|
No. 133/134 - Noviembre/Diciembre 2002
Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
El TLCAN: un espejo cercano
por
Carlos Abin
El contenido conocido del borrador del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), con todo y sus múltiples corchetes (ver Cuadro "Reivindicaciones democráticas"), es similar al del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), reproduce reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y registra un fuerte parentesco con el fracasado Acuerdo Multilateral de Inversiones que, expulsado por la puerta, regresa por la ventana. Los contenidos más "fuertes" y perjudiciales del ALCA son equivalentes a los del tristemente famoso Capítulo XI del TLCAN. Este tiene ya más de ocho años de aplicación y, por lo tanto, constituye un buen espejo para contemplar en él lo que podemos esperar del ALCA a la luz de las experiencias recogidas en América del Norte.
El siguiente es un inventario incompleto de los perjuicios concretos, mensurables, existentes, que la aplicación del TLCAN ha venido arrojando. Tales perjuicios muestran la inevitable cara anversa de la moneda: corresponden a otros tantos beneficios que favorecen a las compañías multinacionales.
El TLCAN contiene disposiciones que permiten a las multinacionales demandar a los gobiernos nacionales, regionales o municipales de los estados parte en razón de medidas adoptadas por éstos que determinen recortes de ganancias, pérdida de beneficios presentes y aún futuros.
La empresa estadounidense, Ethyl Corporation, obligó al gobierno canadiense a pagar 13 millones de dólares en daños y anular la prohibición de uso del aditivo de gasolina MMT, una sustancia tóxica que ataca el sistema nervioso. El argumento: las normas prohibitivas –adoptadas en defensa de la salud de la población- privaban a la reclamante de beneficios comerciales esperados infringiendo de este modo la protección de las inversiones articulada por el TLCAN.
La cadena canadiense de funerarias Loewen Group invocó las normas de protección de las inversiones del tratado para demandar al gobierno de Estados Unidos el pago de 750 millones de dólares por concepto de "daños" después de que una corte del estado de Mississippi declaró a Loewen culpable de prácticas maliciosas y fraudulentas, y de acosar indebidamente a una pequeña competidora local. Loewen argumentó que la simple existencia de un sistema de Cortes Estatales con competencia para juzgar ese tipo de actividades y condenar a empresas inversionistas extranjeras, representa una violación de sus derechos según las normas del tratado.
Otra compañía norteamericana, Metalclad Corporation, demandó al estado mexicano de San Luis para que permitiera la construcción de un depósito de desechos tóxicos. Metalclad argumentó que la ley mexicana que establece áreas protegidas y prohíbe la realización de este tipo de depósitos es una medida equivalente a la expropiación de la empresa inversionista. El caso fue decidido a favor de la compañía y los residentes del estado tuvieron que pagar a Metalclad 16 millones de dólares como compensación.
La apertura pactada en el TLCAN incluye los mercados agrícolas. En este terreno las asimetrías son notables. De una parte, Estados Unidos continúa manteniendo el conjunto de las disposiciones legales que componen su sistema de protección, por lo que a su respecto la liberalización es mínima o inexistente. De otra, los fuertes subsidios que ese país asigna a la producción agrícola, permiten invadir los mercados indefensos, como el mexicano, con excedentes y mercaderías de descarte, arruinando la agricultura local.
Al abrirse el mercado mexicano a la producción agrícola de Estados Unidos, se vio inmediatamente inundado con maíz barato –subsidiado en origen- y de mala calidad, desechado en origen. Esto produjo un descenso acentuado en la calidad de la dieta de millones de personas y afectó en forma irreversible la actividad agrícola local, llevando a la quiebra a buena parte de los pequeños productores familiares, campesinos e indígenas que se vieron así expulsados del mercado interno, y finalmente, también de sus tierras. Estos campesinos e indígenas cultivaban decenas de variedades locales de maíz bien adaptadas al medio, que al abandonarse las tierras y los cultivos se perdieron o desaparecieron, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria no sólo de los mexicanos sino de todos quienes en el mundo consumen maíz como parte de su dieta básica.
