No. 48 - Setiembre 1995

INDIA

Protestas generalizadas en comunidades rurales

por Martin Khor informa desde Madrás

Las protestas generalizadas contra los proyectos de acuicultura de la India tomaron impulso por una reciente sentencia transitoria de la Suprema Corte de ese país a tres estados costeros para que detengan la construcción de nuevos criaderos de crustáceos.

Líderes comunitarios y grupos sociales de la India sostienen que las obras de acuicultura están causando estragos sociales y ecológicos y formaron una nueva Alianza Popular para luchar contra los impactos negativos de la acuicultura.

Cientos de comunidades rurales están intensificando sus protestas contra la acelerada expansión de establecimientos comerciales de acuicultura de camarones en largas franjas de la costa de varios estados costeros de la India.

Una importante batalla se desarrolla entre la industria (que produce grandes langostinos de exportación) y los aldeanos que dicen que sus recursos geológicos e hídricos y sus formas de subsistencia están siendo destruidos por los proyectos acuícolas. Al mismo tiempo, la industria es duramente golpeada por una enfermedad viral que ha acabado con gran parte de los crustáceos.

Proporciones de crisis

Estos problemas habían alcanzado proporciones de crisis cuando dos de los periódicos comerciales más importantes de la India resaltaron el tema el mismo fin de semana: "Criaderos de camarones: la lista de tribulaciones no tiene fin" fue el título de un extenso artículo del Financial Express del 4 de junio. El Economic Times del 3 de junio, por su parte, contenía un artículo analítico con el subtítulo: "Acuicultura de camarones propensa a enfermedad: la sobreexplotación ha llevado a un desastre ecológico y a una brusca disminución de las exportaciones".

Los acontecimientos de la India son síntomas de los problemas sociales y ecológicos que presenta el sector acuícola en muchos lugares de Asia. Protestas similares de aldeanos afectados y organizaciones sociales contra proyectos de acuicultura se están llevando a cabo en muchos otros países, entre ellos Bangladesh, Tailandia, Filipinas y Malasia.

Durante los últimos años, la región se ha convertido en el centro de la producción exportadora de una variedad de langostinos ("Tiger Prawns"), anguilas y otras formas de vida acuática exótica, para complacer la creciente demanda de consumidores de Japón, Estados Unidos y Europa.

Es en India donde se ha dado a mayor difusión las protestas, tal vez por la rápida y extensiva expansión que tuvo la industria en pocos años. Más de 100.000 hectáreas fueron destinadas a la cría de camarones, con exportaciones de un total de 75.000 toneladas.

Si bien las comunidades han practicado la acuicultura de manera sustentable durante generaciones, -produciendo peces para consumo propio sin causar desequilibrios ecológicos- los nuevos proyectos de acuicultura son diferentes. Se trata de emprendimientos a gran escala de importantes firmas comerciales que utilizan métodos intensivos, canalizan agua de mar a enormes tanques, utilizan también agua subterránea y producen gran cantidad de detritos.

Como consecuencia, importantes extensiones de manglares y humedales están siendo destruidos, los pescadores son privados del acceso al mar y a tierras que antes eran comunitarias. Los suelos de esas zonas están cada vez más salinizados (y por tanto inútiles para la agricultura), el agua subterránea se está agotando (lo cual provoca carencias a las comunidades de los alrededores), y los mares están siendo contaminados por los desperdicios, agotando también los recursos marinos.

Una victoria legal

Las organizaciones comunitarias que han estado articulando formalmente las quejas de los aldeanos lograron recientemente una importante victoria: la Suprema Corte de la India dictó el 8 de mayo la orden transitoria de que los gobiernos estatales de Tamil Nadu, Andhra Pradesh y Pondicherry no permitieran el establecimiento de más criaderos acuícolas de carácter comercial. Las directrices de la Corte, que se mantenían a la espera de una audiencia final en agosto, determinan que:

* Ninguna fracción de tierra agrícola o salina será convertida en establecimiento acuícola comercial en el futuro.

* No se permitirá a las industrias ya existentes ni a las que se estén instalando la extracción de agua subterránea con destino a la acuicultura.

* No se permitirá el establecimiento de criaderos de camarones o establecimientos de acuicultura en la región.

* Se tomarán medidas para brindar "libre acceso" a través de establecimientos de acuicultura para el beneficio de pescadores tradicionales y turistas.

* Los gobiernos estatales deberán suministrar agua en camiones cisterna a las poblaciones que afrontan dificultades para encontrar agua como consecuencia de los establecimientos de acuicultura.

Este proceso fue iniciado por el organizador comunitario y renombrado seguidor de Gandhi, S. Jagannathan y la organización social PREPARE. La demanda presentada solicitaba al tribunal que instruyera al gobierno central y a los gobiernos estatales para que no permitieran la cría intensiva y semi-intensiva de camarones en zonas costeras y retiraran las usurpaciones ya existentes.

