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ONGs urgen a la OMPI a impulsar Agenda de Desarrollo

por Kanaga Raja

Grupos de la sociedad civil exhortaron a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) a impulsar su Agenda de Desarrollo mediante recomendaciones concretas a la reunión de la Asamblea General del organismo, que se celebrará más adelante este año.

Los grupos realizaron la exhortación el miércoles, en una rueda de prensa, mientras se desarrollaba la Tercera Reunión Intergubernamental entre Períodos de Sesiones sobre un Programa de la OMPI para el Desarrollo (IIM-3, por sus siglas en inglés), del 20 al 22 de julio. La reunión debía informar a la Asamblea General acerca del resultado de las discusiones sobre la Agenda de Desarrollo lanzada en octubre de 2004.

En otras dos IIM anteriores, realizadas en abril y junio, los miembros habían presentado varias propuestas sobre la Agenda.

Thiru Balasubramaniam, de la Coalición de la Sociedad Civil, advirtió en la rueda de prensa que “la actual tendencia de ampliación del alcance de la protección de patentes, derechos de autor y otros derechos relacionados, bajo la égida de la OMPI, reduce el espacio político que el tratado sobre los TRIPS, la Declaración de Doha y otros acuerdos internacionales otorgaron a los países”.

“Damos la bienvenida a la Agenda de Desarrollo como un importante esfuerzo por incorporar la dimensión del desarrollo a las actividades de la OMPI. La sociedad civil no aprobará la reducción del espacio político destinado a proteger la salud pública y el acceso al conocimiento”, declaró.

Sangeeta Shashikant, de la Red del Tercer Mundo, afirmó que el actual sistema mundial de la propiedad intelectual está dominado por la idea de que “cuantos más derechos, mejor” y que la OMPI promueve este paradigma mediante una “agenda maximalista de la propiedad intelectual” según la cual el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual es la única forma de fomentar la actividad intelectual creativa. La Agenda de Desarrollo de la OMPI constituye una respuesta crítica a ese paradigma, agregó.

Con la obligación de implementar el acuerdo sobre los TRIPS (aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio), quedó claro que la protección de la propiedad intelectual tiene serias consecuencias en diferentes áreas de las políticas públicas, como la salud, el ambiente, la educación y la promoción del desarrollo científico y tecnológico, señaló Shashikant.

La sociedad civil cree que las normas mínimas del TRIPS ya son demasiado estrictas para los países en desarrollo, porque se basan en las normas de países industrializados. Mientras numerosos países del Sur enfrentan aún dificultades para implementar esas “normas mínimas” y comprender sus costos y beneficios para la sociedad, en la OMPI se fijan más y más normas, que en muchos casos van más allá del TRIPS, observó.

Muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) de interés público, científicos y académicos del Norte y del Sur reclaman una gran reforma del sistema de propiedad intelectual. Shashikant recordó que más de 500 destacados científicos, economistas, expertos legales y grupos de ciudadanos exhortaron a la OMPI, en la “Declaración de Ginebra sobre el futuro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual”, a adoptar una agenda más equilibrada de promoción de la creatividad y la transferencia de tecnología en aras del interés público, destacando expresamente que “la humanidad enfrenta una crisis mundial de gobernanza del conocimiento, la tecnología y la cultura”.

Asimismo, señaló, la propuesta del Grupo de Amigos del Desarrollo (integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Irán, Kenia, Perú, Sierra Leona, Sudáfrica, Tanzania y Venezuela) plasma el reclamo de reforma en propuestas concretas para incorporar la dimensión del desarrollo a las actividades de la OMPI.

Las propuestas del Grupo de Amigos del Desarrollo se refieren a cuatro áreas clave: el mandato y la gobernanza de la OMPI, la normalización, la asistencia técnica y la transferencia de tecnología.

Las ONG de interés público contribuyeron activamente a las discusiones en la primera y la segunda IIM, y respaldaron muchas de las sugerencias concretas del Grupo de Amigos del Desarrollo, recordó Sangeeta. Destacó que 112 de esas ONG firmaron una declaración de apoyo a los principios de esas propuestas y recomendaron a los países miembros de la OMPI que consideraran los cinco aspectos principales de las mismas:

• modificar la Convención de la OMPI para incorporar expresamente una dimensión del desarrollo coherente con las obligaciones de la organización como agencia de las Naciones Unidas;

• considerar la elaboración de un tratado sobre el acceso al conocimiento y la tecnología;

• establecer una oficina independiente de evaluación e investigación;

• adoptar principios y pautas para un programa de asistencia técnica, y

• reformar las normas y prácticas de la OMPI mediante un plan de trabajo para formular y adoptar principios y pautas sobre normalización; realizar evaluaciones independientes, basadas en pruebas, sobre “impacto en el desarrollo”, y asegurar una mayor participación de ONGs de interés público en la OMPI, en especial mediante un sistema de audiencias públicas antes de iniciar actividades de normalización.

