No. 145/146 - Noviembre/Diciembre 2003

Colombia

El coletazo del referendo

por Amylkar D. Acosta Medina

El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, acaba de sufrir dos fuertes derrotas electorales: pretendió legitimar una forma de autoritarismo con un referendo, pero ninguna de las preguntas consiguió el apoyo del 25 por ciento del electorado para transformarse en ley y, a los pocos días, el oficialismo perdió las elecciones municipales.

Hasta la víspera del fin de semana electoral del 25 y 26 de octubre, se asumía que Colombia estaba inmune a cuanto venía ocurriendo en los países vecinos; aparentemente no teníamos de qué preocuparnos. Colombia figuraba como una ínsula en el contexto de una América Latina convulsionada e inestable, todo por cuenta del fracaso estruendoso del modelo económico basado en el Consenso de Washington. No hay que devanarse los sesos para colegir que lo ocurrido constituye un campanazo de alerta que obliga a repensar la política económica del gobierno. “Evidentemente, los resultados electorales demuestran un rechazo significativo con respecto al actual modelo de desarrollo”, dijo el ex presidente Alfonso López Michelsen (El Tiempo, 2 de noviembre de 2003).
El mensaje es claro. Los colombianos siguen confiando en el Presidente de la República, continúan esperanzados en su política de seguridad democrática, al fin y al cabo en apoyo a ella fue que lo eligieron, pero no están dispuestos a extenderle un cheque en blanco y, menos aún, a acolitar una política económica tan funesta como la que se ha seguido en la última década, sin resultados positivos a la vista.
Ya lo había dicho hace rato Henry Kissinger: “Las democracias no toleran una austeridad ilimitada en nombre del mercado”. El presidente Uribe parece haberlo entendido así, si nos atenemos a sus palabras, expresadas en un lenguaje de corte kirchneriano, en su alocución del 30 de octubre: “Para la democracia es tan grave que su Estado no pague las deudas como que sus ciudadanos aguanten hambre para pagarlas”.

Otra salida en falso del ministro del Interior

En situaciones de graves crisis, como la planteada con el virtual fracaso del referendo, la política tira de la economía. De ello debe tomar atenta nota “el presidente Uribe, que deberá comenzar a sumar fuerzas y desmontarse de un excesivo derechismo neoliberal, que el resultado del sábado (25 de octubre) demostró no conecta con amplios sectores del país” (editorial de El Tiempo, 28 de octubre de 2003) y poner en su puesto al embaucador ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño, quien con sus actitudes no hace otra cosa que enredarle la pita al gobierno.
Flaco servicio le prestó a éste con su salida en falso, al pedir “que se estudie un cambio en la cifra de votos necesarios para que se aprueben algunos puntos del referendo, ya que en muchos casos los electores dejaron de marcar opciones por la complejidad de las papeletas” que sólo viene a ver ahora, al tiempo que propone descontar del censo electoral a quienes por fuerza mayor no pudieron votar. Y, además, purgar al censo electoral, que según él está inflado, para de este modo obtener el umbral para las 15 preguntas del referendo.

Un censo flexible

Mucho se ha especulado, a posteriori, sobre la incidencia de la distorsión del censo electoral en los resultados del referendo y a ello se le pretende endilgar la responsabilidad del fiasco. Incluso, se ha llegado a afirmar que el 25 por ciento del censo electoral resulta excesivo en un referendo constitucional, cuando precisamente se estableció dicho rasero como una forma de garantizar la estabilidad de la Carta, que debe tener vocación de permanencia. De otro modo, para seguirle la pista a ésta no quedaría recurso distinto al de disponer de ella a través de la forma Legis.
Por lo demás, cabe acotar, a propósito del censo electoral cifrado en 25.069.773, que éste se encuentra muy por debajo de la proyección de la población mayor de 18 años dada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) al 30 de junio de este año, de 27.867.048.
No nos digamos mentiras, si el censo electoral es inexacto y poco confiable, habiendo sido depurado recientemente por parte de la Registraduría, qué decir del censo de población, anclado en el año 1985 y desde entonces nos hemos atenido a las proyecciones, buenas o malas, del DANE. Lo cierto es que las reglas se fijan antes de empezar el partido y no se pueden cambiar después que éste ha concluido para variar el score, como tampoco es válido mover el arco para evitar el gol.

