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Indígenas


No. 59 - Agosto 1996

BRASIL

Indígenas en lucha por sus tierras

Los indígenas tupinikim y guaraníes de Brasil luchan desde 1975 por el reconocimiento de sus derechos sobre las tierras usurpadas durante la colonización portuguesa y les fueron devueltas por el imperio brasileño en 1610. Hoy enfrentan la miseria, el poder económico de las grandes compañías y la omisión gubernamental.

La lucha por la supervivencia de los indígenas tupinikim y guaraníes del municipio de Aracruz, en el estado brasileño de Espíritu Santo, pasa por la ampliación de las tierras bajo su jurisdicción, actualmente ocupadas por la trasnacional papelera Aracruz Celulose S.A.
Según información del Banco Nacional de Desarrollo Económico Social (BNDES), la empresa tiene 203.000 hectáreas en el estado de Espíritu Santo y recibió todo tipo de incentivos de los gobiernos federal y estadual. Compró al gobierno de de Espíritu Santo 30.000 hectáreas de tierras indígenas por un valor simbólico de ocho décimos de centésimos de cruzeiros el metro cuadrado y, además, adquirió a la empresa COFAVI una parcela de 10.000 hectáreas de tierras indígenas que se había apropiado en 1940. El resto del territorio indígena fue conquistado de diversas formas, por interesados que utilizan todo tipo de violencia para sus fines. La Fundación Nacional del Indígena (FUNAI), entidad oficial responsable de los asuntos de estos pueblos, legitimó la posesión de la tierra por sus nuevos ocupantes. Los bosques indígenas fueron reemplazados por bosques de eucaliptos, lo que contribuyó a la extinción del modo de supervivencia indígena. "O uno les vendía la tierra o ellos la tomaban de todos modos y uno se quedaba sin nada. Los indígenas empezaron a tener miedo y a alejarse", comentó uno de ellos. "Aracruz llegó y se quedó con todo. Trajo dos tractores y una gran cadena y levantó todo lo que tenía por delante. Encontrábamos todo tipo de animales muertos y así fue liquidando los bosques, los pájaros, los ríos..."

Estas declaraciones de los indígenas ilustran la violencia impuesta por dicha empresa, responsable también de la degradación ambiental de la región.

En 1983, después de una ardua lucha, los indígenas reconquistaron 4.491,40 hectáreas de sus tierras originales. No obstante, se trata de tres lotes separados sobre los que actualmente se asientan las cinco aldeas: una guaraní, de unos 100 miembros, y cuatro tupinikim, con unos 1.300 en total. Se trata de tierras áridas e improductivas que imponen condiciones de vida miserables. La caza se ha extinguido, los ríos se están secando y la tierra ya no produce como antes. Diez años después, en 1993, los indígenas reivindicaron ante la FUNAI una ampliación de sus tierras en la medida que la población comenzó a crecer nuevamente. Proponen la recuperación del medio ambiente destruido por la empresa Aracruz para volver a tener caza, pesca y libertad.

A pesar de enfrentar un proceso de aculturación, sobreviviendo con la producción de pequeñas plantaciones y la venta de productos artesanales, los tupinikim y guaraníes están logrando organizarse para hacer frente a los intereses de poderosos grupos económicos y políticos. Hoy luchan por la posesión de 13.579 hectáreas que siempre han sido suyas y que necesitan para su supervivencia como grupo.

Después de un gran movimiento en procura de apoyo, el 30 de noviembre de 1993 los indígenas obtuvieron una audiencia pública en la Comisión de Medio Ambiente y Minorías del Congreso Nacional. La FUNAI instaló un Grupo de Trabajo para revisar, identificar y realizar el relevamiento catastral del área. En diciembre de 1995 el Grupo de Trabajo elaboró un informe que da lugar a la demanda. Sólo resta ahora su publicación oficial en el Diario Oficial, pero está paralizada debido a un decreto del ministro de Justicia, Nelson Jobim, que dispuso nuevos procedimientos para el relevamiento catastral., lo que permite a Aracruz Celulose oponerse a las demandas indígenas.

Los pueblos indígenas de Brasil están luchando para que este decreto sea revocado y, aún cuando saben que ni Aracruz Celulose ni el gobierno brasileño tienen interés en la ampliación de sus tierras, no se desaniman. Reconocen como una primera victoria haber logrado un informe favorable del Grupo de Trabajo y prosiguen con sus reivindicaciones. Con ese fin, tupinikim y guaraníes están haciendo una campaña internacional pidiendo el apoyo de grupos ambientalistas, organizaciones no gubernamentales y clientes de Aracruz Celulose para que le exijan a la empresa la devolución de sus tierras.


