No. 50 - Noviembre 1995

Tecnologías de riesgo: el control del gobierno

por Barry Castleman (*)

Pese a los avances registrados en el desarrollo de tecnologías "limpias", no existen motivos para creer que las empresas trasnacionales transfieran esas tecnologías hacia el Sur. La única salvaguarda para los gobiernos del Sur es investigar todas las solicitudes de proyectos industriales a efectos de evaluar los aspectos sanitarios y de seguridad de la tecnología importada.

El problema de la dualidad de criterios plantea una serie de obstáculos para los responsables políticos de las compañías. Desde 1988, en Estados Unidos se exige a cada fábrica datos de inventario sobre la liberación de sustancias contaminantes en el aire, el agua y la tierra. Pese a que las principales multinacionales con sede en Estados Unidos y plantas en otros países cumplen con este requisito en Estados Unidos, no parece que su política sea dar a conocer públicamente datos similares sobre sus plantas en todo el mundo. En 1993, un vocero de DuPont dijo que la compañía estaba recabando datos sobre plantas no estadounidenses: "y los daremos a conocer al público afectado cerca de nuestras instalaciones tan pronto como contemos con ellos".

Muchos países, entre ellos algunos con las industrias químicas de mayor ritmo de crecimiento, tienen poca capacidad para la eliminación de los desechos peligrosos o carecen de ella. Como la generación de detritos peligrosos es un rasgo previsto en el diseño de muchas plantas operadas por multinacionales en países en desarrollo, el resultado es la ambivalencia de criterios en el vertido de residuos peligrosos, a menos que las compañías aseguren la construcción de las instalaciones necesarias para deshacerse de estos desechos de una manera que cumpla con las normas vigentes en Europa y América del Norte.

Los niveles de protección a los trabajadores y al medio ambiente de Estados Unidos y otros países han sido con frecuencia objeto de fuerte oposición por parte de las compañías y asociaciones comerciales por considerarlos excesivamente estrictos, e inclusive los han impugnado judicialmente.

Cuando una empresa considera que un límite de control es innecesariamente estricto, ¿cumple con ese límite fuera del país donde la norma está en vigencia y la está impugnando ante los tribunales? Si Estados Unidos u otro país prohibe utilizar un plaguicida para usos que la compañía dice que deberían estar permitidos, ¿la compañía continuará vendiendo el producto en otros lugares del mundo para los usos que fue prohibido? ¿Si una compañía retira "voluntariamente" un plaguicida para ciertos usos porque está siendo evaluado por un órgano de reglamentación de Estados Unidos, eso significa que también lo va a retirar en el resto del mundo?

La buena disposición de las multinacionales de revelar al público información relacionada con la salud y el medio ambiente es fácilmente superada cuando se les solicita, por ejemplo, una lista de todas las plantas de la compañía y los productos que cada una fabrica; copia de las pautas de seguridad y salud ocupacional; normas ambientales de la empresa; copia de los controles ambientales y de seguridad en planta; información sobre la frecuencia de controles de salud y seguridad ocupacionales y ambientales; límites de contacto ocupacional con productos químicos, incluyendo sustancias para las cuales no existen límites oficiales; análisis de impacto sanitario y de seguridad en nuevas plantas propuestas, incluido el contacto previsto con sustancias tóxicas; análisis del impacto ambiental de nuevas plantas propuestas; criterios sobre salud, seguridad y medio ambiente de la empresa para decidir si se comercializa un nuevo plaguicida; y las instrucciones que se aplican en declaraciones sobre la política de la empresa en materia de salud, seguridad y medio ambiente. La norma de importantes grupos ambientales y sindicatos ha sido la difusión pública de toda la información sobre sustancias tóxicas liberadas en el lugar de trabajo y el medio ambiente, como los puntos antes mencionados.

"Administración de productos"

La "administración de los productos" presenta a las multinacionales otros problemas éticos. Esta expresión se refiere a la responsabilidad del vendedor de evitar daños provenientes de los productos comercializados, durante el ciclo de vida útil y al eliminarlos. El concepto comprende la responsabilidad de asegurar que la compañía que adquiere un producto químico al vendedor no lo utilice de manera riesgosa. Por lo menos una empresa estadounidense, Dow Chemical, ha manifestado durante mucho tiempo una línea de conducta según la cual se rehusa a vender productos químicos a clientes que no hagan un uso adecuado del producto. En 1992, compañías integrantes de Chemical Manufacturers Association (Asociación de Fabricantes de Químicos) en Estados Unidos adoptaron un código que contempla el cese de ventas a clientes que no corrijan "prácticas inadecuadas" en el uso de los productos químicos que ellos venden.

