No. 46 - Julio 1995

POLÍTICA REGIONAL CHIAPAS

Un diálogo lleno de trampas

por Ulises Martínez Flores

Las visiones diametralmente opuestas de las partes involucradas en la nueva ronda de conversaciones entre el gobierno mexicano y los representantes del EZLN no permite avizorar el final del conflicto iniciado en la región de Chiapas.

Desde el 14 de febrero -día en que el presidente mexicano Ernesto Zedillo ordenó detener los avances militares en la selva Lacandona, después de cinco días de fracasados intentos por apresar a la dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)- al 23 de abril -fecha en que se dio término a una nueva ronda de diálogo entre el gobierno y los zapatistas-, el gobierno mexicano ha aparentado dirigir sus acciones hacia la corrección de su error del 9 de febrero y reencauzar por la vía del diálogo la solución al conflicto chiapaneco.

Estrecha visión del gobierno

Sin embargo, esto sólo es una apariencia con la que no debemos confundirnos. Después de fracasar en su intento de enfrentar militarmente el problema -lo que sólo le atrajo un mayor descrédito interno y manifestaciones de rechazo en las principales metrópolis del mundo-, Zedillo dio marcha atrás y, aunque mantiene militarizadas amplias zonas del estado de Chiapas, reabrió la posibilidad del diálogo a través de distintas medidas que han derivado en las nuevas rondas de negociación entre gobierno y rebeldes, en San Miguel, el 9 de abril, y en San Andrés, el 22 y 23 del mismo mes, ambos lugares ubicados dentro de la zona de conflicto chiapaneco. Sin embargo, el error del 9 febrero, con su caudal de descrédito, desconfianza e inoperancia, sigue sin quedar corregido y, con ello, está lejos de existir la garantía de que el diálogo llevará a una paz digna para todos los involucrados.

En la esencia del error del 9 de febrero existió una visión gubernamental del conflicto chiapaneco que es la que sigue sin corrección: aquélla que considera que el núcleo del problema radica fundamentalmente en que un grupo de mexicanos ha roto el marco legal al levantarse en armas contra el gobierno, con lo que de un plumazo se pretende ocultar las razones de fondo de ese levantamiento popular, que no son otras sino la milenaria miseria indígena. La misma visión gubernamental percibe el conflicto como reducido a una región muy específica del territorio chiapaneco y sin conexiones con la situación en otras regiones y sectores sociales de la república. Y, desgraciadamente, esa visión, que se reflejó sin ambages en el discurso presidencial del 9 de febrero, sigue imperando en la manera en que el gobierno ha abordado el diálogo de San Andrés.

Las bases de apoyo zapatistas

Teniendo como fundamento la Ley del Diálogo y la Conciliación para una Paz Digna en Chiapas, el gobierno presionó política e informativamente al EZLN para que, a pesar del cerco militar y las pocas condiciones de seguridad existentes, aceptara sentarse a una nueva mesa de negociaciones.

Un primer y breve encuentro se realizó el 9 de abril pasado, en el pueblo de San Miguel, donde las partes acordaron que el diálogo se realizaría de manera permanente en la población de San Andrés (a 25 kilómetros de la ciudad de San Cristóbal de las Casas) y que la siguiente cita sería el 20 de abril; quedó también acordado que el primer punto de debate serían las medidas de distensión que aseguraran un curso ininterrumpido del diálogo hasta arribar a la firma de una paz digna.

Desde el 19 de abril, miles de indígenas (las fuentes informativas varían en su cálculo desde 5 mil hasta 15 mil) llegaron al pueblo de San Andrés, marchando ordenadamente, con banderas rojinegras del EZLN, dispuestos a permanecer durante el Diálogo de San Andrés, para participar en los cinturones de seguridad que las partes habían acordado que se establecerían en torno al sitio de la reunión.

