No. 50 - Noviembre 1995

BRASIL

Una historia que ni siquiera existía

por Carlos Tautz, desde Rio de Janeiro

Un debate que puede parecer tardío se está desarrollando en Brasil a partir de un proyecto de ley del gobierno de Fernando H. Cardoso donde por primera vez se reconoce la existencia de "desaparecidos" en el país. Tal reconocimiento es fruto de reiterados reclamos de los grupos de derechos humanos así como de presiones provenientes del exterior.

Con años de atraso en relación a otros países latinoamericanos, el gobierno brasileño envió al Congreso, el 28 de agosto, un proyecto de ley que reconoce la responsabilidad del gobierno por la muerte de 136 militantes de izquierda desaparecidos mientras se encontraban detenidos por fuerzas del Estado, durante la dictadura militar que vivió el país los años 60 y 70.

Sin embargo, el gobierno no admite aún la responsabilidad del Estado en la muerte de por lo menos otros 217 guerrilleros en enfrentamientos con fuerzas militares o paramilitares.

El envío del mensaje al Parlamento se efectuó el mismo día en que se cumplía el decimosexto aniversario de la aprobación de la ley que amnistió en forma indiscriminada a torturados y torturadores del período militar y que permitió el regreso al país de los exiliados políticos.

Este reconocimiento oficial dará derecho a los familiares de los desaparecidos a exigir legalmente indemnizaciones que oscilan entre 110.000 y 165.000 dólares, pero el gobierno no incorporó al proyecto la posibilidad de investigar las circunstancias de las muertes.

"Brasil inauguró una nueva fase del Derecho: reconoce que hubo crímenes, pero no que hay criminales", ironizó al respecto la ex presa política y psicóloga Cecilia Coimbra, presidenta del Grupo Tortura Nunca Más (GTNM), que nuclea a familiares y amigos de desaparecidos políticos.

La Operación Cóndor

Al mismo tiempo que la prensa divulgaba el proyecto del gobierno, el diario O Globo, de Rio de Janeiro, reveló documentos que prueban la acción coordinada de los órganos de represión de varios países latinoamericanos a través de la llamada Operación Cóndor.

Los documentos, fechados en 1976 y que se encuentran en el Archivo de Seguridad Nacional, en Washington, EUA, son informes de las organismo de inteligencia norteamericanos acerca de los métodos que empleaban las dictaduras latinoamericanas en la represión de los adversarios de los distintos regímenes.

En los documentos -que pese a haber sido publicados mantienen algunas líneas cubiertas por una franja negra- se sostiene que la sede de la Operación estaba en Chile, gobernado por el dictador Augusto Pinochet, y que la represión regional congregaba a las policías secretas de aquel país, de Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Entre algunos párrafos expresamente ocultos por las autoridades estadounidenses, el documento afirma: "La Operación Cóndor se ocupa de acciones conjuntas contra terroristas en los países miembros (...) La fase más secreta de la Operación Cóndor involucra la formación de equipos especiales de los países miembros para viajar a cualquier lugar del mundo, con el objeto de aplicar sanciones -incluso asesinatos- contra terroristas o seguidores de organizaciones terroristas de los países miembros".

"Mercosur de los desaparecidos"

La revelación de la existencia de la Operación Cóndor y la denuncia de que por lo menos trece militantes brasileños fueron muertos en Argentina, Chile y Bolivia y que entre tres y nueve izquierdistas argentinos tuvieron el mismo fin en Brasil, motivaron al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil, Nilmario Miranda -del Partido de los Trabajadores- a proponer un "Mercosur de los Desaparecidos", que conectara a los parlamentos de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia.

En esos países, afirmó el diputado Miranda, ya existe suficiente movilización de la sociedad y del Poder Legislativo para exigir a los gobiernos el esclarecimiento sobre los desaparecidos, y ese "know how" podría ser importado a Brasil y permitir una actuación articulada con los grupos de derechos humanos brasileños.

Los militares brasileños, formalmente fuera del poder desde 1985, protestaron contra el proyecto del gobierno y exigen que los soldados que fueron muertos, según ellos "en combate", también reciban del gobierno similar tratamiento.

"Es el colmo que los asesinos y torturadores exijan también los mismos derechos de sus víctimas", protestó Miranda, quien también fue preso político.

La importancia de la presión internacional

El gobierno brasileño ha aceptado reconocer la existencia de los desaparecidos luego de una fuerte presión internacional desplegada sobre todo en los últimos meses de este año.

En primer lugar, Amnistía Internacional (AI) condenó la falta de memoria oficial brasileña y, en un reciente viaje al país el secretario general del organismo, Pierre Sani, logró del presidente Fernando Henrique Cardoso una solución para el tema de los desaparecidos.

Otro defensor de los derechos humanos, el abogado chileno José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch/Americas, fue más incisivo, cuando visitó el país en el mes de agosto: "La situación en Brasil es escandalosa porque durante muchos años se afirmó que el problema (de los desaparecidos) aquí ni siquiera existía".

El presidente Cardoso ya había sido cuestionado públicamente por familiares de desaparecidos, cuando pronunció un discurso ante la ONU en el mes de marzo, y el incidente recibió una amplia cobertura de la prensa.

Insatisfacción en los grupos locales

Si bien representa un importante paso en el camino de revisar la historia reciente de Brasil, el proyecto gubernamental no satisface las expectativas del GTNM.

