Nº 162 Octubre - Diciembre 2005
Mauricio Galinkin, de Articulación Soja en Brasil
Un programa contra la expulsión de los pequeños agricultores
por
Martín Pardo
Mauricio Galinkin preside el Centro Brasileño de Referencia y Apoyo Cultural (CEBRAC), institución que coordina la Articulación Soja, una propuesta que ha venido trabajando en la construcción de estrategias de desarrollo sostenible que atiendan particularmente la situación de la agricultura familiar y la seguridad alimentaria en Brasil.
¿Cómo definirías las políticas agrícolas aplicadas por el gobierno de Lula?
Las políticas continuaron. Por ejemplo en el área financiera se siguió la misma línea del gobierno anterior, con gran apoyo político y de crédito para el agronegocio, para la producción destinada a la exportación. Eso fue en detrimento de destinar mayores recursos para la agricultura familiar y defender la seguridad alimentaria de la población brasileña. El gobierno de Lula sí dio más créditos a la agricultura familiar, pero debido a una gran articulación y presión de entidades como Fetraf-Sul (Federación de Trabalhadores da Agricultura Familiar da Región Sul), por ejemplo, que congrega a los agricultores familiares del sur. Ellos continuaron articulando y presionando al gobierno por más recursos, del mismo modo que el Movimiento Sin Tierra (MST), que ejerce una gran presión por la reforma agraria.
¿Por lo que tú señalas, entonces no hay grandes diferencias en materia agropecuaria con la política del gobierno anterior?
El cambio no fue significativo. Está muy lejos de responder a lo que la agricultura familiar necesita para fortalecerse y poder producir alimentos para el país.
¿Y sobre la sustentabilidad de esas políticas, qué podrías decirnos? Son alarmantes, por ejemplo, los niveles de deforestación en la región amazónica. ¿Cómo calificarías la actitud del gobierno en torno a estos temas?
El modelo de producción agrícola actual sigue siendo tan insostenible como en el pasado. Este gobierno no ha desarrollado políticas capaces de volver el proceso un poco menos agresivo. La sustentabilidad con el monocultivo es imposible y ésa es la tendencia de la agricultura brasileña hoy, ya sea la soja, el maíz o el algodón. Entonces, es un modelo totalmente insustentable y no hay políticas en el área agrícola que apunten a reducir ese impacto ambiental, social y económico negativo.
En este proceso, ¿cuál ha sido el rol del Ministerio del Ambiente?
La ministra (Marina Silva) personalmente tiene un compromiso con el ambiente. Ella propuso una política de intersectorialidad para que la cuestión ambiental estuviera presente en todas las esferas del gobierno y sus acciones, pero lamentablemente no ha tenido éxito con ese propósito. El gobierno está dominado por el área financiera y el agronegocio y lo que se ocupe de otras cuestiones pasa a ser marginal. Con respecto a la expansión de la soja particularmente se ha provocado un nivel de deforestación mucho mayor en Cerrado que lo que ha sido en la Amazonía, pese a que esta última es la que recibe mayor atención. Un estudio reciente muestra que el nivel de deforestación anual en Cerrado es mucho mayor que el de la Amazonía, pese a que a nadie parece importarle. Es como si Cerrado no tuviera la menor importancia para el país y no impactara sobre el ambiente.
¿Eso es una cuestión de marketing? ¿Es mayor la visibilidad que genera la región amazónica?
Sin duda es una cuestión de marketing y también de ignorancia, porque un estudio reciente en Brasilia demostró que la captación de carbono por la cobertura vegetal natural de Cerrado es equivalente a la de la Amazonía. Las plantas en Cerrado tienen un gran volumen de raíces que captan carbono al mismo nivel de la Amazonía, eso es ignorancia en el tema. También hay relación con el paisaje afectado. Amazonía está considerada un paisaje bonito para los europeos por su floresta, en cambio Cerrado es un paisaje árido, es otro tipo de paisaje al que no se le ha dado valor.
Otro asunto vinculado a la cuestión de la sustentabilidad ambiental es el de la liberación de los transgénicos en Brasil. ¿Cuál es tu percepción sobre el tema?