El TLCAN alcanza también a los servicios. Entre ellos, los de carácter educativo, concebidos como una mercadería más.
Canadá está sufriendo desde hace un tiempo un verdadero "asalto" por parte de las corporaciones norteamericanas que operan en el área de la educación, la encaran como negocio e ingresan "a sangre y fuego" violando el tradicional enfoque de la sociedad canadiense que históricamente ha concebido la labor educativa como esencial para la preservación de la identidad nacional y como un medio de igualación social democrática y la encara con sentido de responsabilidad colectivo, con fuerte participación estatal. Ahora, este enfoque nacional está siendo sustituido por un sistema individualista, fuertemente competitivo y asentado en la "filosofía mercantil". Las compañías norteamericanas llevan adelante su obra invasora "sin ninguna inversión en el país, sin crear un solo empleo, sin tener siquiera una oficina en Canadá" El interés público, como elemento inspirador del sistema, está siendo desplazado por la lógica de las ganancias y la ferocidad de la competencia. Para modelar una sociedad "es esencial influir en los corazones y las mentes de los jóvenes. En el nivel más básico, el asalto (comercial) al sistema educativo de Canadá es un ataque a la historia, la cultura y los valores de la nación en sí misma"
Con idéntica inspiración y contenido similar, el ALCA tendrá consecuencias semejantes a las que resultan de los casos expuestos. Las multinacionales campeando por sus fueros –fueros renovados y ampliados ad infinitum- mercantilizando todo lo que tocan, tocando todo lo que tienen a su alcance, alcanzando hasta los rincones más recónditos de las sociedades-blanco. Amparadas ahora en nuevas normas que les otorgan "superpoderes": cualquier regulación, cualquier limitación, cualquier prohibición, aún cuando tenga por finalidad preservar el ambiente, la salud pública o los valores básicos que una sociedad considera fundamentales y autoidentificatorios, podrá ser considerada como una "expropiación" de ganancias actuales y aún futuras y dar lugar a compensaciones e indemnizaciones.
El poder público se minimiza y es arrinconado por el poder privado de los negocios. El ánimo de lucro y acumulación privada se infiltran en lo más íntimo de la vida social y logra avasallar al interés general. Todo se mercantiliza, todo es absorbido bajo el rótulo de "negocios" o "inversiones". Esto ha sido y está siendo el TLCAN, esto será el ALCA.
En América Latina crece la resistencia social al ALCA. También comienzan a movilizarse los parlamentos, mantenidos al margen de las negociaciones hasta el momento, y generalmente huérfanos de toda información. Una y otra variantes de la oposición a la iniciativa de Estados Unidos se evidenciaron en Las Jornadas de Resistencia contra el ALCA y el Foro Parlamentario que tuvieron lugar en Quito, entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre, las que se desarrollaron en forma paralela a una nueva reunión de los ministros de 34 países de América y el Caribe.
La movilización popular culminó con la Asamblea Continental de los Pueblos, donde se discutió acerca de futuras estrategias de oposición, se puso en común las experiencias recogidas por los movimientos populares y sociales en diversos países, con especial destaque de las acciones cumplidas en Brasil (donde hubo manifestaciones en 31 ciudades), México (10 ciudades), Canadá, Honduras y Bolivia.
Los países pobres tienen razones sobradas para pretender acceso a los mercados de los países ricos. Pero este acceso se les otorga en forma limitada. La promesa de ampliarlo o aún liberarlo –esto sería estrictamente el "libre comercio" bidireccional- nunca se cumple. Las leyes antidumping, las barreras arancelarias, los cupos y las cuotas, los requerimientos en materia sanitaria -muchas veces absurdos e incumplibles- y un conjunto de otras medidas más o menos ingeniosas sirven para dilatar una y otra vez la apertura. Estos países compiten entre sí por el acceso a los mercados ricos y están ávidos de otorgar concesiones y reciprocidades que hagan posible alcanzar la anhelada meta.