La masiva presencia indígena en San Andrés fue una nueva y contundente demostración del arraigo social del zapatismo que, contra lo que difunde el gobierno, no se limita a cuatro o cinco municipios chiapanecos, sino que se extiende sobre prácticamente todas las zonas rurales de Chiapas, por lo menos en su Frente Suroriental, que es el único que ha realizado acciones públicas hasta ahora.

Fue también una demostración de que por más que se pretendiera aislar el diálogo entre el gobierno y el EZLN (durante marzo, el gobierno había rechazado la propuesta zapatista de reunirse en la ciudad de México, temiendo enfrentar masivas movilizaciones de apoyo al EZLN en el centro del país), las manifestaciones de apoyo de quienes lo atestigüen se dirigirán hacia los zapatistas y no hacia el cada vez menos popular gobierno de Ernesto Zedillo.

La presencia del zapatismo civil en San Andrés hizo que la representación gubernamental se negará a sentarse a la mesa del diálogo, arguyendo que no existían las condiciones de neutralidad necesarias, como si 60 mil soldados del ejército gubernamental dispersos en todo el territorio chiapaneco sí aseguraran esa neutralidad. Esto provocó un retraso de dos días en el inicio de las conversaciones. Finalmente, y después de haber mostrado su fuerza, los indígenas se retiraron de San Andrés y el diálogo se inició.

Pero el escándalo que armó la representación gubernamental por la presencia de miles de indígenas en San Andrés ratifica la idea de diálogo y de paz que tiene el gobierno en este proceso.

Negociación sin testigos

Para las autoridades, quienes deben estar presentes en el diálogo son los alzados y nadie más. Desde su punto de vista, mientras más cerrada y sin testigos sea la negociación, mejor. Por eso no sólo cuestionó la presencia indígena en los cinturones de seguridad sino que también arremetió nuevamente contra la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) y su presidente, el obispo Samuel Ruiz, en un nuevo intento de liberarse de ese organismo, que no se acomoda a sus costumbres de "mayoriteo" y control de todos los actores.

Además, al acusar a la CONAI de haber organizado esa movilización indígena, el gobierno reafirmó su visión racista de que la participación de los indios en el conflicto solamente responde a acciones de manipulación por parte de mestizos, apreciación que aparece una y otra vez en boca de los representantes gubernamentales, desde el inicio del conflicto.

A tales opiniones del gobierno, la delegación del EZLN respondió en un comunicado del 21 de abril en los siguientes términos: "Lamentamos profundamente que la representación del gobierno federal haya tomado como pretexto de suspensión de las pláticas de paz, la presencia de miles de hombres, mujeres y niños que han venido con el único deseo de colaborar en el cinturón de paz (...) Como una prueba más de nuestra voluntad de diálogo, manifestamos al pueblo de México que le hemos pedido ya a los coordinadores de los diferentes pueblos indígenas, presentes en San Andrés, el retiro a sus comunidades de origen (...)".

En cuanto a las acusaciones de que los indígenas habían sido manipulados para movilizarse hacia San Andrés, el comunicado zapatista señaló: "El gobierno repite el error de considerar a los indígenas incapaces de organizarse solos y que sólo pueden moverse si alguien los lleva de la mano. Están equivocados; nosotros los indígenas somos capaces".

Reservaciones al estilo "apache"

Finalmente, el diálogo se inició el 22 de abril para concluir esta etapa al día siguiente, sin que hubiera ningún acuerdo concreto entre las partes. El único punto discutido fueron las distintas propuestas de medidas de distensión presentadas por las representaciones del gobierno y del EZLN, respectivamente. En el caso del gobierno, su propuesta de "medidas de distensión" se resume en el siguiente fragmento de su documento: "El EZLN reunirá a sus integrantes en el nivel denominado 'insurgencia' en tres sitios determinados por las partes. En correspondencia, el gobierno federal garantizará la seguridad física de esos contingentes y les proporcionará los servicios de alojamiento, alimentación, salud e higiene que sean requeridos".

