No. 61 - Octubre/Noviembre 1996

EL PROCESO DE PAZ EN GUATEMALA

Muchas de cal y algunas de arena

por Francisco Molina

El "Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática", que firmaron en México la guerrilla y el gobierno de Guatemala, no dejó completamente satisfechos a todos los sectores. Como toda negociación, este Acuerdo, uno de los considerados sustanciales dentro del diálogo de paz, fue el resultado lógico de un proceso de estira y afloja.

El "Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática" firmado por el gobierno del presidente Alvaro Arzú y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) tiene muchos elementos de cal y algunos de arena.

La introducción se refiere a postulados sobre la paz y la democracia, que no deberían ser discutidos en una sociedad en la que prevalece el respeto por los ciudadanos. Pero como en Guatemala se trata de dejar atrás ese "pasado de oscuridad", en el que los derechos del ser humano fueron conculcados, se hace imprescindible. Que "la paz descansa sobre la democratización", que "es indispensable superar carencias y debilidades en las instituciones civiles", que "el presente Acuerdo busca crear condiciones para una auténtica reconciliación de los guatemaltecos basada en el respeto de los derechos humanos", son algunos de los preámbulos del documento.

El Estado y su forma de gobierno

El objetivo central del Acuerdo es mejorar, modernizar y fortalecer el Estado y su sistema de gobierno republicano, democrático y representativo. Todo esto se hará con estricto apego a la Constitución de la República, con el fin de garantizar a los habitantes de Guatemala la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. Está claro que esto sólo puede lograrse si todas las instituciones del Estado ejercen el poder público y si se evita que cualquier persona, fuerza armada o política se abrogue ese derecho, dice el Acuerdo en el apartado sobre "El Estado y su Forma de Gobierno".

En cuanto al "Organismo Legislativo", se establece que se solicitará a la Presidencia del Congreso "la conformación de una instancia multipartidaria, que trabajará vinculada a aquellas comisiones legislativas que tengan asignadas funciones relacionadas al seguimiento a los acuerdos de paz firme y duradera, y al proceso de modernización y fortalecimiento del Congreso".

En lo que se refiere a este proceso, se le da especial relevancia a "la utilización regular de los medios de control constitucional sobre el Organismo Ejecutivo con vistas a que se expliciten suficientemente las políticas públicas, se transparente la programación y ejecución del presupuesto de la nación". Se impedirá también que los diputados puedan ser reelectos más de dos veces, para permitir la renovación de liderazgos políticos, y se redefinirán las funciones de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

"Una de las grandes debilidades estructurales del Estado guatemalteco residen en el sistema de administración de justicia", señala el Acuerdo, al destacar la obsolescencia de los procedimientos legales, la lentitud de los trámites, la ausencia de sistemas modernos y la falta de control sobre los funcionarios y empleados judiciales que propician corrupción e ineficiencia.

Para superar esto, las partes se comprometen a realizar "reformas constitucionales", entre las cuales destacan el uso de los idiomas indígenas en los procesos judiciales y el respeto por el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe del país, además de fortalecer la independencia del juzgador.

Otro de los puntos comprometidos es lo conducente a promover las reformas legales necesarias para dar prioridad a la persecución penal de los delitos que causan mayor daño social, para establecer el Servicio Público de Defensa Penal que asista a quienes no pueden contratar asesoría profesional privada, introducir el funcionamiento multilingüe del sistema de justicia y aplicar un eficiente plan de protección a testigos, fiscales y colaboradores de la justicia.

La seguridad interna

Dentro de las cuestiones relativas a la seguridad interna, incluidas en el punto del Poder Ejecutivo, el Acuerdo señala la creación de un Consejo Asesor de Seguridad, integrado por "personalidades destacadas" en el campo económico, social, profesional, académico, étnico, político y cultural. En el documento, se contempla a la seguridad ciudadana como inseparable de la seguridad del Estado, y se establece que son los desequilibrios sociales y económicos, los que amenazan la convivencia democrática y la paz social, y por ende el orden constitucional.

