No. 50 - Noviembre 1995

Expertos llaman a adoptar medidas de bioseguridad

por Martin Khor

Especialistas representantes de gobiernos reunidos en Madrid reclamaron urgentes medidas para controlar los efectos ambientales y sanitarios negativos de la biotecnología moderna. Hubo sin embargo un conflicto entre los países en desarrollo que insistían en un protocolo de bioseguridad obligatorio y algunos países industrializados que preferían lineamientos voluntarios.

Una reunión de especialistas gubernamentales organizada por las Naciones Unidas en materia de bioseguridad instó a la acción internacional para introducir medidas de seguridad y controlar las consecuencias nocivas de la biotecnología moderna para la salud y el medio ambiente.

La reunión de la ONU de cinco días de duración, realizada en Madrid entre el 24 y el 28 de julio fue organizada en el marco de la Convención sobre Diversidad Biológica (conocida como Convención de Biodiversidad), y asistieron especialistas científicos y los responsables de la política científica de unos cien países, así como organizaciones no gubernamentales y científicos independientes.

El Grupo ad hoc de Especialistas sobre Bioseguridad fue formado por el órgano rector más importante de la Convención, la Conferencia de las Partes, a efectos de que asesore sobre la necesidad de un protocolo de bioseguridad.

En la declaración final, el Grupo de Especialistas sobre Bioseguridad resaltó la "necesidad inmediata" de medidas mundiales para alcanzar una seguridad adecuada en los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que pueden tener efectos adversos sobre la diversidad biológica y riesgos para la salud humana.

El objetivo de esas medidas, afirma la declaración, es crear una efectiva estructura para la cooperación internacional que garantice seguridad en biotecnología.

Esto se realizará a través de una "efectiva evaluación y gestión del riesgo para la transferencia, manejo y uso de organismos vivos modificados (OVM) resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos nocivos en la conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica".

(Los organismos vivos modificados son elementos vivos tales como plantas, animales, virus o bacterias, que han sido alterados a través de métodos de biotecnología moderna tales como la ingeniería genética).

La declaración constituye el reconocimiento más significativo que se haya redactado por parte de un grupo oficial de expertos internacionales de que la biotecnología moderna plantea problemas potencialmente graves y que deben tomarse medidas urgentes para evitar o controlar esos problemas.

Amplia mayoría

La amplia mayoría de las delegaciones presentes en la reunión estuvieron de acuerdo en que debería formularse un protocolo jurídicamente obligatorio y propuso que se formara un grupo de trabajo en la próxima reunión de la Conferencia de las Partes a realizarse en noviembre. No obstante, algunos poderosos países se opusieron a ello y se mostraron a favor de la redacción de lineamientos voluntarios.

Con un explicación de sus preocupaciones, los especialistas manifestaban en su declaración que debe prestarse atención a los organismos vivos modificados (OVM) resultantes de la biotecnología moderna porque existe "falta de familiaridad" con esos organismos.

"En estas circunstancias, no es posible evaluar cabalmente los impactos", concluían los expertos. Existen importantes vacíos de conocimiento sobre la interacción entre los OVM y el medio ambiente. Además, un organismo que no suponga riesgos en un país no es necesariamente seguro en otro, debido a las diferencias del entorno.

La reunión propuso que se creara una estructura internacional sobre bioseguridad, con consenso de que debe abarcar los siguientes aspectos: todas las actividades relacionadas con OVMs (entre ellos, investigación, manejo, transferencia, uso y eliminación); movimiento internacional de OVMs y sus efectos nocivos; liberación de OVMs; reglamentaciones internacionales para la gestión y evaluación del riesgo; procedimiento para un "acuerdo previamente informado" (para que un país exportador logre primero el consentimiento del país importador); e intercambio de información.

Los temas de los efectos socioeconómicos de la tecnología, la responsabilidad y la indemnización (por daños causados por OVMs) y financiación deberían incluirse también según muchas delegaciones. Sin embargo no hubo consenso al respecto.

El tema de los riesgos de la biotecnología es relativamente nuevo, pero el interés público en todo el mundo sobre el tema ha aumentado tremendamente durante los últimos años. Como consecuencia, la "bioseguridad" es la palabra de moda en círculos ambientales y científicos. La "bioseguridad" se ha transformado en un latiguillo que reconoce que puede haber "contaminación biológica" emergente de la ingeniería genética aplicada por ejemplo en cultivos y que se deberían tomar medidas de seguridad para evitar o minimizar los riesgos.

Muchos países, entre ellos Malaisia, están ahora lidiando con la necesidad de introducir normas y reglamentos en materia de bioseguridad nacional.

Con la rápida expansión de la industria biotecnológica, que por primera vez introdujo el año pasado alimentos genéticamente modificados en el mercado, ambientalistas y algunos científicos han expresado en los últimos años la preocupación de que la vida vegetal natural y las variedades de cultivos agrícolas puedan estar amenazados por nuevos cultivos y plantas resultantes de las nuevas formas de biotecnología.

También manifestaron temor de que existan actualmente riesgos no evaluables planteados por la ingeniería genética en el sector médico, como los efectos de virus y otros organismos genéticamente modificados sobre la salud humana.

