No. 49 - Octubre 1995

TOXICOS

Migración de riesgos industriales

por Barry Castleman (*)

Las trasnacionales han sido las principales responsables de la migración de riesgos industriales; muchas normas vigentes en los países en desarrollo sobre seguridad industrial, en particular sobre el contacto de los trabajadores con sustancias tóxicas, fueron establecidas por esas compañías.

Las compañías trasnacionales son dominantes en la fabricación y comercialización de productos químicos y otras sustancias que suponen riesgos para la seguridad ocupacional y la salud. Estas empresas tienen una prolongada experiencia en el control de estos riesgos y han desarrollado importantes equipos de personal y procedimientos a estos efectos. Con la tendencia a los acuerdos de "libre comercio", se prevé que el dominio de las trasnacionales se expanda, con una consiguiente disminución de industrias de propiedad estatal y de propiedad de capitales nacionales. Corresponde entonces considerar la importancia de las trasnacionales en tanto que estas industrias se expanden por todo el mundo, particularmente a países que tienen mínimos recursos disponibles para la protección ambiental y de los trabajadores.

Las trasnacionales han tenido históricamente una participación central en la migración de riesgos industriales. Es necesario analizar esa participación para llegar a comprender lo que pueden y deben hacer las grandes compañías para asumir la responsabilidad de promover una transición mundial hacia tecnologías sin riesgo.

El primer punto es la influencia de los intereses comerciales en las normas adoptadas con relación al contacto de los trabajadores con sustancias tóxicas en todo el mundo. Se tiende a considerar que los límites de los lugares de trabajo son límites máximos de contacto humano con sustancias tóxicas, y con frecuencia se recurre a ellos también para evaluar los riesgos de la contaminación ambiental del aire para la salud humana. Hoy es ampliamente reconocido que estos límites se basan en datos y análisis insuficientes y que en gran medida fueron construidos por sectores económicos interesados, de maneras no reveladas a la comunidad científica.

La exportación de ideas riesgosas

Además de los temas habituales relacionados con la exportación de riesgos a los países en desarrollo (exportación de productos, industrias y desechos riesgosos), existe la exportación de las llamadas condiciones sanitarias. A diferencia de muchas otras clases de exportaciones de riesgo, aquí se exportan a los países pobres las mismas condiciones que fueron adoptadas en Estados Unidos y otros países industrializados.

Los límites de contacto ocupacional (LCO) son límites de concentración de contaminantes atmosféricos en el lugar de trabajo. Los LCO más conocidos son los valores umbrales de exposición o contacto (VUC), emitidos y revisados anualmente desde 1946 por un grupo privado denominado American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Países de todo el mundo se han fiado de los VUC para establecer límites permisibles de contacto ocupacional con contaminantes atmosféricos industriales. Una lista parcial de países que han utilizado los VUC para establecer los LCO comprende a Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Austria, Italia, Holanda, Portugal, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, España, Suiza, Reino Unido, Sudáfrica y Japón. Pese a que muchos países han adoptado luego procedimientos para fijar sus LCO en forma independiente, muchos de los límites de sus listas de LCO son vestigios de límites de años anteriores no revisados.

Los VUC han sido el blanco de duras críticas en los últimos años tanto por sus deficiencias científicas como por la influencia no revelada que sobre tales valores mantiene la industria química. El uso internacional de los VUC para fijar condiciones y la idea de que se pueden inferir umbrales de seguridad para poblaciones de trabajadores a partir de bases de datos incompletas, son ejemplos de la exportación de ideas riesgosas.

En la "Documentación" sobre VUC publicada en 1986, más de 100 en menos de 600 VUC se basaban fundamentalmente en comunicaciones de las compañías no publicadas. Los esfuerzos por obtener documentación primaria fueron en general estériles y algunos documentos que pudieron ser ubicados contenían opiniones sin datos que las respaldaran.

Desde entonces la ADGIH vuelve a redactar la "Documentación" retirando referencias no publicadas y "perdidas", pero no reconsidera los VUC que se fundaban en las antiguas referencias. Esto equivale más a ocultar la influencia de sectores financieramente interesados que a eliminarla. Una revisión de las actas del comité de VUC (1970-1988) demostraba que representantes de empresas, mencionados como "consultores", tenían de hecho asignada la responsabilidad primaria de redactar las bases documentarias sobre las cuales se fundarían los nuevos VUC. Estos documentos incluían muchos productos de primera línea de empleadores de los "consultores". El análisis de aproximadamente 40 productos de Dow había sido cedido a toxicólogos de Dow; 20 productos DuPont habían encargados por el comité de VUC a "consultores" empleados de DuPont; y los 10 productos químicos asignados a un toxicólogo de la gran empresa alemana Bayer..., eran todos productos Bayer.

