No. 60 - Setiembre 1996

COLOMBIA

Una política antidrogas disfrazada

por Luis Carlos Guerrero

Presionado por Estados Unidos y para lavar su imagen de narcodemocracia, el gobierno de Colombia pasó del Plan Alternativo de Sustitución de Cultivos de Coca y Amapola (PLANTE) a la fumigación masiva, y en amplias regiones del país comenzaron a verse sobrevolar los helicópteros donados por Washington a la Policía Antinarcóticos.

Esta política ha sido disfrazada bajo la denominación de "combate a la narcoguerrilla", enunciada en los discursos presidenciales y de altos mandos militares. Como siempre, ante un problema social de grandes magnitudes, se opta por la fumigación masiva e indiscriminada, porque así, según altos mandos militares "se está golpeando dos flagelos: el narcotráfico y la guerrilla".

Muy bien afirma el defensor de los derechos humanos, Alfredo Vásquez Carrizosa, cuando dice que "en la raíz de la política de mano dura a los cultivadores de coca están invisibles pero presentes los Estados Unidos con el ultimátum de arrancar las matas de coca cuanto antes o someterse al suplicio de las prohibiciones a la importación de bienes colombianos al mercado más grande del mundo".

La cúpula militar ha sido exponente de una salida violenta a las exigencias de los campesinos trabajadores del sur de Colombia. El Ministro de Defensa, en una reciente visita a Washington, logró del gobierno estadounidense, una "generosa ayuda". Ayuda militar necesaria para enfrentar la erradicación de cultivos y apaciguar el movimiento de protesta organizado por la "narcoguerrilla". Ello requería nuevas unidades blindadas, helicópteros y otros pertrechos militares, en el desarrollo de una gigantesca operación militar que las Fuerzas Armadas han denominado "operación conquista"

Los medios de comunicaciones se han alineado en un análisis simplista. Todos al unísono propagaron que las marchas y concentraciones campesinas son influenciadas o cuentan con la presencia de la guerrilla. De paso, lo anterior ha servido para justificar el tratamiento represivo dado al movimiento social de los cultivadores, puesto que, en virtud de temerarias afirmaciones, se les convirtió en un objetivo militar".

Las decenas de muertos, los centenares de campesinos manifestantes detenidos y heridos, la imposición de toques de queda, el cerco y sitio militar de ciudades como Florencia y Orito, así lo testimonian.

Gobierno, cúpula militar, medios de comunicaciones y monopolios económicos han derramado la responsabilidad del problema del narcotráfico en los cultivadores. La revista Semana afirma que la gravedad del problema no son las marchas, ni sus razones sociales, "pues aunque se han presentado protestas similares en el pasado, lo que más ha impactado en esta ocasión es no sólo la magnitud de la movilización y la forma como las autoridades la han reprimido, sino la dura realidad que han puesto de presente las manifestaciones. Colombia, además de ser un país de procesadores y traficantes de droga, lo es ahora de cultivadores".

Tal razonamiento olvida, y nadie puede ignorar, que el desarrollo agrícola de un país no se da de la noche a la mañana y que es ante todo un proceso sostenido con claridad en una política agraria que garantice bases reales y perdurables. Esto no ha acontecido en Colombia. Todo lo contrario, el modelo económico neoliberal ha debilitado ostensiblemente la producción agrícola y por ende, somete a la pobreza a millones de campesinos, a los cuales no les queda alternativa que cultivar el producto más rentable -la coca- si quiere sobrevivir.

La necesidad de una reforma agraria

Se dice que los campesinos movilizados no han querido aceptar la política del PLANTE (plan alternativo de sustitución a cultivos de coca y amapola), siendo ésta otra de las justificaciones gubernamentales para realizar las fumigaciones con glisofato. Todos sabemos que el PLANTE tiene una restringida cobertura social, abarcando sólo 30.000 de los 300.000 campesinos cultivadores. Además, la solución que propone de sustitución es ridícula, al ofrecer 300 dólares por hectárea sustituida sin otras garantías productivas.

Se desconoce un elemento muy simple de la producción agrícola. La operación no es sólo arrancar una mata y sembrar maíz, trigo, frutales o café. La cuestión no es tan sencilla cuando no hay vías de comunicación, centros de almacenamiento, una política de precios que estimule la producción, y tampoco asistencia técnica ni un mercado asegurado a la producción agrícola. Colombia es un país dependiente en el abastecimiento alimentario y de materias primas de origen agrícola, como todos los países de América Latina. La producción de arroz, maíz y trigo de Estados Unidos ha destruido la producción agrícola nacional.

