No. 60 - Setiembre 1996

PRODUCTOS TÓXICOS

Industria química se opone a eliminación del cloro

El cloro es ampliamente utilizado en forma combinada a nivel industrial. Pero esta "química del cloro" es altamente tóxica y los intentos por erradicarla han provocado fuertes reacciones.

Con la ayuda de una agresiva empresa de relaciones públicas, la industria del cloro de Estados Unidos ideó una estrategia para resistir las medidas oficiales para su eliminación gradual en los procesos de fabricación.
La Asociación de Salud Pública Americana (APHA), fundada en 1872, constituye una sociedad profesional representativa de todas las disciplinas y especialidades del ámbito de la salud pública de Estados Unidos fundada en 1872, aprobó por unanimidad a fines de 1993 la Declaración 9304, en la que se exhorta a la industria estadounidense a suspender el uso de combinaciones químicas del cloro.

El cloro es uno de los 92 elementos químicos básicos constitutivos de la materia presente en nuestro planeta. Es muy reactivo y se adhiere agresivamente a otros elementos para formar compuestos. Es por eso que el cloro nunca aparece en la naturaleza en estado libre sino combinado, generalmente como sal de mesa común (cloruro de sodio).

Alrededor de 1900, Herbert Dow, profesor de química y fundador de Dow Chemical, dividió la sal común para producir hidróxido de sodio, con valor comercial, liberando en el proceso un gas verde altamente tóxico: el gas cloro.

Dow comenzó luego a combinar el cloro con otros elementos, creando así una "química del cloro" que dio origen a solventes, plaguicidas y una vasta serie de compuestos clorados de utilidad pero tóxicos, de los cuales existen unos 15.000 para uso industrial.

Con la Declaración 9304, la APHA, una de las primeras asociaciones científicas y médicas del país, le pide a la industria estadounidense que cambie radicalmente sus procesos de producción y elimine gradualmente el uso del cloro como ingrediente industrial. Empero, admite dos excepciones: la industria farmacéutica y la desinfección de los suministros públicos de agua corriente.

En la Declaración 9304, la APHA explica su oposición al uso del cloro como ingrediente industrial: "prácticamente todos los compuestos clorados orgánicos (que contienen carbón) estudiados presentan por lo menos uno de la vasta gama de efectos tóxicos serios tales como disfunción endócrina, trastornos en el crecimiento, defectos congénitos, desarreglos en la función reproductiva e infertilidad, inmunodeficiencia, y cáncer, a menudo en dosis muy bajas y muchos compuestos orgánicos clorados son considerados sustancias de riesgo en lugares de trabajo."

Algunos argumentos

La APHA justificó su posición en los siguientes términos:

"Reconociendo los efectos sutiles y generalizados sobre la salud de los seres humanos y de la flora y la fauna, atribuidos a la exposición a los productos químicos orgánicos clorados, así como nuestra incapacidad actual para identificar, predecir o controlar esos compuestos liberados por los procesos de fabricación, y (reconociendo) que la Junta de Asesoramiento Científico de la Comisión Internacional Conjunta sobre los Grandes Lagos (Science Advisory Board of the International Joint Commission on the Great Lakes-IJC) llegó a la conclusión de que, por el peso de la evidencia científica, debía presumirse que la exposición a todos los cloros orgánicos plantea problemas de salud y que las políticas para proteger la salud pública deben apuntar como objetivo final a eliminar toda exposición a los productos químicos clorados orgánicos como clase, en lugar de seguir concentrándose en una serie de productos químicos individuales y aislados".

La APHA está diciendo que no podemos estudiar los innumerables posibles efectos tóxicos de 15.000 productos químicos clorados. Por lo tanto, basados en el peso de la evidencia, debemos asumir que todos los productos químicos clorados son peligrosos y debemos evitar la exposición a los mismos para impedir cualquier tipo de daño. La APHA añadió que como no podemos evitar los escapes (y por lo tanto la exposición) cuando se fabrican los compuestos clorados, la única forma de impedir la exposición es suspender la fabricación de dichos compuestos. "La única forma viable y prudente de eliminar el escape y descarga de productos químicos orgánicos clorados y la consiguiente exposición es evitar el uso de cloro y sus compuestos en los procesos de producción", declaró la APHA.

La industria del cloro recibió un golpe igualmente serio cuando, un año atrás, la Comisión Conjunta Internacional recomendó formalmente a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá la eliminación gradual del uso de cloro como ingrediente industrial.

