No. 56 - Mayo 1996

Un jalón en la larga lucha por la justicia social ha sido el reconocimiento por el Estado del derecho de todos los individuos a una adecuada atención de salud. Aunque la lucha por este derecho comenzó hace mucho tiempo, el mismo fue reconocido efectivamente sólo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los gobiernos de los países industrializados comenzaron a adoptar una serie de medidas en ese sentido. Cuando las naciones del Tercer Mundo alcanzaron la independencia, sus gobiernos reconocieron este derecho fundamental y, a pesar de sus problemas económicos, trataron de ponerlo en práctica dentro de sus limitados recursos.

Un jalón en la larga lucha por la justicia social ha sido el reconocimiento por el Estado del derecho de todos los individuos a una adecuada atención de salud. Aunque la lucha por este derecho comenzó hace mucho tiempo, el mismo fue reconocido efectivamente sólo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los gobiernos de los países industrializados comenzaron a adoptar una serie de medidas en ese sentido. Cuando las naciones del Tercer Mundo alcanzaron la independencia, sus gobiernos reconocieron este derecho fundamental y, a pesar de sus problemas económicos, trataron de ponerlo en práctica dentro de sus limitados recursos.

La Conferencia de Alma Ata, realizada en Kazajastán en 1978, fue un hito en la lucha por reafirmar este derecho con mayor vigor. La conferencia definió un plazo (Salud para Todos en el Año 2000) y una estrategia (Atención Primaria de Salud) por medio de la cual este derecho podía ser alcanzado.

Luego de definir la salud como "un derecho humano fundamental", la Declaración de Alma Ata estipuló que "los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos, obligación que sólo puede cumplirse mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas". La obligación de los gobiernos de proveer servicios de salud estaba fuera de discusión.

Irónicamente, a medida que se acerca la fecha-objetivo del año 2000, se puede observar por doquier la abdicación de los gobiernos frente a esta solemne obligación.

Este proceso se inició muy poco después de adoptada la Declaración de Alma Ata cuando se comenzó a minar silenciosamente la estrategia de Atención Primaria de Salud (APS). En lugar de la APS, fue colocado como alternativa por la UNICEF el concepto más estrecho de Atención Primaria Selectiva de Salud (APSS).

Sin embargo, más limitativos aún que la APSS, los Programas de Ajuste Estructural (PAE) impuestos en los países del Sur por el FMI y el Banco Mundial deterioraron rápidamente la Atención Primaria de Salud. Los países que buscaban asistencia financiera fueron obligados bajo esta política a privatizar sus servicios de salud y exigir el pago de la atención a los pacientes. Esta ha sido la experiencia de diversos países de Africa y América Latina que pidieron ayuda a las instituciones de Bretton Woods.

Por fuera incluso del marco de los PAE, el Banco Mundial ha tratado de popularizar entre los países del Sur su política de atención a la salud. A pesar del uso de una fraseología seductora, esta política adopta también el modelo de privatización de la salud. El objetivo no es más aquellos países endeudados que buscan asistencia financiera, sino todos los países del Sur sin distinción.

Es claro que estas ideas y políticas han ganado rápidamente terreno en el Sur. El tema no es más el de la adecuación o la alternativa a la Atención Primaria de Salud. Lo que está en cuestión es el principio de que el gobierno está obligado a proveer atención a la salud de sus ciudadanos.

Es importante advertir que el impulso hacia la privatización de la salud es un resultado del ascenso de la ideología del neoliberalismo. Desde los años 80, se ha planteado un desafío ideológico fundamental al concepto del papel del gobierno en el desarrollo económico y social. La gama de problemas enfrentados por varias economías del planeta, tales como inflación, deuda pública y recesión, ha sido atribuida a la intervención del gobierno en los asuntos económicos y sociales. En lugar de la intervención estatal, los defensores del neoliberalismo postularon la privatización y el libre juego de las fuerzas del mercado.

En el tema de tapa de este número se evalúa el impacto de las leyes del mercado sobre la atención de la salud. Se analiza en primer término el impacto de los PAE y se busca responder a la pregunta de si la privatización de la salud trajo mejoras en la atención de la población. A pesar de la diversidad geográfica de los países en estudio, los efectos de los PAE no han sido muy diferentes. En las palabras de un escritor, para la mayoría de los pobladores del Sur que han experimentado esta política, los PAE significan: Sufrimiento y Pobreza.