Nº 157-158 Noviembre-Diciembre 2004

Racismo e Internet.

El legislador se enfrenta a disyuntivas propias de cirujanos cuando debe extirpar el tumor del racismo del cuerpo de Internet sin dañar los órganos vitales de la libertad de expresión, dijo a modo de ejemplo un activista humanitario durante el debate convocado por la ONU al respecto. Debe existir un equilibrio pues siempre aparece el riesgo de la amenaza a las libertades, aunque también hay que sopesarlo con algo de igual gravedad como es el uso de la red mundial de computadoras de modo indebido, agresivo, racista y excluyente, coincidió el diplomático chileno Juan Martabit.
La sesión del grupo de trabajo intergubernamental sobre la aplicación efectiva de la declaración y el programa de acción de Durban, que finalizó el 22 de octubre en Ginebra, estuvo marcada por esa alternativa. Martabit, que presidió las sesiones del grupo de trabajo creado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, observó que Internet es usada por grupos, grupúsculos e individuos que se dedican a promover “ideas francamente intolerables en el mundo en que vivimos”.
Las conclusiones de dos semanas de debates sobre racismo e Internet sugieren que los países adopten disposiciones legales vinculantes, coherentes con los instrumentos internacionales de derechos humanos, para contrarrestar las incitaciones al odio y a la violencia racial a través de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. El documento aprobado hace también un llamado a la cooperación judicial internacional para identificar y aplicar las prácticas adecuadas en la lucha contra la diseminación del racismo.
La casi totalidad de los sitios web que fomentan el racismo son elaborados en los países industrializados, observó el delegado costarricense. En cambio, salvo excepciones, el mundo en desarrollo carece de recursos tecnológicos para impedir que esa información, que circula libremente por la red, sea filtrada o prohibida, añadió. Por ese motivo es fundamental que todos los gobiernos asuman la responsabilidad en la lucha contra el llamado ciberdelito, insistió.
Una de las recomendaciones del grupo de trabajo es que los estados suministren información a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre la aplicación de las disposiciones de la declaración y del programa de acción de Durban que guardan relación con el combate contra el racismo en Internet. La declaración de Durban fue adoptada por la conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, que se realizó en esa ciudad sudafricana en 2001.
El ministro de Comunicaciones de Suiza, Marc Furrer, coincidió en la necesidad de una cooperación “transparente y confiada” entre los gobiernos y también con los proveedores de servicios de Internet a causa de que los ciberdelitos no están confinados por las fronteras. Los delincuentes pueden eludir las leyes nacionales actuando desde países que tienen legislaciones menos restrictivas contra el racismo y otros delitos. Sin embargo, Furrer recalcó la importancia de asegurar que las leyes contra el ciberdelito no sean empleadas por los gobiernos para restringir las libertades de expresión y de información de sus ciudadanos.