No. 48 - Setiembre 1995

NORMAS SOCIALES Y AMBIENTALES

Un medio inadecuado para fines justificados

por Vandana Shiva

Grupos de activistas del Norte proponen la inclusión de cláusulas sociales y ambientales en los acuerdos comerciales, pero un examen riguroso demuestra que no son instrumentos apropiados para asegurar equidad laboral y estabilidad ecológica.

Existen tres motivos posibles para introducir disposiciones sociales y ambientales en las negociaciones sobre "libre comercio":

* Como mecanismo para revertir la desreglamentación ambiental y social que el "libre comercio" requiere. Una liberalización de este tipo tiene graves impactos ambientales y sociales mientras que proteger los medios de subsistencia de las personas y el medio ambiente requiere mecanismos que regulen el comercio.

* Como medida proteccionista para bloquear el acceso de las exportaciones de países en desarrollo al mercado de países industrializados. Puesto que los tratados de "libre comercio" como el GATT son básicamente desiguales, las disposiciones de corte social y ambiental anexas los pueden volver totalmente tendenciosos. Permitirán que las compañías y productos del Norte accedan al mercado libre en el Tercer Mundo, pero negarán el acceso de los productos del Tercer Mundo al mercado, especialmente las materias primas básicas y los productos que requieren mucha mano de obra del sector de pequeña escala.

* Para desviar y distraer la atención del impacto social y ambiental del libre comercio creando divisiones dentro de los movimientos sociales.

Una verdadera desreglamentación

Los grupos de activistas ambientales y sociales del Norte que respaldan la inclusión de cláusulas sociales y ambientales en los tratados de libre comercio consideran el primer motivo como el principal.

Pero el hecho de que el tema de las cláusulas "verdes" y "azules" haya sido planteado en Marrakesh, luego de concluidos y adoptados los textos de la OMC/GATT, debería dejar claro para todos que el objetivo no es revertir la desreglamentación. De hecho, aun cuando se intensifica el debate sobre disposiciones de tipo ambiental/social, las leyes de medio ambiente y trabajo se debilitan y desmantelan en todo el mundo.

Los países que promueven cláusulas ambientales y sociales son los que impulsan normas en nuevas áreas de la Ronda Uruguay, con graves impactos sobre el medio ambiente y el Tercer Mundo. Introducir la agricultura y la propiedad intelectual en el GATT, quitarlos de los procesos decisorios nacionales soberanos, promueve el monocultivo y el uso intensivo de recursos en la producción agrícola y el comercio.

La falta de compromiso real con el medio ambiente es evidente por la manera en que se ha tratado en el GATT el tema de las mercaderías prohibidas a nivel de los países. Se trata de un programa de trabajo importante que data de 1982, y que fue revivido en 1989 y recogido para su discusión con el paquete de medidas de la Ronda Uruguay. Pero el tema ambiental fue enterrado calladamente debido a Estados Unidos, que pretendía una excepción con los productos farmacéuticos, plaguicidas, químicos y repuestos de automóviles.

Pero este es un tema de importancia central para los movimientos ambientales y los procesos decisorios del Sur. Desde 1989, ha habido unas 500 tentativas de exportar residuos tóxicos de los países de la OCDE que generan el 90% de esos detritos. Y recientemente, los países industrializados intentaron retirar la prohibición del comercio de tóxicos de la Convención de Basilea.

Cláusula social y derecho al trabajo

Del mismo modo, inclusive mientras se discuten las disposiciones sociales, millones de trabajadores pierden sus empleos y toda la fuerza de trabajo se está convirtiendo en una nueva reserva de trabajadores de dedicación parcial y gran inestabilidad compitiendo entre sí, lo cual rebaja los salarios.

Tal como expresaba el ecologista norteamericano Jeremy Rifkin, en algunos lugares de Estados Unidos "el lugar de trabajo se ha convertido en una verdadera zona de guerra, con empleados despedidos disparando contra otros trabajadores y empleadores, y con el homicidio como la tercera causa principal de muerte en el lugar de trabajo".

Las cláusulas sociales no harían nada para brindar seguridad laboral en estas "zonas bélicas", sino que distraerían energías de los sindicatos del Norte, que en vez de ocuparse de esta crisis de trabajo a nivel nacional deberían centrarse en las condiciones del Tercer Mundo.