Un poco de historia

En el año 1500 los portugueses encontraron a los tupinikim en la región litoral que se extiende desde San Pablo hasta el sur de Bahía. En esa faja de tierra de aproximadamente 100 kilómetros que constituye el estado de Espíritu Santo habitaba una población estimada de 55.000 personas. Con la llegada de los colonizadores comenzó un proceso de "domesticación" de los tupinikim, con el propósito de establecer y difundir el proyecto colonial de Portugal, que no consistía sólo en apropiarse de tierras sino también de lograr el "desarrollo económico" de la colonia. La estrategia colonialista suponía la organización de los indígenas en aldeas y su conversión al cristianismo, garantizando de esa forma la ocupación y defensa del territorio así como una reserva constante de mano de obra esclava. El contacto con los portugueses trajo nuevas enfermedades y cambios en sus estilos de vida, lo que provocó su progresiva desorganización y debilitamiento.
El 4 de diciembre de 1610 los tupinikim reclamaron al gobernador de la entonces Capitanía de Espíritu Santo una "sesmaria" de tierra (79,20 kilómetros de extensión de norte a sur), lo que les fue concedido. En 1760 se hizo el relevamiento catastral del área mencionada pero los indígenas no obtuvieron la extensión prometida. Un mapa estadístico de la región de 1856, registra una población de 3.548 personas. No obstante, esa población no sobrevivió los años de colonización. Los indígenas de Espíritu Santo fueron diezmados lentamente, al principio por los exploradores europeos y luego, en el siglo XX, por los industriales madereros.
En 1910 el Gobierno Federal creó el Servicio de Protección al Indígena (SPI), cuya función era básicamente su pacificación para permitir la construcción de vías ferroviarias, favoreciendo así la instalación de industrias madereras. A partir de 1940, los indígenas de Aracruz sufrieron otra invasión en sus bosques. El Estado declaró que esas tierras les habían sido "devueltas" y las dio en concesión para actividades de extracción de madera y producción de carbón vegetal. La empresa siderúrgica Compañía Hierro y Acero de Vitoria (COFAVI) recibió 30.000 hectáreas de tierra íntegramente indígena en el municipio de Aracruz. El bosque fue devastado y en ese período se inicia la degradación ambiental de la región. El terreno "limpio" fue luego ocupado por cafetales.
En 1960 se registró la presencia de guaraníes en la región de Caieiras Velhas, municipio de Aracruz, donde viven actualmente. Venidos del sur, ese grupo guaraní mbya todavía conserva la práctica de migrar continuamente en busca de la "tierra sin mal", el paraíso. También conservan sus costumbres y su lengua, y sobreviven con lo que obtienen de la caza reducida, la pesca y las artesanías, compartiendo sin conflictos con los tupinikim el pequeño espacio de bosque que aún les queda.
En la década del 60, el SPI dio paso a la Fundación Nacional del Indígena (FUNAI). Ese fue un momento decisivo. El gobierno brasileño dio inicio a los grandes proyectos de desarrollo y su impacto social afectó directamente a los indígenas y a toda la región. A partir de 1967, los tupinikim y los guaraníes perdieron casi todas sus tierras, quedando constreñidos a los pequeños huertos de sus casas, lo que dificultó aún más su supervivencia como grupo.
Efectos negativos de la política indigenista de Cardoso

Para obtener el apoyo de los sectores antiindígenas del Congreso de Brasil a sus proyectos neoliberales de reforma constitucional, el presidente Fernando Henrique Cardoso insinuó, en mayo de 1995, que introduciría cambios en los procedimientos de demarcación de las tierras indígenas. Los estados, municipios, particulares y cualquier interesado tendrían el derecho de oponerse a las demarcaciones, utilizando para ello pruebas testimoniales y documentales Incluso títulos de posesión o de propiedad considerados nulos por la propia Constitución Federal.
Ante las presiones del movimiento indígena, y de sus aliados en Brasil y en el exterior, se dejó en suspenso la aplicación de la propuesta. En contrapartida, no se hizo ninguna demarcación en todo el año.
Conforme a un nuevo decreto, del 8 de enero de 1996, hasta principios de abril se dio oficio a unas 91 demarcaciones de tierras indígenas, 51 de ellas con manifestaciones "válidas" y analizables. De éstas, el Ministro de Justicia devolvió por lo menos ocho a la Fundación Nacional del Indígena (FUNAI), para nuevas diligencias. Las 25 restantes recibieron aprobación ministerial en cuanto a la apertura de plazos a terceros para el pedido de indemnizaciones por mejoras en ocupaciones de buena fe, pero sólo en el sentido de su demarcación.
El nuevo decreto estimuló nuevas invasiones de tierra, aumentando u ocasionando más conflictos con los invasores y se intensificó una política tendiente a captar las ONG indigenistas. A las que no aceptaron su propuesta de connivencia, se les bloqueó nuevamente el acceso a la información, método practicado por el régimen militar.
El Consejo de Articulación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas de Brasil (CAPOIB) recurrió al Poder Judicial y el ministerio público, favorable al pedido, clasificó el hecho como una "página triste de la democracia".
La situación es extremadamente preocupante, sobre todo si se considera que el Ministerio de Justicia intenta forzar una interpretación restrictiva del concepto constitucional de tierra tradicionalmente ocupada, reduciendo sus límites para beneficiar los intereses de grupos políticos y económicos regionales.
Otra consecuencia es el aumento de la falta de asistencia en las zonas indígenas. Se redujeron drásticamente los recursos presupuestarios destinados a este fin, agravando aún más la ya caótica situación de la atención de la salud, la educación escolar y el desarrollo económico. Al igual que los demás órganos del sector público del país, la FUNAI está siendo desmantelada. El gobierno insinúa la posibilidad de realizar asociaciones con ONG y organizaciones indígenas, en un intento por tercerizar la responsabilidad de la Unión Federal para con nuestros pueblos y comunidades.
Nuevamente, la falta de tierras, de asistencia e incluso de perspectiva de vida generaron tensiones internas, divisiones y hasta actos de violencia y autodestrucción en algunas comunidades.

(Consejo de Articulación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas de Brasil. Brasilia, julio de 1996).




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