No. 40/41 - Enero/Febrero 1995

DE ESLOVENIA A COLOMBIA

Un cargamento fantasma

La siguiente crónica puede parecer el argumento de una película de espionaje: un cargamento peligroso que viaja por todo el mundo, empresas inexistentes, testaferros, direcciones falsas, documentos que no lo son. Pero se trata de un hecho cierto, tan real como el tráfico ilegal de desechos.

Pese a que muchos países han prohibido ya la importación y el ingreso de residuos tóxicos, frecuentemente estas prohibiciones no son suficientes. El ejemplo que sigue involucra a dos países cuyas legislaciones prohíben dicho tráfico.
Un incinerador peligroso

En diciembre de 1992, una flamante firma colombiana, Tradenet Colombia, presentó ante las autoridades un proyecto para la construcción de un incinerador en la ciudad de Santa Marta, 700 kilómetros al norte de Bogotá.

La propuesta consistía en la instalación de una planta termoeléctrica que debía producir 30 MW a partir de la quema de desechos tóxicos. El incinerador iba a ser construido por Volund USA Ltd., filial de Volund International, una empresa pionera en la tecnología de incineradores, perteneciente al grupo italiano Ansaldo.

El ente oficial colombiano que recibió la solicitud, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena y de la Sierra Nevada de Santa Marta (CORPAMAG), designó a un especialista para que estudiara un modelo similar instalado en la ciudad de Tampa, en el estado de Florida.

El incinerador de Tampa -utilizado por la compañía Waste Management Inc.- demostró tener serias dificultades financieras y técnicas, sobre todo en lo referente a las emisiones y a la disposición final de cenizas.

Si bien el costo de construcción de la planta había sido alto -100 millones de dólares- se había previsto que la generación de energía traería importantes ingresos para el municipio de Tampa. Pero la producción de electricidad sólo cubrió la mitad de las previsiones. Durante los años 1986 y 1987, las pérdidas acumuladas ascendían a 7,5 millones de dólares, según datos de la Controladuría de Tampa.

Pese a esto, el proyecto de Santa Marta siguió adelante.

El 5 de mayo de 1993, el presidente de Volund USA envió una carta al gobernador de Santa Marta, en la que afirmaba que la empresa operaría "en cooperación y con el apoyo de las compañías afiliadas Tricor Energy Ltd., Tradenet International y Tradenet Colombia".

La dirección común presentada por dos de estas compañías, en Miami, Florida, era falsa. Las llamadas telefónicas eran atendidas por un contestador automático que mencionaba a la firma Tricor Energy.

Si bien CORPAMAG autorizó la construcción del incinerador, en ningún punto se hacía mención a la importación de desechos tóxicos. La razón es simple: la introducción de residuos peligrosos en Colombia está prohibida por la Constitución.

Autorizaciones falsas

El objetivo oculto de esta operación era la importación de desechos. ¿Cómo haría Tradenet para captar este tipo de materiales? Un memorándum interno de CORPAMAG, -obtenido en forma ilegal- con consideraciones técnicas y legales acerca de la importación de residuos peligrosos, fue utilizado por Tradenet como autorización oficial para ingresar esos materiales al país.

Además la empresa también presentó listas de materiales con sellos de Aduana como si fueran "permisos" para importar desechos de goma, productos farmacéuticos vencidos, paraformaldehídos y transformadores y condensadores conteniendo bifenilos policlorados (PCB).

Con estos extraños documentos en su poder, las tres compañías "fantasmas" comenzaron su búsqueda de desechos por todo el mundo.

Alerta al gobierno colombiano

En 1994, a través de algunos contactos con Israel, Tradenet intentó trasladar a Colombia 30 mil toneladas de residuos industriales.

El gobierno de Israel, firmante del Convenio de Basilea, declaró ilegal la operación y la interrumpió. En el mes de marzo, luego de la Segunda Reunión de las Partes del Convenio de Basilea celebrada en Ginebra, los israelíes alertaron a las autoridades colombianas sobre el incinerador de Volund.

Iniciada la investigación oficial, se descubrieron 575 barriles de residuos peligrosos en la Zona Franca de Santa Marta.

Esos barriles (en total 97 toneladas de desechos) llegaron a Colombia luego de un largo periplo que supuso la acción coordinada de una gran cantidad de personas y empresas de Europa, América Latina y Estados Unidos.

Los desechos eran residuos de la fabricación de cuero artificial, desechos farmacéuticos, como pastillas, cápsulas y polvos, además de formaldehídos, y pertenecían a dos compañías eslovenas.

Todo el operativo era ilegal, ya que el país de origen, Eslovenia, firmó el Convenio de Basilea dos meses antes de que se realizara la operación.

El contrato para el traslado a Colombia fue acordado con una firma representante de Tradenet, la Amin Trade, con sede en Uruguay y en Miami.

Según una investigación posterior efectuada por Greenpeace, la dirección uruguaya era falsa, mientras que la dirección de Florida correspondía a otra firma que supuestamente vendía cajas de cartón, y cuyo responsable, Irwin Volen, se dedicaba a la intermediación en el tráfico de desechos peligrosos.

El largo viaje de los tóxicos

Los desechos fueron trasladados por tierra el 20 de diciembre de 1993 con destino a Croacia, y desde el puerto de Rijeka la carga fue embarcada en el buque "Triglav", de la compañía naviera Croatia Line, con rumbo al puerto de Barcelona, el 13 de enero de 1994. A fines de ese mes, los contenedores, 8 en total, fueron reembarcados en el "Triglav", que partió hacia Cartagena de Indias, Colombia.

Al llegar, las autoridades portuarias impidieron el desembarco de dos contenedores, por considerarlos altamente inflamables. Reembarcados nuevamente, se intentó dejarlos en el puerto peruano de El Callao, donde también fueron rechazados. Trasladados luego a otro barco croata, volvieron a Colombia, el 29 de abril, donde se reunieron al resto de los residuos en Santa Marta.

La acción de las ONGs

Gracias a la denuncia efectuada por la organización colombiana Fundepúblico, un tribunal ordenó, el 29 de julio, la expulsión de los contenedores, que debían ser embarcados en el mismo buque. Al día siguiente partió el barco con su indeseado cargamento. Pero la peripecia no terminó allí, porque Tradenet se había comprometido a que los residuos no volverían a Eslovenia.

El "Triglav" intentó, entonces, desembarcar su carga en varios países: Ecuador, Perú y Chile. Pero gracias a las denuncias de Greenpeace y de otras organizaciones ambientalistas de América del Sur, los gobiernos de Perú y Ecuador impidieron el desembarco. También fueron alertados la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte y los sindicatos locales de trabajadores portuarios.

Cuando las autoridades chilenas autorizaron el desembarco a fin de investigar su contenido, el barco cambió el rumbo y se dirigió al norte.

El 11 de agosto, se supo que el cargamento había sido trasladado a otro buque de la misma compañía, el "Velebit", en el puerto de Panamá. Desde allí fue hasta Venezuela y puso luego proa al Mediterráneo, para desembarcar finalmente en Koper, Eslovenia, donde miembros de Greenpeace aguardaban para inspeccionar el cargamento. Los desechos debían ser devueltos a su lugar de origen.

Esta historia terminó cuando el director de Croatia Line, la compañía naviera, envió una declaración a Greenpeace en la que se comprometía "a no volver a transportar desechos tóxicos a sabiendas".

(Fuente: Greenpeace)