No. 141/142 - Julio/Agosto 2003

Grupo de Amigos de Colombia

Una propuesta para salir del conflicto

por Fernando Arellano Ortiz

El gobierno de Colombia consolida su estrategia de tierra arrasada y descarta, por el momento, una salida política al ya inveterado conflicto armado, al haber logrado por parte del Congreso la aprobación de un draconiano estatuto antiterrorista que permite interceptar llamadas telefónicas y allanar domicilios sin previa autorización judicial.

El presidente Alvaro Uribe ha sido enfático en señalar que no puede apostar a un acuerdo humanitario que termine en que los guerrilleros que salgan de las cárceles vuelvan al monte a delinquir y pone la condición de que un país amigo los reciba en calidad de asilados. A su turno, el secretariado de las las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) exige el despeje de dos departamentos del sur del país, lo cual es inaceptable para el gobierno luego del fracaso de la zona de distensión del Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana.

Sin embargo, el ex presidente Alfonso López Michelsen ha explicado que el éxito de un convenio humanitario radica en desprenderse de posiciones rígidas y limitarse, simplemente, a aplicar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), cuyo fundamento reside en el imperativo de amortiguar en algo los rigores de una guerra.

A quienes afirman, como el vicepresidente Francisco Santos Calderón, que jamás los acuerdos humanitarios han servido para ponerle fin a los conflictos armados, habría que recordarles que estos convenios entre las partes en disputa no están destinados a ponerle fin a las confrontaciones sino a mitigar sus consecuencias para la población civil y para los propios combatientes caídos en manos del bando contrario.

Como la confrontación armada en Colombia "ha llegado a puntos de no retorno", según el ex canciller Augusto Ramírez Ocampo, miembro de la Comisión Nacional de Conciliación, es prioritario buscar por todos los medios la liberación de los secuestrados que están en poder de las FARC. Hay que entender, como lo ha explicado el sociólogo Alfredo Molano, que la subversión, por su propia naturaleza, no respeta el Derecho Internacional Humanitario debido a que no puede sacar a la población de la confrontación armada: "Es la población, justamente, el objeto de la disputa, mucho antes de que lo sean sus territorios o sus riquezas. La población civil en un conflicto irregular es un recurso militar logístico y político".

La magnitud de la influencia de los grupos insurgentes y de las organizaciones paramilitares no ha sido apreciada aún en sus verdaderas dimensiones por los analistas. Es un hecho palmario que guerrilleros y paramilitares dominan política y militarmente amplias zonas del país y conviven normalmente con la población. Empero, el gobierno se resiste a reconocer esta realidad.

En el libro Sin tregua, de Germán Castro Caicedo, se describe cómo los alcaldes de los municipios petroleros de los departamentos de Arauca y Casanare deben lograr gobernabilidad con estos movimientos al margen de la ley para tener alguna capacidad de maniobra política. Esa "gobernabilidad" hace referencia a la repartición de las regalías petroleras y de los presupuestos municipales entre la guerrilla, los paramilitares y el alcalde.

Esta compleja situación, que denota la falta de presencia efectiva del Estado en amplias regiones del país, le ha ido dando paulatinamente ventajas a la subversión. La poca efectividad de los operativos de las Fuerzas Armadas y, ante todo, la arremetida de las FARC contra la infraestructura, el incremento de los secuestros y el desplazamiento van a terminar forzando una pacto entre el gobierno y la guerrilla. Lo importante aquí es hasta dónde puede y debe llegarse desde el punto de vista de las consideraciones políticas, señala Ramírez Ocampo.

Aunque cada sector pone condiciones inaceptables para la contraparte, ninguno de los dos ha cerrado la puerta a un acuerdo humanitario. La vía, entonces, es política y, como lo ha señalado la jerarquía de la Iglesia Católica, el derecho a la vida debe primar sobre el derecho a la libertad. Cómo llegar a una mesa de diálogo, no para iniciar un proceso de paz sino para concretar un mínimo acuerdo humanitario que permita la libertad de los secuestrados sin que se arriesgue su integridad física, es el busilis del problema.

Durante la reunión del Grupo de Río celebrada en la ciudad peruana de Cuzco se sugirió la posibilidad de que los ejércitos latinoamericanos intervinieran directamente en Colombia en ayuda del gobierno de Uribe, a lo cual el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se opuso en forma radical.

Días antes, el presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, se había pronunciado sobre la necesidad de coadyuvar a encontrar salidas para que gobierno y guerrilla logren concretar un acuerdo humanitario que permita liberar a los secuestrados que tiene las FARC en su poder. Aunque diversos sectores lo calificaron de ingenuo, Gutiérrez fue enfático en señalar que su gobierno estaría dispuesto a recibir a los guerrilleros que salieran de las cárceles colombianas, en virtud de un acuerdo de canje con los secuestrados. El presidente de México, Vicente Fox, también se había pronunciado en similares términos y Chávez ha señalado en repetidas oportunidades que su gobierno estaría dispuesto a colaborar con Colombia para encontrar salidas a su conflicto armado.

Y desde la sociedad civil, los asistentes al X Foro Nacional por los Derechos Humanos, reunido en Bogotá del 24 al 26 de mayo, recalcaron en su declaración final la importancia de obtener facilitación internacional.

Habida cuenta del interés de varios gobiernos de la región en colaborar activamente en lograr una salida negociada entre el gobierno de Uribe y las FARC, el sociólogo brasileño Emir Sader lanzó la iniciativa de conformar el Grupo de Amigos de Colombia. Incluso destacó la disposición del gobierno de Luis Inacio Lula da Silva. "Si se constituyó un Grupo de Amigos de Venezuela, ¿por qué no constituir un Grupo de Amigos de Colombia? Varios países europeos ya demostraron su interés en ayudar a intermediar una solución política a este conflicto", señaló Sader. Y agregó: "Brasil podría, en secuencia de las actitudes ya tomadas por el gobierno brasileño en el sentido de reservarse un papel de mediador, tomar la iniciativa, sea en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), sea a partir de contactos bilaterales, de desempeñar un papel decisivo para que la ‘guerra infinita’ no deje raíces en el continente y, al contrario, puedan ser resueltos pacíficamente los conflictos regionales y América Latina se pueda constituir en un espacio de paz y de integración para un mundo multipolar".

El problema radicaría en cómo se conformaría este Grupo de Amigos de Colombia, si se tiene en cuenta los múltiples intereses geoestratégicos que están en juego tanto en el área andina como en el resto del continente. A Brasil, Venezuela, Ecuador y México les interesaría estar dentro del grupo, pero éste no funcionaría sin la presencia de Estados Unidos. Y si bien las Naciones Unidas están tratando de actuar como facilitador entre el gobierno y las FARC, los analistas consideran que no tiene la suficiente capacidad política para afianzar un acuerdo.

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Extracto del artículo publicado el 24 de junio de 2003 en ALAI: http://alainet.org