Y en lugar de reforzar el movimiento para tratar la crisis del desempleo y de pérdida de fuentes de trabajo y exigir a las compañías y a los gobiernos una actitud responsable frente a la sociedad, las disposiciones sociales terminan por combinarse con los sindicatos y compañías del Norte para supervisar y socavar los movimientos sociales del Sur. Por todo esto el argumento de que las cláusulas sociales y ambientales van a crear un mecanismo de control de las trasnacionales que son las principales beneficiarias del "libre comercio" es falso.

Políticas sociales y "clásulas sociales"

La mundialización se centra en el surgimiento de las industrias de tecnología informática, para las cuales el acuerdo TRIPs es crucial porque asegura el monopolio de los mercados. Y los derechos de propiedad intelectual son el mecanismo para evitar la libre reproducción de la biología y la información. Ambas tecnologías desplazan fuentes de trabajo.

Las biotecnologías están especialmente diseñadas para desplazar cultivos de exportación del Tercer Mundo como la vainilla, el azúcar y el cacao, y millones de agricultores del Tercer Mundo perderán sus medios de subsistencia. Inclusive donde la agricultura no ha adoptado la biotecnología, la "compañíación" (corporativización?) y la mundialización agrícolas amenazan la supervivencia de los agricultores del Tercer Mundo.

Las tecnologías de la información están en el centro de la automatización y de la prescindencia de la mano de obra. Estudios de la OIT demuestran que reduciendo así los costos de mano de obra, las compañías de la industria automotriz pueden triplicar sus ganancias. El proceso de automatización en la industria del acero ha dejado a miles de obreros sin trabajo.

Y cuando se mundializa la producción bajo el control de las trasnacionales, los empleos no se trasladan de los países de ingresos elevados del Norte al Sur. Los empleos desaparecen tanto en el Norte como en el Sur y las cláusulas sociales no tocan este tema ni crean mecanismos para el control social de las tecnologías emergentes.

El único grupo de productos del mundo en el que las conversaciones sobre disposiciones de orden social se ha enfocado en forma concreta es el de los elaborados por las llamadas industrias "crepusculares" del Norte, en las cuales las exportaciones del Sur, especialmente del sector de pequeña escala no organizado, están compitiendo de manera efectiva. Pero estas industrias crepusculares no están en el centro de la mundialización.

Una auténtica intervención por justicia social y estabilidad laboral requeriría que la General Motors, la US Steel y otras trasnacionales no despidieran con total libertad a sus empleados. Pero el "libre comercio" ofrece precisamente lo contrario: libertad en materia de responsabilidad y rendición de cuentas. En vez de intervenir para proteger a los trabajadores, los gobiernos del Norte intervienen en el comercio para proteger a las industrias crepusculares.

Y el verdadero motivo por el cual el debate sobre "cláusulas de tipo social" comenzó en Marrakesh fue para desviar y dividir a los movimientos sociales. Las cláusulas sociales no tratan ninguno de los temas vitales que han tratado los movimientos sociales en las conversaciones sobre "libre comercio": la dislocación y disgregación sociales, la destrucción de los medios de vida sustentables y el desmantelamiento de los derechos de los trabajadores y la falta de responsabilidad de las compañías frente a la sociedad. Las cláusulas sociales no tratan ninguno de estos asuntos. Hasta la OIT utiliza "cláusulas sociales" y "dimensiones sociales" indistintamente.

El centro del debate es cómo asegurar que el "libre comercio" esté supeditado a objetivos sociales y ecológicos.

En el sector no gubernamental, el debate no debe ser si el comercio debería estar sujeto a principios de justicia y sustentabilidad, sino si las cláusulas sobre medidas sociales y ambientales de los tratados de "libre comercio" son instrumentos efectivos para ello.

Pero el "libre comercio", o mejor dicho la libertad para que los intereses comerciales se despojen de la responsabilidad ambiental y social, es una buena forma de decir desreglamentación del comercio. Con carácter de anexo en tratados como el GATT y el NAFTA, las cláusulas sociales y ambientales plantean cuestiones fundamentales sobre cómo pueden funcionar en un contexto de desreglamentación. Sólo pueden funcionar como instrumentos a utilizar selectivamente como barreras comerciales y como parte de una política de fragmentación.

Los movimientos sociales están divididos en el tema. Pero no es una división en el compromiso político de justicia social y necesidad de fortalecer el derecho al trabajo y los derechos de los trabajadores, sino de confusión en la comprensión de cómo funcionan los tratados de "libre comercio" y las instituciones comerciales.