Un daño irreversible

La Comisión Conjunta Internacional fue creada por un tratado entre Estados Unidos y Canadá en 1909 con el cometido de velar por la calidad del agua de los Grandes Lagos. En 1972 la Comisión comenzó un estudio concienzudo de la contaminación del agua de los Grandes Lagos y 20 años después llegó a la conclusión de que los seres humanos corrían el peligro de sufrir daños irreversibles provocados por productos tóxicos, por lo que era necesario aplicar soluciones nuevas y preventivas.

Por ejemplo, la Comisión indicó en 1990 que "una parte esencial de la estrategia para detener la introducción de productos químicos tóxicos persistentes en el Ecosistema de la Cuenca de los Grandes Lagos debe ser impedir el ingreso al mercado de nuevos productos químicos nocivos" y adhirió al principio de que "cuando se busca aprobación para la fabricación, uso o eliminación de alguna sustancia que ingrese o pueda ingresar al medio ambiente, el solicitante debe probar, como regla general, que la sustancia no sea dañina para el medio ambiente o la salud humana".

En otras palabras, la Comisión dijo en 1990 que la carga de la prueba acerca de la seguridad química de un producto incumbe a los fabricantes y usuarios del mismo y no al público. Esto supone un cambio total del sistema actual, que exige que al público que demuestre el daño de un producto químico antes de iniciar los controles.

En su informe de 1992, la Comisión se interrogó si Los seres humanos y el medio ambiente corren peligro por la exposición a sustancias tóxicas persistentes y si las generaciones futuras están en peligro. "Basados en una evaluación de los estudios científicos y de otras informaciones recientes creemos que la respuesta a ambas preguntas es sí", respondió. "A partir de los numerosos estudios que indican perjuicio o la posibilidad de perjuicio, concluimos que hay pruebas suficientes que indican que numerosas sustancias tóxicas persistentes intervienen en una relación causal y por lo tanto no hay alternativas defendibles: es necesario detener su entrada a los Grandes Lagos".

En suma, la Comisión concluyó en 1992 que "las sustancias tóxicas persistentes son demasiado peligrosas para la biosfera y para los seres humanos como para permitir que sean liberadas cualquiera sea su cantidad".

La junta de asesoramiento científico de la Comisión Conjunta Internacional elaboró en 1986 una lista de 362 compuestos tóxicos encontrados en los Grandes Lagos. Por lo menos la mitad eran productos químicos clorados. "Existen, además, otras sustancias orgánicas cloradas en el medio ambiente que no han sido identificadas individualmente", manifestó la Comisión en 1992. "No es posible predecir o controlar con precisión en la práctica la combinación y naturaleza exacta de estos diversos compuestos. Por lo tanto es prudente, sensato y sin duda necesario tratar estas sustancias como una clase en lugar de como una serie de productos químicos individuales aislados", afirmó

Y por último, advirtió que "cuando el cloro se utiliza como ingrediente en un proceso de fabricación, no es posible necesariamente predecir o controlar qué producto orgánico clorado resultará, y en qué cantidad". Por consiguiente, la Comisión concluyó que debe evitarse el uso del cloro y sus compuestos en los procesos de fabricación.

Sin fecha determinada

El presidente de la Comisión en 1990 y 1992 fue Gordon Durnil, un republicano conservador nombrado por el presidente de Estados Unidos George Bush. En su libro, The Making of a Conservative Environmentalist, Durnil dice que inicialmente la Comisión propuso una eliminación gradual del cloro, sin plazos y cuenta que sus integrantes discutieron en privado que dicha eliminación podría llevar unos 50 años, pero al menos "debería haber una fecha cierta para eliminar por completo una sustancia tan temible (como ingrediente industrial) sin provocar por ello una distorsión de la sociedad". Luego la industria alegó que una eliminación gradual del cloro y su reemplazo por un producto alternativo llevaría unos 30 años. Más tarde lo redujeron a 20, dijo Durnil.

Aparentemente los usuarios del cloro creen que podría eliminarse, pero no así los fabricantes.

En 1993, la Asociación de Fabricantes de Productos Químicos creó el Consejo de la Química del Cloro, con un presupuesto anual asignado de 100 millones de dólares. Dicho Consejo contrató a una empresa de relaciones públicas, la MBD (Mongoven, Biscoe y Duchin), que se jacta de utilizar el espionaje de activistas de universidades, iglesias, sindicatos y grupos ambientalistas como uno de sus métodos más efectivos. Los datos e información así sonsacados los vende luego a clientes como el Consejo de la Química del Cloro.

Una recomendación estratégica

MDB proporciona mensualmente al Consejo de la Química del Cloro información actualizada sobre las actividades de grupos que reclaman la eliminación del cloro en la industria.