De esta forma, más de 120 evaluaciones de sustancias del comité de VUC habían sido encomendadas a representantes de empresas. Los "borradores de la documentación" preparados por los representantes empresariales eran luego analizados y adoptados por voluntarios no remunerados del comité VUC, que eran oficialmente los miembros con derecho a voto.

Otras personalidades han criticado la constante inexactitud de las referencias a originales enumerados como datos de respaldo de los VUC. Las referencias muestran sistemáticamente efectos perjudiciales para la salud humana en niveles de contacto inferiores a los VUC. El Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional y Salud de Estados Unidos, efectuó una revisión de los niveles de contaminantes atmosféricos en los lugares de trabajo en 1988, y criticó los VUC de 98 sustancias por considerar que no constituían protección suficiente.

Pese a todas estas críticas, la ACGIH no ha dejado de asegurar que los VUC se "basan en la mejor información disponible" y son seguros para "casi todos los trabajadores". La ACGIH también se ha negado a formular normas generales sobre conflictos de intereses o exigencias de divulgación pública de los ingresos económicos de los miembros del comité de VUC, algunos de los cuales son miembros de cátedras en universidades y realizan consultorías a empresas. Esta situación contrasta con la divulgación que se exige a los miembros de comités de asesoramiento científico del gobierno de Estados Unidos.

Antes de dejar el tema de la exportación de ideas riesgosas, consideremos la idea de tener una lista de enfermedades ocupacionales reconocidas e indemnizables. En una reunión de médicos de las principales industrias de la zona de Hanoi, Vietnam, un visitante extranjero preguntó: "¿Cuál es la lista de enfermedades ocupacionales de su país?". La respuesta fue que no existía ninguna lista. Está cubierta toda enfermedad que médicamente haya sido más probable contraer en razón de la ocupación, sin necesidad de esperar por una revisión legal cada vez que la ciencia avanza. Sería una triste ironía que Vietnam adoptara el antiguo modelo de indemnización por lista de enfermedades al tiempo que su economía se encuentra en transición hacia la propiedad privada.

El sistema de limitar la indemnización a la última lista de enfermedades revisada por el gobierno es practicada en Alemania, pero con una peculiaridad: allí, si una compañía tiene datos de monitoreo del aire que demuestren que el contacto del trabajador con el agente tóxico fue inferior al MAK (máxima concentración en el lugar de trabajo), el empleador puede inclusive no ser considerado responsable por el estado médico del trabajador. No es sorprendente que los MAK sean asombrosamente parecidos a los VUC, tanto en los números en sí como en la participación de empleados de la industria y consultores en la obtención de tales datos. La industria alemana por cierto no ha sufrido perjuicios económicos por tener límites ocupacionales más estrictos que los VUC.

Al menos un médico de una compañía que integra la Comisión MAK dice tener dos personalidades. La mayor parte del tiempo trabaja para una compañía gigante, pero cuando asiste a las reuniones MAK e inclusive cuando se prepara para ellas es un científico puro. Descarta toda preocupación en el sentido de que el conocimiento que posee de los productos de su empleador, por ejemplo, pueda afectar en cualquier modo sus recomendaciones de límites de contacto ocupacional con esos productos.

¿Las opiniones de médicos esquizofrénicos de las compañías van a ser tomadas como fidedignas en muchos países? ¿O serán consideradas curiosidades recibidas entre las exportaciones riesgosas: un moderno Profesor Pangloss, viajando en primera clase e indiferente a la presencia abrumadora del poder de las trasnacionales y a la flaqueza humana de nuestro mundo?

Dualidad de criterios

La combinación de información, reglamentación e indemnización ha elevado el costo del uso de sustancias tóxicas en algunos países. Las compañías han trasladado en algunas oportunidades plantas enteras y han exportado productos prohibidos a países en desarrollo, pero otras veces la exportación de riesgos no es tan obvia a menos que uno esté en condiciones de hacer comparaciones cuantitativas internacionales.

Ha habido otros ejemplos donde las trasnacionales no han sido tan minuciosas al controlar los riesgos industriales en los países en desarrollo como lo habían hecho en sus propios países. La mayoría de los informes sobre esta "dualidad de criterios" han sido con relación al amianto y otros materiales ultrarriesgosos, para los que un verdadero control de los riesgos representaría una proporción importante de los costos totales de producción y reduciría las ventas en varias formas. Los casos descritos en los años setenta y comienzos de los ochenta involucraban a empresas con sedes en Alemania Occidental, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Italia, Austria y Japón.