Se contempla la creación de una Policía Nacional Civil, bajo un nuevo diseño, que tendrá a su cargo el orden público, pero también asume las funciones de otras entidades policiales, como la Guardia de Hacienda y la Policía Militar Ambulante. Esta nueva institución estará bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobernación. Con esta decisión se le quitan al ejército las atribuciones que se había adjudicado en las últimas tres décadas, se eliminan las instituciones que han desvirtuado su función convirtiéndose en instrumentos de represión. El Ministerio de Gobernación tendrá a su cargo el control de armas en manos de particulares, que está bajo la responsabilidad del ejército. Para echar a andar este proceso será necesario realizar reformas constitucionales.

El ejército

En cuanto al ejército, el Acuerdo asienta que su única función será defender la soberanía e integridad territorial. Uno de los compromisos más importantes es el de elevar a rango constitucional el hecho de que todos los militares que cometan delitos del orden común serán enjuiciados ante tribunales ordinarios. Así se llega a la conclusión de fuero especial que está establecido en la carta magna y que ha dado lugar a que numerosos delitos cometidos por oficiales y tropas castrenses quedaran en la impunidad.

Particular relevancia tiene también el hecho de que el presidente podrá nombrar a un civil como ministro de la Defensa Nacional.

El número de elementos del ejército será reducido en una tercera parte, mientras que el Congreso tendrá que emitir una resolución para derogar el decreto que legalizó la creación de las Patrullas de Autodefensa Civil, organismos paramilitares involucrados en múltiples violaciones de los derechos humanos.

El Acuerdo incluye la emisión de una ley que contemple la posibilidad de que los jóvenes en edad de prestar servicio militar puedan rehusarse por cuestiones de conciencia y en su lugar podrán prestar un servicio social.

En otro apartado del Acuerdo, se consigna que la Presidencia de la República promoverá las reformas constitucionales y podrá utilizar al ejército solo en situaciones de excepción, pero siempre como colaborador y no como actor principal. La actuación de los militares estará debidamente fiscalizada por el Congreso, que tendrá el control de los tiempos y de sus acciones. El presidente deberá rendir cuentas ante el parlamento de lo que haga el ejército.

En lo que respecta a las labores de información e inteligencia, las partes acordaron la creación de un organismo de inteligencia civil, bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobernación. Este departamento estará dirigido por personas de reconocida calidad moral y no podrá integrarlo nadie que tenga limitaciones en sus derechos civiles o políticos.

Se creará una Secretaría de Análisis Estratégico estrictamente civil, dirigida por el presidente, que procesará la información recogida por el Ministerio de Gobernación y la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa. Entre estas entidades deberá haber una estricta separación de funciones. En ese sentido, todos los archivos relacionados con la seguridad interna serán trasladados al Ministerio de Gobernación. Legalmente, pasará a ser un delito la existencia de registros y archivos de información política sobre los ciudadanos.

El Acuerdo también toca aspectos relativos a la profesionalización del servidor público, la participación social y la participación de la mujer en el fortalecimiento del poder civil.

Responsabilidades ciudadanas

Como vemos, hay avances sustanciales en la lucha contra la militarización del país. Sin embargo, hay algunos puntos en los cuales la sociedad tendrá que impulsar todavía una larga lucha para lograr que los militares no vuelvan a ser el eje sobre el que gira el desarrollo de la nación. Por ejemplo, no queda definido con claridad el funcionamiento de las policías privadas. Es sabido que hay muchos militares involucrados en delitos del orden común y de violaciones de los derechos humanos que controlan esos organismos paramilitares. La ciudadanía tiene ahora la responsabilidad de promover leyes que contribuyan a un efectivo control de estos grupos.

Tampoco se pudo evitar que el ejército siga controlando algunas dependencias que corresponden a ámbitos que no son de su competencia. Ese sería el caso del canal de televisión militar, lo cual en una sociedad democrática es sencillamente un contrasentido. Es cierto que el presidente tiene la potestad de decir qué hacer con ese canal, pero esto tendría que estar debidamente reglamentado por la ley.

Se podrá argumentar que los compromisos adquiridos no son ninguna novedad, pues son elementos mínimos para el funcionamiento de una sociedad democrática. Pero tratándose del caso de Guatemala, que los militares y el gobierno reconozcan que la seguridad depende de la situación social y económica de la población, es algo que debe valorarse; de la misma manera que la firma del documento implica un reconocimiento explícito de que el ejército se atribuyó funciones que no le corresponden.

(Fuente: ALAI)