Condiciones laborales relacionadas con el comercio

Hay una confusión entre derecho al trabajo y derecho a un medio de subsistencia, el derecho de los trabajadores a organizarse y las normas de trabajo "relacionadas con el comercio".

Las condiciones laborales relacionadas con el comercio no detienen la eliminación de fuentes de trabajo, sino que se activan cuando las normas de empleo pueden utilizarse como prohibición de importar. Como parte de los tratados comerciales, son instrumentos inadecuados de justicia social, no revierten la lógica de la desreglamentación y no tratan el tema de la reestructuración de la producción y la posibilidad de prescindir de trabajadores.

El tema de la inclusión de cláusulas sociales desvía la atención de la crisis de trabajo y empleo hacia "normas laborales", cambia el centro del debate del "derecho al trabajo" al "derecho a organizarse" en un momento en que el propio trabajo organizado está desapareciendo.

La cláusula social tampoco es un instrumento de política social. Los tratados comerciales son entre gobiernos, no entre pueblos, ni entre las compañías que los impulsan; funcionan primariamente como condicionalidades impuestas por los gobiernos del Norte a los gobiernos del Sur. No facultan a la sociedad civil, ni en el Norte ni en el Sur, pero dan poder al comercio del Norte y a los gobiernos del Norte.

Las cláusulas sociales no ponen en tela de juicio la lógica del "libre comercio" y la mundialización de todo aspecto del comercio local y nacional. No impiden la inversión de capitales del Norte en empresas social y ambientalmente destructivas en el Sur: por ejemplo la planta Dupont en Goa, impuesta por los Estados Unidos conforme al superartículo 301.

Las cláusulas sociales no detienen procesos que en el Sur causan pobreza: la deuda, la constante reducción de los precios de las materias primas, las condiciones comerciales y los programas de las instituciones de Bretton Woods. Tampoco tratan la devaluación y los programas de ajuste estructural que reducen los salarios en el Sur.

Las ONGs que trabajan en la inclusión de disposiciones sociales hablan de "detener el dumping social", pero no hablan de las reducciones salariales a través de devaluaciones y la eliminación de la mano de obra organizada que es parte de los programas de ajuste estructural.

En un mundo donde las instituciones mundiales crean un apartheid mundial, los salarios injustos del Tercer Mundo son inevitables. Las cláusulas sociales de los tratados comerciales, impuestas como restricciones comerciales a los productos del Tercer Mundo en los mercados del Norte, no hacen nada por detener el dumping de grandes cantidades de personas del Tercer Mundo. La verdadera crisis es este dumping de personas, no el de los productos del trabajo de ellos en los mercados del Norte.

La pérdida de los derechos de los trabajadores en la India va a ser la primera desgracia a lamentar por el uso del superartículo 301 de la legislación de Estados Unidos. Y cuando algunos grupos de ciudadanos del Norte se alineen con el uso del unilateralismo (con objetivos ambientales y sociales) la solidaridad entre movimientos ciudadanos del Sur y del Norte se verá amenazada.

Movimientos ciudadanos contra el unilateralismo

Para los movimientos ciudadanos del Sur, hay dos tipos de fenómenos que provocan un impacto sobre la actividad comercial y económica. Uno es el unilateralismo de los poderosos. Pero históricamente, el unilateralismo nunca ha sido usado por los fuertes para el bien de los débiles, sino para su explotación.

El unilateralismo como condicionalidad adjunta a la ayuda y los programas de ajuste estructural del FMI y del Banco Mundial han desembocado en una reducción de la salud, la educación y las condiciones ambientales y de vida de los pueblos de todo el mundo. Han desembocado en un control represivo de las poblaciones del Tercer Mundo.

Otra posibilidad abierta a grupos ciudadanos del Sur son actividades como boicots, desobediencia civil y no cooperación. Estas crean presiones a los estados para que cambien la política interna y, si el espacio político interno es reducido por instituciones mundiales como el GATT, tienen el uso de procesos democráticos para cambiar las instituciones multilaterales. Es en esta esfera que los grupos del Norte y del Sur tienen que respaldarse mutuamente. Los grupos del Norte necesitan identificar y montar campañas públicas para controlar a las trasnacionales en sus propios países. En vez de una cláusula social, la OMC debería tener una agenda de justicia social - un control social del "libre comercio"- y facultar a las comunidades locales para determinar sus modelos de comercio e inversión.

La Dra. Vandana Shiva es una destacada ecologista india, autora y activista social. Este artículo fue tomado parcialmente de la revista Resurgence.