El caso más estudiado de criterios ambivalentes es el de la planta de fabricación de plaguicidas de Unión Carbide que causó miles de muertes y lesiones permanentes a varios miles de habitantes de Bhopal, India, en 1984. La comparación de la planta de Bhopal con una planta similar de Unión Carbide en Estados Unidos mostraba medidas muy disímiles aplicadas al diseño y al funcionamiento de la planta, a los controles de seguridad, la capacitación del personal, dotación de personal para trabajos de riesgo, el mantenimiento de la planta y la responsabilidad de la gerencia. Otros factores importantes fueron la relativa falta de reglamentación del gobierno y la carencia de responsabilidad civil en India, en comparación con Estados Unidos.

El desastre de Bhopal concentró la atención mundial en la línea de conducta y las prácticas de las trasnacionales en materia de protección de salud y seguridad de los trabajadores y del medio ambiente. Muchas compañías gigantes se dieron cuenta repentinamente de que tenían riesgos excesivos que podían reducir y tomaron medidas para disminuir las cantidades de gases comprimidos que estaban almacenando y transportando. El transporte de grandes cilindros de gas fosgeno, por ejemplo, pasó de ser una práctica común en Estados Unidos a su total eliminación. Esos cambios se debieron en parte al hecho de que prácticamente dejaron de existir seguros contra las consecuencias de liberaciones químicas a comunidades.

Pero por encima de consideraciones meramente económicas, la ética y la moralidad de la conducta de las compañías trasnacionales fueron objeto de un examen pormenorizado sin precedentes.

Obviamente, condiciones inferiores de protección a los trabajadores y al medio ambiente pueden significar por lo menos ahorros a corto plazo para los dueños de las fábricas. La tentación de aumentar las ganancias reduciendo esos costos es especialmente grande cuando casi no existe reglamentación oficial, conciencia pública, presión sindical ni responsabilidad por daños y perjuicios cuando algo sale mal. El caso de Bhopal demostró que cuando los niveles de ganancia son bajos en las operaciones en países del Tercer Mundo, la gerencia es más presionada para reducir los costos operativos mediante métodos cuyos costos inmediatos son mínimos pero cuyos riesgos a largo plazo pueden ser de niveles catastróficos. La estructura de las trasnacionales parecía ser ideal, además, porque apartaba a la gerencia superior de cualquier responsabilidad personal por las consecuencias de "haber cumplido con las normas locales" en todo el mundo.

La investigación de la Organización Internacional del trabajo, OIT, "Prácticas de Seguridad y Salud de las Empresas Trasnacionales", arribaba a la conclusión de que "al comparar el comportamiento de las trasnacionales en salud y seguridad entre el país de procedencia y las filiales, se podría afirmar en general que la actividad en el país de procedencia era mejor que en las filiales de países en desarrollo".

Un informe del Centro de Compañías Trasnacionales de la ONU instó a examinar las políticas de las trasnacionales "con relación a salud y seguridad ocupacionales en sus operaciones mundiales". El informe concluyó que había "numerosos ejemplos de 'dualidad de criterios' en los cuales la protección de la salud de los trabajadores y de la comunidad por parte de las trasnacionales era más débil en los países en desarrollo que en los países de procedencia de las compañías trasnacionales". Se encontraban ejemplos de ello en las industrias de cloroetileno, plaguicidas, cromatos, acero, cloro y amianto.

La respuesta de las más importantes trasnacionales de la química con sede en Estados Unidos y el Reino Unido fue negar que la política de la compañía tuviera diferentes normas de protección para las personas en diferentes países con relación a los mismos riesgos industriales. Sin embargo, estas opiniones han sido expresadas de diferentes maneras, algunas de las cuales implican mayor compromiso que otras. Muchos se mantienen escépticos, y consideran que existe un amplio abismo entre las declaraciones de principios de las empresas y la realidad de la ambivalencia existente en su conducta.

Bayer

La fabricación de cromatos de la compañía alemana Bayer es una historia de dualidad de criterios. El cáncer de pulmón se sumó a la lista de enfermedades ocupacionales indemnizables para los trabajadores del cromato en Alemania en 1936. Las autoridades alemanas encargadas de las indemnizaciones, que no son consideradas en absoluto solidarias con los reclamantes, aceptan que cualquier trabajador que haya trabajado más de tres meses con cromato tiene derecho a recibir indemnización si posteriormente contrae cáncer de pulmón. Los especialistas de la Bayer publican desde 1939 artículos sobre el cáncer de pulmón originado por los cromatos.