Pero MBD va más allá y ayuda al Consejo a crear estrategias para "manejar" políticas públicas que puedan perjudicar las ventas de su producto. El máximo estratega es el propio Jack Mongoven. Según sus palabras, su máxima recomendación al Consejo es "movilizar a la ciencia en contra del principio precautorio", que, en su opinión, "encaja con objetivos de largo alcance con relación a la evaluación del riesgo".

La idea central del principio precautorio es la de adoptar medidas preventivas sin esperar una demostración científica que evidencie dicha necesidad, con el argumento de que la demora puede causar daños irreparables. Implícito en el precautorio está otro principio: que la carga de la prueba recae sobre quienes proponen volcar productos tóxicos en el medio ambiente. Estas son las ideas en contra de las cuales Jack Mongoven quiere que la Comisión Conjunta "movilice a la ciencia".

La alternativa al principio precautorio es la forma en que actualmente se maneja Estados Unidos: primero, las empresas proponen alguna actividad; luego, pueden hacerse evaluaciones ambientales (pero generalmente no se solicitan) para convencer al público de que el daño será insignificante. Como la evaluación del riesgo es un arte, no una ciencia, y un arte sumamente político, la evaluación del riesgo casi nunca es un obstáculo serio para una actividad económica. Por lo tanto, finalmente se lleva a cabo la actividad. Corresponde luego al público demostrar el daño cometido para que se aplique algún tipo de control.

Mongoven dice que el principio precautorio entra en conflicto con el "Principio constitucional del gobierno estadounidense de que las personas tienen la libertad de hacer lo que escojan". Dice que la Constitución exige que "antes de prohibir una actividad o producto debe demostrarse que es perjudicial para la salud y la seguridad públicas". En otras palabras, según la interpretación de Mongoven de la Constitución, las empresas están autorizadas a emitir venenos hasta que la gente haya sufrido el daño suficiente como para demostrar que determinado veneno provocó determinada enfermedad.

En esa situación, el principio de acción precautoria dictaminaría que el medio ambiente y los seres humanos no deben exponerse a nada que entre dentro de la definición de producto tóxico persistente, de manera que la acción preventiva se adoptaría aunque no existiera certeza científica de que determinado veneno cause un daño identificable.

Consejos peligrosos

Los consejos de Mongoven al Consejo de la Química del Cloro son los siguientes:

* Realizar un amplio esfuerzo en materia de evaluación del riesgo dentro de la comunidad científica, incluso en grupos que ya han adoptado una posición contraria al cloro.

* Acelerar el programa para formular una política concertada de evaluación del riesgo y el despliegue de vehículos de una ciencia ecológica.

* Moverse rápidamente para aprovechar la visibilidad de los puntos débiles del sistema actual, contando con científicos y congresistas dispuestos a exigir el proceso de evaluación ambiental que el Consejo de la Química del Cloro y la Asociación de Fabricantes Químicos querrían aplicar.

* Introducir a los gobernadores estatales en el tema de la evaluación del riesgo, transmitiéndoles los beneficios que implica basarse en una normativa nacional.

* Adoptar medidas para desacreditar el principio precautorio dentro de los grupos ambientalistas más moderados, así como dentro de los círculos científicos y médicos.

* Evaluar e intensificar los esfuerzos recomendados en los documentos iniciales sobre estrategia relativos a los esfuerzos de los ámbitos científico, médico y académico, especialmente el establecimiento de un vehículo científico creíble para resolver los grandes temas de la ciencia ambiental y la política pública.

* Según Mongoven, la época actual es crucial para el futuro de la evaluación del riesgo como herramienta de análisis. "La industria debe identificar las consecuencias planteadas por el 'principio precautorio' y ayudar al público a comprender el daño que supone para la función de la ciencia en el desarrollo y la producción modernas".

En su trabajo para el Consejo de la Química del Cloro, Jack Mongoven identificó dos de las cuatro áreas claves del debate ambiental moderno: ¿limitamos y tomamos medidas precautorias para impedir el daño de productos tóxicos persistentes, o seguimos el camino permisivo, permitiendo que las empresas perjudiquen a la gente antes de iniciar los controles?, y ¿quién debe tener la carga de la prueba? ¿El público debe probar que ha ocurrido daño o las empresas deben demostrar que lo que proyectan hacer no será nocivo?

Pero hay otros dos temas básicos que Mongoven omitió. ¿No debe una empresa demostrar que examinó todas las alternativas razonables y probar que seleccionó la opción menos nociva? Y el mayor de todos: ¿quién decide?.

Esta es una versión adaptada de un artículo en dos partes publicado en el semanario Rachel's Environment&Health (Nº 495 del 23 de mayo de 1996 y Nº 496 del 30 de mayo de 1996).