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No. 52/53 - Enero/Febrero 1996
URUGUAY
Forestación subsidiada con la bendición católica
por
Ricardo Carrere
El modelo de desarrollo forestal -basado en los extensos monocultivos de árboles destinados a la industria de exportación- no resulta viable sin el apoyo estatal y el concurso de un conjunto de organismos internacionales y multilaterales. Sin embargo, como el desarrollo de este sector interesa a los países del Norte, el neoliberalismo hace una excepción a sus dogmas sobre el mercado y canaliza numerosos subsidios para su promoción.
El modelo de las plantaciones forestales no difiere sustancialmente en numerosos países de Asia, Africa y América Latina, por lo que el análisis de casos concretos resulta de real importancia para entender los procesos y adoptar medidas al respecto.
En el caso concreto de Uruguay, el principal apoyo económico para la promoción de la forestación proviene del Banco Mundial. A ello se le suman las presiones del FMI para incrementar las exportaciones, la elaboración de un plan forestal por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, las investigaciones realizadas por la Organización de Estados Americanos, el apoyo de larga data de la FAO, etcétera.
Ahora se suma el Banco Interamericano de Desarrollo (a través del Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN), brindando un nuevo apoyo a este sector ya tan subsidiado y, de paso, promoviendo a la universidad privada.
El tema del desarrollo forestal resulta claramente incongruente con la tan publicitada política económica neoliberal. Mientras en el resto de la economía dicha política se aplica indiscriminadamente y se la muestra como la panacea a todos los males pasados y presentes, simultáneamente se incrementa la intervención estatal en la promoción de las plantaciones forestales industriales.
La base de esta intervención (planificada y no librada a las "fuerzas del mercado") son los subsidios, tanto directos como indirectos. En el caso del BID que vamos a comentar, se trata de un subsidio indirecto, escondido bajo un manto de preservación ambiental y que promueve en forma paralela un modelo educativo al servicio de la empresa privada.
Un subsidio vestido de verde
El FOMIN (Fondo Multilateral de Inversiones), administrado por el BID, está dispuesto a hacer una donación de 1.600.000 dólares a la Universidad Católica del Uruguay para la implementación de un proyecto titulado "Programa de Capacitación para la Gestión y Preservación del Medio Ambiente y Recursos Naturales". Pese al título, el proyecto en realidad está destinado a apoyar el modelo vigente de desarrollo forestal y parte acríticamente del supuesto de que el mismo es positivo y sustentable.
Tal como se acostumbra actualmente en numerosos emprendimientos, el proyecto se disfraza con un ropaje verde, que incluye expresiones como "sin descuidar la preservación del medio ambiente", "desarrollo sostenible", etcétera.
El modelo forestal tiene en realidad poco de "sostenible y está basado en la implantación de extensos monocultivos de eucaliptos (y en menor escala de pinos), destinados a la producción de madera para exportación, fundamentalmente con destino a la producción de celulosa y papel. El principal mecanismo para impulsar este cultivo es el de los subsidios. El forestador recibe del Estado el 50% del costo de plantación, no paga impuestos y se beneficia con créditos blandos. Todo ello, por supuesto, a costa de los bolsillos de los sufridos ciudadanos. Además, el sector forestal pretende ahora que el Estado financie toda la infraestructura necesaria para exportar su producción: carreteras, puentes, vías férreas, estructura portuaria.
En ese contexto debe verse el "cédito no reembolsable" del BID, que constituye un nuevo subsidio al sector. En efecto, el proyecto -que poco tiene que ver con preservación ni gestión de recursos naturales- apunta a brindar capacitación a la mano de obra que requiere el sector forestal, tanto en materia de plantaciones como en el área de procesos de industrialización. Si bien los cursos no serían gratuitos, estarían adaptados a los requerimientos del sector empresarial, que además sólo pagaría el 25% del costo de los mismos.
Es importante señalar que la sustentabilidad del modelo viene siendo duramente cuestionada por el movimiento ambientalista uruguayo. Se han señalado los posibles impactos sobre el agua, en un país donde la sequía constituye un fenómeno relativamente normal. Se ha advertido asimismo que los cultivos forestales pueden conducir a procesos de desertificación. Se exigen estudios de los posibles impactos sobre la flora y fauna nativas, así como sobre los impactos socioeconómicos de una transformación como la que implica este modelo. Se cuestionan documentadamente los supuestos beneficios económicos que puede aportar al país.
Frente a ello, la Universidad Católica hace oídos sordos y dice que "el proyecto tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo económico y social del país impulsando la forestación y la industria de la madera", "en virtud de su rentabilidad comprobada" y de la "importancia de la forestación como generadora de divisas". Por supuesto que "sin descuidar la preservación del medio ambiente".
Dos pájaros de un tiro
El proyecto está además en línea con la política privatizadora del BID en materia de educación, que busca poner la enseñanza al servicio de la empresa, a través del fomento de la educación privada.
Mientras la otrora pujante Universidad de la República lucha (y es derrotada) por obtener algunos mendrugos del presupuesto nacional, la recién llegada Universidad Católica obtiene este tipo de dádivas del BID. La política educativa impulsada por el BID y el Banco Mundial no apunta a una formación de la que egresen pensadores críticos (y por ende peligrosos), sino a la capacitación de técnicos disciplinados al servicio de la empresa.
Acorde con dicha postura, el proyecto busca "la implantación de un mecanismo de colaboración entre los empresarios y las instituciones de capacitación en la habilitación de los recursos humanos necesarios para facilitar el desarrollo sostenible de la industria maderera".