Una activa intervención con los clientes de las compañías fabricantes de químicos en la administración de los productos sería un adelanto decisivo, comparada con la relación tradicional entre vendedores y compradores en gran parte del mundo. Pero para instrumentar esta intervención son fundamentales los detalles para poder garantizar que se identifiquen y corrijan los usos inadecuados de productos químicos.

En una reunión con ejecutivos de DuPont en 1991, se dijo a representantes de Greenpeace que la compañía tenía personas que visitaban frecuentemente las plantas de los clientes en todo el mundo, quienes eran fiables para identificar riesgos que necesitaban ser corregidos. Pero resultó que estos supuestos administradores de productos eran los representantes de venta de la compañía. Obviamente, los vendedores no tienen ni la capacitación ni el incentivo para evaluar críticamente la higiene industrial y las medidas de control de contaminación de sus clientes. El ejecutivo que trasmitió esta información parecía no estar al tanto de que un vendedor puede convertirse en vicepresidente antes de que cualquier persona que utilice los productos que venda pueda contraer cáncer ocupacional. Esto ilustra la diferencia entre proclamar meramente una línea de conducta y contraer el compromiso de llevarla a cabo en forma adecuada.

Irresponsabilidad en la administración de plaguicidas

Abundan los ejemplos de la necesidad de administración de los productos por parte de los productores de plaguicidas. El reenvasado de plaguicidas en recipientes de alimentos y el uso de barriles de plaguicidas para almacenar agua potable causa muertes y enfermedades en forma generalizada. El uso y almacenamiento que hacen los pequeños agricultores de los plaguicidas y recipientes de plaguicidas reflejan la total falta de capacitación brindada por los fabricantes.

En el Valle Constanza, República Dominicana, la defoliación por el uso excesivo de plaguicidas ha hecho que a la región se la denomine Valle de la Muerte. En la medida en que la zona recibió gran atención de la prensa en 1991, el laboratorio Ciba Geigy introdujo un programa para enseñar a pequeños agricultores algo sobre agronomía, gestión integrada de plagas y seguridad. Se reconoció que el uso de plaguicidas en el valle tenía que ser reducido. La prensa comercial informó que la respuesta comunitaria al esfuerzo de Ciba de "probar los beneficios económicos y sociales de un mercado sustentable" eran alentadores. Ciba conduce programas similares con pequeños agricultores en Colombia, Filipinas, Indonesia, Pakistán, Malí, Mozambique y Nigeria. Pero la organización Pesticide Action Network se muestra escéptica con respecto a las versiones de la compañía de "gestión integrada de plagas" en la cual pone el acento en la "mejor mezcla" de plaguicidas en vez de enseñar técnicas que consideren el uso de plaguicidas como último recurso.

El uso excesivo y el uso incorrecto de plaguicidas debe estar, en efecto, muy generalizado, puesto que los productores de plaguicidas anticipan ahora públicamente una reducción constante de la cantidad de plaguicidas utilizados en todo el mundo. Por lo expuesto, es insincero que las gigantescas compañías de plaguicidas, haciendo la vista gorda ante los abusos de comercialización de plaguicidas, responsabilicen a los intermediarios locales y diciendo: "Nosotros simplemente recibíamos pedidos". Esto es tan ridículo como la defensa de Eichmann contra la pena capital, ofreciendo una indemnización.

Un importante aspecto de la administración de los productos es el beneficio educativo para los trabajadores y para el público que los utiliza, a través de etiquetas de advertencia, folletos y programas de capacitación a clientes. Para ciertos productos peligrosos y recipientes en los cuales se venden, la administración de los productos permite la recuperación de materiales que los clientes de otra forma utilizarían de manera inadecuada o verterían residuos peligrosos.

En tribunales estadounidenses, la administración de los productos es muy fomentada cuando hay responsabilidad por daños y perjuicios causados por productos riesgosos y contaminación. Personas perjudicadas por productos cuyos peligros no siempre figuraban en la advertencia de los fabricantes han recibido importantes indemnizaciones por pérdida económica, dolor y sufrimiento, y en algunos casos, además, daños y perjuicios punitivos.

