el uso de la deuda para imponer el ajuste estructural a los países del Sur como a su impacto en Sudáfrica. El Banco Mundial y el FMI apoyaron el régimen de segregación racial y sus instituciones mediante voluminosos créditos, hasta que recibieron la orden de dejar de hacerlo. Una vez terminado el apartheid, volvieron para moldear las políticas macroeconómicas neoliberales de Sudáfrica, que aumentaron el desempleo y redujeron el acceso a los servicios sociales.
Comercio injusto
El abordaje de cuestiones comerciales por la Comisión Blair también refleja su insistencia en la inserción de África en el mundo global neoliberal. Exhorta al continente a producir bienes más baratos para el mercado mundial y sugiere que los países ricos deben permitir un mayor acceso de esos productos a sus mercados. En otras palabras, dice a los países africanos que continúen orientando sus actividades productivas a la exportación, y no a satisfacer las necesidades de su población.
Las recomendaciones del informe sobre comercio también deben apreciarse en el contexto de un mundo en que la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha asumido enormes poderes y se imponen acuerdos comerciales regionales desequilibrados a los países africanos. De hecho, el informe se publica en momentos en que la Unión Europea negocia “Acuerdos de asociación económica” bilaterales con antiguas colonias europeas de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). Los nuevos acuerdos tienden a reemplazar al actual pacto del bloque europeo con los setenta y siete países de ACP, eliminando la limitada protección que éste les otorga.
Así, la OMC y los acuerdos bilaterales abren las economías africanas a los productos y servicios de países del Norte, perjudicando la producción y aumentando el desempleo en el continente. En este contexto, la estrategia propuesta en el informe ofrecerá, en el mejor de los casos, oportunidades limitadas a las empresas privadas de mayor escala con capacidad de exportación, pero seguirá perjudicando la producción en pequeña escala, la actividad económica rural y la seguridad alimentaria.
“Una conclusión ambiciosa y equilibrada de la Ronda de Doha (de negociaciones comerciales multilaterales) es la mejor manera de hacer que el comercio beneficie a África y aumente la integración de los países africanos a la economía mundial”, dice el comunicado. En otras palabras, manifiesta un objetivo común de la Comisión, el G-8 y la OMC, y anticipa que la Conferencia Ministerial de la OMC a celebrarse en Hong Kong en diciembre será un paso más para encerrar a África en el régimen comercial internacional, en condiciones cada vez más desfavorables para el continente.
Magros recursos
La Comisión Blair denunció algunas de las manifestaciones más evidentes de la explotación de África por el Norte. Por ejemplo, habla de “recursos conflictivos” y reconoce implícitamente que algunos bancos del Norte retienen activos robados, que empresas del Norte son culpables de soborno, y que las industrias extractivas no son transparentes en sus pagos. Sin embargo, las recomendaciones en este sentido son, en general, vagas. La Comisión dice que “los activos robados a los africanos por líderes corruptos deben ser repatriados” y que “se debería negar créditos para exportaciones a las empresas que sobornan”, pero la experiencia indica que no existe la voluntad ni la influencia política necesarias para aplicar esas recomendaciones.
En cuanto a los recursos comprometidos, la Comisión coincidió con la cantidad insustancial propuesta por los ministros de Finanzas del G-8 en relación con la deuda, y sugirió apenas 25.000 millones de dólares anuales de ayuda adicional de los países donantes, a implementar antes de 2010. Esa cantidad podría duplicarse para 2015, a condición de que África avance en materia de gobernanza.
Asimismo, la Comisión señaló que la mitad de ese monto debería destinarse a educación y salud. Realizó algunas recomendaciones bien venidas sobre la eliminación de “derechos de usuario” en la educación primaria y la salud pública, pero cabe recordar que anteriores recomendaciones similares del Congreso de Estados Unidos al Tesoro de ese país, al Banco Mundial y al FMI han caído en saco roto. Más importante, los magros recursos propuestos en el informe de la Comisión ni se acercan a restaurar los presupuestos de salud y educación, tan drásticamente recortados durante décadas de ajuste estructural impuesto por el Banco Mundial y el FMI.