Una de las promesas del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) es precisamente el acceso al mercado estadounidense. Las experiencias realmente existentes, notoriamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), demuestran que en los hechos –y siguiendo las pautas ya conocidas de la Organización Mundial de Comercio (OMC)- ocurre exactamente lo contrario. México ha sido una víctima propicia de este doble discurso. El nombre del tratado en inglés -North American Free Trade Agreement (NAFTA)- indica que para Estados Unidos se trata de un "acuerdo", tal es la traducción literal de la palabra agreement. Esto permite a Estados Unidos sostener que un acuerdo comercial internacional está sometido al imperio de la ley estadounidense, y por lo tanto las barreras de origen legal, la legislación antidumping y demás medidas similares no son negociables. Para México, en cambio, el mismo documento, en su versión en español, se llama Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Como es un tratado, está por encima o –en el peor de los casos al mismo nivel- que la ley nacional. Asunto leguleyo y tratamiento desparejo, pero un buen botón de muestra al fin y al cabo.
De los textos firmados a la realidad existe un buen trecho, hasta ahora insalvable. En el caso del TLCAN, que lleva ya más de ocho años en vigor, el acceso al mercado estadounidense para la producción mexicana es ilusorio. En realidad, numerosas empresas estadounidenses se instalaron en territorio mexicano para aprovechar la "ventaja comparativa" del trabajo esclavo, los salarios ínfimos, la ausencia de legislación de protección laboral y la desregulación completa del régimen de inversiones. Estas empresas, apiñadas en la línea de frontera, "exportan" a sus matrices en Estados Unidos los productos elaborados a costo mínimo, aumentando sus ganancias en forma explosiva. En síntesis: producción a costo de maquila en México, venta a precios del primer mundo en Estados Unidos y Canadá.
El mismo diseño se recoge en el ALCA. El acceso al mercado norteamericano, asociado a la desregulación absoluta de la inversión extranjera apunta a engrosar los beneficios de las trasnacionales. Lo demás es cuento. A comienzos de este año, el gobierno estadounidense aprobó un incremento de varias decenas de miles de millones de dólares para los subsidios agrícolas en ese país. Estados Unidos no puede eliminar la protección a su agricultura sin destrozarla, no podrá abrir su mercado a la producción del resto de América, con o sin ALCA, sin afrontar un costo social y productivo imposible de pagar. Mientras negocia e impulsa el ALCA, una de cuyas condiciones básicas es la apertura de su mercado agrícola –verdadera causa del tratado para muchos países del área- aumenta pública e impúdicamente los subsidios en un programa previsto para una década. La evidente mala fe que encierra esta conducta alcanza para desautorizar cualquier defensa del tratado y matar en el huevo las "ingenuas ilusiones" de sus adalides locales.
--------------------------------------------------------------------------------
Reivindicaciones democráticas
Las negociaciones del ALCA continúan desarrollándose en secreto. Los acuerdos, las objeciones, los criterios manejados no trascienden a la prensa, no son accesibles para la sociedad civil y tampoco para los parlamentarios de los países involucrados. Hasta el presente sólo se ha conocido una versión del texto que, si bien da pistas ciertas acerca de su orientación y contenido, resulta perfectamente inútil para comprender el curso de las negociaciones.
