No. 149/150 - Marzo-Abril 2004

Uruguay

Maíz transgénico: riesgos y sociedad

por Héctor Villaverde

No intentamos abordar aquí los riesgos ambientales, sociales y económicos de producir este cultivo. Analizaremos el funcionamiento de la comisión de evaluación de riesgos en Uruguay, desde la perspectiva de los riesgos para la salud, y específicamente sólo del riesgo de alergias, para explicar dicho funcionamiento y sus actuales carencias.

La aprobación comercial del maíz transgénico Bt puso en marcha un debate que no se había dado en Uruguay anteriormente, para la aprobación del primer transgénico, la soja resistente al herbicida RR. La sociedad comenzó a tomar conciencia de la existencia de un procedimiento llamado evaluación de riesgos para intentar definir si un cultivo está lo suficientemente libre de riesgos sanitarios y/o ambientales como para permitir su producción comercial para consumo.
No intentamos abordar aquí los riesgos ambientales, sociales y económicos de producir este cultivo. Para acercarse a ellos, se puede leer la interpelación realizada por el diputado Gustavo Guarino al ministro de Agricultura, Martín Aguirrezabala. Analizaremos el funcionamiento de la comisión de evaluación de riesgos, desde la perspectiva de los riesgos para la salud, y específicamente solo del riesgo de alergias, para explicar dicho funcionamiento y sus actuales carencias.

Como evalúa los riesgos Uruguay

El modelo escogido por el Estado (eufemismo para nombrar a los pocos que decidieron la adopción de este modelo) está construido a imagen y semejanza del modelo empleado por Estados Unidos. Las dos presunciones más comunes por los "expertos" latinoamericanos (incluyendo los uruguayos), son que Estados Unidos posee estrictas políticas regulatorias para los alimentos transgénicos y que la existencia de estos alimentos en el mercado norteamericano es una prueba que avala su seguridad.
En el libro Primeros frutos: La creación del Tomate Flavr Savr y el nacimiento de los alimentos biotecnológicos, escrito por Belinda Martineau, su creadora en la empresa Calgene, se dice que este tomate pasó por un proceso de evaluación nominal de inocuidad y la determinación de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) de que era “tan seguro como otros tomates convencionalmente producidos” fue una “conclusión lógica extraída a partir de la información que Calgene entregó”. Martineau señala que la FDA concluyó que “subsecuentes transgénicos no requerirían de extensas revisiones similares”. Como resultado de ello, todos los vegetales transgénicos presentados desde entonces a la FDA han optado solamente por un proceso de consulta voluntario.
Según Martineau, los análisis realizados al tomate Flavr Savr “no apoyaban esta conclusión más general. Este tomate no debería servir como norma de inocuidad para esta nueva industria. Ningún producto transgénico debería servir para esos fines”, opina. “Proclamar de manera tan simple que estos alimentos son seguros porque no existe evidencia científica que pruebe lo contrario, no es lo mismo que decir que se han realizados extensos estudios y aquí están los resultados”. De hecho, “no evidencia científica de lo contrario” podría ser entendida como un “período de no evidencia científica”, agrega.
A partir de allí, buena parte de los alimentos genéticamente modificados pasan sólo por un sistema voluntario de evaluación de inocuidad. Las cartas de aprobación que la FDA envía a las empresas que optan por la consulta voluntaria no afirma que el consumo de estos alimentos es inocuo, sino que la FDA ha sido informada de que es la empresa que se ha sometido al proceso de consulta voluntario quien ha determinado que los alimentos son seguros.
Todo lo expuesto anteriormente explica que: 1) el proceso de consulta de la FDA es voluntario y no obligatorio; 2) la FDA nunca examinó los estudios originales realizados por las empresas, sino solamente el resumen de la evaluación de la empresa de su propia investigación; 3) las empresas pueden y muchas veces no responden a la solicitud de la FDA de datos adicionales, y la FDA desestima errores obvios en los resúmenes de datos que una revisión cuidadosa de los mismos podría haber descubierto; y finalmente, 4) la FDA simplemente avala la conclusión de la empresa sobre la “equivalencia sustancial del alimento”, evitando claramente cualquier suerte de aprobación explícita del mismo. Esto es quizás debido a preocupaciones por la responsabilidad legal que pudiera afectar al gobierno.