El gobierno no previó el revés en las urnas

El gobierno se nota aturdido. Los resultados arrojados tanto por el referendo como por las elecciones del domingo 2 de noviembre, lo tomaron por sorpresa; peor aún, no estaba preparado para semejante debacle. De allí que, en un exceso de confianza en que el referendo pasaba holgadamente, no previeron un plan alternativo ante tal eventualidad, lo cual denota impericia e imprevisión imperdonables. El buen gobernante es aquel que optimiza el sentido de la ocasión pues, como decía Maquiavelo, “los males que nacen de un Estado se curan pronto, si se les reconoce con anticipación. En la capacidad de tomar la decisión acertada en el momento preciso, está el éxito”.
El frente que ha causado mayor preocupación, a raíz del fallido intento de hacer parte del ajuste a través del referendo, es el de la economía, que se ha visto zarandeada por la incertidumbre y la desconfianza. Por fortuna, los mercados han reaccionado con prudencia y no se han presentado mayores sobresaltos. Se pretende sacar pecho aduciendo que la firma calificadora de riesgo Standard & Poors resolvió mantener la calificación de la deuda colombiana, a pesar de su frustración por la no aprobación del referendo, a la espera de que el Congreso imparta su aprobación antes de fin de año al paquete que le presentará el gobierno. Pero lo que no se ha dicho es que la calificación que se mantiene es la BB, por debajo del grado de inversión o, más exactamente, especulativa, cuando el país a lo que aspira, con sobrada razón, es a alcanzar el grado de inversión para su deuda.
Todo el país estaba expectante frente a la intervención que haría el Presidente de la República, ante el hecho cumplido del hundimiento del almendrón del referendo, que estaba en los artículos 8 y 14. En el Memorando de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se tenía previsto que el gobierno tomaría “medidas de contingencia diseñadas para salvaguardar el programa contra estos eventos. Estas incluyen impuestos adicionales, reducción del gasto y adelantar en el tiempo algunas de las medidas discutidas en el punto 17, tercer párrafo. En el caso de insuficiencia de financiamiento, el gobierno considerará el uso temporal de recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), el cual tiene en la actualidad activos por cerca de 1,5 por ciento del PIB. Con relación a los gastos en seguridad, la información preliminar indica que el impuesto al patrimonio destinado a este fin está produciendo más de lo previsto. Si los recursos adicionales más las medidas de contingencia mencionadas no fueran suficientes para financiar los gastos militares no anticipados, el gobierno consideraría la posibilidad de emitir bonos de largo plazo en términos concesionales” (Acuerdo Stand by de Colombia con el FMI, 2 de diciembre de 2002).
Pero todo pensó el gobierno menos que iba a tener que echar mano de ellas. Peor aún, que se fueran a quedar cortas frente a la magnitud del hueco fiscal. Todo da para pensar que, si bien el gobierno contempló tal escenario, siempre lo consideró como remoto y de allí que se haya dejado sorprender mal parqueado, sin un programa estructurado y serio. Por ello, anda ahora saltando matones, tratando de recuperar el tiempo perdido en la inacción y la torpeza.

No se ve un plan coherente

Sin terminar de reponerse aún por el impacto que le causó el golpe de opinión que significó el revés del referendo y de encajar su efecto político, Uribe se dirige a la nación asumiendo su responsabilidad y le anuncia un duro paquete de medidas con las que se pretende sortear la crisis fiscal. Estas son de variada índole y van desde el impuesto al patrimonio, la sobretasa al impuesto sobre la renta, el impuesto a las pensiones, el recorte a la inversión, afectar las transferencias territoriales, pasando por el IVA generalizado, escapándose sólo el “corazón” de la canasta familiar, hasta la controvertida propuesta del prepago de deuda externa con el fin de aliviar la carga del servicio de la misma.
Cuando todavía no se oficializan tales anuncios, el Presidente del Comité intergremial, Sabas Pretelt de la Vega, se apresuró a reprochar al gobierno por estar improvisando y amenazar con tales medidas a la incipiente reactivación de la economía. El Banco de Inversión BCP Securities, especializado en América Latina, señaló en un informe privado a sus asociados que “la administración Uribe no tiene un plan coherente”. Y las declaraciones del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dan esa sensación, de improvisación y de incoherencia, pues no de otra manera puede interpretarse el que, luego de la intervención de Uribe, salga a ponerle cortapisas a la propuesta del presidente de prepagar deuda con cargo a los excedentes de reservas internacionales, que ahora él pone en tela de juicio de que existan siquiera.

------------------------ Amylkar D. Acosta Medina es presidente de la Sociedad Colombiana de Economistas.

------------------- Este es un extracto del artículo publicado en el sitio web de ALAI: alainet.org