No. 59 - Agosto 1996
HABITAT II
La agenda en síntesis
El Capítulo I de la Agenda de Hábitat hace una evaluación global de los problemas del desarrollo de las ciudades y asentamientos rurales subrayando los aspectos de desempleo, pobreza y violencia, así como la migración creciente, la situación de las mujeres, los niños, los refugiados, los grupos indígenas. Reconoce el papel dinámico de las ciudades para alcanzar el desarrollo y señala las perspectivas para el próximo siglo, estableciendo de manera general los propósitos de la Conferencia.
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS
El segundo capítulo plantea una visión basada en la igualdad, solidaridad, asociación, dignidad y respecto a los asentamientos humanos, el derecho a la vivienda y el desarrollo sostenible. Plantea la erradicación de la pobreza y la consecución de la equidad en los asentamientos sin discriminación racial, de género, religión u otras. Se plantea en el marco del Programa 21 el desarrollo sostenible en base a los principios de prevención de la contaminación, el respeto a la capacidad de carga de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad para las generaciones futuras. Se propone la calidad de vida de las personas, el fortalecimiento de la familia y el respeto de los derechos humanos. Da especial importancia a la alianza entre actores a todo nivel (local, nacional, regional e internacional) y el fortalecimiento de la solidaridad como base para la construcción y ampliación de la ciudadanía.
COMPROMISOS
El tercer capítulo enumera los compromisos de los gobiernos, que incluyen:
Vivienda para todos. Define el derecho en cuanto a acceso, protección, calidad -segura, saludable, con servicios y con garantías. Ello implica coherencia entre este derecho y las políticas macroeconómicas, no discriminación, crédito, tecnologías apropiadas, rehabilitación y no discriminación.
Asentamientos sostenibles. Enmarcados en la capacidad de carga de los ecosistemas y ofreciendo a las personas igualdad de oportunidades. Ello implica asentamientos integrados, no segregados, reconociendo el potencial de los sistemas de construcción informal, con nuevas pautas de producción, y consumo que protejan los recursos naturales, con modalidades de desarrollo espacial ecológicamente racionales.
Habilitación. Dirigida a que los actores que tengan que ver con los asentamientos desempeñen una función eficaz, con una autoridad que actúe transparentemente, descentralizada, con amplia participación ciudadana y con democracia en su ejercicio, con instituciones capacitadas, eficaces y con un marco legal adecuado.
Financiación. Fortalecimiento de los canales existentes y creación de nuevos, enmarcados en economías en crecimiento, con sistemas eficaces de gestión fiscal, con solvencia financiera y un funcionamiento adecuado de los mercados, con determinadas subvenciones cuando corresponda.
Cooperación internacional. Intensificarla mediante convenios multilaterales, bilaterales y regionales, programas de asistencia, intercambio de tecnología e información, comprometiéndose los países desarrollados a alcanzar el 0,7 por ciento del producto interno bruto lo antes posible.
Evaluación. Aplicar sistemas de seguimiento y evaluación que den cuenta de la consecución de resultados, con indicadores adecuados y las mejores prácticas, y fortalecer el centro de la ONU para los asentamientos humanos, Hábitat.
PLAN DE ACCION
El cuarto capítulo, que contiene el Plan de Acción, es dividido en seis subtemas: Introducción, Vivienda, Desarrollo sostenible, Fomento de la capacidad institucional, Cooperación internacional y Aplicación y seguimiento del Plan Acción. Fue esa parte del documento que suscitó mayores discusiones. La siguiente es una ubicación de los temas de mayor polémica.
La realidad de la vivienda y los asentamientos precarios. Un aspecto importante fue reconocer la realidad, es decir más de un billón de personas en la miseria, déficit de vivienda y extensión de los asentamientos precarios que pueden llevar al colapso a las ciudades.
Globalización y desarrollo. De manera tangencial el documento reconoce que la globalización no necesariamente trae desarrollo y que en cambio sí se acentúa la desigualdad entre países pobres y ricos, y sectores pobres y ricos dentro de cada país.
Derecho a la vivienda. En varios párrafos se plantea el debate respecto a este derecho, particularmente criticado por Estados Unidos. Finalmente es aceptado con una redacción que plantea su aplicación progresiva. Se tiene una visión que va más allá del techo y cuatro paredes para comprender una vivienda accesible, segura, saludable con agua, canalización, servicios. Se trata además de ampliar la concepción de un derecho que no es civil o político, sino que pertenece al campo de los derechos sociales, asumido en un documento que norma el derecho internacional.
Derecho al desarrollo. Otro derecho en debate, dado que amplía la tradicional visión de los derechos civiles y políticos, es el derecho al desarrollo. En ello no sólo estaba en debate su concepción sino también lo que implicaría en términos de recursos de los Organismos Internacionales. Fue vetado en principio por la Unión Europea.
