No. 133/134 - Noviembre/Diciembre 2002

ALCA

Integración: ¿asunto de los pueblos o de los bancos?

por Margarita Flórez

Resulta por lo menos irónico constatar que mientras los parlamentos de los países americanos todavía no están incluidos en los procesos de negociación comercial, los bancos regionales tengan ya un largo recorrido de estrategias y proyectos en torno a la integración regional.

En el Encuentro Continental de Parlamentarios sobre el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el Rol de los Parlamentos de la Región, celebrado en Quito el 29 y 30 de octubre, se constató que el tema de la integración no tenía ningún estatus especial dentro de sus agendas. Salvo el caso de Venezuela que posee una Comisión Ad Hoc sobre el tema de acuerdos comerciales, la opinión recogida era que ni siquiera formaba parte de la agenda de trabajo. Y a pesar de que se sabía la existencia de grupos de trabajo que agrupaban fundamentalmente al sector privado, y en ocasiones al sector académico, ni los parlamentos ni las organizaciones sociales eran convocados.

El Encuentro resaltó la ausencia de transparencia en las negociaciones y el predominio de lo que se ha denominado la política de competencia constructiva, o sea la negociación bajo el imperio de las transnacionales, que además del campo multilateral y regional, presionan a los gobiernos para lograr acuerdos bilaterales que concedan mayores ventajas.

Todo esto cuenta con el apoyo de los organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el cual la integración "es una parte integral del proceso mismo de reforma estructural", según su "Informe sobre Progreso Económico y Social, Más allá de las fronteras: El nuevo regionalismo en América Latina". De esta manera, señalamos en la ponencia el Rol del BID en el proceso de Integración regional. Todo su accionar, sirve para establecer las condiciones estructurales que requiere la integración, incluyendo la capacitación y entrenamiento para poder instaurar sus políticas. Es así como, por ejemplo, en la Estrategia Sectorial de Integración una de las propuestas que se hacen es insistir en un entrenamiento que permita una mejor comprensión del fenómeno de la globalización y se acerque de manera eficiente a la sociedad civil, libre ya de los "prejuicios" que rodean el concepto. Y conceder la mayor importancia al sector privado, como motor de ese nuevo regionalismo, y para ello se dispone de recursos a través del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin).

El alejamiento, a propósito, de los parlamentos y de las organizaciones de la sociedad civil, podría explicarse podría explicarse por al menos dos circunstancias. De una parte, el rol asignado a los congresos después de las reformas al Estado de las décadas pasadas, ya que mediante ellas se asignó la responsabilidad de las negociaciones internacionales al Poder Ejecutivo, y dentro de él, a los sectores de finanzas y de comercio exterior con un papel de última categoría para los parlamentos. Y de la otra, en dirección opuesta, porque los gobiernos han encargado de manera explícita a entidades como el BID, la Corporación Andina de Fomento y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), tareas que facilitan y establecen metas para el proceso integrador.

En efecto, desde la reunión de presidentes de Brasilia del 2002, se establece la Iniciativa de Integración Regional de América del Sur (IIRSA), "como una estrategia central para la superación de los desafíos sociales y económicos, convencidas que la integración del espacio sudamericano con base en la generación de valor agregado a los recursos naturales es un catalizador del desarrollo integral de la región, que favorece la sinergia y especialización en sectores estratégicos para el mejoramiento de los niveles de ingreso y bienestar de su población". (II Reunión de Presidentes de América del Sur. Guayaquil, Ecuador, 26 y 27 de julio de 2002: www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/consenso_guayaquil.htm).

Y con base en este mandato se han dedicado a adelantar obras dentro de la región sin que estas hayan recibido el menor debate interno ni de los parlamentos ni de las organizaciones sociales, entre otros aspectos porque no son conocidas en los países y mucho menos con la envergadura que se les ha otorgado.

Asimismo, el BID ha hecho circular en los últimos meses su Estrategia Sectorial de Integración, que delinea de manera clara cuáles son las expectativas que se tienen en torno al tema. Y señala que el "objetivo central de la estrategia del Banco para la Integración Regional es maximizar su apoyo catalítico (de integración regional y de cooperación funcional) al proceso de reforma estructural en curso y a la preparación de la región para una inserción competitiva y socialmente benévola a una economía mundial globalizada". (Punto 1.3: www.ladb.org).

A esto se le suma que el tema de la sociedad civil se encuentre en manos de un grupo gubernamental, también en seguimiento de los mandatos de los presidentes de las Américas. Es decir que ni los parlamentos ni las organizaciones sociales han sido considerados actores válidos en el proceso de integración pero si se les han confiado tareas muy concretas a los organismos financieros. Esto conduce a que sean unos los llamados y otros los ignorados, a pesar de la retórica integradora sobre la base de trazada por los libertadores que impregnan todos los textos gubernamentales. (Ver Declaración de Guayaquil, 2002).

Si como sostiene el BID, este proceso integrador pasa por una formulación de normas e instituciones regionales, lo menos que cabe es exigir que su formulación y la decisión sobre estas superestructuras regionales sea objeto de debate inmediato por parte de los parlamentos y con la participación masiva de los habitantes de nuestros países. La integración debe ser producto de la voluntad política de los ciudadanos y de sus instituciones, antes que continúe en medio del tinglado secreto de las negociaciones de expertos.

Por ello resulta esperanzador que se continúe el esfuerzo de establecer vínculos entre los parlamentos, y que las organizaciones sociales tengan también una vocería permanente, sobre la conveniencia o no de la integración, para que ésta adquiera la regionalidad y legitimidad que pretende.

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Margarita Flórez es abogada del Grupo Globalización y Derecho, del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), con sede en Bogotá, miembro de la Red del Tercer Mundo y de Alianza frente al BID, una coalición de ONGs que monitorea la actividad de la banca multilateral.