N° 153-154 Julio-Agosto 2004

UNCTAD XI

Hacia un espacio de cooperación Sur-Sur

por Carlos Abin

El balance de la Undécima Sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD XI), que tuvo lugar del 13 al 18 de junio en San Pablo, resulta francamente favorable a los países en desarrollo, que hicieron oír su voz y obtuvieron valiosos reconocimientos de sus posturas en la redacción final de las declaraciones aprobadas.

“La UNCTAD fue creada en 1964 como una expresión de la convicción de que se requiere del esfuerzo cooperativo de la comunidad internacional para integrar exitosamente a los países en desarrollo a la economía mundial”, según reza “El espíritu de San Pablo”, una de las dos declaraciones aprobadas durante las sesiones (la otra es el “Consenso de San Pablo”).

Los dos documentos aprobados destacan algunos conceptos e ideas-fuerza que resultan fundamentales, en especial para los países del Sur: la reafirmación del multilateralismo, la ubicación del desarrollo como elemento central de la agenda global, la necesidad de cooperación internacional para combatir el hambre y la pobreza. La afirmación de la centralidad del desarrollo reviste singular importancia, en cuanto implica –y ambos documentos así lo sugieren-, de una parte, la responsabilidad de los países centrales en estos procesos y, de la otra, la subordinación de los intereses comerciales y financieros respecto del derecho de los pueblos a alcanzar un desarrollo adecuado para asegurar su bienestar.

Las aspiraciones definidas en el Programa de Trabajo resultante de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Doha fueron ratificadas en esta oportunidad en la UNCTAD XI. En consecuencia, se afirma que “todos los miembros de la OMC están comprometidos en lograr que los resultados de las negociaciones comerciales estén auténticamente en concordancia con las preocupaciones del desarrollo” (“El espíritu de San Pablo”, punto 8). En la misma línea, se reconoce que “una mayor coherencia entre los esfuerzos nacionales e internacionales y entre los sistemas internacionales monetario, financiero y de comercio, es fundamental para alcanzar una gobernanza económica sólida” (“El espíritu de San Pablo”, punto 9).

Pero el alcance de UNCTAD XI es bastante mayor y el balance resulta francamente favorable a los países en desarrollo, que lograron hacer oír su voz y obtuvieron valiosos reconocimientos de sus posturas en la redacción final de las declaraciones aprobadas y firmadas. Las sesiones se abrieron con un llamado de los líderes de los países en desarrollo a la construcción de una “nueva geografía del comercio”, subrayando el papel de las vinculaciones comerciales y la cooperación en el naciente espacio Sur-Sur.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, reclamó un régimen de comercio internacional apto para promover el desarrollo, así como el cumplimiento de la agenda de Doha que, aseguró, “sólo puede ser alcanzado si se garantiza al Sur acceso pleno a los mercados del Norte, y si los subsidios agrícolas son reducidos o eliminados”. Y el presidente de la Asamblea General de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores de Santa Lucía, Julian Hunte, luego de criticar las consecuencias de la globalización, subrayó la incertidumbre que reina en el mundo, que atribuyó a dos factores: la falta de progreso en la Agenda de Doha –imputable a la resistencia de los países centrales- y la influencia de las empresas trasnacionales, muchas veces más poderosas que países enteros y libres de toda responsabilidad y control. Hunte exigió reglas comerciales equitativas, entendiendo por tales aquellas que tienen en cuenta las profundas asimetrías existentes.

Sucesivas intervenciones de orientación semejante fueron dibujando el marco en el que se desarrollarían otras actividades de carácter paralelo e importancia no menor, en particular las reuniones de los países integrantes del Grupo de los 20 (G-20) y las que tuvieron como objeto el relanzamiento del Sistema General de Preferencias Comerciales (SGPC), que incluye la convocatoria para una tercera ronda de negociaciones a iniciarse en noviembre próximo.

El punto focal del disenso fue el reclamo de los países del Sur de un adecuado “espacio” para llevar adelante sus políticas domésticas de desarrollo, crecientemente restringidas y limitadas por las reglas internacionales. Estos países tienen, además, la común percepción de que el rumbo de la globalización, el estilo de negociación y los objetivos y aspiraciones de los países ricos apuntan a constreñir aún más sus potestades soberanas. Las condicionalidades que imponen el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, las presiones hacia una liberalización mayor y hacia formas de creciente apertura comercial, las exigencias en materia de privatizaciones, la insistencia en la ampliación de la agenda de la OMC procurando incorporar al sistema global de comercio cuestiones que están fuera del ámbito de lo comercial (los “temas de Singapur”, por ejemplo) resultan índices inequívocos que alimentan esta preocupación. El espacio para el diseño y el impulso de políticas autónomas y soberanas, ya considerablemente formateado por las duras exigencias de la disciplina internacional, respaldadas por un enérgico poder sancionatorio para los infractores, y por lo tanto ya bastante reducido, se ve así amenazado por nuevas restricciones.