La propiedad de la tierra. Se establece la necesidad de desbloquear el acceso a la tierra, requisito para efectivizar el derecho a la vivienda. Se recomienda a los estados políticas apropiadas sobre el uso del suelo tanto a nivel nacional como a las autoridades locales, lo cual deja abierta la acción ciudadana para efectivizar mecanismos legales e institucionales que democraticen la tierra y eviten la especulación.
Desalojos. Se plantea que las autoridades protejan el derecho a la vivienda evitando desalojos ilegales que violen derechos humanos y respetando los derechos de las personas, aspecto fundamental para países donde se ejerce violencia por parte de comerciantes de tierras y terratenientes monopolistas.
Vivienda. Se plantea una estrategia mundial para resolver este problema facilitando tierra, crédito, asistencia técnica, servicios, especialmente para los más pobres, las mujeres y grupos vulnerables. Se plantea incentivos para la producción, subsidios, programas y políticas estatales, apoyo a las comunidades de base. Se da un especial lugar al mercado para la oferta y demanda de viviendas.
Uso sustentable de la tierra. Se mantiene un amplio debate acerca de los temas ambientales, tanto en lo que significa ocupación de tierra agrícola y forestal como contaminación de agua, aire y tierra.
Inversión en el capital social y humano. Luego de reconocer la importancia de las personas y del tejido social para la construcción de vivienda y servicios, se plantea la necesidad de impulsar inversión en capacitación y desarrollo comunitario. Lo social es así visto no como gasto sino como inversión.
Grupos vulnerables. Se plantea eliminar las formas de discriminación existentes por desigualdad de riqueza, género, raza, migración, asuntos que fueron especialmente polémicos particularmente para sectores religiosos y para países que están recibiendo migración.
Equidad de género. Son especialmente polémicas para algunas naciones islámicas y para el Vaticano los aspectos que tienen que ver con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, la salud reproductiva y el derecho a la participación de las mujeres en el diseño de las políticas públicas.
Jóvenes. No hay claridad sobre el tema juvenil en los documentos, aunque se los toma más en cuenta que en documentos de cumbres anteriores. El tema del empleo, la seguridad, la recreación, la educación y la participación juvenil son objeto de debate en el Foro de los Jóvenes que originan varias propuestas para el documento final.
Violencia. Un tema transversal, debatido en varias mesas redondas y grupos fue el de la violencia urbana, planteado tanto en las ciudades del Norte como en el Sur.
Participación y ciudadanía. Se planteó que la falta de desarrollo y la existencia de una pobreza generalizada inhibe la participación y por tanto debilitan la democracia. Este aspecto fue legitimado, es decir, la participación como estrategia y finalidad central de cualquier propuesta de desarrollo y la ciudadanía como base de la democracia. Es importante que este principio se convierta en realidad en la generación de políticas públicas en cada estado.
Recursos. Un debate fundamental tuvo que ver con los recursos, pues un plan sin recursos puede quedar en el vacío. Esto no logró asegurarse en términos de un real cuestionamiento al modelo macroeconómico que permitiría cambiar la desigual distribución de la riqueza, ni a las políticas orientadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional que muchas veces gravitan más sobre la vivienda que las propias políticas de vivienda.
Mecanismos institucionales. Tampoco queda claro del debate el fortalecimiento de instituciones capaces de aplicar las resoluciones.
(Fuente: ALAI)
Contra el desalojo forzado
El aspecto fundamental a considerar es si el derecho a una vivienda adecuada también ofrece protección contra el desalojo forzado, ya sea para proyectos de desarrollo, dentro de acciones de "depuración étnica" o allanamientos a intrusos. En Estambul los negociadores acordaron oponerse a los "desalojos forzados", que violan los derechos humanos, tras eliminar la frase inicial que incluía el término "ilegales". Los activistas consideran que de no haberla borrado los gobiernos podrían haber invocado las leyes nacionales para violar el derecho a la vivienda. En los casos en que los desalojos resulten inevitables, los gobiernos deben asegurar una vivienda alternativa adecuada, que implica "seguridad de tenencia dentro del marco jurídico".
El documento también insiste en que aquéllos que no tienen vivienda no deben ser castigados por este motivo.
Si bien el tema del desalojo forzado no se lleva al derecho internacional en la materia, tal como comentó Minar Pimple, de la organización Jóvenes por la Unidad y la Acción Voluntaria, con sede en Bombay, que integra el Grupo Internacional Facilitador para Hábitat II, "pone énfasis en tres cosas: acepta que hay desalojos forzados, que los desalojos forzados son violatorios de los derechos humanos y que deben ofrecerse alternativas adecuadas y rehabilitación". Un integrante del Comité responsable de la preparación del Programa de Hábitat declaró que la Unión Europea respaldó la medida de ofrecer protección contra los desalojos forzados, a lo que se opuso Estados Unidos. |
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