Yo no tengo dudas de que el proceso de liberación de transgénicos siguió un patrón que ahora está siendo revelado en la actuación parlamentaria. Una persona fue designada especialmente por el Ministerio de Agricultura para hacer lobby sobre el tema de los transgénicos. Además, un abogado que prestaba servicios a una empresa de distribución de semillas transgénicas también fue vinculado al proceso que el gobierno fue desarrollando para lograr cuestiones favorables a la liberación de transgénicos. Los costos de producción ahora son mucho mayores para los que producen orgánicos no transgénicos. Ése es un asunto grave porque afecta mucho. Otra dificultad interna para el gobierno y para la ministra del Ambiente y su equipo es que resulta muy difícil defender esos sectores, porque para los sindicalistas y los poderosos la cuestión de los transgénicos no es relevante. Por el contrario, es considerada un progreso científico y se cree que hay que avanzar en esa línea por una cuestión de ciencia y mercados.
En ese escenario, ¿qué papel cumple la ley de bioseguridad? ¿Es cómplice de esos intereses?
Sí, la ley fue creada para eso. Es una ley mucho más de inseguridad que de seguridad. Ahora estamos viendo también una gran presión de los empresarios que utilizan transgénicos para alimentar animales (aves y suinos). Están presionando para que no sea obligatoria la colocación de la marca de los transgénicos (la T sobre un triángulo amarillo). Es un tema preocupante que probablemente el Ministerio de Agricultura está articulando y lo está apoyando.
¿Cómo describirías las principales características y líneas de trabajo de la propuesta que defiende Articulación Soja en Brasil?
La Articulación Soja en su inicio dio prioridad a la discusión y definición de criterios para la compra de soja de una manera menos traumática y para neutralizar sus impactos negativos. Se entendía necesaria la definición de los criterios para iniciar alguna negociación con las grandes empresas compradoras, no podíamos presionarlas sin que se presentara alguna propuesta de criterios. Entonces la prioridad era la discusión y definición de esos criterios y ahora estamos en una fase de componer la articulación y fortalecer la Plataforma Soja con una definición de un grupo de coordinación que ya fue creado en Teresina, con la aparición de nuevos miembros que son relevantes en el proceso. En Teresina se definieron líneas de trabajo, la Fundación Cebrac continúa en la Secretaría de la articulación política del proceso, Fetraf-Sul, Ecoe, Greenpeace Brasil y fue invitada también a participar la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), una entidad con mucha lucha que aún no confirmó si aceptará estar en la coordinación.
¿Cómo se convence a los defensores del modelo agroindustrial predominante en la región de que hay otro camino?
Fetraf-Sul ha trabajado esa cuestión de alternativas, así como también lo han hecho otras organizaciones. Son alternativas que dependen mucho de la configuración local, de cómo el área rural se organiza. En el sur de Brasil nosotros ya tenemos un modelo de agricultura familiar que produce para consumo propio y excedentes para el mercado. Allí la diversificación es la palabra clave. Se planta soja porque genera un ingreso importante, pero también se producen otras cosas simultáneamente y no se genera dependencia de la soja ocupando los espacios con el monocultivo. La Articulación Soja pretende, con el apoyo de Fetraf-Sul y la SPT, crear un programa de resistencia a la expulsión de los pequeños agricultores, con apoyo técnico y apoyo político, para ir buscando también créditos para que esos agricultores puedan permanecer en esas tierras y resistir la presión del agronegocio.
¿Qué rol podría o debería cumplir el Mercosur en esto de generar modelos alternativos que eviten la expulsión de las familias del campo? ¿Frente a problemáticas tan comunes, por qué no se capitaliza un marco institucional y político como el Mercosur en un momento en el que, al menos a nivel de discurso, entre los gobiernos existen cercanías? Lo que se advierte es que en realidad no se coordinan líneas de política y estrategias comunes entre los países.
El problema está en la forma como el Mercosur nació. Nació de fuertes intereses comerciales acordados por los gobiernos. El interés de la población, especialmente el de la población rural, nunca fue tomado en cuenta y la solución puede estar sólo a través de la creación de una gran articulación entre las organizaciones que defienden las agriculturas familiares y a los campesinos de la región. Es importante intercambiar experiencias y apoyos para poder revertir esta situación. La discusión de criterios sobre el tema de la soja en la región tiene que ser un embrión para una articulación más amplia entre las entidades del campo que defienden la agricultura familiar.
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Martín Pardo es politólogo y analista de información de CLAES - D3E.
Esta entrevista fue realizada en el marco del seminario “Integración y desarrollo sustentable. La nueva geografía de los recursos, la economía y el poder”, organizado por CLAES-D3E en Montevideo, en julio de 2005.
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