Finalmente, el informe sostiene que un tercio de los 25.000 millones de dólares anuales de ayuda adicional deberían destinarse al “crecimiento y la reducción de la pobreza”, un eufemismo que alude a un papel más importante del sector privado y a la “duplicación del gasto en infraestructura”. Esto incluye grandes proyectos regionales de transporte y energía. Hasta la fecha, proyectos de este tipo han producido pingües ganancias para grandes empresas del Norte y de Sudáfrica, basadas en un mayor endeudamiento y en la destrucción ambiental del continente.
La declaración de Blair a la prensa al final de la cumbre generó confusión en cuanto al monto de la ayuda comprometida, porque habló de “un aumento de 50.000 millones de dólares”, tras referirse a la “solidaridad con África”. Algunos medios de prensa informaron entonces que el G-8 había decidido aumentar en 50.000 millones de dólares la ayuda a África para 2010, pero esa cifra se refiere a todos los países en desarrollo. El comunicado de Gleneagles simplemente reitera la cifra propuesta por la Comisión, de 25.000 millones.
El comunicado tampoco compromete a los gobiernos del G-8 con la gratuidad de la salud pública, dado que se limita a decir que el grupo apoyará servicios gratuitos de salud primaria “cuando los países decidan proveerlos”. Sin embargo, es mucho más enfático al afirmar que el sector privado es “el principal motor del crecimiento y el desarrollo” y que “más inversión privada, incluso la inversión extranjera directa” es “la condición básica para un crecimiento inclusivo”.
Blair reiteró en su declaración a la prensa la condición a cumplir a cambio de las magras ofertas del G-8: “El compromiso de los líderes africanos con la democracia, el buen gobierno y el estado de derecho”. Eso significa que los gobernantes africanos deberán ofrecer al sector privado del Norte las condiciones económicas necesarias para que comercien e inviertan según sus propios términos.
Existen coincidencias sustanciales entre la Comisión Blair y las propuestas de la Nueva Asociación para el Desarrollo de África (Nepad), impulsada por el presidente sudafricano Thabo Mbeki, en especial en cuanto a la orientación neoliberal hacia el Banco Mundial, el FMI, el comercio y los grandes proyectos de infraestructura. El informe expone la capitulación de Mbeki ante el dogma neoliberal al establecer que “el mundo industrializado debe apoyar el programa Nepad de la Unión Africana para construir asociaciones público-privadas y crear un mejor clima para el crecimiento, la inversión y el empleo”.
Conclusión
El informe de la Comisión Blair, el anuncio de los ministros de Finanzas del G-8 sobre la cancelación de la deuda, el apoyo a esa iniciativa y la propuesta sobre ayuda del G-8 en Gleneagles, sumados al renovado respaldo del grupo a las políticas del Banco Mundial y el FMI, no reflejan una nueva preocupación por África ni un compromiso con acabar con la pobreza. En realidad no son más que nuevas instancias en las décadas de explotación neoliberal del continente, al servicio de líderes políticos y empresas del Norte. Son una nueva forma de continuar la explotación en los tiempos de la conquista, la esclavitud y el colonialismo.
Las declaraciones de Blair y Brown previas a la cumbre de Gleneagles sirvieron para disimular las intenciones del G-8. Pero el nombramiento de Wolfowitz como presidente del Banco Mundial expuso la realidad: la guerra militar y económica son dos caras de una misma moneda.
Es por estos motivos que los conciertos Live 8 y otras iniciativas de activistas contra la pobreza fueron blanco de tantas críticas. “Al final, legitiman una autoridad profundamente ilegítima”, señaló un activista. Las necesidades e intereses de los africanos sólo serán atendidos mediante una exposición mucho más crítica de la verdadera naturaleza del G-8 y sus instrumentos, la OMC, el Banco Mundial y el FMI.
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George Dor es secretario general de Jubileo/Sudáfrica y coordinador del Centro de África Austral para la Justicia Económica.
Ésta es una versión actualizada de un artículo publicado en Pambazuka News Nº 214, 7 de julio de 2005, un boletín electrónico sobre justicia social en África.
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