Los fabricantes han retirado del mercado estadounidense productos que, según experimentos efectuados con animales, ocasionan anormalidades reproductivas, para no arriesgarse a juicios multimillonarios en dólares de hijos de trabajadores que utilizan el agente y que nacieron con defectos congénitos.

Estos mismos productos, sin embargo, continuaron siendo comercializados por las mismas compañías en otros países, donde la responsabilidad por productos no es un factor determinante.

La responsabilidad y la reglamentación han impuesto así en algunos países la obligación de que los fabricantes desarrollen procesos y productos menos tóxicos. Pero en ausencia de conciencia pública, responsabilidad y reglamentación, existe la posibilidad de que tecnologías desacreditadas y riesgosas continúen siendo económicamente competitivas y puede haber inclusive "mercados" para tecnologías más obsoletas que pueden ser explotadas en muchos países.

Por tanto, pese a las avances que están logrando las multinacionales en desarrollos de "tecnología limpia" no existen razones para esperar que estas mejoras sean rápidamente trasmitidas a Africa, Asia, América Latina y Europa Central y Oriental. Es muy posible que algunas de las industrias recién creadas en estas regiones importen y utilicen equipos de segunda mano. Este hecho pone a prueba la ética de las multinacionales que están reemplazando su equipamiento en Europa y América del Norte.

Adelantos

Se han registrado muchos avances durante los últimos años, que incuestionablemente contribuyen con la protección de la salud pública y el medio ambiente donde quiera que tengan lugar.

Como ejemplos se pueden mencionar la sustitución de los éteres glicoles, solventes clorados y solventes a base de clorofluorocarbonos como agentes de limpieza en procesamiento microelectrónico; sustitución de solventes orgánicos por solventes a base de agua en adhesivos y sellantes; reducción de solventes volátiles orgánicos en muchas pinturas, para dar paso a pinturas a base de agua, tecnología para pintar con rociadores utilizando dióxido de carbono hipercrítico y revestimiento en polvo; sustitución del cadmio y del plomo en pigmentos; eliminación de la contaminación atmosférica de óxido nitroso en la fabricación de ácido adípico (utilizado para fabricar nylon, poliéster y poliuretano); sustitución de la acrilamida en componentes de lechada; reemplazo de la decoloración con cloro en la fabricación de papel; conversión del fosgeno, el hidrógeno arsenical y otros gases tóxicos, o medios menos tóxicos que pueden ser manejados en su lugar en procesos industriales, evitando así la necesidad de almacenar y transportar grandes cantidades de gases comprimidos altamente tóxicos; reemplazo del proceso fosgeno para fabricar policarbonatos por un proceso dimetilcarbonato; síntesis de isocianatos alifáticos de aminas y dióxido de carbono en lugar de los procesos que utilizan fosgeno; sustitución del ácido fluorhídrico por ácido sulfúrico; sustitución de catalizadores de ácido fosfórico o de cloruro de aluminio y eliminación de problemas de vertido de detritos ácidos en el manejo de materiales corrosivos.

Químicos de investigación industrial, cuyo objetivo fue tradicionalmente maximizar el rendimiento de los productos, con mínima preocupación por la toxicidad de los mismos y de sus subproductos, ahora se reúnen en simposios sobre "química ecológica" o "ecología industrial" para analizar los logros en tecnología menos tóxica. Las grandes compañías de productos químicos tienen la responsabilidad de promover estos adelantos en todos los lugares donde realizan operaciones, no solamente en los países donde los cambios son dictados por la responsabilidad civil y las reglamentaciones.

La promoción en todo el mundo de tecnologías menos tóxicas puede ser llevada a cabo tanto por las multinacionales como a través de órganos colectivos. La Cooperativa de la Industria para la Protección de la Capa de Ozono es un vehículo que las empresas más importantes han utilizado para promover tecnología ambientalmente superior. A través de esta organización, con apoyo también del Banco Mundial, IBM ha intentado ayudar a compañías de Asia y América Latina a efectuar una transición en el lavado y secado de placas base y componentes de discos a base de agua.

Gobierno

Muchos países están atravesando una expansión industrial, y al analizar las solicitudes de nuevos proyectos industriales, los gobiernos tienen la oportunidad y la responsabilidad de evaluar los riesgos de la tecnología importada para la salud y la seguridad. El país anfitrión debería tratar de asegurar que las nuevas operaciones alcancen mejores niveles de funcionamiento.