El texto finalmente acordado no es el que pretendían los países en desarrollo, pero constituye un avance, especialmente si se considera que la referencia a un “espacio” para la definición e implementación soberanas de políticas domésticas aparece ahora por primera vez en un documento emergente de una conferencia multilateral que involucra a países del Norte y del Sur, como lo es el “Consenso de San Pablo”. El parágrafo 8 establece explícitamente: “Corresponde a cada gobierno evaluar el equilibrio entre los beneficios de aceptar las reglas y compromisos internacionales y el constreñimiento derivado de la pérdida de espacio para sus políticas. Es particularmente importante para los países en desarrollo, teniendo presentes sus metas y objetivos de desarrollo, que todos los países tengan en cuenta la necesidad de un balance apropiado entre el espacio para las políticas nacionales y las disciplinas y compromisos internacionales”.

El valor de esta declaración –quizás el logro más importante obtenido en la instancia- radica en su potencialidad como argumento para los negociadores de los países en desarrollo a la hora de defender su posición y sus derechos, sea ante el FMI, la OMC o los acuerdos bilaterales y regionales.

Aprovechando las condiciones creadas por la UNCTAD XI, y la presencia en ella de numerosos líderes de países del Sur, tuvieron lugar también en San Pablo numerosos encuentros entre éstos, signados por la búsqueda de nuevas formas de cooperación y comercio aptas para poner en práctica una lógica de solidaridad Sur-Sur y reducir la dependencia respecto del Norte. A través del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil desempeñó un rol activo en estas iniciativas, en forma consistente con las políticas que ha venido impulsando Itamaraty, en particular a partir del comienzo del actual gobierno.

Los hechos más significativos en la orientación indicada incluyen el lanzamiento de una nueva ronda de conversaciones de comercio entre estos países, en particular en el marco del SGPC, la reunión ministerial del G-20 y la Reunión Ministerial Especial del Grupo de los 77 más China.

Esta serie de reuniones paralelas a la UNCTAD XI, cuyos contenidos demuestran la consolidación de estos agrupamientos –algunos de reciente creación, otros de más antigua data- ponen de manifiesto que los países en desarrollo parecen dispuestos a trabajar intensamente en defensa de sus intereses. Las negociaciones en torno al Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) parecen estancadas por tiempo indeterminado, algo similar ocurre con la OMC y un progresivo enlentecimiento afecta las que vienen llevando a cabo el Mercosur y la Unión Europea, que al presente visualizamos como empantanadas en un marasmo de ofertas recíprocas insatisfactorias. Entretanto, crece la percepción de que en el espacio Sur-Sur se abren nuevas y promisorias perspectivas.

Los países en desarrollo encuentran nuevas formas de agruparse -el G-20, el G-90-, o recuperan viejas modalidades de asociación y cooperación (el G-77, el relanzamiento del SGPC) y algunos de ellos –como Argentina y Brasil- manejan una agenda múltiple de iniciativas entre las que se cuenta la de consolidar y expandir el Mercosur. Están en acción numerosas iniciativas, que constituyen otras tantas pruebas de esta situación novedosa y alentadora a la vez.

La construcción de espacios de cooperación Sur-Sur, articulados a partir de los problemas y las dificultades comunes, ofrece una perspectiva diferente, en la que el elemento central no está constituido por el afán de acumulación ni por las aspiraciones hegemónicas, sino que discurre a lo largo de un eje más humano y racional: buscar soluciones para los problemas de la pobreza y el hambre, diseñar nuevos caminos hacia el desarrollo, defender las autonomías nacionales y las potestades soberanas, hurtándolas en toda la medida posible a la presión dominante de los países ricos. De alguna manera, este conjunto de problemas requiere de soluciones distintas y, sobre todo, reclama el valor de la solidaridad entre los pobres como factor común y compartido. Tal vez pueda ser éste un motor hasta ahora casi inexplorado, capaz de conducir a acuerdos de nuevo tipo, con otra inspiración y con otras finalidades.

Esta posibilidad quedó expuesta con inusual transparencia por el presidente brasileño, uno de los principales animadores de estos procesos de acercamiento y cooperación entre las naciones del Sur. Al dirigirse al Foro de la Sociedad Civil que se cumplió en forma paralela a la UNCTAD XI, Lula afirmó que Brasil optará por aquellas políticas que defiendan a las naciones más pobres, aún si eso significa que deba pagar precios más elevados por mercaderías producidas en esos países. “Debemos facilitar las cosas de modo que los países pobres puedan vender sus productos”, afirmó. Y en una referencia concreta al área regional enfatizó: “Compraremos arroz a Uruguay y mercaderías a Paraguay y Bolivia”.

En un esfuerzo por reafirmar el cambio de eje, Lula abrió la puerta para la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil: “Si cada entidad, movimiento y organización aquí presente presiona a su propio gobierno o parlamento, podemos transformar la lucha contra el hambre en un problema político, en vez de un problema social. Esta es la acción política que debemos emprender”, aseguró.

La proa se orienta hacia el Sur. Sin abandonar ningún escenario de negociación, los países en desarrollo buscan su propio espacio. Otras reglas, otros objetivos, otros valores y principios alimentarán estos proyectos. “Otras voces” en “otros ámbitos” comienzan a afirmar su identidad y acentúan su deriva respecto de un sistema global que los victimiza sin piedad, sin concesiones, desde el más acérrimo egoísmo. ¿Estaremos presenciando el nacimiento –vacilante, incipiente, preñado de amenazas y dificultades- de ese “otro mundo” que el Foro Social Mundial ha afirmado porfiadamente como posible?