En la declaración, las ONG destacaron también la necesidad de que todos los países tengan espacio político para determinar sus propias estrategias de desarrollo y la necesidad de asistencia técnica de la OMPI para implementar todos los mecanismos de flexibilidad que ofrece el TRIPS.

Sangeeta aclaró que estas ONG de interés público no son contrarias a los derechos de propiedad intelectual, sino que son partidarias de sistemas que premien la creatividad y la innovación, equilibrando los derechos de los creadores con los de los consumidores de bienes esenciales y otros usuarios, como las pequeñas y medianas empresas en países en desarrollo.

Asimismo, destacó que la declaración de las ONG es un llamado a los países miembros a traducir en forma urgente las propuestas del Grupo de Amigos del Desarrollo en recomendaciones concretas para la Asamblea General.

María Julia Olivia, del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), dijo que la esencia del debate no es la necesidad de introducir el desarrollo en el sistema internacional de propiedad intelectual.

Esto ha sido ampliamente reconocido por diferentes organizaciones internacionales, dijo, y recordó la Declaración de Doha sobre los TRIPS y la Salud Pública, el Consenso de la UNCTAD en São Paulo, las propias asambleas de la OMPI y el Plan de Acción de Doha, del Grupo de los 77 y China.

Destacó que las discusiones en curso sobre la Agenda de Desarrollo de la OMPI se refieren a medidas específicas para que esa organización coloque el desarrollo en su centro, y que todas las tareas y actividades de la OMPI reflejen un enfoque más equilibrado, integral y coherente para promover la innovación y la creatividad.

Olivia resaltó que muchas de las propuestas presentadas por el Grupo de Amigos del Desarrollo y el Grupo de África no sólo son importantes para asegurar que la OMPI mejore su contribución al desarrollo sustentable, sino que también son coherentes con otras leyes y políticas internacionales y regionales.

Ambos grupos, dijo, proponen realizar evaluaciones independientes de impacto sobre el desarrollo para considerar las posibles consecuencias de cada iniciativa de normalización sobre indicadores clave del desarrollo sostenible, tales como la innovación, el acceso público al conocimiento y a productos, la creación de empleo, el alivio de la pobreza, la equidad, el respeto a la diversidad cultural, la protección de la biodiversidad, la salud y la educación, en particular en los países en desarrollo y en los menos desarrollados.

Teresa Hackett, del grupo de Información Electrónica para Bibliotecas (eIFL), que representa a unas 4.000 bibliotecas de países en desarrollo, subrayó que la OMPI tiene fuerte influencia sobre leyes y políticas nacionales de propiedad intelectual, y que las decisiones adoptadas en Ginebra afectan directamente la vida de ciudadanos comunes en todo el mundo.

Hackett citó como ejemplo la disponibilidad de medicamentos genéricos para enfermedades epidémicas como el VIH/sida y la malaria; la capacidad de los creadores de programas informáticos para innovar con base en ideas preexistentes y sin costos, y la posibilidad de que un consumidor pueda grabar su programa favorito de televisión o realizar una compilación de sus temas musicales preferidos a partir de una colección de CDs legalmente adquirida.

Para los miembros de eIFL, destacó, el acceso a la información y al conocimiento es esencial para la educación y la capacitación, porque los recursos humanos de los países pobres son esenciales para su desarrollo.

Los derechos de autor, dijo, son una gran preocupación porque son un elemento esencial de las actuales discusiones sobre la Agenda de Desarrollo. Leyes demasiado estrictas sobre derechos de autor provocarían un sabotaje al desarrollo, advirtió Hackett.

Asimismo, destacó que una Agenda de Desarrollo que tome en cuenta las necesidades y las etapas de desarrollo de cada país es esencial para las bibliotecas y sus usuarios.

Hackett también expresó preocupación sobre la tendencia mundial de maximizar los derechos de propiedad intelectual, en general a favor de un pequeño grupo de propietarios de esos derechos y a expensas de la sociedad en su conjunto, en particular de países en desarrollo.

El actual criterio de uniformidad en materia de leyes de propiedad intelectual es injusto, afirmó, porque los países en desarrollo deben sujetarse a regímenes muy estrictos a los cuales los países industrializados no se sometieron cuando estaban en fase de desarrollo.

Tales regímenes incluyen la ampliación del significado de “protección de la propiedad intelectual”, con la consiguiente reducción del dominio público del que dependen las oportunidades de aprendizaje y creación; nuevos derechos sobre la información; medidas de protección técnica que impiden a los usuarios aprovechar excepciones legales; licencias no negociables que invalidan normas sobre uso, y acuerdos de libre comercio que restringen las normas de propiedad intelectual.