Bayer tenía una planta de cromato en México, que en 1976 llamó la atención de Amnistía Internacional y de El Excelsior, importante periódico de la ciudad de México. El 46% de los trabajadores de la planta informó que se le había perforado el septo nasal, signo clásico de mucho contacto con cromatos. Había grandes cantidades de metales de cromo y detritos alrededor de la planta. Durante 15 años o más los desechos habían sido vertidos y utilizados para rellenar baches en las calles de la zona industrial llamada Lechería.

Alfred Badillo Sosa explicó al periodista de una revista semanal mexicana cómo quedó lisiado luego de sólo cinco días de trabajo paleando residuos en cromatos de México. Sus pies estaban tan destruidos por los detritos de cromo corrosivo que se tenía que trasladar de rodillas. Es dudoso que este hombre o cualquier otro trabajador discapacitado o las familias de trabajadores muertos reciban indemnización alguna.

La contaminación del aire y del agua subterránea causaron profundas y dolorosas heridas a 50 niños del lugar. El agua de lluvia se hizo amarilla por los cromatos en toda la zona, a tal punto que un visitante de Estados Unidos la describió como el "Infierno" de Dante. La planta fue clausurada en reiteradas oportunidades por las autoridades mexicanas por sus riesgos para la salud y se cerró definitivamente en 1979.

Pero Bayer todavía es propietaria de Chrome Chemicals de Sudáfrica, la cual ha sido de propiedad de la compañía desde por lo menos 1968.

Un informe del gobierno de Sudáfrica de 1976 afirmaba que el 46% de los empleados de la planta de cromato de Durban de la compañía tenían perforado el septo nasal: "Estas conclusiones son sumamente preocupantes y parecen indicar falta de interés por el bienestar físico de los trabajadores". La preocupación de los sindicatos por el tema permitió determinar en 1990 que diversos trabajadores padecían cáncer de pulmón, pero ninguno de ellos había sido informado por el médico de la empresa de que su trabajo podía ser el origen de la enfermedad. La gerencia rechazó las solicitudes de la organización sindical de inspeccionar los archivos de higiene industrial de la planta. En 1991, en medio de una creciente publicidad, Chrome Chemicals cesó la mayoría de sus actividades y despidió a la mayoría (216) de los trabajadores. Desafortunadamente, el cáncer de pulmón no fue agregado a la lista de enfermedades laborales indemnizables en Sudáfrica hasta 1994 y los casos ocurridos antes de ese año no son indemnizables.

La Bayer es bien consciente de las dificultades de sus ex trabajadores, la mayoría de los cuales son negros. El médico Mark Colvin se enfrentó a los directores en una asamblea de accionistas de Bayer e informó a su audiencia sobre sus pacientes de Chrome Chemicals discapacitados, desempleados y muertos. Colvin afirmó que su departamento de salud de la universidad se unía al sindicato en solicitar a la Bayer que estableciera un fondo fiduciario para localizar a ex trabajadores y sus familias y proporcionarles una indemnización adecuada. La Bayer se ha rehusado hasta ahora a brindar indemnizaciones a la creciente cantidad de ex empleados de su filial sudafricana que padecen cáncer de pulmón. La compañía, sin embargo, sí se acercó al rector de la Universidad de Natal, donde trabaja el doctor Colvin, para que disciplinara al médico y que éste no obtuviera la autorización de la administración de la Universidad para viajar a la asamblea de accionistas.

Bayer, colaboradora financiera de muchas organizaciones sociales en los lugares donde desarrolla su actividad, había donado fondos a la Universidad de Natal, y evidentemente consideraba la visita de Colvin a Alemania como una especie de violación contractual.

La prolongada falta de garantías legales de Bayer para con los trabajadores del cromato con cáncer de pulmón en Sudáfrica podría haber llevado a las víctimas de Chrome Chemicals a iniciar juicio contra la Bayer en Alemania. De ese modo un tribunal alemán tendría que haber decidido si Bayer era responsable o no por sus actos y los de la filial de su propiedad, o desestimar la causa por tecnicismos con un velo profesional que solamente los abogados podrían tomar en serio.