El abogado M. C. Mehta argumentó que la acuicultura había provocado un gran desplazamiento de pescadores tradicionales pobres, afectando su derecho a un medio de subsistencia, y que en las regiones afectadas se habían agotado las reservas de agua potable.

Informe de los expertos

La Corte dispuso que un equipo de científicos del cuerpo estatal NEERI (National Environmental and Engineering Research Institute - Instituto Nacional de Investigaciones Ambientales e Ingeniería) elaborara un informe sobre las repercusiones de la acuicultura.

A partir de visitas de campo efectuadas a Tamil Nadu, Andhra Pradesh y Pondicherry, el equipo del NEERI informó al tribunal que la conversión de tierras de cultivo y salinas a terrenos dedicados a la acuicultura es "galopante".

Los científicos comprobaron muchos efectos sociales y ecológicos graves, entre ellos la extensión de agua salada hacia tierras de cultivo (causando pérdidas de tierras agrícolas y agua potable); pérdida de ecosistemas de manglares; pérdida de lugares para el desembarque de pescadores tradicionales; aumento de problemas de salud en las personas que habitan lugares cercanos debido a la contaminación; mayor desempleo por el desplazamiento de las formas de subsistencia de las comunidades circundantes.

Pero el argumento más rotundo del informe del NEERI fue el análisis de costo-beneficio. El análisis estimaba que los costos superaban ampliamente los beneficios económicos de los proyectos de acuicultura.

Para el estado de Andhra Pradesh, el informe estimaba las ganancias anuales en 15.000 millones de rupias y el valor de los daños anuales causados por la acuicultura en 63.000 millones de rupias. De este modo por cada rupia de ganancia, había cuatro de pérdida.

En Tamil Nadu, las ganancias anuales fueron estimadas en 2.800 millones de rupias, superadas por daños evaluados en 4.300 millones.

Si bien el informe NEERI jugó un papel significativo en persuadir a la Suprema Corte de que la industria de la acuicultura en la India debía ser revisada, el principal mérito corresponde a las organizaciones de base y a los valientes líderes comunitarios que alertaron a la opinión pública y a las autoridades sobre la crisis en el lugar mismo donde ésta ocurría.

Disposición transitoria

Estos grupos no se confían por la reciente victoria en la Suprema Corte. En primer lugar, porque la decisión del tribunal es sólo transitoria, y la decisión final a adoptarse en el mes de agosto podría ir en cualquier dirección, especialmente porque se espera que la industria de la acuicultura oponga vehementemente sus excepciones.

En segundo lugar, la distancia entre una decisión judicial y la aplicación real de la misma en el lugar es larga (y a veces inalcanzable). El tan respetado líder comunitario S. Jagannathan, de 83 años de edad, presidente del movimiento Gram Swaraj de Tamil Nadu, que fue uno de los demandantes ante la Corte; inició una huelga de hambre (y fue detenido durante algunos días por sus esfuerzos) porque las excavaciones y la construcción de tanques de compañías acuícolas seguía su curso en las aldeas, en contravención con la orden judicial.

Luego Jagannathan notificó formalmente que iniciaría un juicio por desobediencia contra el gobierno estatal de Tamil Nadu a menos que se adoptaran medidas inmediatas para hacer cumplir la decisión de la Suprema Corte deteniendo toda actividad de construcción de instalaciones para acuicultura en el estado.

Alianza Popular contra la Industria de Camarones

El 31 de mayo, importantes grupos sociales y líderes comunitarios de los distintos estados indios afectados se reunieron en Madrás para intercambiar información y analizar planes futuros.

En el encuentro participaron S. Jagannathan y su organización LAFTI, Jacob Raj y el grupo PREPARE, el ex parlamentario Banka Behary Das, de Orissa Krushak, los científicos ambientalistas Vandana Shiva, de Research Foundation for Science and Ecology, de Delhi, Claude Alvares, de la Fundación Goa, representantes del poderoso Foro Nacional de Pescadores y muchos otros grupos locales.

Luego de varias exposiciones sobre la situación real en los distintos lugares de los estados, los participantes acordaron crear la Alianza Popular contra la Industria de Camarones, coalición de organizaciones voluntarias que se oponen a la extensión indiscriminada de establecimientos de acuicultura.

La nueva agrupación tendrá como tareas el cotejar información proveniente de grupos locales, educar al público sobre los efectos de la acuicultura, realizar actividades de lobby con parlamentarios, el gobierno central y los gobiernos estatales para controlar la extensión y las operaciones de la industria de acuicultura.

En la conferencia de prensa de lanzamiento de la nueva alianza, Vandana Shiva manifestó que la cría de langostinos no era simplemente una preocupación social y ambiental. "Inclusive en términos económicos, la industria está causando más perjuicios que beneficios", aseveró, citando cifras del informe NEERI.

"Y para colmo, la experiencia internacional ha demostrado que el tiempo de viabilidad para la cría de langostinos es de solamente cinco años. Echar por la borda recursos ecológicos para beneficio de un puñado de inescrupulosos criadores de langostinos subvencionados resulta suicida", finalizó.