Maíz transgénico MON 810 y riesgo de alergias

En el trabajo de la Iniciativa norteamericana no gubernamental Pew sobre Alimentos y Biotecnología, realizado por los científicos Luca Bucchini y Lynn R. Goldman, estos señalan: “Los protocolos de evaluación de riesgos para alergenicidad por alimentos examinan cuatro elementos que contribuyen a los peligros de alergias por alimentos: evaluación de la alergenicidad (si es el alimento o ingredientes de un elemento un alergeno potencial); evaluación dosis-respuesta (si hay una concentración segura de un alergeno); evaluación de la exposición (cuál es la probabilidad de que las personas tomen contacto con el alergeno); y subpoblaciones susceptibles (como aquellos propensos a la alergia reaccionan a este alimento nuevo). Para hacer evaluaciones de riesgo correctas, los reguladores necesitan entender cada elemento. En nuestro análisis, encontramos que el portafolio de investigación federal en alergias por alimentos es incompleto porque cada uno de estos cuatro elementos no es abordado adecuadamente. No hay estudios que examinen la información sobre respuesta a la dosis o la evaluación de exposición, necesarios para fijar niveles seguros para nuevas proteínas producidas por biotecnología. Los esfuerzos para desarrollar modelos animales o análisis in vitro para alergias por alimentos son extremadamente limitados en esta área. Además, los estudios para identificar y caracterizar subpoblaciones susceptibles son insuficientes, particularmente cuando los estudios epidemiológicos no están bien representados en esta área. Finalmente, hay poca investigación sobre identificación y caracterización de nuevos alergenos o determinantes moleculares de alergias por alimentos”.
Por otro lado, Michael Hansen, científico de Consumers Union, la organización de consumidores mas grande del mundo, con cuatro millones de afiliados , en una presentación ante el subcomité de Biotecnología en Alimentos del Comité de Asesoramiento en Alimentos de la FDA, señalaba: “Aunque no se ha mostrado que un criterio único sea absolutamente preciso para predecir la alergenicidad de una (nueva) proteína, quizás el criterio más básico que ha sido empleado es la noción que las proteínas que son similares en estructura (esto es, homólogas) a un alergeno conocido tendrán mayor probabilidad de ser un alergeno que una proteína que tiene poca o ninguna similaridad estructural a alergenos conocidos. Así, virtualmente todos los protocolos que han sido desarrollados para analizar la alergenicidad de proteínas producidas por ingeniería genética incluyen la comparación de secuencia aminoácido de las proteínas nuevas con aquellas de alergenos conocidos (FAO/OMS, 2001). Usando esta metodología, Ceben Gendel, jefe de la Sección Estudios Biotecnológicos de la FDA, encuentra una significativa homología de secuencia entre Cry1Ab (presente en el maíz Bt) y la vitelogenina (alergeno del huevo). Y concluye: ‘Por ejemplo, la similaridad entre Cry1Ab y la vitelogenina puede ser suficiente para autorizar evaluación adicional’”.
Resumiendo entonces: tenemos un sistema de evaluación de riesgos que reproduce los defectos estadounidenses, específicamente la falla en el análisis de la potencial alergenicidad de los transgénicos, y un posible riesgo de alergenicidad en el MON 810 aprobado en Uruguay.
¿Es esto importante para los uruguayos? Como señala la investigación Pew, el sistema norteamericano no tiene las condiciones para determinar: cuanto maíz es necesario consumir para sufrir alergia (si el riesgo existiera) y si hay sectores de la población que comen mucho maíz. Es fácil sospechar que el sistema uruguayo ha copiado también hasta los defectos del modelo. Aunque sólo el cinco por ciento del maíz es consumido por humanos en Uruguay, este alimento está usualmente asociado a la dieta de los sectores más pobres de la población. Es razonable pensar que a diferencia de éstos, los norteamericanos no comen mucha polenta (harina de maíz). Si efectivamente hay sectores de la población en nuestro país que comen asiduamente polenta, podrían estar en riesgo de sufrir alergias por este consumo. Esta hipótesis era una de las tantas que la comisión de evaluación de riesgos debía estudiar, y en eso se quedó, en el debe.