El organismo quiere que el gobierno asegure por lo menos cinco puntos de una lista de exigencias:

1. Inmediata formación de una comisión especial de investigación y reparación, constituida por representantes del gobierno, de la sociedad civil y de familiares de los muertos, con plenos poderes para investigar las circunstancias de las muertes.

2. Responsabilización oficial y reparación moral del gobierno por las muertes y desapariciones.

3. Compromiso ante los familiares de sepultar todos los restos que se mantuvieran ocultos;

4. Compromiso del gobierno de no proponer para cargos de confianza a personas involucradas en los crímenes de la dictadura militar.

La permanencia de represores en cargos de confianza

El último punto se explica por la presencia de muchos miembros de grupos paramilitares en cargos públicos en el actual gobierno.

En efecto, a principios de este año al menos diez ex torturadores ocupaban cargos de confianza en el Departamento de Tránsito de San Pablo, el mayor de los estados brasileños con más de veinte millones de habitantes.

Otro ejemplo fue hecho público cuando el gobierno brasileño se expuso a renovadas presiones internacionales para que retirara de un cargo público a otro acusado de haber practicado la tortura durante el régimen militar.

El coronel de Infantería Armando Avolio Filho fue exonerado a comienzos de julio de su puesto como agregado militar en la embajada brasileña en Londres, luego que el GTNM y Amnistía Internacional denunciaran su participación en la represión durante la década de los 70.

Pero el coronel Avolio recién abandonó su cargo el 31 de agosto, debido a nuevas protestas del GTNM y de AI e incluso del propio Partido Laborista británico, que amenazó con un llamado al canciller ante el Parlamento para que explicara por qué su gobierno otorgaba acreditación diplomática a un acusado de haber cometido torturas.

Según el GTNM, Avolio habría participado en la tortura cuando servía, durante los años 70, en el cuartel de la Policía Militar del barrio de Tijuca, en Rio de Janeiro. Dicho cuartel fue uno de los dos mayores y más temidos centros de interrogatorio del período militar.

Ahora el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas debe pasar a situación de reforma al coronel Avolio, en un procedimiento similar al adoptado ante una situación muy parecida, ocurrida en 1985.

En ese año, el coronel Brilhante Ustra, que ocupaba el cargo de agregado militar en la embajada brasileña ante Uruguay, fue reconocido por la entonces diputada federal Bete Mendes como quien la había torturado durante su detención, cuando pertenecía a organizaciones de izquierda en la década de los 60.

Fuentes de información y espionaje ilegal

Los grupos de defensa de los derechos humanos en Brasil afirman que las mejores fuentes de información sobre las actividades de represión y sobre el posible paradero de los cuerpos de las víctimas, continúan cerradas o son manipuladas con el objetivo de dificultar la localización de los cadáveres y, sobre todo, de las circunstancias en que ocurrieron los crímenes.

La mayor parte de la documentación de la extinta Delegación de Orden Política y Social (DOPS) del Estado de San Pablo, por ejemplo, se encontraba en el domicilio de muchos policías.

En efecto, el ex director de la DOPS y actual senador Romeu Tuma, mantenía gran parte del archivo en su sala personal, y después que abandonó el cargo -hace ya algunos años- se llevó consigo los informes que consideraba más importantes.

En Rio de Janeiro, en cambio, ese tipo de archivos permanecen abiertos al público desde el año pasado. Hasta 1993, permanecieron bajo la custodia de la Policía Federal (PF), un órgano cuyo cometido es la investigación de delitos como contrabando y tráfico internacional de drogas, pero que se dedicaba a espiar la vida personal de los dirigentes sociales.

Los documentos, que se encuentran expuestos en el Archivo Público de Rio de Janeiro, registran los movimientos de líderes políticos, sindicales, estudiantes, e incluso de simples actividades como recitales de música popular brasileña en los que actuaban artistas considerados progresistas.

Eso significa que el espionaje político siguió funcionando al menos hasta 1993, mucho después de la finalización formal del régimen militar, en 1985, cuando asumió la Presidencia el civil José Sarney.

Durante el proceso previo a la presentación del proyecto de ley ante el Congreso, el informativo de la red Globo -un oligopolio informativo que creció durante la dictadura y que hasta ahora raramente se había ocupado del problema de los desaparecidos- defendió en forma ininterrumpida la iniciativa, sosteniendo la tesis de que la misma representa una solución definitiva al asunto.

Una historia que nunca existió

Sin embargo, no es así. El proyecto del gobierno deja afuera casos que tuvieron en su momento gran repercusión internacional. Como el de la Guerrilla de la Región de Araguaia, en las interminables florestas tropicales del norte de Brasil.

Entre 1966 y 1975, aproximadamente 120 guerrilleros del Partido Comunista de Brasil y casi 20 mil soldados de las tres Fuerzas Armadas se enfrentaron ante el intento comunista de detonar un proceso de levantamiento civil contra la dictadura militar.

Finalmente, menos de diez izquierdistas escaparon vivos de la aventura y las Fuerzas Armadas nunca reconocieron oficialmente la muerte de los guerrilleros.

Si bien la historia fue objeto de varios informes de grandes diarios y revistas brasileños e incluso de algunos libros, aún hoy las Fuerzas Armadas se niegan a admitir la existencia de ese conflicto. Es más: ni siquiera consideran abrir sus archivos para los familiares de los desaparecidos.

(*) Periodista brasileño; colaboración exclusiva para la Revista del Sur.