Al mismo tiempo, el proyecto apunta a la formación de una mentalidad favorable al modelo, elemento de vital importancia para contrarrestar las críticas al mismo. En efecto, uno de los dos objetivos principales del proyecto se refiere a "la conscientización e inculcación en la población joven de una cultura de respeto por la naturaleza y el medio ambiente a través de un programa de huertas forestales asociadas con las escuelas primarias del país". Dado que dicho objetivo se explicita en el marco de este proyecto, la conclusión es clara en el sentido de que "el respeto por la naturaleza y el medio ambiente" pasa por el respeto a los monocultivos que constituyen la base del modelo forestal.
Para ser coherentes, las huertas forestales escolares deberán ser entonces de eucaliptos y pinos. Ni el desarrollo forestal ni la fiebre privatizadora que afecta a nuestros gobiernos son fruto de sus propios análisis y conclusiones. Se trata de recetas importadas e impuestas (en algunos casos por las buenas y en otros por las malas) por agentes externos al país, que elaboran "nuestras" estrategias de desarrollo.
Es interesante constatar que el propio proyecto destaca que es "compatible con la estrategia del Banco para Uruguay. Particularmente, el proyecto apunta a uno de los aspectos prioritarios de la estrategia para el país que es el mejoramiento de condiciones favorables a la inversión privada".¿Y lo demás se nos dará por añadidura?
(*) Ricardo Carrere es técnico forestal y subdirector del Instituto del Tercer Mundo
En Latinoamérica y el Caribe
ONGs exigen intervenir en lucha contra la desertificación
Organizaciones civiles y comunitarias de América Latina y el Caribe reclaman una acción más decidida de los gobiernos en el combate a los problemas de desertificación y sequía de la región, así como el cumplimiento de los requisitos de consulta y participación ciudadana establecidos en la convención de la ONU sobre Desertificación.
Organizaciones no gubenamentales (ONGS) provenientes de 18 países de la región latinoamericana y del Caribe e integrantes de la Red Internacional sobre Desertificación (RIOD), se reunieron en Ica, Perú, entre el 29 de noviembre y el 1º de diciembre de 1995. Al finalizar la conferencia, emitieron una declaración para ser presentada ante los gobiernos antes de la reunión oficial a efectuarse en este mes de enero en Buenos Aires.
Las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y Organizaciones Comunitarias de Base (OCBs)fundamentaron sus reclamos en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación.
Disposiciones de la Convención
La Convención establece como principio para alcanzar sus objetivos que "las Partes deben garantizar que las decisiones relativas a la elaboración y ejecución de programas de lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía se adopten con la participación de la población y de las comunidades locales...".
Asimismo la Convención dispone que los gobiernos Partes fomenten la cooperación entre los distintos niveles gubernamentales, las comunidades, las ONGs y los usuarios de la tierra en procura de una mayor comprensión del "carácter y el valor de los recursos de tierras y de los escasos recursos hídricos en las zonas afectadas, promoviendo el uso sostenible de dichos recursos".
Los Estados Partes tienen a su vez la obligación de facilitar la participación de las poblaciones locales -sobre todo las mujeres y los jóvenes- con el apoyo de las ONGs, en los esfuerzos por combatir la desertificación y por mitigar los efectos de la sequía.
Otro claro cometido previsto en la Convención es el aliento a instituciones académicas, comunidades científicas y ONGs para que apoyen la elaboración, ejecución y seguimiento de programas de acción nacionales contra el fenómeno.
Los gobiernos firmantes de la Convención están obligados a "asegurar" la participación efectiva de ONGs y grupos tanto a nivel local como nacional. Esto incluye a los agricultores y pastores y a las organizaciones que los representan.
Por otra parte, el "Anexo de Aplicación Regional para América Latina y El Caribe" de la Convención dispone que los países afectados de la región podrán tener en cuenta el "establecimiento o fortalecimiento de marcos institucionales y jurídicos que permitan la aplicación de la Convención, contemplando, entre otros, la descentralización de las estructuras y funciones administrativas que guarden relación con la desertificación y la sequía".
En síntesis, el documento de las organizaciones reunidas en Ica destaca la importancia del eje filosófico de este instrumento legal internacional, es decir, la más amplia participación de la sociedad civil organizada en los procesos de definición y ejecución de los programas de acción contra estos fenómenos climáticos.
La realidad regional
Si bien la mayoría de los países de la región han suscrito la Convención y el Anexo Latinoamericano y del Caribe, es evidente que "los gobiernos no están abriendo los espacios esperados, conforme a los términos de la Convención y su Anexo para la participación ciudadana".
Tampoco se ha logrado aún una posición común a nivel regional, lo cual coloca a la región en desventaja con respecto a los procesos negociatorios en el marco de la Convención.
Los gobiernos aplican un criterio uniforme en cuanto a las declaraciones acerca de la desertificación y la sequía, coincidiendo en la "urgente necesidad de tomar acciones". Sin embargo, esto no se traduce en acciones concretas como solución a un problema de urgencia.
Exigencia de participación
Las organizaciones reunidas en Perú reiteraron su ofrecimiento de brindar a los gobiernos "nuestras capacidades para trabajar activamente con las comunidades afectadas en la difusión, capacitación y ejecución de planes, programas y proyectos para combatir la desertificación y mitigar los efectos de la sequía". A la vez, reclamaron a los gobiernos la urgente suscripción y ratificación de la Convención, así como una acción efectiva y oportuna de prevención y combate.
Las ONGs y organizaciones de base reclamaron asimismo a las autoridades, el espacio para la participación de la sociedad civil, con verdadero espíritu de asociación, para elaborar y ejecutar planes de acción nacional.
Por último, señalaron la necesidad de que "la activa participación conjunta de gobierno y sociedad civil logre establecer una posición regional definida, para lo cual es imprescindible la estabilidad de las políticas y programas que implementen los mandatos de la Convención".
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