La salud de los ciudadanos, ¿quién la defiende?

De acuerdo a sus responsabilidades debería ser el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo este aparato estatal ya mostró claramente su renuncia a este mandato, no exigiendo su participación en la evaluación previa de la soja resistente a herbicidas. Es demostrable también su insuficiente capacidad técnica para participar con efectividad en las discusiones de la comisión de evaluación de riesgos.
Como decíamos al principio, su argumento es: si en otros lados lo comen, ¿para qué nos vamos a preocupar? Así lo muestran las declaraciones del ministro de Agricultura en la interpelación realizada por el diputado Guarino: “También hay un fuerte componente que tiene que ver con los transgénicos en general, relativo a la generación de alergias: la llamada alergenicidad de los transgénicos. Se establece claramente que la proteína que codifica este gen no tiene parecido alguno con una alergénica; además, este es uno de los eventos que ha sido liberado en la primera época y, por lo tanto, es claro que no ha habido nada de eso en Europa, en Estados Unidos, en Japón ni en Argentina. Este evento ha sido liberado en más de 25 países. En ninguno de los casos se ha constatado algún tipo de alergias”.
En realidad en ninguno de estos países se investigó rigurosamente sobre la posible alergenicidad del MON 810, porque todos, incluso en la Europa previa a la moratoria de los transgénicos, confiaron en la “investigación” que supuestamente había hecho Estados Unidos. Los baches de los sistemas de evaluación de riesgos son un problema de escala global que preocupa por tanto a los consumidores en todo el mundo.
Haciendo uso sólo del caso que hemos presentado, surgen varias preguntas que la sociedad debería responderse: ¿son suficientes y satisfactorias estas aproximaciones de las instituciones del Estado, esto es, que otros sistemas de control mejores que el nuestro lo han aprobado, y que la gente come el maíz sin aparentemente consecuencias? Si la respuesta es negativa, ¿quién debería defender los intereses sociales? ¿Es necesario que las instituciones del Estado comiencen a cumplir con su mandato y/o se impone encontrar nuevas soluciones? Varias organizaciones de interés público han mostrado estar genuinamente preocupadas por hacer públicos dichos defectos, y hacer tomar conciencia a todos los actores sociales de la necesidad de resolverlas. Por otro lado, el actual sistema no tiene hasta el momento sino mecanismos puramente cosméticos para su participación. Definitivamente, un sistema de audiencia pública no vinculante, que además no se digna responder a los cuestionamientos presentados, y sin mecanismo de apelación, no constituye una herramienta útil de participación del interés social.
Al igual que las instituciones del Estado, las organizaciones de interés público carecen de los recursos técnicos y materiales para participar efectivamente, pero tienen el interés y la genuina preocupación de los que muchas veces carecen los responsables estatales. En Europa, luego de las sociedades médicas, las organizaciones de consumidores y las ambientalistas son las más creíbles para los ciudadanos en temas de inocuidad de alimentos, según encuestas. El Estado debería auscultar la opinión de los uruguayos sobre la utilidad y necesidad de contar con la participación de las organizaciones de interés público en el sistema de evaluación de riesgos.
Si la respuesta es afirmativa, su tarea sería lograr que dicha participación sea ejercida activa y efectivamente. Esto podría contribuir decisivamente a que los ciudadanos se sientan más seguros cuando coman estos nuevos alimentos, cosa que hasta hoy, aquí en Uruguay, aun no sucede.

----------------- Héctor Villaverde es miembro del Centro de Estudios, Análisis y Documentación del Uruguay (CEADU).