Quien aplica el proyecto debería comprometerse a alcanzar niveles específicos de liberación de contaminantes, que no puedan ser superados durante el funcionamiento de la planta, y límites de contacto de los trabajadores con sustancias tóxicas que deban ser respetados. Los solicitantes deberían estar dispuestos asimismo a pagar al gobierno para que adquiera los equipos de monitoreo necesarios para asegurar que se observen los límites en la práctica y permitir asimismo el acceso inmediato de los inspectores del gobierno en cualquier momento.

Se debería prestar especial atención a los solicitantes de proyectos y exigir que describan sus experiencias pasadas con la tecnología en cuestión y los riesgos de la misma. El gobierno anfitrión tiene muchos motivos y todo el derecho a saber qué riesgos se corren en el lugar de trabajo y qué niveles de contaminación existen en plantas similares operadas por los solicitantes de la obra. En ese mismo sentido es importante saber qué leyes, reglamentos y normas de protección de la salud pública cumplen los solicitantes en plantas similares en otros países.

El proceso de solicitud ante el gobierno anfitrión debería comprender una evaluación crítica desde una postura de: "¿Realmente necesitamos esto?". Y si la respuesta es afirmativa, se debería proceder a un análisis de seguimiento para intentar asegurar que la tecnología se diseñe para producir con los procesos y productos menos riesgosos para satisfacer las necesidades de que se trate. Este procedimiento está de acuerdo con las líneas de conducta declaradas por las principales multinacionales. El cumplimiento de obligaciones éticas por parte de los gobiernos y las compañías puede asegurar mejor que los avances relacionados con la salud pública en materia de tecnología se extiendan rápidamente por todo el mundo.

Las nuevas grandes obras en los países en desarrollo habitualmente suponen la participación de inversiones de multinacionales extranjeras. Greenpeace y la Red del Tercer Mundo (Malasia) han publicado lineamientos con información detallada sobre lo que se puede solicitar a los inversores extranjeros. En la medida en que los éstos no presenten la información sobre la tecnología y sus riesgos, los gobiernos pueden y deberían realizar los trámites para obtener la información sobre ellos en forma independiente.

Los riesgos industriales no son la única razón que tienen los países para procurar revisiones del impacto ambiental, y los proyectos industriales no son los únicos que pueden garantizar un análisis pormenorizado. La importación y el uso generalizado de tecnologías energéticas ineficientes para la fabricación de refrigeradores, motores eléctricos y para iluminación han causado problemas tremendos. En muchos países la generación de energía eléctrica apenas podría sostener la demanda inclusive si la eficiencia energética fuera un criterio de evaluación de nueva tecnología y diseño de edificios comerciales. La ineficiencia energética plantea enormes problemas para el desarrollo, entre ellos el costo de construir y tener excesiva capacidad de generación de energía, la contaminación y la desmotivación que causan el suministro de energía no confiable y los apagones. La eficiencia energética podría liberar enormes recursos para satisfacer necesidades básicas en lugar de edificar y poner en funcionamiento usinas energéticas innecesarias.

Conclusión

Las multinacionales detentan el mayor poder en la determinación de los tipos de tecnología que pueden ser transferidos a Asia, Africa, América Latina y Europa Oriental y Central. Las grandes compañías tienen la obligación moral y ética de instrumentar a la brevedad líneas de conducta mundiales para eliminar la dualidad de criterios con respecto a la salud pública y el medio ambiente. Las vidas de generaciones actuales y futuras se verán esencialmente perjudicadas por el ritmo lento de transferencia de tecnologías mejoradas o menos riesgosas a todo el mundo. Los gobiernos tienen la obligación moral de controlar independiente y críticamente los proyectos industriales y comerciales. Esta función se puede cumplir mejor llevando a cabo análisis inquisitivos de las tecnologías y compañías involucradas.

La credibilidad y efectividad de este proceso de control dependerá en gran medida de la apertura del proceso a la opinión pública y de la participación del público en él.

(*) Barry Castleman es consultor ambiental y autor del conocido estudio sobre el amianto titulado: "Asbestos: Medical and Legal Aspects" (Amianto: aspectos médicos y legales), Prentice Hall.