En el caso del EZLN, su propuesta de distensión consistió en 10 puntos que en resumen contemplan: la ubicación de sus fuerzas en sus actuales posiciones (considerando incluso el repliegue realizado tras la ofensiva militar gubernamental del 9 de febrero) y la ubicación de las fuerzas gubernamentales en las posiciones que ocupaban el 8 de febrero; el compromiso de ambas fuerzas de no realizar acciones ofensivas mientras dure el diálogo y de no ubicar personal armado dentro de los poblados.

Como puede verse, la propuesta gubernamental de "distensión" reitera una visión legalista del problema, en donde se busca que el inicio de solución sea que los "ilegales" se coloquen nuevamente bajo la ley. Lo que debería ser el final de la negociación -la firma de la paz y el desarme- se confunde con el principio, pretendiendo colocar como sinónimos los conceptos de distensión y rendición.

Tal propuesta mereció el siguiente comentario de la delegación zapatista, durante una entrevista con medios informativos nacionales y extranjeros, realizada el 24 de febrero: "Ese es el punto final, pero ya cuando se hayan cumplido las demandas de nuestro pueblo, cuando en México exista la libertad, la democracia y la justicia. Entonces ya no vamos a necesitar las armas porque ya tenemos todo, ya no tendremos por qué pelear . Pero ahorita no podemos hablar de eso, porque no han tenido ni siquiera la molestia de ver qué vamos a hacer con el punto de salud, vivienda, comunicación. No hemos visto nada de cuestiones agrarias, no hemos visto nada y ya quieren que estemos al final. Eso es absurdo completamente".

Así las cosas, el gobierno ha aceptado dialogar, pero lo hace con muy poca disposición; pretende una negociación rápida que lleve al desarme de los insurgentes y, asegurado eso, aceptar la realización de algunas acciones de beneficio social para las comunidades indígenas, que permitan a los ojos del mundo volver a ocultar la miseria en que estos grupos se encuentran. O bien, cumplir con el expediente del diálogo pero sólo en la búsqueda de su fracaso para legitimar la vía del exterminio militar del EZLN.

Muy distinta es la propuesta zapatista que reconoce la existencia de dos fuerzas militares que deben mantenerse alejadas y bajo órdenes de inmovilizarse, en espera de que el diálogo llegue a acuerdos que finalmente hagan innecesaria la presencia militar en el territorio chiapaneco.

Iniciativa política

Y aunque las discrepancias en cuanto a las medidas de distensión pospusieron nuevamente la discusión sobre la agenda que debería contemplar el diálogo, también en ese punto las visiones del gobierno y EZLN son diametralmente opuestas. El EZLN dio a conocer el pasado 30 de marzo su propuesta, que incluye temas nacionales, estatales y sectoriales. Pero, lo más importante para el EZLN es que esa agenda no debe ser motivo de discusión solamente de ellos y el gobierno; debe ser el punto de partida para una amplia mesa nacional de diálogo en la que participen "otros actores nacionales implicados". De esa manera, más que una vía para poner fin al conflicto chiapaneco, la propuesta zapatista representa una nueva iniciativa política lanzada hacia el conjunto de la sociedad mexicana; una iniciativa que busca involucrar a todos aquéllos que hoy tienen una demanda concreta frente al gobierno, pero que no encuentran los mecanismos para expresarla con éxito y de manera unitaria.

En la misma entrevista del 24 de abril, los delegados zapatistas resumieron de la siguiente manera su visión del actual momento de la lucha del pueblo mexicano, frente a las trampas que el gobierno busca poner al zapatismo en el diálogo: "se va a dar cuenta también la sociedad mexicana y pensamos que va a protestar. Si es que no estamos equivocados, pensamos que se van a levantar nuevamente todos los trabajadores. Ahora que se da un nuevo agravamiento con el desempleo, hay fuerzas que se están dando en los barrios, en los municipios, en los estados. Van a empezar otra vez los movimientos civiles..."

(Fuente: ALAI)