Otras empresas han sido acusadas de racismo ambiental por menos que lo que Bayer hizo en México y Sudáfrica. Algunos lectores recordarán la tendencia de posguerra de la Bayer a emplear con cargos de directores a ejecutivos leales al nazismo que habían conducido la conocida I G Farben. Uno no puede evitar preguntarse si algunos viejos malos pensamientos todavía persisten en la sala del directorio de las empresas entre bonitas lámparas y el inmaculado amoblamiento de comienzos de los cuarenta. No resulta menos sorprendente tratar de entender cómo pueden hacerse esas cosas por mera venalidad, lo que equivale a decir "lo hacemos porque podemos salirnos con la nuestra y hacer millones de dólares rápidamente. Pero somos empresarios, no racistas".

Políticas corporativas globales

Al retirarse en 1986, el presidente del directorio de DuPont dijo que "hemos descubierto que la seguridad es totalmente transferible de una cultura a otra si se tienen la paciencia, el tacto y la voluntad de perseverar". Su sucesor en 1989 sostuvo que "la industria necesita mantener el mismo buen nivel de condiciones ambientales sin importar el país de actividad". Poco después, en 1993, ante un pedido de aclaración, el vocero designado por el presidente del directorio escribió: "Nunca dijimos que aplicaríamos las normas estadounidenses donde quiera que desarrolláramos operaciones en el mundo (...) Dijimos que aplicamos las normas legales locales o las normas de la compañía, la que sea más estricta en todas nuestras actividades en el mundo."

El presidente del directorio de Dow Chemical ha asegurado en reiteradas ocasiones que Dow pretende cumplir las normas ambientales y de seguridad de Estados Unidos en todo el mundo, en declaraciones públicas desde 1990. W R Grace sostiene hacer lo mismo. El presidente del directorio de Imperial Chemical Industries declaró en 1990: Todas las nuevas plantas "van a ser edificadas en condiciones que cumplan con las reglamentaciones que razonablemente podemos esperar del país más exigente en materia ambiental en los cuales realizamos ese proceso."

BASF y Bayer sostienen que su norma es cumplir las reglamentaciones alemanas en todo el mundo, para proteger a los trabajadores y al medio ambiente. El vocero de Henkel dijo al Instituto Ambiental de Hamburgo que sería demasiada carga para la rentabilidad. Pese a que algunas declaraciones de la compañía manifiestan al respecto que observan los niveles del país de procedencia en todo el mundo, ninguna de las compañías alcanzó buen puntaje en la categoría "dualidad de criterios" del instituto de Hamburgo.

En general, el grupo de Hamburgo determinó que el comportamiento ambiental de las 50 compañías químicas y farmacéuticas más grandes era "deprimente para toda la industria". El CEFIC, consejo europeo de la industria química, en sus Pautas para la Transferencia de Tecnología (Seguridad, Salud y Aspectos Ambientales), expresa que la tecnología transferida debería lograr un nivel de seguridad, protección de la salud y protección del medio ambiente igual al del proveedor de la tecnología del cual ésta proviene, y "equivalente al alcanzado en las instalaciones de procedencia del proveedor de tecnología". Esto parecería especialmente aplicable a las operaciones de filiales de trasnacionales en todo el mundo.

El Código de Ética del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre Comercio Internacional de Químicos da un paso atrás al establecer que los fabricantes deberían cumplir las exigencias de los países de procedencia así como los de la compañía matriz o contratista. Este código es una especie de excusa oficial para que las trasnacionales que suministran menor protección en los países en desarrollo que la que se les exige en sus países de procedencia. También favorece a los competidores más rapaces cuyas compañías matrices o bien proporcionan menor protección, o la aplican peor o ambas cosas. Por otra parte, el código del PNUMA instruye a la industria para que "asegure a los trabajadores y a otras personas que no serán castigados por controlar e informar su actuación". Esto parecería aplicable al acoso de Hoechst a un agricultor, un científico, un editor de periódicos y un periodista, en su última trivial campaña de acciones legales y tácticas amenazadoras para revertir una prohibición del gobierno de Filipinas al plaguicida Endosulfan.

Existen grandes variaciones entre las principales compañías al elaborar un plan mundial, y ni qué hablar de su aplicación. Las trasnacionales con sedes en muchos países, entre ellos Japón, Suiza, Alemania, Francia y Taiwan parecen haber enfrentado un pequeño examen de sus normas mundiales y las publicaciones de tipo industrial y comercial dicen muy poco acerca de la línea de conducta de las empresas y la aplicación práctica de las mismas.

(*) Barry Castleman es consultor ambiental y autor del conocido estudio sobre el amianto titulado: "Asbestos: Medical and Legal Aspects" (Amianto: aspectos médicos y legales), Prentice Hall.