No. 151/152 - Mayo-Junio 2004

La estrategia a seguir después del 11 de setiembre

por Bimal Ghosh

La campaña antiterrorista lanzada luego de los atentados del 11 de setiembre de 2001 en Estados Unidos representa un nuevo desafío para los activistas que defienden los derechos humanos de los inmigrantes. Nadie puede cuestionar la legitimidad de la creciente preocupación de los gobiernos por la seguridad nacional en vista de los horrendos ataques perpetrados en Estados Unidos y más recientemente en otras partes del mundo. Pero en muchos países, el fortalecimiento de la seguridad afectó los derechos civiles de ciudadanos y extranjeros, y llegó al punto de cambiar la presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad. Lo peor es que, en general, se ha aceptado esta pérdida de libertad como el precio a pagar por la seguridad del derecho más básico: la vida. Este clima dominado por la preocupación por la seguridad dificulta la tarea de las organizaciones de derechos humanos, más aún teniendo en cuenta la participación de extranjeros en la mayoría de los atentados recientes.
¿Significa esto que los activistas de los derechos humanos deben replegarse? Definitivamente, no. Pero la nueva situación pone una vez más bajo el foco la necesidad de colocar la cuestión de los derechos de los inmigrantes en un contexto más amplio, además de probar la importancia de la formación de coaliciones. Los activistas deberían concentrar mayores esfuerzos en sensibilizar a los gobiernos y la opinión pública sobre la necesidad de equilibrar y armonizar la protección de la seguridad con la de los derechos humanos de los inmigrantes, y buscar formas para lograr ese equilibrio.
Ese proceso debe regirse por los siguientes principios. En primer lugar, la lucha contra el terrorismo no es una lucha contra los inmigrantes. No todos los extranjeros son terroristas, ni todos los terroristas son extranjeros. En segundo lugar, el fortalecimiento del control de las fronteras y de la inmigración no implica necesariamente una política inmigratoria represiva. Ni siquiera las leyes y prácticas de inmigración más draconianas pueden detener toda forma de terrorismo procedente del exterior. Por otra parte, las iniciativas políticas proactivas pueden facilitar el abordaje de los aspectos de seguridad de la inmigración. Y en tercer lugar, se debe evaluar el valor real de cada medida de seguridad que afecte los derechos humanos (detenciones arbitrarias, expulsiones) y compararla con su costo actual y futuro en términos de los beneficios económicos sacrificados y las libertades humanas atropelladas. No están en cuestión la seguridad ni el derecho a la vida, sino cuál es la mejor manera de protegerlas, de acuerdo con la dignidad y los derechos humanos.
Las medidas de seguridad que suprimen los derechos humanos básicos de los extranjeros sólo pueden repercutir negativamente en el país anfitrión en su conjunto, afectando el respeto a los derechos humanos y los valores asociados con una sociedad democrática. Más aún, esas medidas pueden enviar señales equivocadas e inspirar a regímenes extranjeros a lanzar ataques oportunistas contra grupos opositores, no sólo en países de emigrantes, sino en todo el mundo.