En el proceso de formación de un tratado multilateral se suele trabajar a partir de un texto básico propuesto como borrador. Los representantes de los futuros estados parte negocian redacciones alternativas –es decir, contenidos alternativos- cuestionan algunos elementos, incorporan o proponen otros. La representación gráfica que se emplea para indicar en esos borradores todo aquello que no ha sido aún acordado, que continúa sujeto al "tira y afloje" de la negociación, son los corchetes. Las palabras, frases, segmentos, párrafos que lucen "encorchetados" señalan otros tantos puntos de desacuerdo, solicitudes de modificaciones aún no consentidas, propuestas todavía no aceptadas. El texto del ALCA que "por única vez y sin sentar precedentes" fue revelado ante las crecientes presiones de la sociedad civil es un festival de corchetes. Pero se suprimieron del mismo las referencias fundamentales: el origen de todos y cada uno de ellos. De modo que no es posible conocer qué posición sostiene cada país, qué o quién propone tal o cual modificación. Se trata de una omisión deliberada, que permite mantener en secreto la postura de cada gobierno, ocultar qué intereses defiende cada uno de ellos. Si algo revela el texto publicado es la voluntad de mantenerlo en secreto.
El secreto es sospechoso. Estamos hablando de la negociación de un tratado internacional cuyo contenido afectará inevitable y profundamente la vida de los 800 millones de habitantes del área, su acceso al trabajo, a los bienes básicos –salud, alimentación, vivienda, educación- a una vida digna. Muchos gobiernos en América Latina aluden al ALCA como una esperanza, un acuerdo próximo que traerá innumerables beneficios para las economías postradas de la región, una panacea que nos colocará poco más o menos que a las puertas del primer mundo y nos llevará de la mano al desarrollo y al bienestar. ¿Qué razones pueden existir para que algo tan bueno, tan prometedor, permanezca en las sombras, oculto en los pliegues del poder? La sospecha llega entonces a nuestras conciencias con toda naturalidad.
El secreto es antidemocrático. Un tratado que alberga tantas bondades debería conocerse. Un tratado que nos concierne hondamente no puede permanecer encerrado en los gabinetes de negociación. La sociedad civil tiene derecho a conocerlo, a informarse de las diversas posturas que se discuten y a identificar a sus autores. Conocer el proceso de negociación es vital para comprender qué se juega en él, y para ejercer la vigilancia y el control correspondientes sobre los gobernantes. Negar estos derechos a la sociedad por la vía del sigilo y el ocultamiento menoscaba la democracia, priva a los ciudadanos del ejercicio de algunas libertades básicas: la de informarse, la de opinar, la de controlar al poder.
Tanto o más grave es la situación de los parlamentarios. En muchos países –Uruguay entre ellos- los tratados internacionales sólo entran en vigor luego de su ratificación por el Poder Legislativo. El conocimiento integral del proceso de negociación es imprescindible para que el parlamento pueda luego opinar con fundamento a la hora de considerar la ratificación. También es cometido del Poder Legislativo controlar la actividad del Poder Ejecutivo. ¿Cómo ejercer ese control a ciegas? ¿Cómo vigilar desde la ignorancia? ¿Cómo ratificar un complejo tratado cuyo contenido real, plagado de elementos técnicos se desconoce, cuya historia –negociación, transacciones, aspiraciones nacionales, logros y fracasos- es secreta?
La sociedad civil y los parlamentarios deben hacer valer sus derechos. Cuatro reivindicaciones de profundo sentido democrático se imponen:
1. Exigir el levantamiento del secreto de las negociaciones.
2. Reclamar el respeto de los fueros parlamentarios.
3. Abrir el asunto a la consideración y el debate público, de modo que todos los afectados –la sociedad en su conjunto- puedan opinar y hacer oír su voz
4. Tener en cuenta las resultancias de ese debate para conformar la posición del país en las negociaciones
Todo esto se resume en una enérgica exigencia de publicidad, que incluye las actas y documentos que registran las discusiones, los acuerdos alcanzados, los disensos pendientes, la explicitación de las posturas defendidas por los representantes y sus fundamentos, la divulgación de los textos completos, con todas las referencias imprescindibles para la interpretación de su significado. Los ciudadanos tienen derecho a saber y a opinar. El Poder Legislativo tiene el derecho y la obligación de saber, opinar y controlar. Y además, tiene siempre a su disposición el recurso de negarse a ratificar el tratado.
|
|
|