Las políticas neoliberales desarrolladas han socavado las bases productivas agrarias a pesar de ser Colombia un país de enormes potencialidades agrícolas: 500.000 hectáreas por año son inutilizadas por empresarios del agro y el desempleo se ubica en un 23 por ciento sólo en las regiones afectadas por la crisis cafetera.

Lo que hay planteado de fondo es la necesidad de una reforma agraria integral y una política soberana de Colombia en la producción de alimentos que reoriente la economía en el campo y asegure el autoabastecimiento. Es una reforma agraria el único camino de sembrar y producir. Sin ella, continuará la pobreza e indigencia en los campos colombianos o de lo contrario los campesinos se verán obligados a buscar la sobrevivencia por otras vías: la siembra de coca y amapola. Aquí los juicios éticos quedan sobrepasados por la contundencia de una realidad de vida o muerte.

Ante esta realidad de sobrevivencia no cabe el argumento del coronel Leonardo Gallego, director de la policía antinarcótico, en el sentido de "que los protagonistas de las manifestaciones, en su inmensa mayoría, no son campesinos arraigados en la zona sino una especie de mercenarios de los cultivos ilícitos, cuya única motivación es el dinero fácil y son los mismos que en el pasado cultivaron marihuana en la Sierra Nevada o amapola en el Huila".

En entrevista realizada a los campesinos en paro, uno de ellos señala: "Estamos cansados. Esto es histórico. Unos nos dicen que somos cocaleros, otros guerrilleros. Y sólo somos campesinos que cultivamos coca para sobrevivir. Pero, si no es así, ¿de qué vamos a vivir? La agricultura es de subsistencia y la tierra es buena, pero si continuamos sembrando yuca y maíz, quedamos en la ruina".

Los intocables

Al focalizarse la solución del narcotráfico en la erradicación de los pequeños cultivos, se está dejando de lado otras esferas del mismo que son las claves en una real política de erradicación del fenómeno. Están ausentes políticas hacia los consumidores que suman millones en Estados Unidos. Pero el eslabón económico fundamental, los grandes empresarios que contratan la producción, los que participan del procesamiento y comercialización, han sido los olvidados de cualquier "guerra a las drogas". Son los intocables en esta absurda guerra.

Dos razones sencillas explican este comportamiento: son los sectores que sustentan los Estados mafiosos y delictivos que se están procreando a lo largo y ancho del continente, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, verdaderos factores de poderes económicos y políticos.

Los grandes cultivos asentados en Uraba y toda la infraestructura de transporte allí instalada por Fidel Castaño no es objeto de operativos militares. Es que esta gran producción aporta al sostenimiento de una guerra de exterminio masivo de líderes sindicales, campesinos y a la estrategia de terror en la población civil. También sirve a las pretensiones de dominio territorial de Estados Unidos en esta región estratégica de Colombia.

Tampoco hay grandes operaciones antinarcóticos en la región del Magdalena Medio, donde empresarios agrícolas, multinacionales petroleras, militares y narcotraficantes han conformado un narcoestado. !Bienvenida la coca cuando se coloca al servicio del terror y exterminio de pueblos!

El investigador francés Ivan de Rementeria ilustra cómo la rentabilidad del negocio no radica en la siembra, sino en otras esferas. Según sus cálculos de cuanto percibe de ingresos cada uno de los actores dentro del proceso de producción y trafico de cocaína, dice que "mientras de cada 100 dólares involucrados en el negocio los distribuidores en las calles se llevan 88,2 y los traficantes 11,2, a los cultivadores sólo les quedan 60 centavos".

El mensaje de las protestas

Los movimientos de protestas realizados en la región de Caquetá y Putumayo, que han congregado y movilizado a 150.000 campesinos, al igual que los paros de los pobladores de los 12 municipios fronterizos en Ecuador, las marchas indígenas de los U'wa en Arauca han conmovido la conciencia nacional. En ellos se han expresado con toda crudeza la crisis social de los pueblos indígenas y campesinos de Colombia. Estos, en virtud de la gran capacidad de resistencia mostrada, la claridad en las demandas, su radicalismo y carácter masivo presionan para imponer otros ritmos y enfoques a la política económica y social del gobierno y su política de sustitución de los cultivos de coca.

La problemática de hambre y sobrevivencia de millones de colombianos ha dejado de ser un asunto de regiones apartadas y el gobierno se ha visto, como en otros trazos de la historia popular, confrontado a fondo.

(Fuente: ALAI)