Fue Malaisia la primera en introducir el tema de la bioseguridad cuando se negociaba la Convención de Biodiversidad en 1992. Muchos países respaldaron la propuesta de Malaisia de crear un protocolo internacional de bioseguridad conforme a la Convención, pero un grupo de países industrializados (especialmente Estados Unidos) lo objetaron, puesto que temían que un protocolo así podría ser contrario a los intereses comerciales de las compañías biotecnológicas de sus países.

Desde 1992, el tema ha figurado entre los puntos más prominentes de la agenda de la Convención. En diversas reuniones de la Convención, el Grupo de los 77 (que representa a más de 100 países en desarrollo) y China (respaldada por los países escandinavos) han llamado al inicio inmediato de negociaciones con miras a un protocolo.

Estados Unidos ha manifestado sus objeciones porque entiende que las nuevas tecnologías no representan ningún riesgo. Pero Estados Unidos no es miembro de la convención y ejerce considerable influencia inclusive en su carácter de observador, y su oposición enfrió el proceso de un protocolo.

En una tentativa de alcanzar consenso, los estados miembros de la Convención decidieron formar un grupo de expertos de los gobiernos designaron a científicos y dirigentes políticos para que analicen los tipos de medidas internacionales que serían adecuados, si es que existen.

En la reunión de Madrid, en julio, Estados Unidos se opuso nuevamente a un protocolo, y fue respaldado por algunos países, en especial Australia y Japón.

Pero, como se señalaba en la declaración oficial de la reunión, una "amplia mayoría" de delegaciones se mostró a favor de formular un protocolo de biodiversidad y se sugirió que en la siguiente reunión del órgano supremo de la Convención (la Conferencia de las Partes) en Indonesia en noviembre se forme un grupo de trabajo a efectos de preparar el protocolo.

Además del protocolo, de la reunión surgieron también otras opciones y medidas, tales como el fortalecimiento y coordinación de las medidas existentes (los actuales acuerdos internacionales de evaluación del riesgo, e intercambio de información sobre las reglamentaciones existentes) y establecer nuevos lineamientos voluntarios sobre bioseguridad.

Los países en desarrollo y algunos países europeos se mostraron a favor de un protocolo porque sería jurídicamente obligatorio. Los estados signatarios tendrían que aplicar las medidas del protocolo, mientras que no es obligatorio para los países ceñirse a un conjunto voluntario de lineamientos.

Lección

Los lineamientos voluntarios no impiden ni reducen el vertido de residuos tóxicos de países industrializados en el Sur. Se logró una importante reducción de ese vertido recién después de lograr la firma de un acuerdo jurídicamente obligatorio: la Convención de Basilea. La lección para la bioseguridad es entonces nítida: para evitar la transferencia de experimentos y proyectos de riesgo en materia de ingeniería genética, es necesario un protocolo o una Convención internacional jurídicamente obligatorio/a.

Es irónico que los países industrializados, que rutinariamente acusan a los países pobres de no tener una actitud seria en materia de medio ambiente, estén ahora arrastrándolos al decir que es suficiente contar con lineamientos voluntarios, mientras que el Sur presiona por un protocolo que promueva la bioseguridad. Esta es una instancia clara en la que el Sur lucha por la seguridad ambiental y algunos países del Norte le restan importancia y soslayan los intereses ambientales y sanitarios para favorecer intereses comerciales.

La verdad es que algunos gobiernos del Norte quieren proteger a sus compañías biotecnológicas y asegurarles libertad para conducir experimentos biotecnológicos y aplicar la biotecnología en la agricultura y finalmente en la medicina en los países del Sur. El temor de convertirse en vertederos y centros de experimentos riesgosos es lo que ha espoliado a los países en desarrollo a mocionar por un protocolo.

La batalla entre la mayoría de los países que insisten en un protocolo y un puñado de países poderosos que quieren lineamientos voluntarios es de esperar que continúe. Mientras tanto, probablemente aumenten en forma significativa los riesgos para el medio ambiente y la salud humana debido a la constante y acelerada expansión de la tecnología moderna.

La reunión de Madrid también se vio influenciada por la presencia de muchas organizaciones no gubernamentales que mostraron mucho interés y preocupación por el tema.

Muchas de las ONGs, entre las que se encontraba Third World Network/Red del Tercer Mundo, con sede en Malaisia, formaron un grupo de especialistas científicos y abogados independientes cuyo informe de 51 páginas "Biosafety: Scientific Findings and the Need for a Protocol" (Bioseguridad: Conclusiones científicas y la necesidad de un protocolo) fue distribuido ampliamente con importantes consecuencias en la reunión.

El informe resumía y evaluaba las consecuencias de muchas conclusiones científicas recientes sobre los efectos nocivos de la ingeniería genética y proponía criterios para evaluar los organismos genéticamente modificados y sus impactos ambientales.

Analizaba asimismo los aspectos a favor y en contra de las diversas opciones de medidas internacionales (voluntarias u obligatorias), concluía que era esencial un protocolo de bioseguridad y proponía diversos elementos que el mismo debería incluir.

El informe fue bien recibido por la mayoría de las delegaciones, especialmente de los países en desarrollo, las cuales utilizaron su contenido en las conversaciones oficiales y en la elaboración de la declaración final de la reunión.

Este es un ejemplo de la influencia que las ONGs podrían ejercer en las reuniones e instituciones internacionales, si se organizan bien y asisten preparadas con datos y argumentos debidamente ordenados y presentados.

Martin Khor es el Director de Third World Network/Red del Tercer Mundo.